Turqu¨ªa encarcela a la directora regional de Amnist¨ªa Internacional

Un tribunal turco ha enviado a prisi¨®n a seis de los diez activistas de derechos humanos detenidos el pasado 5 de julio en la isla de B¨¹y¨¹kada (Estambul) cuando participaban en un seminario. Entre los encarcelados se encuentra la directora de Amnist¨ªa Internacional en Turqu¨ªa, Idil Eser, as¨ª como dos instructores expertos en seguridad digital de nacionalidad sueca y alemana. Los otros cuatro detenidos quedaron en libertad con cargos y se les impuso la prohibici¨®n de salir del pa¨ªs y la obligatoriedad de presentarse tres veces por semana en comisar¨ªa.

La comparecencia ante el juez, despu¨¦s de que los llamados ¡°diez de Estambul¡± permaneciesen 12 d¨ªas en detenci¨®n policial, se prolong¨® durante la tarde del lunes y la decisi¨®n fue tomada a primeras horas de la ma?ana de este martes. Todos han sido acusados de ¡°colaboraci¨®n con banda armada terrorista¡±, pero las actas de la Fiscal¨ªa revelan que las pruebas contra ellos son circunstanciales y muy vagas. Por ejemplo, a la directora de Amnist¨ªa Internacional (AI) se le imputa ese delito porque en su posesi¨®n se encontr¨® material sobre la huelga de hambre de dos profesores purgados a los que posteriormente se ha detenido como presuntos miembros de la organizaci¨®n armada de extrema izquierda DHKP-C (la acusaci¨®n contra ambos es tambi¨¦n d¨¦bil). Igualmente se imputa a Eser estar relacionada con el PKK porque dos individuos que trabajaron en AI en el pasado se encuentran en la ¨®rbita de este grupo armado kurdo y, finalmente, se le achaca colaborar con la ¡°banda terrorista¡± FET? (como el Gobierno denomina a la cofrad¨ªa de Fetul¨¢ G¨¹len, a la que acusa del golpe de Estado del a?o pasado) por haber criticado el estado de los derechos humanos en Turqu¨ªa y porque el presidente de Amnist¨ªa Internacional en Turqu¨ªa, Taner Kili?, est¨¢ detenido y acusado de colaborar con dicho grupo por haber instalado en su m¨®vil la aplicaci¨®n de chat cifrado ByLock, ampliamente utilizada por los miembros de la comunidad g¨¹lenista.

En su mayor¨ªa, los cargos contra los activistas se basan en que conoc¨ªan a alguien que ha sido detenido bajo la acusaci¨®n de pertenencia a una organizaci¨®n terrorista, pero entre las justificaciones m¨¢s estramb¨®ticas est¨¢ el argumento presentado por la Fiscal¨ªa contra Ilknur ?st¨¹n, de la Coalici¨®n de Mujeres: haber pedido dinero a una embajada para financiar un proyecto a favor de la igualdad de g¨¦nero. ¡°Los fiscales turcos han tenido 12 d¨ªas para establecer lo obvio: que estos diez activistas son inocentes. La decisi¨®n de proceder (con su imputaci¨®n) muestran que en Turqu¨ªa ya no rigen ni la verdad ni la justicia¡±, denunci¨® el secretario general de Amnist¨ªa, Salil Shetty: ¡°Esta investigaci¨®n no tiene legitimidad, es una caza de brujas por motivos pol¨ªticos que muestra el aterrador futuro que espera a los derechos en Turqu¨ªa¡±.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ya culp¨® la semana pasada a los detenidos de connivencia con los golpistas: ¡°Se hab¨ªan reunido con la intenci¨®n de continuar el [golpe del] 15 de julio. Fueron detenidos siguiendo informaci¨®n de inteligencia que recibimos¡±. Sin embargo, seg¨²n ha trascendido, lo que motiv¨® que la polic¨ªa interviniera en el seminario de los activistas fue un chivatazo de un ciudadano turco al que le pareci¨® sospechoso dicho encuentro, ya que se produc¨ªa en el mismo hotel de B¨¹y¨¹kada en el que la noche de la sublevaci¨®n militar de julio de 2016 tuvo lugar una reuni¨®n de miembros del?think tank estadounidenses y de otros pa¨ªses, definida por los c¨ªrculos progubernamentales turcos como una conspiraci¨®n de la CIA para supervisar la asonada militar (si bien ninguno de los participantes ha sido procesado).

La noticia de la imputaci¨®n de los diez activistas llega un d¨ªa despu¨¦s de que se aprobase la extensi¨®n durante tres meses del estado de emergencia, vigente desde hace casi un a?o. En ese periodo, m¨¢s de 50.000 personas han sido enviadas a prisi¨®n y otras 45.000 est¨¢n siendo investigadas por la Justicia. Adem¨¢s, 111.240 han sido despedidas de la Administraci¨®n P¨²blica y otras 32.180 suspendidas temporalmente de empleo, seg¨²n datos del Gobierno.