Per¨² condena por primera vez a militares por violaciones sexuales cometidas en los a?os de conflicto interno

La Corte Suprema de Per¨² confirm¨® la condena a prisi¨®n contra un oficial y dos agentes de inteligencia del Ej¨¦rcito por la violaci¨®n sexual y el secuestro de una estudiante universitaria a la que detuvieron en Lima en 1992, a quien adem¨¢s torturaron para obtener informaci¨®n. Se trata de la primera sentencia por violaci¨®n sexual cometida por militares en el contexto de los 20 a?os de conflicto armado interno entre 1980 y 2000. En el a?o 2003, la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n identific¨® 534 casos de mujeres violadas en el per¨ªodo de la violencia y, hasta el a?o pasado, el Registro ?nico de V¨ªctimas de la Violencia ¡ªestatal¡ª ten¨ªa empadronadas a 4.910 mujeres con derecho a una reparaci¨®n por haber sufrido dicho delito.

En la mayor¨ªa de casos, los perpetradores fueron miembros de las fuerzas armadas y la polic¨ªa, aunque tambi¨¦n fue una pr¨¢ctica del grupo terrorista Sendero Luminoso y del MRTA. Pese a la gran cantidad de v¨ªctimas, menos de una decena de estos casos han llegado al Poder Judicial, indica un estudio de la ONG Demus.

El abogado Carlos Rivera, quien defendi¨® a la v¨ªctima de iniciales M.M.M., indic¨® a EL PA?S que la Corte Suprema hall¨® culpable de violaci¨®n sexual al coronel Julio Rodr¨ªguez C¨®rdova, quien debe cumplir diez a?os de prisi¨®n. Adem¨¢s, por el delito de secuestro, condena a ocho y cuatro a?os de prisi¨®n, respectivamente, a los agentes de inteligencia operativa del Ej¨¦rcito Carlos Rengifo Salinas y Ren¨¦ Benites Jara. Los tres est¨¢n pr¨®fugos desde el d¨ªa de la lectura de sentencia. La Corte Suprema, adem¨¢s, indica que se debe anular la absoluci¨®n de Rengifo por el delito de violaci¨®n sexual, para que se inicie un nuevo juicio en su contra por dicho crimen, es decir, para que no solo se le sancione por secuestro.

Miembros de la Divisi¨®n de Fuerzas Especiales del Ej¨¦rcito detuvieron en octubre de 1992 a una estudiante de la Universidad La Cantuta, y la llevaron a dicha instalaci¨®n militar en el sur de Lima, bajo la sospecha de ser miembro de un grupo subversivo. No le informaron el motivo ni el lugar a donde la llevaron, no hab¨ªa una orden policial y los militares no comunicaron la detenci¨®n a un fiscal ni otra autoridad. Con la frase ¡°vamos a empezar la fiesta¡± los militares empezaron cuatro d¨ªas de interrogatorio, tortura y violaci¨®n sexual, indica un fragmento del testimonio de M.M.M. citado en la sentencia.

La v¨ªctima luego fue llevada a la polic¨ªa antiterrorismo, donde en un nuevo interrogatorio, y esta vez por miedo ante otro grupo de hombres, afirm¨® que s¨ª conoc¨ªa a dos miembros de Sendero Luminoso por quienes el Ej¨¦rcito le pregunt¨® previamente. Presa por terrorismo, dio a luz en un penal a un beb¨¦ producto de la violaci¨®n sexual. Fue indultada seis a?os despu¨¦s al comprobarse que no ten¨ªa ninguna relaci¨®n con organizaciones terroristas.

El abogado Rivera destaca que para la Corte Suprema, ¡°fue fundamental el elemento de credibilidad de la agraviada¡±, pues desde 1992 la mujer dio ¡°siete declaraciones coherentes y uniformes¡± al Ministerio P¨²blico, Poder Judicial, el director de la prisi¨®n y la Comisi¨®n de la Verdad. El Ministerio P¨²blico acus¨® a nueve miembros del Ej¨¦rcito por este crimen, pero solo tres han sido condenados.