Francia integrar¨¢ en su derecho medidas clave del estado de excepci¨®n

La han llamado la Patriot Act francesa, compar¨¢ndola con la ley antiterrorista que Estados Unidos aprob¨® despu¨¦s de los atentados de 2001. Tambi¨¦n se la ha calificado de estado de excepci¨®n permanente, puesto que prolonga indefinidamente algunas medidas extraordinarias adoptadas tras los atentados en Par¨ªs y alrededores de noviembre de 2015. ?Un paso hacia un Estado policial con pocos controles judiciales? ?O la mejor garant¨ªa de los derechos individuales en tiempos de amenaza violenta? Francia ultima una ley que definir¨¢ la pol¨ªtica contra el terrorismo del nuevo presidente, Emmanuel Macron.

La fecha l¨ªmite es el 1 de noviembre, cuando expira el estado de excepci¨®n ¡ªo de emergencia, o de urgencia, como dicen en Francia¡ª decretado en Francia hace dos a?os y prolongado repetidamente desde entonces. El presidente Macron, elegido en mayo con un programa liberal ante la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, prometi¨® acabar con estas medidas extraordinarias, que muy raramente Francia hab¨ªa usado en las ¨²ltimas d¨¦cadas. En su lugar se propuso adoptar una ley antiterrorista que permitir¨ªa, primero, acabar con el ritual de la prolongaci¨®n repetida del estado de excepci¨®n, y segundo, inscribir en la legislaci¨®n francesa las medidas necesarias para proteger al pa¨ªs.

La Asamblea Nacional y el Senado ya han adoptado sus respectivas versiones de la ley. En los pr¨®ximos d¨ªas deben acordar un texto definitivo.

"No es un estado de excepci¨®n permanente", dice en una entrevista telef¨®nica Georges Fenech, exdiputado del partido conservador Los Republicanos que presidi¨® la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre los atentados de 2015. "La ley, precisamente, tiene por objetivo poner fin al estado de excepci¨®n y, al mismo tiempo, no bajar la guardia de la autoridad administrativa. En el derecho com¨²n, esta autoridad tendr¨¢ nuevas prerrogativas que se inspiran en elementos del estado de excepci¨®n, pero de manera m¨¢s controlada, en especial por parte del juez".

El principal reproche a la ley "para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo" es que, de manera encubierta, convierta en texto legislativo el estado de excepci¨®n, que era provisional. La ley, por ejemplo, prev¨¦ que las autoridades administrativas ¡ªgeneralmente el prefecto, representante del Estado en el territorio¡ª puedan,?sin autorizaci¨®n judicial previa, ordenar a un sospechoso que no salga de un municipio en un periodo determinado. Facilitan los registros domiciliarios. Permiten colocar un brazalete electr¨®nico a un sospechoso en un territorio limitado y vigilar las comunicaciones y redes sociales. Y autorizan el cierre de lugares de culto donde se promueva el odio.

Algunas medidas ya figuraban, incluso con menos controles y m¨¢s manga ancha para las autoridades, en el estado de excepci¨®n. La ley las suaviza, o impone mayores controles. Pero, seg¨²n los cr¨ªticos, no resuelve los dos problemas principales. Primero, su car¨¢cter preventivo, pues afectar¨¢ a personas que no haya cometido delito alguno y puede acabar perjudicando a inmigrantes sin v¨ªnculo alguno con el terrorismo. Y segundo, la escasa intervenci¨®n del poder judicial en favor de la llamada autoridad administrativa. Las cr¨ªticas han llegado desde organizaciones no gubernamentales hasta representantes de minor¨ªas, que se sienten estigmatizadas por la ley.

A finales de septiembre Fionnuala Ni? Aola?in, ponente especial del Alto Comisariado para los Derechos Humanos de la ONU en la lucha antiterrorista, pidi¨® explicaciones por carta al Gobierno franc¨¦s. "Insisto en expresar", se lee en la carta, "mi profunda preocupaci¨®n por el alcance [del proyecto de ley] y por su previsible incidencia nefasta en el ejercicio del derecho a la libertad y a la seguridad personal, en el libre acceso a la justica, en la libertad de circulaci¨®n, en la libertad de reuni¨®n y de asociaci¨®n pac¨ªficas, la libertad de expresi¨®n y la libertad de religi¨®n o de convicci¨®n".

En un editorial titulado "Los riesgos del estado de excepci¨®n permanente", el diario Le Monde avis¨®: "Eliminar el control de la justicia debilita el Estado de derecho. El imperativo de la seguridad no puede conducir a poner en causa las libertades individuales, que son el ADN de la democracia".

En junio, en una entrevista con EL PA?S y otros medios europeos, el presidente Macron se defendi¨® de las acusaciones diciendo que la nueva ley "no es en nada un debilitamiento del Estado de derecho, ni una importaci¨®n del estado de emergencia en el Estado de derecho". "Necesitamos respuestas in¨¦ditas y propias a la lucha contra este terrorismo islamista", a?adi¨®.

Con su estado de excepci¨®n ¡ªel t¨¦rmino legal m¨¢s parecido en pa¨ªses como Espa?a para el estado de urgencia franc¨¦s¡ª Francia es hoy una excepci¨®n. Se basa en una ley de 1955, aprobada en plena guerra de Argelia, y hasta los atentados de 2015 s¨®lo se hab¨ªa aplicado varias veces en relaci¨®n con Argelia, una en el territorio de Nueva Caledonia y de nuevo por los disturbios en las banlieues o extrarradios en 2005.

"Veo que en Espa?a, pese al atentado de Barcelona, no se decret¨® el estado de excepci¨®n, ni una Operaci¨®n Centinela, como tampoco en Gran Breta?a", dice Fenech, que es favorable a la ley del Gobierno Macron. La Operaci¨®n Centinela, puesta en marcha tambi¨¦n en 2015, consiste en el despliegue de 7.000 militares por las calles de Francia en misi¨®n antiterrorista. "La dificultad es pol¨ªtica: c¨®mo salir del estado de excepci¨®n sin debilitar el control administrativo". Decretarlo es relativamente f¨¢cil; acabar con ¨¦l, como est¨¢ comprobando Francia, puede convertirse en un aut¨¦ntico rompecabezas.