El plazo y una equivocaci¨®n

El Gobierno de Iv¨¢n Duque y, principalmente, su partido, el Centro Democr¨¢tico, han tomado dos grandes decisiones frente al modelo de Justicia transicional creado en el marco del proceso de paz. El acuerdo cre¨® la llamada Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), la cual es la encargada de revisar y juzgar todo lo ocurrido durante el conflicto armado. La primera decisi¨®n del Gobierno y la coalici¨®n en el Congreso es limitar las acciones de la JEP, torpedearla y paralizarla. La segunda acci¨®n es irla desgranando y al final convertirla en el tribunal para que juzgue a la exguerrilla de las FARC.

Sobre el primer asunto, hace poco m¨¢s de una semana, a ¨²ltima hora, a pupitrazo limpio, sin lugar a discusiones y con las costumbres de la vieja clase pol¨ªtica, el Congreso nacional y las mayor¨ªas del Gobierno aprobaron el Presupuesto nacional. La C¨¢mara de Representantes o C¨¢mara baja ya hab¨ªa aprobado las cuentas y luego, en el Senado, no se discuti¨® nada. La mayor¨ªa gubernamental hizo que se votara de inmediato con al argumento de que ya la C¨¢mara lo hab¨ªa hecho todo. Obviamente, en medio del articulado de la Ley de Presupuesto se metieron los populares ¡°micos¡±, que son aquellos art¨ªculos que camuflan impactos institucionales que no son declarados ni discutidos abiertamente. Uno de esos ¡°micos¡± es el art¨ªculo 133. Afirma que el presupuesto de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz ser¨¢ administrado por el Ministerio de Hacienda, lo cual viola la autonom¨ªa de poderes. Pero, adem¨¢s, los ingresos se otorgar¨¢n sala por sala, es decir, el Gobierno financiar¨¢ las salas que quiera y las que no quiera las bloquear¨¢.

Adem¨¢s de bloquear la JEP financieramente, la han ido desgranando. Por un lado, durante la reforma constitucional que la cre¨® se sac¨® por medio de una proposici¨®n en el Congreso a los famosos ¡°terceros¡±. Es decir, todos los empresarios, pol¨ªticos y civiles que se beneficiaron del conflicto armado y que fueron determinadores de graves cr¨ªmenes. Ahora, se present¨® un proyecto de ley para sacar a los militares y dejar la JEP para que solo juzgue a los exguerrilleros de las FARC. Hace unos d¨ªas, el proyecto de ley se hundi¨® en la Comisi¨®n Primera de Senado. Inmediatamente, la senadora Paloma Valencia, quien pertenece al Centro Democr¨¢tico, anunci¨® un referendo para lograr sacar a los militares de la JEP y crearles un modelo paralelo para que los juzgue.

El problema con todo esto es que el partido de Gobierno est¨¢ provocando un verdadero cataclismo y est¨¢ llevando a sus socios a un salto al vac¨ªo. La explicaci¨®n es la siguiente. La Corte Penal Internacional (CPI) habr¨ªa dado un plazo a Colombia hasta el mes de noviembre de 2018 para que el Estado mostrara acciones de justicia contra determinadores de cr¨ªmenes internacionales. De no ser as¨ª, iniciar¨ªan acciones en Colombia y obviamente los agentes del Estado son los primeros en estar en la mira. M¨¢s de 4.000 colombianos fueron asesinados y disfrazados de guerrilleros para ser presentado como positivos en combate, algo que se conoce en Colombia como Falsos Positivos y que jur¨ªdicamente ser¨ªa un caso de ejecuciones extrajudiciales. Adem¨¢s, varios agentes institucionales participaron en el exterminio de un partido pol¨ªtico conocido como la Uni¨®n Patri¨®tica, en el que m¨¢s de 3.000 de sus militantes fueron asesinados.

Tradicionalmente, para el Sistema Internacional de los Derechos Humanos el comportamiento de los agentes legales es m¨¢s importante que el de los grupos armados ilegales. Esto se deriva de la base del Derecho, seg¨²n la cual los ciudadanos ceden su capacidad de hacer justicia y la seguridad a un Estado. A esto se le conoce como el contractualismo liberal, de tal forma que las acciones de agentes del Estado tienen una doble gravedad, primero por el crimen que cometieron y segundo porque en ellos los ciudadanos hab¨ªan confiado su seguridad. De un agente ilegal se puede esperar cualquier cosa, pero de agentes legales la situaci¨®n podr¨ªa ser considerada de mayor gravedad. En todo caso la CPI revisar¨¢ todo tipo de responsabilidades, tanto de los antiguos miembros FARC como de agentes estatales.

Lo que queda claro para la Justicia Internacional es que en lo fundamental las FARC desaparecieron como grupo armado ilegal, es decir, entregaron las armas, dejaron de existir. Pero el Estado colombiano en su aparato militar no sufri¨® ning¨²n cambio en el marco del acuerdo de paz. Por ello, las llamadas garant¨ªas de no repetici¨®n deben ser exigidas a los excombatientes, pero tambi¨¦n, con mucha fuerza, a los agentes estatales que en teor¨ªa salieron sin ninguna afectaci¨®n.

As¨ª las cosas, el Centro Democr¨¢tico, el partido de Gobierno, est¨¢ llevando a las Fuerzas Militares a un callej¨®n sin salida, que puede terminar con el juicio internacional de varios generales, exgenerales y oficiales de las Fuerzas P¨²blica Colombiana.