El Gobierno uruguayo castiga al ¡®n¨²mero uno¡¯ del Ej¨¦rcito por criticar la reforma de las pensiones militares

El general Guido Manini R¨ªos, m¨¢ximo jefe castrense de Uruguay, ha sido sancionado esta semana con 30 d¨ªas de arresto a rigor -el m¨¢ximo castigo que puede recibir un militar- por sus reiteradas declaraciones contra la reforma de las pensiones que reciben los militares. El Gobierno de Tabar¨¦ V¨¢zquez tom¨® esta decisi¨®n, sin precedentes, despu¨¦s de que el comandante general acusase indirectamente de mentir al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en un programa de radio. Es la ¨²ltima de una serie de declaraciones de Manini R¨ªos que, seg¨²n el Ejecutivo, incumplen la disciplina militar consagrada la Constituci¨®n.

El n¨²mero uno del Ej¨¦rcito uruguayo seguir¨¢ en el cargo -el Gobierno, pese al castigo, no le ha retirado su confianza-, pero tras su jornada laboral tendr¨¢ que pasar su tiempo libre confinado y sin poder recibir visitas, probablemente en su residencia privada. Esta misma semana, el Gobierno uruguayo ha sancionado tambi¨¦n al jefe del Estado Mayor, el general Marcelo Montaner, despu¨¦s de que la banda musical del ej¨¦rcito decidiese tocar un himno del Partido Nacional (en la oposici¨®n) durante un evento p¨²blico. La acci¨®n, interpretada como una protesta a la sanci¨®n de R¨ªos, desemboc¨® en un castigo a tres d¨ªas de arresto simple al n¨²mero dos del Ej¨¦rcito uruguayo.

La contundencia del Gobierno de V¨¢zquez (centroizquierda) ha sorprendido en un pa¨ªs en el que las relaciones entre el poder civil y el militar est¨¢n normalizadas desde el final de la dictadura militar (1973-1985). En democracia, los mayores choques se han producido a cuenta de los numerosos casos de desapariciones y asesinatos tras el golpe de Estado, pero la justicia ha canalizado la mayor¨ªa de los conflictos entre el Ejecutivo y el Ej¨¦rcito. El Frente Amplio -el partido de V¨¢zquez y del expresidente Jos¨¦ Mujica-, no obstante, nunca logr¨® derogar la ley de amnist¨ªa que cubri¨® a los responsables de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

La aprobaci¨®n en el Senado de una reforma del sistema de pensiones de los militares ha abierto la caja de Pandora y ha tensado las relaciones entre el Gobierno y el estamento. Con una tasa de natalidad en ca¨ªda libre (1,7 hijos por mujer en 2017) y una esperanza de vida de 77 a?os -una de las m¨¢s altas de Am¨¦rica Latina-, el debate sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema de retiro ha surgido con fuerza en Uruguay: el d¨¦ficit del r¨¦gimen general -diferencia entre gastos e ingresos- ascendi¨® a 582 millones de d¨®lares en 2017 y el de la caja militar fue de 550 millones. La combinaci¨®n de altas prestaciones por jubilaci¨®n y tasas de retiro tempranas, ha hecho que los recursos destinados a 60.000 militares supusiesen el mismo agujero en las cuentas p¨²blicas que los dedicados al pago de la pensi¨®n de 700.000 pasivos civiles.

Tanto Gobierno como la oposici¨®n han deslizado un posible aumento de la edad general de jubilaci¨®n -de los 60 a?os a los 65- con el objetivo de garantizar un sistema cada vez m¨¢s oneroso para las arcas p¨²blicas uruguayas. Esta medida, muy impopular, contrasta con la media de edad de retiro para los militares, que es de 49 a?os. Las rentas m¨¢s altas del Ej¨¦rcito perciben hasta tres veces m¨¢s que el resto de jubilados. A la espera del voto en la C¨¢mara de Diputados, lo m¨¢s probable es que la iniciativa del Frente Amplio salga adelante.

Consciente de lo sensible del caso, la reforma del Gobierno ha sido t¨ªmida y no tendr¨¢ resultados visibles sobre el d¨¦ficit de las pensiones hasta dentro de una o dos d¨¦cadas, ya que mantiene la situaci¨®n actual para la mayor¨ªa de los militares y solo se aplicar¨¢ para aquellos con menos de 15 a?os de servicios. Aun as¨ª, desde el Partido Nacional (centroderecha), el senador Jorge Larra?aga ha criticado que ¡°en el gobierno haya imperado hacia las Fuerzas Armadas un conjunto de prejuicios y de estigmas, resentimientos. Me parece que no hay que transitar por estos caminos donde lamentablemente se lleva un rumbo de acogotar a las Fuerzas Armadas¡±. El oficialismo defiende la ¡°justicia social¡± de la reforma en curso y recalca que los beneficios para los militares fueron decretados durante la dictadura y se mantuvieron a pesar de que todo el r¨¦gimen uruguayo de pensiones cambi¨® en 1997.