La Constituyente chavista asume las competencias legislativas de la Asamblea Nacional

La Asamblea Constituyente de inspiraci¨®n chavista despoj¨® este viernes al Parlamento de mayor¨ªa opositora, mediante un decreto, de las facultades para legislar en materias de orden interno, seguridad nacional, derechos humanos, sistema socioecon¨®mico y finanzas. La decisi¨®n fue comunicada por la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodr¨ªguez, durante una sesi¨®n regular del cuerpo deliberativo. Para la ocasi¨®n hab¨ªan sido invitados los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de quienes se esperaba que, como ya han hecho los representantes de otros poderes p¨²blicos controlados por el oficialismo -empezando por el mism¨ªsimo presidente, Nicol¨¢s Maduro-, acudieran a expresar su subordinaci¨®n ante el poder ¡°plenipotenciario, supraconstitucional y originario¡± de la Constituyente.

Sin embargo, y como se preve¨ªa, los parlamentarios de oposici¨®n anunciaron apenas minutos antes que no asistir¨ªan a la sesi¨®n. ¡°No compareceremos ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constituci¨®n de 1999¡±, dijeron en una carta abierta ¡°al pueblo venezolano, a la comunidad internacional y a Nicol¨¢s Maduro Moros¡±, distribuida a media ma?ana.

Ante la ausencia de los diputados de la Asamblea Nacional, Rodr¨ªguez orden¨® promulgar un decreto que regular¨ªa la convivencia con el poder legislativo constituido pero, ¡°eso s¨ª¡±, advirti¨® la exministra de Relaciones Exteriores de Maduro, ¡°no es para hacerle caranto?as a la derecha¡±.

En efecto, el documento -con el ir¨®nico t¨ªtulo de decreto para ¡°la convivencia¡± con los poderes constituidos- reserva para la Constituyente la capacidad de hacer leyes en materias claves que conforman el n¨²cleo de la vida parlamentaria. Aunque no disuelve la Asamblea Nacional, la esteriliza en los hechos y la deja disminuida a un foro de debates, en el mejor de los casos. La moci¨®n fue aprobada por unanimidad, como ha ocurrido hasta ahora en la Constituyente en sus casi dos semanas en funciones.

En diversos aspectos el decreto equivale al veredicto que el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control del chavismo, emiti¨® a fines de marzo pasado, en el que se confiscaban potestades del parlamento para traspasarlas, en lugar de a una Constituyente que todav¨ªa no aparec¨ªa en los planes, al presidente Maduro. La decisi¨®n, que en su momento la oposici¨®n denunci¨® como el camuflaje de un Golpe de Estado, dio inicio a una oleada de protestas callejeras que dur¨® cuatro meses y se sald¨® con m¨¢s de 120 muertes y 5.000 arrestos.

Hasta el momento la Constituyente no ha discutido ni una l¨ªnea de alg¨²n art¨ªculo de la nueva Constituci¨®n que pretende redactar. En cambio, viene actuando como una Junta de Gobierno que parece tener como prop¨®sito central ajustar cuentas con la disidencia y aplacar sin miramientos el conflicto institucional desatado desde octubre de 2016, cuando el Tribunal Supremo declar¨® en desacato a la Asamblea Nacional.

El nudo empez¨® a hacerse en diciembre de 2015. Entonces la oposici¨®n conquist¨® en las urnas la mayor¨ªa absoluta del parlamento, lo que confiri¨® amplias facultades, incluyendo la destituci¨®n por voto de censura del vicepresidente, ministros y otras altas autoridades.

De inmediato el Gobierno impugn¨® los resultados electorales en un circuito, el del estado Amazonas, lo que rest¨® curules a la oposici¨®n. La causa fue aceptada por el Tribunal Supremo, de signo chavista, que desde entonces ha retardado cualquier decisi¨®n al receso. Impaciente, la bancada opositora forz¨® la incorporaci¨®n de sus diputados electos, lo que brind¨® al Supremo la coartada para declarar al parlamento en desacato y frenar todas sus actuaciones.

Junto a la cuesti¨®n del parlamento, la Constituyente chavista tambi¨¦n ha resulto de modo expedito el conflicto con la fiscal general, Luisa Ortega D¨ªaz, en el cargo desde 2007 pero que durante el ¨²ltimo a?o hab¨ªa expresado cr¨ªticas y desavenencias con el oficialismo y, en particular, con el propio proceso constituyente.

En su primera decisi¨®n, el 6 de agosto, la Constituyente opt¨® por destituir a Ortega. Desde el jueves circulan profusos rumores seg¨²n los cuales la fiscal rebelde y su esposo, el diputado Germ¨¢n Ferrer, sobre quien pesa una orden de detenci¨®n, habr¨ªan abandonado el pa¨ªs para buscar refugio en una naci¨®n vecina.