El sometimiento a la Justicia: una alternativa para el combate a grupos armados organizados

Los datos lo dicen todo: desde 2006, cuando finaliz¨® la desmovilizaci¨®n paramilitar, se produjo un rearme de organizaciones criminales que directa o indirectamente se ligaban al paramilitarismo. Llegaron a existir m¨¢s de 100 grupos en todo el pa¨ªs, -?guilas Negras, ?guilas Doradas, Nueva Generaci¨®n, Los Mellizos, Los Nevados, Los Paisas, etc.-. Adem¨¢s, con la guerra interna de varios carteles del narcotr¨¢fico comenzaron a surgir ej¨¦rcitos privados al servicio de econom¨ªas ilegales. Los Rastrojos y Los Machos son un buen ejemplo. Al final eran m¨¢s de 120 grupos en todo el pa¨ªs.

Desde 2011 comenz¨® una disputa entre estas organizaciones, al igual que una guerra frontal del Estado, que, al menos a nivel nacional, lider¨® el presidente Juan Manuel Santos. Las operaciones Troya I y Troya II son los mejores ejemplos. Ambas din¨¢micas llevaron a un proceso de cooptaci¨®n criminal que redujo el n¨²mero de estructuras, pero aumentaron su poder. El Clan del Golfo coopt¨® algo m¨¢s de un treintena de estas organizaciones, lo mismo hicieron Los Rastrojos en su momento. Quedaba claro que estos grupos se apoderaron de los eslabones ¨²ltimos de la cadena del narcotr¨¢fico: los laboratorios de clorhidrato de coca¨ªna y las rutas de exportaci¨®n.

Al final quedaron tres grandes grupos armados organizados, cerca de 20 organizaciones de segundo nivel, de alcance regional, como La Empresa de Buenaventura y centenares de grupos locales compuestos por j¨®venes que son subcontratados por las primeras o segundas organizaciones. Desde 2006 hasta hoy se cuentan m¨¢s de 15.000 capturas o neutralizaciones de miembros de estas organizaciones. Se calcula que hoy los miembros de estos grupos llegan a poco m¨¢s de 7.000, la misma cifra que hace 10 a?os. As¨ª las cosas, todo parece indicar que la capacidad de reposici¨®n de estas organizaciones es bastante f¨¢cil. Miles de j¨®venes colombianos conforman un ej¨¦rcito de reserva para la criminalidad.

Pero hay otra cifra a¨²n m¨¢s complicada. Se cree que cerca de 6.000 paramilitares o reincidieron luego de su desmovilizaci¨®n o nunca se desmovilizaron, la gran mayor¨ªa de ellos fueron capturados o dados de baja. Es decir, la mayor¨ªa de los integrantes de las actuales organizaciones criminales son nuevos reclutas, nada tienen que ver con los antiguos paramilitares. Esto a su vez significa que Colombia nunca pudo detener el flujo del reclutamiento juvenil.

Igualmente, se debe decir que la mayor¨ªa de mandos de estas organizaciones fueron mandos medios paramilitares, es decir, tienen una vieja trayectoria criminal. Por ejemplo, al¨ªas Otoniel, jefe del Clan del Golfo, fue guerrillero del EPL, la ¨²nica guerrilla mao¨ªsta que existi¨® en el pa¨ªs, luego fue mando paramilitar y actualmente comanda el Clan del Golfo. Casi 30 a?os de experiencia criminal.

La mayor¨ªa de los mandos capturados que pertenec¨ªan a estas organizaciones ni siquiera pasan por el sistema judicial colombiano, negocian directamente con la justicia norteamericana, por ejemplo los hermanos Comba, jefes militares de una fracci¨®n del Cartel del Norte del Valle. Las autoridades colombianas no reciben informaci¨®n sobre los diferentes mercados ilegales, adem¨¢s la riqueza que estos criminales entregan a la Justicia Norteamericana se queda en Estados Unidos y no colaboran con la justicia colombiana para el esclarecimiento de hechos. Al final, Colombia no logra tener nada.

As¨ª que Colombia est¨¢ en un c¨ªrculo vicioso o, mejor, en una guerra que parece eterna contra organizaciones criminales, en la que ha quedado claro que con solo la represi¨®n ser¨¢ imposible desmantelarlas.

El Gobierno colombiano ha tomado la decisi¨®n, por lo dem¨¢s obvia, de crear un mecanismo de sometimiento a la justicia, que se parece mucho al utilizado en los Estados Unidos. La f¨®rmula es poca c¨¢rcel -el proyecto de ley establece una rebaja del 50% de la sentencia a quienes se acojan a la justicia-, mucha delaci¨®n o informaci¨®n para que las autoridades logren mitigar los diferentes mercados ilegales, y entrega del 100% de la riqueza, de la cual el 95% va al Estado para reparar a las v¨ªctimas y el 5% se le legaliza a la persona que se someta para que pueda vivir una vez pague la condena.

El Gobierno combina su pol¨ªtica de represi¨®n, la cual no ser¨¢ modificada, con una posibilidad de sometimiento a la justicia, que le permita al Estado colombiano tener la informaci¨®n necesaria para pasar del c¨ªrculo vicioso de las capturas a golpear los eslabones de los mercados ilegales. Pero como era de esperarse la oposici¨®n es inmensa, pues, de darse el sometimiento podr¨ªa haber mucha delaci¨®n y los socios de estos criminales que se encuentran en la legalidad no ven bien la propuesta del Gobierno.