M¨¦xico indemniza a casi 50 v¨ªctimas de la mayor matanza del narco contra migrantes

El Gobierno mexicano ha anunciado que indemnizar¨¢ a 48 ecuatorianos que fueron v¨ªctimas de una de las peores matanzas del crimen organizado en el pa¨ªs.?Durante los peores a?os de la guerra contra el narco los inmigrantes fueron blanco de los carteles de la droga? que secuestraban los autobuses que transitaban por las autopistas de Tamaulipas. En agosto de 2010, 72 centroamericanos fueron asesinados por Los Zetas ¨Cuno de los carteles m¨¢s sanguinarios- en San Fernando, una localidad de Tamaulipas (frontera con Estados Unidos). Este mi¨¦rcoles, funcionarios mexicanos anunciaron en Ecuador una compensaci¨®n para el ¨²nico sobreviviente y para 48 familiares de otros cinco migrantes que fueron asesinados por el cartel y de origen ecuatoriano. La reparaci¨®n se da por primera vez a ocho a?os de la masacre y contempla medidas de restituci¨®n, rehabilitaci¨®n y no repetici¨®n.

El hecho conocido mundialmente como la masacre de San Fernando fue contado por dos sobrevivientes. Uno de ellos, un acuatoriano que logr¨® huir y pedir ayuda, hoy fue indemnizado. En su momento, el superviviente relat¨® que los delincuentes se identificaron como miembros de la organizaci¨®n criminal de Los Zetas, que trataron de extorsionarlos, y que al negarse fueron acribillados. A ¨¦l lo dieron por muerto y fue as¨ª como logr¨® huir del rancho donde quedaron apilados los cuerpos del resto de inmigrantes.

En un comunicado oficial emitido este mi¨¦rcoles, la Comisi¨®n Ejecutiva de Atenci¨®n a V¨ªctimas, la instancia del Gobierno mexicano encargada de la indemnizaci¨®n, inform¨® que las v¨ªctimas ecuatorianas son las primeras en recibir compensaciones subsidiarias, pero no revel¨® m¨¢s detalles. "Las medidas de compensaci¨®n fueron determinadas de acuerdo con los est¨¢ndares internacionales en la materia y que por motivos de seguridad y protecci¨®n a las v¨ªctimas, dichos montos no deben hacerse p¨²blicos", expuso.

La Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calific¨® la masacre de San Fernando como una grave violaci¨®n a los derechos humanos. El organismo dio a conocer en junio de 2017 que har¨ªa p¨²blica la informaci¨®n del expediente que integr¨® con motivo de los hechos ante el inter¨¦s de la sociedad de conocer la verdad. "A partir de un an¨¢lisis jur¨ªdico pormenorizado del contenido de la informaci¨®n del referido caso, la CNDH determin¨® que los hechos est¨¢n relacionados con violaciones graves a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que, en un inicio, fueron secuestradas y posteriormente privadas de la vida por un grupo de hombres armados", relat¨®.

A ocho a?os de la matanza, no hay ni una sola persona condenada, ha denunciado la Fundaci¨®n para la Justicia, que ha apoyado a los familiares de las v¨ªctimas. Las autoridades han detenido a decenas de presuntos responsables y mantienen procesos en curso en contra de varios de ellos, pero no ha logrado ninguna sentencia condenatoria. En noviembre del a?o pasado, las autoridades detuvieron a Jes¨²s Jaramillo Silva, en Ciudad Victoria (Tamaulipas),y lo trasladaron a Ciudad de M¨¦xico. El hombre? de 56 a?os, identificado por el Gobierno mexicano como jefe del grupo delictivo que coordin¨® el homicidio de los 72 migrantes, falleci¨® dos d¨ªas despu¨¦s.en un hospital despu¨¦s de ser intervenido quir¨²rgicamente.

La masacre de San Fernando no fue la ¨²nica perpetrada por el crimen organizado.?En abril de 2011, las autoridades hallaron otros 193 cad¨¢veres en diversas fosas en el mismo municipio. En diciembre de 2014 el National Security Archive ¨Cun instituto de investigaci¨®n de la Universidad de George Washington-, revel¨® que los agentes municipales de San Fernando tambi¨¦n participaron en la masacre. Sobre este hecho, en marzo de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n reconoci¨® como v¨ªctimas a los familiares de dos migrantes asesinados por Los Zetas y encontrados en cementerios clandestinos en 2011.?El fallo considerado hist¨®rico se logr¨® tras una lucha de casi cinco a?os por parte de los familiares y organizaciones sociales.