Un juez peruano impone 36 meses de prisi¨®n preventiva a Keiko Fujimori

Un juez peruano ha impuesto este mi¨¦rcoles 36 meses de prisi¨®n preventiva para la l¨ªder de la oposici¨®n, Keiko Fujimori, investigada por un presunto lavado de activos en la financiaci¨®n de su campa?a presidencial en las elecciones de 2011. "Este despacho considera que s¨ª existe sospecha grave sobre la participaci¨®n de la investigada Keiko Sof¨ªa Fujimori en el delito de lavado de activos en condici¨®n de l¨ªder en organizaci¨®n creada de facto al interior en Fuerza 2011", ha se?alado el juez al sustentar su decisi¨®n. Ante el "alto riesgo de fuga" y la acusaci¨®n de obstaculizar la investigaci¨®n, el magistrado ha dictado orden de detenci¨®n inmediata contra la l¨ªder del partido Fuerza Popular.

El plazo de 36 meses de prisi¨®n preventiva coincide con el que tiene el fiscal provincial Jos¨¦ Domingo P¨¦rez para continuar la investigaci¨®n preparatoria contra Fujimori. Se le acusa de ser la presunta l¨ªder de una organizaci¨®n criminal ¡°que se enquist¨® en el partido Fuerza 2011¡± (hoy Fuerza Popular) para el blanqueo de capitales. De acuerdo a testimonios y abundante documentaci¨®n conseguida por el fiscal de lavado de activos, Fujimori recibi¨® 1,2 millones de d¨®lares en fondos il¨ªcitos procedentes de la constructora brasile?a Odebrecht para su campa?a electoral en 2011.

La decisi¨®n del magistrado es un nuevo golpe a la formaci¨®n pol¨ªtica con mayor¨ªa en el Congreso, y que desde julio de 2016 obstruy¨®, primero, la gesti¨®n del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski -que acab¨® dimitiendo en marzo-, y luego la de Mart¨ªn Vizcarra, su sucesor y actual mandatario peruano.

La hija mayor de Alberto Fujimori ya pas¨® siete d¨ªas en prisi¨®n preliminar a mediados de octubre. Aquella medida fue ordenada por este mismo juez,?Richard Concepci¨®n Carhuancho,?a solicitud del fiscal P¨¦rez, por su presunta participaci¨®n en el llamado ¡®caso Cocteles¡¯. Desde 2017 se investiga esta trama acerca de los fondos de campa?a que el fujimorismo dijo haber recaudado mediante eventos como cocteles y rifas, pero que no pudo sustentar posteriormente ante la fiscal¨ªa.

En esa ocasi¨®n, el juez Concepci¨®n orden¨® tambi¨¦n la detenci¨®n preliminar de otras 19 personas que en 2011 fueron donantes falso; es decir, depositaron a su nombre en la cuenta bancaria de Fuerza 2011?el dinero entregado por Odebrecht. No todos fueron detenidos: el ex secretario general de Fuerza 2011 Jaime Yoshiyama, ex ministro del Gobierno de Alberto Fujimori en la d¨¦cada de los 90, permanece en Estados Unidos, y otros se convirtieron en testigos protegidos que han aportado m¨¢s evidencias a la Fiscal¨ªa.

El esposo de una de las personas con orden de detenci¨®n, el congresista fujimorista Rolando Re¨¢tegui se present¨® entonces como testigo protegido, al sentir que su grupo pol¨ªtico los hab¨ªa dejado solos. Dijo que, a petici¨®n de Keiko Fujimori, reclut¨® a falsos donantes y personas que hicieron las transacciones bancarias en la regi¨®n San Mart¨ªn.

La resoluci¨®n que ordena la detenci¨®n preventiva, sostiene que los falsos donantes gestionados por Re¨¢tegui afectaron ¡°el correcto funcionamiento del sistema financiero y la eficacia del sistema de justicia penal: se ha buscado impedir averiguar el origen del dinero¡±. Un pariente del ex ministro Yoshiyama hizo operaciones similares a las de Re¨¢tegui, en Lima, con unos 100.000 d¨®lares procedentes de la contabilidad paralela de la constructora brasile?a.

Obstrucci¨®n a la justicia

Reategui adem¨¢s entreg¨® a la Fiscal¨ªa conversaciones del comit¨¦ pol¨ªtico de Fuerza Popular, realizados a trav¨¦s del sistema de mensajer¨ªa Telegram, con las ¨®rdenes de la l¨ªder a su bancada para blindar a altos funcionarios gravemente involucrados en la trama de corrupci¨®n del sistema de justicia.

¡°Tenemos una estructura que a trav¨¦s del congresista (fujimorista H¨¦ctor) Becerril gestiona una reuni¨®n entre la investigada Keiko Fujimori y el exjuez C¨¦sar Hinostroza para ayudarla en procesos judiciales¡±, ha explicado el magistrado Concepci¨®n este mi¨¦rcoles.

Hinostroza est¨¢ detenido en Madrid con fines de extradici¨®n, pero en julio, cuando a¨²n era juez de la Corte Suprema, deb¨ªa revisar un recurso de Fujimori para que la investigaci¨®n del ¡®caso Cocteles¡¯ no continuara bajo la ley de crimen organizado.

En julio, el informe de una fiscal provincial que investigaba a los Cuellos Blancos del Puerto apunt¨® a Hinostroza como jefe de dicha organizaci¨®n criminal y al fiscal de la Naci¨®n, Pedro Ch¨¢varry, como integrante de la misma. Por ello, el Congreso deb¨ªa debatir las acusaciones constitucionales y retirarles el fuero para que sean investigados penalmente por varios delitos, entre ellos, el de organizaci¨®n criminal.

Para el juez Concepci¨®n la conversaci¨®n en Telegram muestra ¡°una c¨²pula que da directivas a congresistas: blindar a Hinostroza sobre el delito de organizaci¨®n criminal y tramitar denuncias de manera individual contra Ch¨¢varry para interferir con el normal funcionamiento de administraci¨®n de justicia¡±.

El magistrado destac¨® las relaciones entre la presidenta de Fuerza Popular, sus asesores pol¨ªticos y legales en la sombra, los congresistas de su partido, Ch¨¢varry e Hinostroza, como un engranaje de protecci¨®n mutua de intereses.

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, ha informado a la prensa de que la pr¨®xima semana apelar¨¢ la decisi¨®n. Mientras tanto, en una conferencia de prensa el nuevo dirigente del comit¨¦ de emergencia del fujimorismo, el parlamentario Miguel Torres, denunci¨® "una persecuci¨®n pol¨ªtica".

Una de las antiguas dirigentes fujimoristas, la expresidenta del Congreso Luz Salgado, ha dicho que de esta manera quieren "arrinconar a Fuerza Popular y desaparecer una expresi¨®n popular. No van a poder desaparecer al partido pol¨ªtico", manifest¨® en una emisora de radio local.