Fuerte movilizaci¨®n en Argentina para impedir la excarcelaci¨®n de torturadores

Era un debate que parec¨ªa superado en Argentina. Tras el esc¨¢ndalo que supusieron las leyes de punto final y los indultos de los 90, el pa¨ªs vivi¨® un proceso mod¨¦lico en el siglo XXI que parec¨ªa totalmente encauzado. La mayor¨ªa pensaba que los represores de la ¨²ltima dictadura militar (1976-1983) acabar¨ªan sus d¨ªas en la c¨¢rcel como Jorge Videla, que muri¨® en prisi¨®n en 2013, a los 87 a?os. Pero una inesperada sentencia de la Corte Suprema ha abierto la puerta a una posible excarcelaci¨®n de 248 de los casi 500 militares que a¨²n est¨¢n entre rejas, entre ellos algunos de los m¨¢s crueles, como Alfredo Astiz, el ?ngel de la muerte, famoso por infiltrarse entre los colectivos de derechos humanos para despu¨¦s ayudar en el asesinato de las fundadoras de madres de la plaza de Mayo y de dos monjas francesas. Y en Argentina se ha producido una fuerte movilizaci¨®n para impedirlo, que implica a todos los sectores sociales y prepara una gran marcha el mi¨¦rcoles (#10MNuncamas).

El pa¨ªs austral, ejemplo mundial por la condena a los protagonistas de su ¨²ltima dictadura, la b¨²squeda de sus desaparecidos y la recuperaci¨®n de sus hijos nacidos en cautiverio, se ha revuelto contra una interpretaci¨®n ben¨¦vola de la Corte Suprema que permite acortar las condenas a aplicar el llamado ¡°dos por uno¡±, esto es que cada d¨ªa pasado en prisi¨®n preventiva cuenta doble. El esc¨¢ndalo es de tal calibre que incluso el Gobierno de Mauricio Macri, al que algunos grupos acusan de estar indirectamente detr¨¢s de esta decisi¨®n judicial, ha mostrado abiertamente su rechazo a esta sentencia. La presi¨®n social es tan fuerte que la mayor¨ªa de los expertos rechazan la posibilidad de que se produzca una excarcelaci¨®n masiva porque no ser¨¢ f¨¢cil que los jueces quieran asumir esa responsabilidad.

Ricardo Gil Lavedra, un destacado jurista que fue miembro del tribunal que conden¨® a la Junta Militar en 1985, en un juicio hist¨®rico, rechaza el fallo pero conf¨ªa en que no tenga efectos devastadores y Argentina pueda seguir siendo un ejemplo mundial. ¡°Este es uno de los pocos puntos de consenso que tiene la sociedad argentina, la necesidad de juzgar y condenar estos cr¨ªmenes¡±, explica. Gil Lavedra cree que la movilizaci¨®n tendr¨¢ sus frutos. ¡°Son los jueces inferiores los que tendr¨ªan que aplicar este criterio de la sentencia de la Corte Suprema. Muchos de ellos la van a resistir, van a reargumentar impidi¨¦ndolo¡±, asegura. Cada juez, en cada caso, tiene que aplicar una decisi¨®n y si los abogados no est¨¢n de acuerdo recurrir¨¢n hasta que llegue de nuevo a la Corte Suprema.

¡°La sociedad argentina rechaza cualquier pacto de impunidad¡±, asegura Victoria Donda, diputada e hija de desparecidos, nacida en el centro de detenci¨®n de la ESMA y criada por un represor que ahora est¨¢ en la c¨¢rcel y tambi¨¦n podr¨ªa beneficiarse del nuevo criterio. ¡°Por suerte el sistema judicial argentino funciona caso a caso, probablemente vaya a haber muchos jueces que no se lo pongan tan f¨¢cil, no es de aplicaci¨®n autom¨¢tica. Pero el problema es el mensaje pol¨ªtico de que hay v¨ªa libre para liberarlos¡±, sentencia.

Donda culpa al nuevo Gobierno de Mauricio Macri por haber generado ¡°un ambiente¡± propicio para que sucediera una cosa as¨ª. De hecho, explica, dos de los tres jueces que han votado a favor de este fallo y que han forzado un cambio en la l¨ªnea que segu¨ªa hasta ahora la Corte Suprema, implacable con los delitos de lesa humanidad, fueron nombrados a propuesta de Macri. ¡°Creo que hay una interpretaci¨®n de algunos jueces de para qu¨¦ direcci¨®n est¨¢ rumbeando el Gobierno la pol¨ªtica de derechos humanos. Los dos jueces que puso el macrismo est¨¢n en esa tesitura. Los jueces suelen medir esa situaci¨®n. Pero ante avances de estas caracter¨ªsticas la sociedad va a resistir m¨¢s fuerte que nunca¡±.

Sin embargo, el Ejecutivo rechaza de plano esta interpretaci¨®n. Marcos Pe?a, mano derecha de Macri, critic¨® la sentencia. ¡°Consideramos que el dos por uno es un s¨ªmbolo de impunidad en la Argentina, es un mecanismo que hace que se consagre la impunidad y beneficie a los delincuentes m¨¢s complicados". Pe?a asegur¨® que el Gobierno de Macri seguir¨¢ con la pol¨ªtica de ¡°memoria, verdad y justicia y la b¨²squeda final de la impunidad". "Acabamos de traer de Washington documentos desclasificados para seguir profundizando el conocimiento de la verdad como reclaman los organismo de derechos humanos", remat¨®. Mar¨ªa Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires y persona clave del macrismo, fue a¨²n m¨¢s lejos: "Nuestra posici¨®n es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes, porque la ¨²nica forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las v¨ªctimas y de sus familias es con respuestas justas".

El Congreso tambi¨¦n prepara una f¨®rmula para acotar la aplicaci¨®n de la sentencia y un abogado incluso ha presentado una denuncia contra los jueces del Supremo por prevaricaci¨®n. Nada remueve tanto las aguas en Argentina como la posibilidad de que los represores caminen tranquilamente por la calle como hac¨ªan en los 90, cuando se pod¨ªa ver a Videla haciendo ejercicio en la Costanera, al borde del R¨ªo de la Plata.