Licencia para matar en Per¨²
La responsabilidad de Fujimori se concreta a medida que transcurre el juicio
Per¨² era un matadero cuando Alberto Fujimori, presidente del pa¨ªs desde 1990 a 2000, autoriz¨® el terrorismo de Estado contra el terrorismo mao¨ªsta de Sendero Luminoso. Desde hace cuatro meses se juzga al ex gobernante en la capital peruana, como inductor de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en aquel decenio de sangre y atropellos. Su actitud consiste en negar toda responsabilidad sobre lo sucedido: "Si se cometieron algunos hechos execrables los condeno, pero no fueron orden de quien habla", ha declarado en el juicio. El reo se enfrenta a una pena que podr¨ªa llegar a los 30 a?os de prisi¨®n.
Cerca de 70.000 personas murieron durante la violencia pol¨ªtica registrada en Per¨² entre los a?os 1980 y 2000. Sendero Luminoso comenz¨® destripando campesinos en las serran¨ªas de Ayacucho y lleg¨® hasta las residencias de la burgues¨ªa lime?a con m¨¢s de 50 coches bomba. Y la ley del Tali¨®n contra el terrorismo guerrillero comenz¨® a ser aplicada por los escuadrones de la muerte el 3 de noviembre de 1991, hacia las 10.30 de la noche, en un primer piso de Barrios Altos, en Lima.
"No me siento un asesino, s¨®lo he peleado contra el terrorismo"
En las vistas, el ex presidente suele 'perder la memoria' ante el fiscal
La Ley de Amnist¨ªa de 1995 excarcel¨® a todos los militares encausados
Aquel d¨ªa, un grupo de vecinos discut¨ªa sobre el arreglo de los deteriorados servicios comunitarios. Inopinadamente, entre seis y diez encapuchados forzaron la entrada a patadas, insultos y mentadas de madre. "?Qu¨¦ pasa, jefe? ?Qu¨¦ pasa?", pregunt¨® Manuel Isa¨ªas, de 33 a?os. Una r¨¢faga de metralleta en el pecho le tumb¨® sin vida cuando preguntaba al jefe del grupo armado por los motivos de su abrupta irrupci¨®n. "Su hijo [de ocho a?os] se abraz¨® con el padre y le cay¨® un balazo", confes¨® desde la clandestinidad Jes¨²s Sosa, uno de los asesinos, ex agente del Servicio de Inteligencia del Ej¨¦rcito (SIE) y miembro del grupo secreto denominado Destacamento Colima.
Aquel d¨ªa, el grupo paramilitar mat¨® a 15 personas e hiri¨® gravemente a cinco m¨¢s, por su supuesta colaboraci¨®n con Sendero Luminoso, la guerrilla empe?ada en sustituir, a cuchilladas y cargas de dinamita, las instituciones burguesas por el colectivismo campesino concebido por el profesor de filosof¨ªa Abimael Guzm¨¢n, presidente Gonzalo (preso desde 1992 en las mazmorras de la base naval de El Callao).
"Me enter¨¦ [de los sucesos de Barrios Altos] por la radio", ha asegurado el ex presidente Fujimori en una de las sesiones del juicio que se le sigue en Lima como "autor mediato" -es decir, inductor- de aquella matanza. Y tambi¨¦n de los hechos ocurridos en la Universidad La Cantuta, donde resultaron muertos nueve estudiantes y un catedr¨¢tico. Tambi¨¦n se le imputan los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti.
Un ex miembro del Destacamento Colina ha revelado, a trav¨¦s de una instrucci¨®n judicial, que los primeros disparos del 3 de noviembre fueron efectuados por el oficial Mart¨ªn Rivas, jefe del grupo. Uno tras otro, boca abajo, fueron asesinados. "En ese momento sali¨® un ni?o a auxiliar a su padre que ya estaba en el suelo herido, y es cuando Yarlequ¨¦ le dispara al ni?o (...) Mart¨ªn Rivas le increpa a Yarlequ¨¦ por haber matado al ni?o. Yarlequ¨¦ dijo: 'El jefe ha dicho que no queden huellas". Los peritos recogieron en el lugar 133 casquillos y la prensa de oposici¨®n comprob¨® las huellas del amparo oficial al asalto: el piso en el que se produjo la matanza est¨¢ cerca del Congreso y rodeado de instituciones policiales. A 30 metros, la Direcci¨®n de Inteligencia de la Polic¨ªa Nacional y una comandancia militar y a una manzana, una comisar¨ªa.
La segunda matanza se produjo la madrugada del 18 de julio del a?o 1992, apenas un d¨ªa despu¨¦s de que un coche bomba matara a 20 personas en un barrio lime?o. El Destacamento Colina reaccion¨® en cuesti¨®n de horas. De madrugada asalt¨® la residencia universitaria de La Cantuta y se llev¨® a nueve estudiantes y un catedr¨¢tico, a los que se implic¨® en el atentado. Nada se supo de ellos hasta que el semanario S¨ª culpabiliz¨® al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuyo jefe real era Vladimiro Montesinos, el Rasput¨ªn de Fujimori, que despachaba directamente con el jefe del Estado. El 8 de julio de 1993, esa publicaci¨®n descubri¨® los cad¨¢veres de los secuestrados, calcinados, en el fondo de una quebrada. "Fueron llevados a un campo de tiro [de la polic¨ªa nacional]. Algunos se arrodillaron y otros se sentaron. Uno habl¨® con desaf¨ªo. Eso, en parte, enerv¨® a los muchachos", explic¨® el ejecutor castrense Sosa. "No me siento un asesino. He peleado contra el terrorismo".
Entre esas dos matanzas, Fujimori hab¨ªa ejecutado un autogolpe para quebrar el orden constitucional, concentrar poder y evitar la fiscalizaci¨®n de sus acciones por los poderes judicial y parlamentario. Fue el 5 de abril de 1992.
Ahora, el juicio contra el ex presidente se desarrolla en la direcci¨®n pretendida por sus v¨ªctimas: probablemente se incluir¨¢ como prueba contra el acusado una reciente sentencia de la Primera Sala Anticorrupci¨®n de Per¨², que el pasado d¨ªa 9 conden¨® a 35 a?os de c¨¢rcel ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el ex general Julio Salazar, como uno de los inductores de los asesinatos de La Cantuta. La sentencia afirma que el Grupo Colina actu¨® "con el consentimiento de los altos jefes militares", que deb¨ªan obediencia a Fujimori como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El fallo contra Salazar utiliza el t¨¦rmino de "autor mediato"; es decir, culpable de haber inducido a un subordinado a cometer delito vali¨¦ndose de su rango. La sentencia citada establece una relaci¨®n directa con los servicios de inteligencia "y c¨®mo estas acciones derivaban de una pol¨ªtica gubernamental de guerra contrasubversiva", seg¨²n Miguel Jugo, director de la Asociaci¨®n Proderechos Humanos de Per¨².
Fujimori, el ingeniero agr¨®nomo de origen japon¨¦s triunfador de las elecciones de 1990 -frente al escritor Mario Vargas Llosa- nada reconoce y rechaza cualquier responsabilidad en el criminal derramamiento de sangre. "Yo, como presidente de la Rep¨²blica, s¨®lo impart¨ªa directrices, no daba ¨®rdenes". Apenas ha reconocido haber firmado los documentos presentados por Montesinos, asociado en el delito con el jefe del Ej¨¦rcito, Nicol¨¢s de Bari Hermoza, seg¨²n la acusaci¨®n. Durante algunas de las vistas celebradas ha sido frecuente que Fujimori perdiera la memoria ante el fiscal.
Fiscal. ?Se enter¨® usted de que una de las personas involucradas en los cr¨ªmenes fue su asesor Vladimiro Montesinos?
Fujimori. No, no ten¨ªa conocimiento.
Fiscal. Usted le¨ªa el diario La rep¨²blica. Estaba informado.
Fujimori. No, la verdad es que no repar¨¦ en ese aspecto.
Fiscal. ?No le dio ninguna importancia a esa informaci¨®n?
Fujimori. No repar¨¦.
Fiscal. ?Le mencion¨® su asesor Montesinos que el grupo Colina contaba con el apoyo de los principales jefes del ej¨¦rcito?
Fujimori. No, tampoco.
Los mecanismos judiciales y legislativos establecidos durante su mandato impidieron la investigaci¨®n de los cr¨ªmenes atribuidos al tridente Fujimori-Montesinos-Hermoza, y garantizaron la impunidad de los asesinos. El carpetazo fue definitivo con la ley de amnist¨ªa del 14 de junio de 1995, aprobada con nocturnidad por un Congreso sumisamente oficialista. Todos los oficiales policiales, soldados y civiles encausados fueron liberados. La ley prohibi¨® la investigaci¨®n de los delitos.
Mientras se somete a juicio esta negra historia en Lima, el ex presidente Fujimori bosteza a veces, se duerme profundamente o manifiesta des¨¢nimo, exaltaci¨®n e histrionismo. A voz en cuello reclama el agradecimiento de la patria. "?Yo recib¨ª el pa¨ªs casi en colapso, agobiado por la inflaci¨®n, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado", grita. "?Lo recib¨ª desangr¨¢ndose, con el 50% del territorio controlado por los terroristas! ?Mi gobierno rescat¨® los derechos humanos de 25 millones de peruanos!".
Los derechos humanos fueron una entelequia. El 25 de junio de 1991, con el Destacamento Colina aun en formaci¨®n, Fujimori felicit¨® p¨²blicamente al grupo, al "equipo de an¨¢lisis" como se le denomin¨® inicialmente. No les aplaudi¨® por "el an¨¢lisis de documentaci¨®n", sino "por lo que ellos ven¨ªa preparando: la guerra sucia", seg¨²n fuentes de la fiscal¨ªa peruana. Fue un mensaje al Ej¨¦rcito en el sentido de que se hab¨ªa tomado la decisi¨®n pol¨ªtica de respaldar los macabros planes en preparaci¨®n.
El juicio ha sido puntualmente seguido por la prensa peruana. En medios judiciales peruanos se espera un fallo probablemente condenatorio. "Pero cuando se trata de organizaciones ilegales, secretas, clandestinas, usted no puede exigir un v¨ªdeo, un audio, una filmaci¨®n, del preciso momento en que ordena a Mart¨ªn Rivas [jefe operativo del Grupo Colina]: 'Usted ingresa por el callej¨®n, toma su fusil y...", agregan las fuentes consultadas. "No. Eso no es as¨ª, pero se le condenar¨¢". Lo esperan los deudos de las v¨ªctimas. Durante m¨¢s de un decenio reclamaron, in¨²tilmente, una justicia entonces inexistente.
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