El Supremo debate si EE UU puede acceder a la informaci¨®n privada de usuarios en el extranjero

La privacidad digital vuelve a poner en aprieto al Gobierno de Estados Unidos. Este martes el Tribunal Supremo escuch¨® los argumentos de una disputa entre el Gobierno y Microsoft sobre los correos electr¨®nicos de un narcotraficante, archivados en un servidor en Irlanda. El Ejecutivo exige por orden judicial obtener esa informaci¨®n como parte de una investigaci¨®n criminal, pero la tecnol¨®gica se resiste ya que la ley estadounidense no permite un traspaso de datos almacenados en el extranjero. El caso, que ser¨¢ resuelto en los pr¨®ximos meses, es un ejemplo m¨¢s de la necesidad de aprobar y renovar leyes que se adapten a la era digital.

?Privacidad o seguridad? Para las tecnol¨®gicas prima lo primero: si no logran que sus usuarios conf¨ªen en la protecci¨®n de su informaci¨®n personal, pueden poner en riesgo su ¨¦xito. Dado que en este caso se trata de datos guardados en Irlanda, Microsoft y otras empresas tambi¨¦n temen que otros pa¨ªses les cierren las puertas por miedo a que puedan entregar informaci¨®n sobre sus ciudadanos.

Para el Gobierno, que depende de emails, conversaciones telef¨®nicas y mensajes para investigar delitos y posibles amenazas, la seguridad nacional se sit¨²a por encima. Entre los nueve magistrados del Supremo no hay opini¨®n un¨¢nime. Algunos apoyaron la postura del Gobierno mientras que otros se?alaron que prefieren que sea el Congreso el que enmiende o apruebe leyes que sirvan de gu¨ªa para este tipo de disputas, recurrentes en los ¨²ltimos a?os en EE UU.

La norma en cuesti¨®n ¡ªutilizada por el Gobierno para pedir la orden judicial¡ª es la Ley de Comunicaciones Almacenadas, que fue aprobada en 1986, mucho antes de que surgieran los problemas derivados del uso masivo de la tecnolog¨ªa. La ley, cuyo lenguaje es poco preciso, no puede aplicarse para informaci¨®n archivada fuera de las fronteras estadounidenses. El Gobierno, sin embargo, defiende que dado que la sede principal de Microsoft est¨¢ en EE UU, la norma sigue pudiendo ser aplicada.

¡°Hay ordenadores en Irlanda que tienen que enviar esos datos y correos electr¨®nicos a Estados Unidos¡±, dijo la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, cuestionando la autoridad del Gobierno. Esa informaci¨®n viajar¨¢ a trav¨¦s de un cable transatl¨¢ntico a EE UU. Neil Gorsuch, magistrado conservador elegido por Donald Trump, tambi¨¦n expres¨® su escepticismo: ¡°?Por qu¨¦ tratamos de ignorar el hecho de que esta informaci¨®n ser¨¢ recabada en el extranjera y transmitida desde el exterior a EE UU antes de ser entregada al Gobierno? Es evidente que hay una cadena de actividades requerida aqu¨ª¡±.

Otros dos magistrados mostraron su rechazo a la postura de Microsoft. Respondiendo a las afirmaciones de que lo que el Gobierno pide es un ¡°acto extraterritorial¡±, el juez John Roberts expres¨® preocupaci¨®n por un posible vac¨ªo legal: ¡°No hay nada que frene a Microsoft de almacenar emails estadounidenses en Canada, Mexico o donde quiera para poder decir a sus clientes, ¡®No se preocupen, si el Gobierno quiere acceder a sus comunicaciones no podr¨¢n¡¯¡±. Samuel Alito Jr. insisti¨®: ¡°Entonces no hay manera de que el Gobierno obtenga informaci¨®n de un ciudadano estadounidense que est¨¢ siendo investigado y tiene informaci¨®n guardada en un servidor en el extranjero salvo a trav¨¦s de cooperaci¨®n judicial con otro pa¨ªs, que podr¨ªa durar meses o a?os¡±.

Al finalizar el debate preliminar, el presidente de Microsoft, compareci¨® en los escalones del Tribunal, situado frente al Capitolio: ¡°Es evidente que necesitamos leyes del siglo 21 para proteger la tecnolog¨ªa del siglo 21. Solo hay una instituci¨®n en este pa¨ªs que puede lograr un equilibrio entre todos los matices que debemos considerar. Est¨¢ al otro lado de la calle: el Congreso de Estados Unidos¡±.