Los corsarios del siglo XXI

El coronel del Ej¨¦rcito espa?ol Mario Laborie, veterano en misiones en Bosnia y Afganist¨¢n, asegura desde su experiencia que ¡°all¨ª donde no llega el Estado, siempre hay alguien que ocupa el vac¨ªo¡±. Los mercenarios y los piratas siguen existiendo, surcando por dinero mares y tierras donde no impera la ley, pero hoy el gran problema legal, el gran vac¨ªo, son ¡°los nuevos corsarios¡±, como se autodenomin¨® Erik Prince, el fundador del gigante de seguridad privada Blackwater. Son ¡°los corsarios del siglo XXI¡±, afirma Jos¨¦ Luis G¨®mez del Prado, exmiembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre utilizaci¨®n de mercenarios, porque, a diferencia de los mercenarios, act¨²an ¡°con la patente de corso, la patente de un Gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas¡±, como lo define la RAE. La situaci¨®n actual puede ser m¨¢s compleja ¡°porque los Estados no responden por las acciones de sus corsarios, antes s¨ª¡±, a?ade Carlos L¨®pez, investigador de la escuela diplom¨¢tica de Barcelona CEI.

El CEI organiz¨® el pasado abril un seminario para analizar ¡°las nuevas formas de mercenarismo¡±. Helena Torroja, directora acad¨¦mica del CEI y conductora del encuentro, resalt¨® que son nuevas formas de mercenarios porque no solo son individuos que se mueven por intereses pecuniarios, como todav¨ªa apunta el derecho internacional. La Convenci¨®n Internacional de la ONU contra el uso de mercenarios, de 1989, establece que un mercenario es ¡°toda persona que tome parte en las hostilidades, animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribuci¨®n material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas¡±. Los expertos convocados por el CEI coincidieron que esta definici¨®n est¨¢ obsoleta porque ahora ya no se trata de individuos sin escr¨²pulos sino de corporaciones con su plantilla de empleados que ganan contratos p¨²blicos como quien se adjudica un concurso para proveer de ambulancias a un hospital.

El problema ha evolucionado hacia ¡°una privatizaci¨®n de las fuerzas armadas¡±. ¡°Las empresas privadas pueden ser m¨¢s costosas econ¨®micamente que un Ej¨¦rcito regular, pero te ahorras el coste pol¨ªtico¡±, sentenci¨® Patricia Arias, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios. Las predicciones del experto de la ONU Anton Katz en 2013 apuntaban a que los ingresos de las empresas de seguridad y defensa privada crec¨ªan un 7,4% anual y que en 2016 alcanzar¨ªan un negocio global de 244.000 millones de d¨®lares (218.000 millones de euros). La cifra puede ser a¨²n mayor: el departamento de Migraci¨®n e Interior de la Comisi¨®n Europea calcula que la seguridad privada solo en Europa genera una facturaci¨®n de 200.000 millones de euros.

Donde no llega el Estado, llega su brazo privado, coincidieron los participantes. Laborie record¨® unas palabras de 2012 de Vlad¨ªmir Putin, por entonces a¨²n primer ministro ruso, con las que defendi¨® la legalidad del env¨ªo de compa?¨ªas de seguridad privadas a Siria ¡°como una herramienta para implementar los intereses nacionales sin la participaci¨®n directa del Estado¡±. Laborie aport¨® pruebas de la presencia de agentes con armamento pesado en Siria de la empresa Slavonic Corps pero tambi¨¦n de la existencia de empresas de intervenci¨®n militar privadas de Asia Central que est¨¢n operando para Al-Qaeda.

61 empresas espa?olas

Hay divisi¨®n en el ¨¢mbito acad¨¦mico y pol¨ªtico para denominar e identificar a estas empresas. El t¨¦rmino extendido y com¨²n en informes internacionales es Empresas Militares de Seguridad Privada (EMSP). Laborie y G¨®mez del Prado consideran que es m¨¢s preciso llamarlas Contratistas, la denominaci¨®n frecuente en la Administraci¨®n.

L¨®pez confirma que es complejo elaborar una normativa porque ¡°muchas de estas empresas se escudan en funciones de seguridad privada. Es dif¨ªcil diferenciar entre seguridad y lo militar¡±. El seminario del CEI fue escenario de la presentaci¨®n de ShockMonitor, un proyecto del Instituto Internacional para la Acci¨®n Noviolenta (NOVACT) que radiograf¨ªa 800 empresas, EMSP ¡ªrepresentan al 74% del total¡ª y otro tipo de sociedad vinculadas a este sector. NOVACT ha documentado 200 violaciones de la ley y de los derechos humanos. El 84% de las infracciones atentan contra la integridad f¨ªsica o ps¨ªquica, un 41% a derechos civiles y pol¨ªticos, aunque las que se producen en situaciones de conflicto armado son la minor¨ªa: los civiles muertos por Blackwater en Irak, los interrogatorios por parte de contratistas privados en la prisi¨®n de Abu Ghraib o los disparos contra periodistas en Cisjordania por parte de la EMSP Avidar existen, pero son los menos.

Daza subray¨® que indicadores que empeoran gravemente son las acciones violentas en el control de migraci¨®n y de refugiados. En la lista de ShockMonitor tambi¨¦n hay 61 empresas espa?olas registradas y solo una entre las 50 m¨¢s grandes del mundo: Prosegur. La dificultad para diferenciar entre empresas militares y de seguridad privada queda patente en el ¨ªndice ShockMonitor: entre los 200 incidentes identificados por NOVACT aparece una infracci¨®n de Prosegur por vulnerar las condiciones laborales de sus agentes de seguridad en India y Per¨².

NOVACT estima que un 86% de la facturaci¨®n de estas sociedades es con Estados. La contrataci¨®n por parte de organismos internacionales, como la ONU o la UE, tambi¨¦n crece. Pere Ortega, presidente del Centro Del¨¤s de Estudios Para la Paz, cit¨® a Indra como una de las empresas que han sido contratadas para participar en la vigilancia de migraci¨®n del sistema Frontex de la UE. Indra aporta a Frontex un avi¨®n ligero de vigilancia mar¨ªtima.

L¨®pez describi¨® que el derecho internacional establece la posibilidad de perseguir delitos cometidos por empresas con ¡°atribuciones de poder p¨²blico¡±. La dificultad es que la norma general no concreta c¨®mo se materializa esta atribuci¨®n y depende de la interpretaci¨®n que hace cada pa¨ªs de ¡°la atribuci¨®n, orden o control de grupos privados por parte del Estado. Los Estados rechazan tener un control, quiz¨¢ coordinan, pero dicen no tener el control efectivo¡±, explica L¨®pez.

Rebecca DeWinter-Schmidt, directora del programa de Derechos Humanos en la Econom¨ªa del Washington College, enumer¨® los c¨®digos m¨¢s evolucionados para la monitorizaci¨®n de les EMSP, como certificados de calidad o la Declaraci¨®n de Montreal de 2008, suscrita por 54 Gobiernos. DeWinter-Schmidt confirm¨® que la aplicaci¨®n real del c¨®digo de Montreal es muy limitado y que los certificados ¨¦ticos tienen poco recorrido. Uno de los m¨¢s relevantes, el ICOC, tiene 700 empresas adheridas pero solo tres han solicitado el certificado y solo una lo ha obtenido.