18 mineros ilegales mueren en un enfrentamiento con el Ej¨¦rcito venezolano en la regi¨®n de Guayana
El Gobierno de Venezuela los identifica como grupos de delincuentes que ejercen el control de la explotaci¨®n de oro
El Ej¨¦rcito venezolano tuvo un enfrentamiento con un grupo de mineros ilegales en el yacimiento de oro de Cicapra, cerca de la zona selv¨¢tica de Guasipati, en el sur del pa¨ªs. El combate result¨® en 18 muertos: una mujer y 17 hombres, quienes portaban armas tipo militar.
El procedimiento es una de varias estrategias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para recuperar el control econ¨®mico de las intrincadas zonas selv¨¢ticas contiguas a la Amazonia venezolana, donde ha proliferado la miner¨ªa ilegal realizada por bandas criminales en los ¨²ltimos cinco a?os. De acuerdo con un reporte de Regi¨®n Estrat¨¦gica de Investigaci¨®n Penal (Redip), los cuerpos de los contrabandistas no pudieron ser identificados.
Los yacimientos aur¨ªferos en zonas espec¨ªficas de las regiones selv¨¢ticas de Venezuela han ido deviniendo lentamente en espacios controlados por la delincuencia, en los cuales han tenido lugar cr¨ªmenes que han producido estupor en la sociedad. En algunas de estas poblaciones, son los capos de la zona, llamados pranes en la jerga carcelaria, los que controlan el flujo del comercio e imponen abiertamente sus intereses. Una de las m¨¢s comentadas ha sido la masacre de Tumeremo, en la cual 17 mineros fueron asesinados por Jamilton Ulloa Su¨¢rez,?un capo de origen colombiano conocido como El Topo.
Tal circunstancia ha ameritado la presencia activa de equipos especializados del Ej¨¦rcito venezolano. Ulloa, como otros hampones que dominaban estos espacios, fue ultimado en un operativo militar.
El deterioro de las actividades econ¨®micas vinculadas con la miner¨ªa se ha consolidado durante el gobierno de Nicol¨¢s Maduro. En un esfuerzo especial para diversificar las fuentes de ingreso de la Rep¨²blica, su administraci¨®n ha decidido llevar adelante el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco, una ambiciosa plataforma de inversi¨®n y explotaci¨®n minera en la regi¨®n de Guayana, al sur del r¨ªo, que incluye capitales extranjeros especializados. El Gobierno venezolano busca convertir en ingresos l¨ªquidos los abundantes recursos existentes en la zona, como los minerales estrat¨¦gicos. Algunos de estos espacios son ya teatro de operaciones de estos grupos delincuenciales.
Como proyecto, el Arco Minero del Orinoco ha sido duramente criticado por organizaciones ambientalistas, partidos pol¨ªticos, sindicatos, e incluso por voceros disidentes del chavismo, ubicados a su izquierda, como la exministra Ana Elisa Osorio. Ellos argumentan que el desarrollo de esta iniciativa traer¨¢ trastornos ambientales irreversibles, con graves consecuencias para los recursos h¨ªdricos, y agudizar¨¢ el problema de la descomposici¨®n social en amplias zonas del territorio nacional que hoy est¨¢n casi despobladas. Los defensores del proyecto sostienen precisamente lo contrario: que el Arco Minero ha llegado para enfrentar y resolver estos problemas, al regularizar y normas los usos y promover el desarrollo.
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