Aumenta la presi¨®n para que el presidente de Per¨² no promulgue la ley que beneficia a Fujimori y Montesinos
Los juristas advierten de que el texto, aprobado por la mayor¨ªa fujimorista en el Congreso, puede ser inconstitucional
La vicepresidenta de Per¨², Mercedes Ar¨¢oz, y el defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, cuestionaron este viernes la ley que la oposici¨®n fujimorista en el Congreso aprob¨® la tarde del jueves, bautizada como ley Fujimori-Montesinos?y hecha para evitar que el aut¨®crata Alberto Fujimori vuelva a la c¨¢rcel. La norma permitir¨ªa tambi¨¦n liberar en pocos a?os a Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial y jefe de facto de las fuerzas armadas entre 1990 y 2000.
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 a?os de prisi¨®n como autor mediato de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves contra las v¨ªctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992 por el Grupo Colina, el destacamento del Ej¨¦rcito creado por su Gobierno. El exgobernante, tambi¨¦n sentenciado por robo, corrupci¨®n y usurpaci¨®n de funciones, fue indultado en plenas Navidades de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio del favor pol¨ªtico de su bancada. No obstante, el mi¨¦rcoles pasado de octubre un juez supremo dispuso su retorno a prisi¨®n. Por otro lado, Montesinos tiene decenas de condenas, pero la pena m¨¢s alta, de 25 a?os de prisi¨®n, le fue impuesta en 2010 por el caso Barrios Altos.
El fiscal general desarma el equipo que investiga al fujimorismo
La l¨ªder del opositor pero mayoritario en el Congreso Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumple ya tres d¨ªas en detenci¨®n preliminar, una medida que pidi¨® el fiscal Jos¨¦ Domingo P¨¦rez, del equipo especial Lava Jato, que la investiga por lavado de activos.
Este viernes, el fiscal general, Pedro Ch¨¢varry, ces¨® a la procuradora Erika Delgado -pieza clave en las pesquisas al fujimorismo y al Partido Aprista- sin conocimiento de P¨¦rez, quien participa estos d¨ªas en un foro anticorrupci¨®n que se celebra en Chihuahua (M¨¦xico).
La fiscal Delgado se enter¨® de la decisi¨®n del fiscal general mientras participaba hoy en uno de los 11 allanamientos de propiedades -en la capital y en una regi¨®n amaz¨®nica- para seguir la investigaci¨®n de los fondos de la contabilidad paralela de la constructora brasile?a Odebrecht -protagonista de uno de los mayores casos de corrupci¨®n en la historia de Am¨¦rica Latina- entregados al fujimorismo, motivo por el que Keiko Fujimori est¨¢ en prisi¨®n provisional.
Ch¨¢varry ha sido blindado por el partido Fuerza Popular en la subcomisi¨®n de acusaciones constitucionales para evitar que sea investigado por su posible pertenencia a la red de corrupci¨®n en el sistema de justicia, conocida como los Cuellos Blancos del Puerto.
"La ley est¨¢ mal hecha, las formas han sido de muy mala intenci¨®n; ha sido un atropello", subray¨® este viernes la tambi¨¦n congresista oficialista Ar¨¢oz sobre el texto legal que la mayor¨ªa fujimorista aprob¨® este jueves por la tarde, en menos de hora y media y sin ni siquiera esperar el dictamen de la comisi¨®n de Justicia. La norma permite la libertad bajo vigilancia electr¨®nica de los condenados mayores de 78 a?os que hayan cumplido un tercio de su pena o que tengan una enfermedad cr¨®nica. "No se ha aprobado de manera apropiada. La rapidez afecta a esta f¨®rmula legal", dijo, por su parte, el defensor del Pueblo en la emisora Radio Programas.
Algunos especialistas van m¨¢s all¨¢, hasta el punto de poner en duda la constitucionalidad de la ley. El abogado defensor de las v¨ªctimas del caso La Cantuta, Carlos Rivera, precis¨® en una conferencia de prensa que la ley es incompatible con la Carta Magna peruana porque "rompe el criterio de la divisi¨®n de poderes". "Otorga una funci¨®n del Poder Judicial [liberar a un reo] a un empleado administrativo, el director del Instituto Nacional Penitenciario. Esperamos que el presidente [Mart¨ªn] Vizcarra no la promulgue", se?al¨®.
"Es tambi¨¦n inconstitucional porque la ley incluso abarca a procesados [no condenados]", advirti¨®, en la misma l¨ªnea, Gloria Cano, abogada de los familiares de las v¨ªctimas del caso Pativilca, el asesinato de seis campesinos en 1991 a manos del Grupo Colina y por el que Fujimori a¨²n no ha sido juzgado. "La ley est¨¢ pensada para garantizar impunidad a violadores de derechos humanos en hechos cometidos en los a?os 80 y 90", a?adi¨® la letrada. El penalista Luis Lamas agreg¨®, adem¨¢s, que la norma "desestabilizar¨¢ todo tipo de penas, favoreciendo a condenados por delitos graves como homicidio calificado, corrupci¨®n, lavado de activos u organizaci¨®n criminal, todos ellos muy en boga en el pa¨ªs".
La anulaci¨®n del indulto a Fujimori por parte de un juez supremo peruano lleg¨® a ra¨ªz de una petici¨®n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la justicia del pa¨ªs sudamericano evaluase si la gracia presidencial que obtuvo de Kuczynski se ajustaba a la Convenci¨®n Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia de esa Corte por los casos Barrios Altos y La Cantuta obliga al Estado a cumplir con obligaciones internacionales de justicia para las v¨ªctimas del gobierno de Fujimori.
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