M¨¢s de 4.200 personas fueron denunciadas por aborto en M¨¦xico en una d¨¦cada
En los ¨²ltimos tres a?os hubo 228 sentencias condenatorias por interrumpir el embarazo y, en los ¨²ltimos cinco, 19 mujeres ingresaron en prisi¨®n
El aborto en M¨¦xico no solo est¨¢ penalizado: tambi¨¦n es un delito altamente perseguido. Para GIRE, uno de los grupos de presi¨®n m¨¢s activos en defensa de la interrupci¨®n legal del embarazo en el pa¨ªs norteamericano, "la criminalizaci¨®n tiene consecuencias como el precario o nulo acceso a causales legales de aborto y la denuncia de mujeres con emergencias obst¨¦tricas", ha se?alado en un informe presentado este jueves. Precisamente, la mayor parte de las denuncias por aborto en M¨¦xico proviene de los mismos prestadores de servicios de salud.?En los 10 ¨²ltimos a?os, seg¨²n las cifras de la organizaci¨®n, un total de 4.246 personas (hombres y mujeres) fueron denunciadas por interrupci¨®n de embarazos, lo que en promedio significa m¨¢s de una acusaci¨®n al d¨ªa.
"Nunca hab¨ªa visto el v¨ªnculo tan claro, como se ve en este estudio, entre la inclusi¨®n de un delito en el c¨®digo penal y el comportamiento de los profesionales de la salud", reconoce Ana Laura Magaloni, profesora de derecho del Centro de Investigaci¨®n y Docencia Econ¨®micas (CIDE), durante la presentaci¨®n del documento, en un aula abarrotada de la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico (UNAM). "El impacto es enorme: los profesionales de la salud consideran que est¨¢n cometiendo un delito y las mujeres que entran a los hospitales con alguna emergencia obst¨¦trica se encuentran en un peligro mayor", explica. "Los prestadores de salud no conocen la normativa o, aun cuando la conocen, quieren castigarlas", remacha la directora de GIRE, Regina Tam¨¦s.
Solo uno de las 32 entidades que componen la Rep¨²blica mexicana permite el aborto libre hasta la duod¨¦cima semana de gestaci¨®n: la Ciudad de M¨¦xico, con una regulaci¨®n que se remonta a m¨¢s de una d¨¦cada atr¨¢s. Las diferencias con el resto de Estados son abismales. La ¨²nica causa de interrupci¨®n legal del embarazo en todo el pa¨ªs es la violaci¨®n: 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones gen¨¦ticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminaci¨®n artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioecon¨®micas. ¡°Esto genera una gran desigualdad entre las mexicanas¡±, apunta el director del Instituto de Investigaciones Jur¨ªdicas de la UNAM, Pedro Salazar.
Anah¨ª vive en Baja California (norte) y hace 10 a?os sufri¨® un aborto tras una ca¨ªda accidental. Entonces ten¨ªa 21 a?os y ni ella, ni su pareja, ni su familia sab¨ªan que estaba embarazada, seg¨²n recoge el testimonio. En la ca¨ªda se golpe¨® la nuca y perdi¨® el conocimiento. Al despertarse vio que su ropa estaba manchada de sangre. Su cu?ada encontr¨® el feto en el suelo. Al llevarla al hospital, sin recibir la atenci¨®n m¨¦dica necesaria, fue acusada de homicidio doloso en grado de parentesco. En 2102 fue condenada a 20 a?os de prisi¨®n. Cuatro a?os m¨¢s tarde, ante la falta de pruebas por este delito, la joven consigui¨® la absoluci¨®n. El de Anah¨ª es solo uno de los casos que recoge el estudio, titulado Castigo o maternidad, que da cabida tanto a relatos de mujeres que han sido acompa?ados por abogados del Grupo de Informaci¨®n en Reproducci¨®n Elegida (GIRE) como a otros documentados por terceras organizaciones.
Las situaciones recopiladas van desde violaciones, como el caso de Guadalupe, en Quer¨¦taro (centro), que decidi¨® no denunciar el ataque y tom¨® al d¨ªa siguiente una p¨ªldora anticonceptiva de emergencia. A pesar de la medida de precauci¨®n, se qued¨® embarazada. Una madrugada sinti¨® un fuerte dolor abdominal y su padre la llev¨® al hospital: all¨ª, ante el aborto involuntario que estaba sufriendo, fue v¨ªctima de acusaciones y gritos por parte del personal m¨¦dico, que se encarg¨® de dar parte a la fiscal¨ªa. Un mes despu¨¦s fue llamada a declarar. Ante la falta de pruebas se archiv¨® definitivamente la causa. En Michoac¨¢n (centro), Gabriela acudi¨® a abortar legalmente a Ciudad de M¨¦xico por voluntad propia. Al descubrir el hecho, su pareja le denunci¨®. Tras presentar el comprobante de que la interrupci¨®n se hizo en la capital mexicana, la dejaron en libertad.
El n¨²mero de denuncias recopiladas en el informe, as¨ª como las cifras sobre investigaciones abiertas, sentencias e ingresos en prisi¨®n, corresponde a hombres y mujeres. Si bien de algunos Estados recibieron la informaci¨®n desagregada por sexos, muchos de ellos no ten¨ªan sistematizada esta variable. Desde enero de 2015 hasta abril de 2018, hubo 1.666 investigaciones abiertas por aborto; 228 personas fueron sentenciadas por este motivo y 53 (19 mujeres) ingresaron en prisi¨®n definitiva. En algunos casos, las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en raz¨®n de parentesco. Las sentencias condenatorias que no acaban en prisi¨®n pasan de multas a trabajos para la comunidad o "tratamientos m¨¦dicos integrales". El informe destaca tambi¨¦n que la criminalizaci¨®n por aborto afecta sobre todo a las mujeres en situaci¨®n de vulnerabilidad, que provienen de comunidades marginadas, de contextos de violencia, con falta de acceso a la informaci¨®n y de servicios de salud reproductiva.
Por todo ello, GIRE, con m¨¢s de un cuarto de siglo de experiencia a sus espaldas, reclama a los parlamentos estatales la despenalizaci¨®n del aborto "durante el primer trimestre de la gestaci¨®n". En su apoyo, la profesora Magaloni incidi¨® en que "hay 19 congresos estatales donde Morena tiene mayor¨ªa, yo s¨ª creo que podr¨ªa ser una circunstancia id¨®nea para cambiar las legislaciones". No obstante, el presidente electo de M¨¦xico, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, no es un ferviente defensor de este derecho: lo ¨²nico que lleg¨® a admitir en campa?a es que lo someter¨ªa a consulta popular.
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