Los reclusos colombianos, condenados al abandono

Las c¨¢rceles de Colombia son una bomba de tiempo. Un problema a punto de estallar. En 136 establecimientos penitenciarios hay 116.788 personas, lo que significa una sobrepoblaci¨®n de 38.098. El ¨ªndice de hacinamiento es del 48.4%, de acuerdo con datos revelados el pasado jueves por el Procurador General, Fernando Carillo, en el Congreso internacional de pol¨ªtica penitenciaria y carcelaria, en donde una vez m¨¢s se puso sobre la mesa la ya tantas veces diagnosticada situaci¨®n de los penales colombianos. Carrillo resalta el ¡°populismo penitenciario¡± y una ¡°falla estructural del sistema que involucra incoherencia de los legisladores que crean nuevas leyes para castigar con c¨¢rcel a los infractores". Cuestiona que en Colombia prevalezca la "justicia medi¨¢tica, en el que hay que poner preso a todo el que viole la ley¡±.

El Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja (CICR) alerta sobre las precarias condiciones a las que se tienen que someter quienes son llevados a las prisiones de este pa¨ªs. Nazim Ayadat, coordinador del ¨¢rea de detenci¨®n en el CICR en Colombia, habla de la urgencia de una reestructuraci¨®n en la pol¨ªtica criminal. ¡°Hay una verdadera crisis. Falta atenci¨®n m¨¦dica y programas de resocializaci¨®n. La c¨¢rcel no est¨¢ cumpliendo con su papel¡±, dice a ELPA?S. Seg¨²n proyecciones citadas por el organismo, en el 2019 habr¨¢ 200.000 presos. ¡°Es una bomba de tiempo¡±, insiste Ayadat.

La preocupaci¨®n por lo que se vive dentro de las c¨¢rceles ha dejado de ser un reclamo exclusivo de las ONG o defensores de derechos humanos. En los ¨²ltimos a?os el Estado ha reconocido que hay serias dificultades. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, cuestiona el uso excesivo del derecho penal y la creaci¨®n de nuevos delitos. ¡°Debe haber una pol¨ªtica que no responda a un fin de venganza¡±, dice. Tambi¨¦n asegura que ampliar los cupos en los penales no ha sido suficiente. Entre 2010 y 2016 se generaron m¨¢s de 24.000 nuevos espacios en las prisiones, pero el hacinamiento sigue siendo alto.

¡°Frente al enorme reto que significa superar esta crisis, el Estado ha sido inferior a las expectativas¡±, recalca el procurador. Alejandro Enrique Marambio, analista de pol¨ªtica criminal del CICR, habla de la falta de estrategias para que medidas alternativas sean una opci¨®n y la c¨¢rcel no sea el ¨²nico camino para pagar una pena en Colombia. ¡°Los verdaderos cambios (en la pol¨ªtica criminal) se dar¨¢n cuando el tema transcienda y la discusi¨®n se d¨¦ de fondo¡±. Al hacinamiento se suma el acceso, cada vez m¨¢s complicado, al sistema de salud. Que un interno consiga atenci¨®n m¨¦dica muchas veces es imposible. Adem¨¢s de los casos de tuberculosis, VIH y varicela, el CICR ha podido constatar que la hipertensi¨®n y la diabetes son diagn¨®sticos frecuentes y poco atendidos. Los problemas relacionados con salud mental tampoco son tratados con eficiencia. Solo en dos ciudades del pa¨ªs, Bogot¨¢ y Cali, ofrecen atenci¨®n para estas enfermedades.

¡°Existe una recolecci¨®n ineficiente de informaci¨®n que no permite realizar una vigilancia epidemiol¨®gica adecuada¡±, se?ala Ayadat. ¡°Hay que preguntarse de manera seria sobre las consecuencias de encarcelar sin resocializar y medir cu¨¢l es el impacto de llevar personas a prisi¨®n por dos, cinco meses¡±, reitera. Las mujeres son una gran preocupaci¨®n. El 45% de las que est¨¢n detenidas han sido condenadas por microtr¨¢fico o peque?os delitos y muchas son cabeza de familia. ¡°?Cu¨¢l es el costo social? Los hijos que se quedan solos y pueden caer f¨¢cilmente en carreras criminales¡±, cuestiona.

Hasta 2016, seg¨²n el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), citado por el comit¨¦ internacional, en las prisiones hab¨ªa cerca de 18.700 detenidos que reincidieron en los delitos, adem¨¢s el 30% de la poblaci¨®n recluida no hab¨ªa sido condenada y permanec¨ªa encarcelada de forma preventiva, a la espera de que la justicia definiera su situaci¨®n jur¨ªdica. ¡°Hay brecha enorme entre lo que dice la ley y la pr¨¢ctica. El c¨®digo penitenciario y carcelario se?ala que no se puede justificar por falta de recursos el incumplimiento de derechos. El Estado no puede eludir esa responsabilidad. ?Cu¨¢nto cuesta tener a un interno privado de la libertad en las condiciones que deber¨ªa estar? Para cumplir con la ley en la manera como dice habr¨ªa que quitarle recursos a la salud, a la educaci¨®n¡±, reflexiona Marambio sobre un debate reiterativo, pero hasta ahora poco profundo en Colombia.