El Gobierno mexicano falta a su palabra

Hace tres a?os, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fueron v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada. Adem¨¢s de los 43 desaparecidos, perdieron la vida seis estudiantes en el enfrentamiento que se dio con polic¨ªas de Iguala.?

A la fecha, solo se han podido identificar los restos de uno de ellos a trav¨¦s de un peque?o fragmento ¨®seo analizado en un laboratorio de ADN en Innsbruck, Austria. Por lo que se refiere a los otros 42, a la fecha, no ha sido posible determinar en donde est¨¢n o qu¨¦ les pas¨®.?

Las autoridades, en su momento, intentaron cerrar el caso mediante una llamada "verdad hist¨®rica". Contaron en televisi¨®n nacional una historia verdaderamente espeluznante, que si bien pudiera resultar cre¨ªble no ha podido acreditar con informaci¨®n fidedigna que todos los desaparecidos hayan sido asesinados y que sus cuerpos hayan sido incinerados. Es por ello que, con toda raz¨®n, los familiares de los 42 estudiantes cuya suerte a¨²n se desconoce contin¨²an exigiendo conocer la verdad.?

No obstante las labores realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones planteadas al Gobierno respecto a este suceso, el gobierno no ha rendido los resultados que los familiares de las v¨ªctimas quieren.?

El caso de los 43 es bot¨®n de muestra de por qu¨¦ el Comit¨¦ de la ONU contra la Desaparici¨®n Forzada (CED, por sus siglas en ingl¨¦s) calific¨® a M¨¦xico en un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio. Muchas de estas pueden calificarse como desapariciones forzadas.?

Aunque es importante recordar este caso, hay que recordar que no es el ¨²nico. M¨¦xico se encuentra envuelto en una verdadera crisis humanitaria derivada de las extendidas violaciones graves de derechos humanos. Entre ellas las m¨¢s de 110.000 ejecuciones registradas en el Gobierno del presidente Felipe Calder¨®n, seg¨²n el informe del relator especial sobre ejecuciones de la ONU y la tortura como pr¨¢ctica generalizada en el pa¨ªs, como lo se?al¨® en su momento el relator contra la tortura de las Naciones Unidas tras visitar M¨¦xico. A esto se le suman los desplazamientos forzados internos y, desde luego, las desapariciones forzadas.?

Por desgracia, la actitud del Gobierno de M¨¦xico ante esta realidad es negarla de manera rutinaria. Resulta vergonzoso que la primera recomendaci¨®n que el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU hizo al Estado mexicano en 2011, es que reconozca la magnitud del problema. La respuesta del Gobierno ha sido, no solamente negar la realidad, sino descalificar a las instancias internacionales que han realizado diagn¨®sticos de la realidad mexicana.?

La respuesta del Gobierno mexicano ha sido, no solamente negar la realidad, sino descalificar a las instancias internacionales que han hecho diagn¨®sticos de la realidad

Por ejemplo, el relator especial contra la tortura, Juan M¨¦ndez, fue calificado de poco profesional y falto de ¨¦tica. Miguel Ruiz Caba?as, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2016: "considerando el alto impacto que tienen las observaciones y recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos, nos parece indispensable que estos verifiquen cabalmente la informaci¨®n que tienen bajo su estudio y la analicen con estricto apego al derecho internacional. En consecuencia, deber¨ªan emitir observaciones s¨®lidamente fundamentadas, que reflejen la objetividad y profesionalismo¡­" La insinuaci¨®n insultante no merece mayor explicaci¨®n.?

Ante tal actitud no sorprende que la mayor¨ªa de las recomendaciones formuladas por estas instancias a M¨¦xico permanezca incumplida.?

Tampoco resulta sorprendente que a pesar de que el Gobierno prometi¨® en su Programa Nacional de Derechos Humanos de 2014 promover el reconocimiento de la competencia del Comit¨¦ de la ONU contra la Desaparici¨®n Forzada para recibir comunicaciones individuales, hasta la fecha no lo haya hecho. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en M¨¦xico, recientemente exhort¨® al Gobierno mexicano a cumplir con su palabra y haga el reconocimiento de competencia a la mayor brevedad posible. Estaremos a la espera que lo firmado se cumpla.?

A tres a?os de opacidad en el caso de los 43 de Ayotzinapa, es necesario que el Estado Mexicano d¨¦ resultados y proporcione los instrumentos necesarios para enfrentar la situaci¨®n en la que se encuentran decenas de miles de familiares de personas desparecidas. Una de esas acciones est¨¢ en manos de la C¨¢mara de Diputados, quien est¨¢ revisando el proyecto de Ley General sobre Desapariciones Forzadas y otras cometidas por particulares, que ya ha sido aprobada por el Senado. Es urgente que dicha ley se apruebe cuanto antes, y que, a trav¨¦s de los mecanismos en ella previstos, se esclarezcan casos como el de este grave crimen y otros tantos, menos conocidos, pero de igual gravedad.

Santiago Corcuera es expresidente del?Comit¨¦ de la ONU contra la Desaparici¨®n Forzada.