Luisa Ortega, la chavista rebelde
La fiscal general destituida por Maduro es el puente que comunica al chavismo cr¨ªtico con la oposici¨®n
¡°Ch¨¢vez era el muro de contenci¨®n de esas ideas locas que se nos ocurr¨ªan a nosotros¡±. El n¨²mero dos del r¨¦gimen venezolano, Diosdado Cabello, pronunci¨® estas palabras en un acto televisado en 2013, 15 d¨ªas despu¨¦s de la muerte del presidente, y en medio de la campa?a electoral que escoger¨ªa como su sucesor al entonces vicepresidente, Nicol¨¢s Maduro. La frase es memorable porque retrata c¨®mo los ac¨®litos de Ch¨¢vez carec¨ªan de la visi¨®n estrat¨¦gica del l¨ªder.
Hoy los diques han saltado y esas ¡°ideas locas¡± se pueden resumir en la deriva acelerada hacia la aniquilaci¨®n de la democracia. Ah¨ª est¨¢n las maniobras para posponer o evitar las elecciones, y el bloqueo de cualquier iniciativa para entenderse con sus adversarios del poder legislativo, controlado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democr¨¢tica. El chavismo, que mostraba peque?as fisuras, ha terminado de romperse. Las cr¨ªticas a las decisiones de Maduro han salido de la intimidad del movimiento para convertirse en un esc¨¢ndalo p¨²blico. Y, en ese nuevo escenario, la destituida fiscal general del Estado, Luisa Ortega D¨ªaz, ha emergido como la principal voz discordante entre las filas chavistas.
La guillotina revolucionaria en la que Maduro ha prometido convertir la reci¨¦n estrenada Asamblea Constituyente ¡ªhecha a medida de sus intereses para suplantar a la Asamblea Nacional controlada por la oposici¨®n¡ª empez¨® a funcionar hace una semana con la fiscal general como objetivo. La primera decisi¨®n del nuevo ¨®rgano, cuya legitimidad no ha sido reconocida por la UE ni por los principales pa¨ªses latino?americanos, fue expulsar a Ortega D¨ªaz del cargo que ocupaba desde 2007. Sus cuentas bancarias han sido congeladas y se le ha prohibido la salida del pa¨ªs por ¡°la presunta comisi¨®n de faltas graves¡±.
Muchos no olvidan c¨®mo puso la instituci¨®n al servicio de r¨¦gimen para condenar a los opositores
Su ruptura formal con Maduro se produjo a finales de marzo, cuando dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia despojaron al Parlamento de sus poderes y retiraron la inmunidad a los diputados. ¡°Lo que ha ocurrido es un golpe de Estado¡±, clam¨® entonces Ortega. La corriente chavista con la que se identifica esta experta en leyes tiene a la Constituci¨®n de 1999, promovida por Ch¨¢vez, como bandera. Es una Carta Magna criticada por presidencialista y gaseosa, abierta a las interpretaciones convenientes de quien tiene el poder. Aun as¨ª, establece t¨¦rminos claros sobre la duraci¨®n de los mandatos y la manera de convocar una Asamblea Constituyente.
A esas premisas y a la divisi¨®n de poderes se ha aferrado Ortega D¨ªaz, nacida en Calabozo (centro de Venezuela) hace 59 a?os, para alejarse de Maduro. ¡°Defender¨¦ la Constituci¨®n con mi vida¡±, dijo en respuesta a los planes del presidente de reformarla.
La fiscal general destituida, casada con el exguerrillero y hoy diputado Germ¨¢n Ferrer, ya hab¨ªa mostrado diferencias con el Ejecutivo en el pasado. En marzo de 2016 desminti¨® al Gobierno cuando dijo que la desaparici¨®n de 28 mineros en el poblado de Tumeremo era un invento de los medios. Un equipo de expertos de la fiscal¨ªa encontr¨® 16 cad¨¢veres e identific¨® al sospechoso, Jamilton Andr¨¦s Ulloa Su¨¢rez, El Topo, un delincuente que ten¨ªa aterrorizados a los habitantes de la regi¨®n. El r¨¦gimen tuvo que reconocer los cr¨ªmenes y ordenar su detenci¨®n.
Los operativos policiales desplegados en las barriadas populares tambi¨¦n fueron objeto de cr¨ªtica por parte de la fiscal general por las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos. Y no pas¨® inadvertido su viaje en febrero a Brasil para reunirse con el procurador general de ese pa¨ªs y conocer los detalles del caso Lava Jato (sobornos a las m¨¢s altas autoridades de varios pa¨ªses latinoamericanos a cambio de contratos que favorecieron a la constructora Ode?brecht). Aquello no fue un gesto menor: en el expediente aparecen mencionados Cabello y Maduro como receptores de fondos para sus campa?as electorales.
Desde entonces, los colaboradores de Ch¨¢vez que rompieron con Maduro se hicieron m¨¢s visibles. Son un grupo que, aunque dividido en un archipi¨¦lago de organizaciones, parece decidido a transmitir la idea de que el chavismo no es una banda de forajidos que desconocen el Estado de derecho. Luisa Ortega D¨ªaz no est¨¢ integrada en ninguna de esas nacientes estructuras, pero su liderazgo podr¨ªa aglutinar a todos ellos en una corriente que rompa la polarizaci¨®n de Venezuela. Que recoja quienes, siendo chavistas u opositores, est¨¢n convencidos de que un grupo no podr¨¢ aplastar al otro.
Su ruptura con el Gobierno lleg¨® en marzo: afirm¨® que se hab¨ªa perpetrado un golpe de Estado
Con todo, no es f¨¢cil para la oposici¨®n reconocer su liderazgo y olvidar que, cuando Ch¨¢vez viv¨ªa, o incluso pocos meses despu¨¦s de su muerte, Ortega D¨ªaz puso la instituci¨®n al servicio del r¨¦gimen para apuntalar las condenas de los opositores. Sucedi¨® a partir de febrero de 2014 con la investigaci¨®n penal de la acusaci¨®n al dirigente opositor Leopoldo L¨®pez. El tribunal estableci¨® la culpabilidad de L¨®pez a partir del testimonio de una experta (vinculada al chavismo) que analiz¨® la arenga del pol¨ªtico. Seg¨²n el Gobierno, esos discursos fueron clave en el inicio de las protestas del primer semestre de 2014, que dejaron 43 muertos y centenares de heridos. El Ministerio P¨²blico nunca contrast¨® aquel an¨¢lisis con las opiniones de otros profesionales.
Mucho antes de eso, tras las muertes ocurridas en la manifestaci¨®n de 2002 ¡ªprevia al intento de derrocamiento de Ch¨¢vez¡ª, Ortega D¨ªaz, entonces una fiscal rasa, solicit¨® la pena m¨¢xima de 30 a?os para los polic¨ªas involucrados. Ellos est¨¢n considerados los chivos expiatorios. Quince a?os despu¨¦s, los oficiales todav¨ªa est¨¢n presos sin beneficios procesales. El jefe, Iv¨¢n Simonovis, en prisi¨®n domiciliaria, es uno de los legendarios prisioneros pol¨ªticos del r¨¦gimen.
La situaci¨®n es ahora muy diferente para Ortega D¨ªaz. El Gobierno la considera una traidora y, aunque formalmente no se han presentado cargos contra ella, el Tribunal Supremo ha prometido llevarla a juicio. Ella cree que su vida est¨¢ amenazada o que puede ser encarcelada de forma arbitraria, seg¨²n ha declarado esta semana a la agencia Reuters. Lleva d¨ªas escondida en distintas casas. Cambia de lugar una vez al d¨ªa para evitar ser localizada. A pesar de todo, ha asegurado, no est¨¢ en sus planes retirarse.
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