Jueces y gobernadores enfrentados por el nuevo sistema penal mexicano

¡°Prep¨¢rense porque miles de presos estar¨¢n de vuelta a las calles en los pr¨®ximos d¨ªas¡±, dijo la semana pasada el jefe de Gobierno de la Ciudad de M¨¦xico, Miguel ?ngel Mancera. En una ciudad con graves problemas de seguridad, la advertencia son¨® como una amenaza y la llegada del Armaged¨®n delincuencial a la capital.

El pol¨ªtico de izquierda no solo hablaba como alcalde de una de las ciudades m¨¢s inseguras del pa¨ªs, sino en nombre de los gobernadores, convertidos en la punta de lanza contra el nuevo sistema penal.

Un a?o despu¨¦s de la entrada en vigor del nuevo c¨®digo, el enfrentamiento entre la justicia y el Ejecutivo ha marcado su pol¨¦mica implantaci¨®n. El tema de la delincuencia en un pa¨ªs con un grave problema de violencia ha convocado un debate nacional.

En el fondo del asunto est¨¢ el aumento, mes a mes, de las cifras de delitos. Seg¨²n los 32 gobernadores, el nuevo C¨®digo Penal ha abierto las puertas de las c¨¢rceles a los detenidos gracias a un modelo que califican de ¡°h¨ªper garantista¡±, que no contempla la prisi¨®n preventiva y que permite a los delincuentes de bajo impacto seguir su proceso judicial en libertad pese a ser detenidos in fraganti. ¡°Mientras las c¨¢rceles se vac¨ªan, las calles se llenan de delincuentes¡±, resumen en voz baja.

La justicia reprocha a los gobernadores haber malversado durante a?os los millonarios fondos destinados para prepararse. Desde que en 2008, se aprob¨® su puesta en marcha progresiva en todo el territorio, que concluy¨® el a?o pasado, el Estado destin¨® casi 15.000 millones de pesos (827 millones de d¨®lares) para construir salas orales y capacitar a la polic¨ªa y al Ministerio P¨²blico en su trabajo pericial. Pero, pese a los ingentes recursos recibidos y los ocho a?os que tuvieron para hacerlo, nada de esto ha ocurrido.

¡°Polic¨ªa de cuarta¡±

Seg¨²n explica a EL PA?S uno de los redactores del texto, ¡°al juez le llegan continuamente casos con defectos en el peritaje, en la cadena de custodia o sin investigaci¨®n ni trabajo de laboratorio. Ahora hay que demostrar que alguien es culpable y, no como en el sistema anterior, demostrar su inocencia¡±. Entre otros retos, ejemplifica este magistrado, ¡°hay que convencer a un polic¨ªa de que una confesi¨®n obtenida ante ¨¦l ¡ªen consecuencia, sin abogado y que podr¨ªa ser obtenida bajo tortura¡ª ya no sirve".

Seg¨²n el Centro de Investigaci¨®n para el Desarrollo (CIDAC)?un 25% de los polic¨ªas no sabe rellenar un informe policial y el 75% de los ministerios p¨²blicos falla gravemente en la recolecci¨®n de evidencias."Tenemos un sistema judicial de primer mundo que se apoya en una polic¨ªa de cuarta¡±, resume el magistrado.

Seg¨²n Jos¨¦ Ram¨®n Coss¨ªo, ministro de la Suprema Corte de Justicia,¡°[los gobernadores] no est¨¢n haciendo autocr¨ªtica y echan la culpa a otros. Los jueces somos el ¨²ltimo eslab¨®n de la cadena judicial y parece que lo resuelto por el juez es lo ¨²nico que est¨¢ mal y que todo lo anterior est¨¢ bien y eso es injusto e irresponsable¡±, explica.

Seg¨²n el ministro, ¡°mucha gente dijo que como era una reforma judicial se trataba de un asunto exclusivamente de los jueces, pero la reforma implica a muchos actores que deb¨ªan aprender cosas nuevas y nadie pens¨® en eso. Se crey¨® que el sistema penal era cambiar a unos jueces, ponerles unas togas, darles salas de audiencia y que todo lo dem¨¢s, por una extra?a raz¨®n, se ir¨ªa ajustando solo. Cosa que no ha sucedido¡±, lamenta Coss¨ªo en su despacho de la Corte.

La ¨²ltima decisi¨®n que han soliviantado a los gobernadores tienen que ver con la portaci¨®n de armas, uno de los delitos que abarrotan las prisiones, considerado ¡°no grave¡± en el C¨®digo Penal ¡ªlo que permite al detenido seguir su proceso en libertad¡ª y la reciente decisi¨®n de la Suprema Corte de permitir a los presos condenados revisar su caso de acuerdo con el nuevo c¨®digo, lo que les abrir¨ªa la puerta de la calle.

¡°La delincuencia se est¨¢ aprovechando de un sistema h¨ªper garantista y lo que queremos es un equilibrio entre los derechos de los imputados y los derechos de las v¨ªctimas¡±, se quej¨® el lunes el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad (PRI). Los jueces responden que el nuevo modelo reemplaza la prisi¨®n preventiva para delitos ¡°no graves¡± con m¨¦todos como el brazalete electr¨®nico o el embargo de cuentas (sobre todo para delitos fiscales) o la prohibici¨®n de salir de una zona determinada, pero que poco de esto se ha contemplado.

Para Horacio Vite, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, el actual modelo tardar¨¢ m¨¢s de 15 a?os en funcionar plenamente, pero amoldar el C¨®digo Penal a los vaivenes pol¨ªticos s¨®lo conseguir¨¢ desvirtuarlo sin atajar los problemas de fondo. ¡°Si empezamos a meter m¨¢s y m¨¢s delitos graves a ese cat¨¢logo de prisi¨®n preventiva volver¨ªamos al modelo anterior. Ahora es la posesi¨®n de armas, pero la pr¨®xima vez querr¨¢n introducir otros nuevos de alto impacto. El problema no est¨¢ ah¨ª sino en combatir a ese delito¡±, resume.

Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, el abogado Juan Carlos Guti¨¦rrez opina que Mancera est¨¢ haciendo ¡°populismo punitivo¡± pidiendo m¨¢s penas que satisfagan las demandas de una sociedad que entra en un contexto electoral. ¡°Las c¨¢rceles est¨¢n llenas de gente inocente o condenada por delitos menores que s¨®lo se perfeccionan dentro como delincuentes. Si contin¨²a el anterior sistema volver¨¢n a repetirse sucesos como el de la c¨¢rcel de Acapulco la semana pasada¡±, dice el abogado, en referencia a un mot¨ªn que dej¨® 29 muertos entre acusaciones de superpoblaci¨®n y condiciones infrahumanas en su interior.