Estados Unidos sanciona a funcionarios del Gobierno de Ortega?

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunci¨® este jueves que decidi¨® imponer restricciones de visado a funcionario del Gobierno del presidente Daniel Ortega, acusados de estar relacionados con las violaciones de derechos humanos y la ¡°socavaci¨®n¡± de la democracia en este pa¨ªs centroamericano, que ha cumplido m¨¢s de 50 d¨ªas de una profunda crisis que ha dejado ya m¨¢s de 120 muertos.

Esta es la respuesta m¨¢s contundente de Washington tras la represi¨®n desatada por el Gobierno de Ortega a las manifestaciones que comenzaron en abril y que desde entonces exigen la salida del poder del presidente Ortega. Aunque no da nombres espec¨ªficos, en el comunicado emitido por el Departamento de Estado se informa que el Secretario Mike Pomepo decidi¨® imponer las restricciones de visado a oficiales de la Polic¨ªa Nacional, acusada de hacer un uso excesivo de la fuerza en la represi¨®n de las manifestaciones pac¨ªficas. Tambi¨¦n se menciona a funcionarios de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud.

Las restricciones afectan ¡°espec¨ªficamente aquellos individuos que dirigen o supervisan la violencia en contra de ciudadanos que est¨¢n ejercitando sus derechos de reuni¨®n pac¨ªfica y libertad de expresi¨®n y por lo tanto socavan la democracia de Nicaragua. Estos funcionarios han actuado con impunidad en todo el pa¨ªs, incluyendo Managua, Le¨®n, Estel¨ª y Matagalpa. En algunas circunstancias, los familiares de estos individuos ser¨¢n sometidos a las mismas restricciones¡±, advierte el comunicado del Departamento de Estado.

Horas antes de conocerse estas restricciones de visado, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen pidi¨® al Gobierno estadounidense que sancionara a funcionarios que forman parte del c¨ªrculo m¨¢s cercano del presidente Daniel Ortega, entre ellos Francisco L¨®pez, el presidente de Albanisa, la empresa creada para gestionar y administrar la cooperaci¨®n petrolera de Venezuela, valorada en m¨¢s de 4.000 millones de d¨®lares en una d¨¦cada y que el presidente Ortega manej¨® de forma discrecional. Ros-Lehtinen acus¨® a L¨®pez ¨Cque fung¨ªa adem¨¢s como tesorero del Frente Sandinista¨C de corrupci¨®n y responsabilidad en el desv¨ªo de la ayuda venezolana a arcas privadas.

Entre los nombres mencionados por la legisladora tambi¨¦n destacan Gustavo Porras, presidente del Parlamento y leal operador pol¨ªtico de Ortega, y Francisco D¨ªaz, jefe de hecho de la Polic¨ªa Nacional, ¡°por orquestar ¨Cseg¨²n Ros-Lehtinen¨C la represi¨®n y el asesinato de nicarag¨¹enses¡± en la represi¨®n de las manifestaciones. La congresista tambi¨¦n pidi¨® sanciones contra Sonia Castro, ministra de Sanidad, se?alada en Nicaragua de ordenar que no se atendiera en los hospitales p¨²blicos a los heridos durante las protestas.

¡°La violencia pol¨ªtica por parte de la polic¨ªa y las fuerzas de choque de simpatizantes del gobierno en contra de la poblaci¨®n de Nicaragua, particularmente estudiantes universitarios, demuestra un descarado desinter¨¦s por los derechos humanos y es inaceptable¡±, afirma el Departamento de Estado en su comunicaci¨®n. Aunque no se identifica a los funcionarios que ser¨¢n afectados con estas sanciones, Washington afirma que ¡°estamos enviando un mensaje claro que los abusadores de los derechos humanos y aquellos que socavan la democracia no son bienvenidos en los Estados Unidos¡±.

El Gobierno estadounidense ya hab¨ªa impuesto sanciones al ahora expresidente del Tribunal Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, art¨ªfice de los fraudes electorales que han perpetuado en el poder al presidente Ortega. Rivas fue sancionado en diciembre por el Departamento del Tesoro, que lo se?al¨® por corrupci¨®n y fraude electoral. La sanci¨®n impide que Rivas tenga acceso al sistema financiero estadounidense, adem¨¢s de congelar los activos que el funcionario pudiera tener en ese pa¨ªs. Las sanciones contra Rivas se dieron a trav¨¦s de la llamada Ley Magnitsky, que permite al Ejecutivo estadounidense sancionar a todos aquellos funcionarios o ciudadanos extranjeros que est¨¦n involucrados en casos de corrupci¨®n o hayan sido acusados de violar los derechos humanos. Rivas fue destituido el pasado 1 de junio de su cargo, como una se?al de Ortega al exterior, pero la decisi¨®n no ha logrado disminuir la exigencia ciudadana de que el mandatario deje el poder.

La tarde de este jueves Ortega se reunir¨¢ con los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que intentan salvar un Di¨¢logo Nacional, con el que se espera hallar una soluci¨®n a la profunda crisis que vive el pa¨ªs y que despu¨¦s de m¨¢s de 50 d¨ªas de manifestaciones y decenas de muertos amenaza con hundir la fr¨¢gil econom¨ªa nicarag¨¹ense.