Algo est¨¢ podrido

El gran hermano te vigila. Tiene control sobre todos, ese sistema totalitario desde el cual hay alguien observando y que describi¨® magistralmente George Orwell en 1984 vuelve una y otra vez a nuestra cotidianeidad tras el descubrimiento, cada a?o, de una nueva red de chuzadas, de interceptaciones sobre las cuales se teje inicialmente el anuncio grandilocuente hasta que va siendo enterrado en medio de la acostumbrada manera de aceptar que lo que un d¨ªa nos llena de estupor, a los pocos, se normaliza, para da?o eterno de las instituciones sobre las cuales se construyen los valores de las sociedades y los relatos de la historia.

En Colombia en los ¨²ltimos 10 a?os van siete y sus comunes denominadores no pueden m¨¢s que plantear que existe un paraestado, sin contar con las que estuvieron detr¨¢s de la informaci¨®n que permiti¨® asesinar en los a?os ochenta a tantos inocentes defensores de derechos humanos.

Estas redes de interceptaciones han sido creadas por quienes siempre han ocupado u ocupan las m¨¢s altas dignidades. Por eso, les es tan f¨¢cil determinar qu¨¦ es cierto y qu¨¦ es falso y con su discernimiento impartir justicia para dejar impune espec¨ªficamente lo que le conviene al sistema sobre el cual se ha fundado la man¨ªa de escuchar al otro para vengar viejas rencillas, hundir al opositor, vulnerar la intimidad y hasta acabar con la reputaci¨®n personal y empresarial.

?Qui¨¦n es el Winston Smith, el personaje orwelliano, en esta tierra nuestra? ?Qui¨¦n ocupa el lugar de Smith en el Ministerio de la Verdad, haciendo lo que hacen, editando, transcribiendo, inventando, denunciando para construir verdades sin que conozcamos los criterios de valoraci¨®n de esa verdad y cuando los mecanismos para inducirla son siempre m¨¢s tenebrosos que la verdad misma?

Y si Orwell se adelant¨® a nuestro tiempo, Yohan Noah Harari lo ha dicho de manera superior en su ¨²ltima obra, 21 lecciones para el siglo XXI: ¡°La censura no funciona bloqueando el flujo de informaci¨®n, sino saturando a la gente de desinformaci¨®n¡±. Obligatoria lectura para atravesar las que llama aguas pantanosas. Las aguas en las que los periodistas tenemos cada d¨ªa un renovado papel para revelar y explicar todo lo que un d¨ªa dicen y otro desdicen, en funci¨®n solo de que los oyentes y lectores tengan herramientas para interpretar, no para interceptar.

Dec¨ªa que todas las chuzadas tienen en Colombia comunes denominadores. Desde las de 2003, y especialmente las de 2007, hasta las ¨²ltimas denunciadas por el actual fiscal general de la Naci¨®n, Nestor Humberto Mart¨ªnez, en el segundo semestre de 2018, ubicadas en la frontera con Ecuador, en el departamento de Nari?o.

Oficiales en retiro

Qui¨¦nes las llevan a cabo o las ordenan siempre han sido oficiales en retiro del Ej¨¦rcito o de la Polic¨ªa, o investigadores de la contrainteligencia, expresidentes, y m¨¢s que se apoyan en las redes de investigadores corruptos de la propia Fiscal¨ªa, que tiene los equipos para espiar. Los espiados casi siempre son magistrados que terminan en el exilio, como Iv¨¢n Vel¨¢squez, empresarios objeto del alg¨²n odio secreto, sindicatos que amenazan a un patrono, una mujer u hombre infiel, los periodistas y opinadores sin excepci¨®n. Y quien concentra la atenci¨®n de los medios es el hacker, joven hombre o mujer, que siempre pierde los beneficios por no decir lo que sirve a los procesos.

En mayo de 2007, cayeron seis funcionarios de la Polic¨ªa se?alados por interceptaciones. Entre ellos, el general Guillermo Julio Ch¨¢vez Oca?a, director de la Direcci¨®n de Inteligencia de la Polic¨ªa Nacional (Dipol). Los chuzados: integrantes del proceso de paz con los paramilitares: el entonces alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo y Eduardo Pizarro Le¨®n G¨®mez, miembro de la comisi¨®n de reparaci¨®n a v¨ªctimas de las autodefensas. Tambi¨¦n Sergio Caramagna, delegado de la OEA, y Lucas Pineda, del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja; y hasta el obispo de Monter¨ªa, Julio Cesar Vidal.

Objetivo: periodistas

Y entre los periodistas Lina Mar¨ªa Correa, Claudia Gurisatti, Mar¨ªa Alejandra Villamizar, Ricardo Calder¨®n, Lewis Acu?a, Julio S¨¢nchez Cristo, ?lvaro Sierra, Ernesto McCausland; ONG y adem¨¢s las excongresistas Eleonora Pineda, Roc¨ªo Arias y Carlos Moreno de Caro. El esc¨¢ndalo fue tapado r¨¢pidamente por el Gobierno, que opt¨® por hacer una barrida hist¨®rica en la Polic¨ªa, sacando a toda la c¨²pula, al remover a once de los trece generales que ten¨ªa en ese momento la instituci¨®n.

Dos a?os despu¨¦s, tambi¨¦n durante el Gobierno de ?lvaro Uribe, estall¨® el m¨¢s grande esc¨¢ndalo: interceptaciones telef¨®nicas y seguimientos ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra periodistas, magistrados y l¨ªderes de la oposici¨®n de su Gobierno. Nuevamente: los chuzadores, altos funcionarios. La exdirectora del DAS Mar¨ªa del Pilar Hurtado, detenida por estos hechos, fue sindicada de haber dado la orden de hacer las grabaciones y los seguimientos a los magistrados de la Corte Suprema.

La revista Semana conoci¨® las pruebas sobre chuzadas a Dar¨ªo Arizmendi, director de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio; de Alejandro Santos, director de Semana; Daniel Coronell, entonces director de Noticias Uno; F¨¦lix de Bedout, periodista de la W, y Ramiro Bejarano, entonces abogado del magistrado C¨¦sar Julio Valencia, quien llevaba un proceso penal contra el presidente ?lvaro Uribe. Se metieron a la Corte, infiltraron una Matahari, usaron a la se?ora de los tintos, da?aron a cuanto empleado se les atraves¨® y pervirtieron todo. Aunque m¨¢s de 25 personas terminaron condenadas y el DAS tuvo que ser cerrado despu¨¦s de 58 a?os de existencia, ante la magnitud del esc¨¢ndalo, muchos salieron impunes.

Descansaron unos a?os y apareci¨® La sala gris. Una verg¨¹enza, ap¨¦ndice del sistema Esperanza de Interceptaciones de la Fiscal¨ªa General, que funcionaba en la Central de Inteligencia Militar del Ej¨¦rcito. Entre otras actividades irregulares, desde all¨ª los militares vigilaban m¨¢s de 100 correos electr¨®nicos de periodistas, integrantes de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ONG y hasta funcionarios del propio Gobierno. Como si fuera poco, el fiscal encargado de controlar esa sala fue extraditado, porque se descubri¨® que interceptaba a agentes antidrogas y posteriormente vend¨ªa esa informaci¨®n a narcotraficantes.

Sabotear los acuerdos

En 2014, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, la Fiscal¨ªa descubri¨® y allan¨® en un barrio de Bogot¨¢, un centro de inteligencia al interior de un restaurante. Ya no era Gris, se llam¨® Andr¨®meda, y all¨ª chuzaban a los miembros del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con las FARC en Cuba. Simult¨¢neamente se dio la captura de Andr¨¦s Sep¨²lveda Ardila, quien fue se?alado de hackear y efectuar interceptaciones ilegales que tendr¨ªa como uno de sus objetivos sabotear el proceso de paz que el Gobierno adelantaba con las FARC. A principios del presente a?o (2018), la Procuradur¨ªa finalmente formul¨® pliego de cargos contra tres miembros del Ej¨¦rcito, vinculados a la Operaci¨®n Andr¨®meda, por presuntas irregularidades con la supuesta venta de informaci¨®n de car¨¢cter secreto al hacker Andr¨¦s Sep¨²lveda.

No han dejado de o¨ªr y o¨ªr o de inventar e inventar seg¨²n las nuevas realidades. Hace poco el periodista Ricardo Calder¨®n revel¨® los casos de corrupci¨®n en el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia (CGFM) y c¨®mo millones de pesos terminaron en los bolsillos de oficiales, incluso generales, y otros tantos resultaron destinados irregularmente para adquirir equipos de monitoreo, por medio de los cuales obten¨ªan informaci¨®n con diferentes objetivos diferentes a la seguridad nacional. Por cuenta de las denuncias, el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se vio obligado a cerrar definitivamente las dos centrales de inteligencia involucradas.

Y la ¨²ltima, la de Nari?o. Con fachada de empresa de seguridad, que lograba obtener informaci¨®n de diferentes personalidades del pa¨ªs. Se trataba de una red de interceptaciones ilegales que ofrec¨ªa informaci¨®n privada de empresas, pol¨ªticos, integrantes de la Fuerza P¨²blica, funcionarios judiciales, con el prop¨®sito de venderla a terceros y al que mejor pagara.

El cerebro de esta investigaci¨®n result¨® ser Mar¨ªa Alicia Pinz¨®n, la hacker que desarroll¨® un software conocido como el Programa F¨¦nix. Pinz¨®n habl¨® sobre los oficiales involucrados en esta red: el coronel en retiro del Ej¨¦rcito, Jorge Humberto Salinas, testigo ya capturado, y el general retirado de la polic¨ªa, Humberto Guatibonza. En los computadores, la Fiscal¨ªa dijo que encontr¨® 175 carpetas en donde, dice, aparecen los nombres de clientes y sus v¨ªctimas, reconocidas empresas como Pepsico, Avianca, Goodyear, Argos y Servientrega, entre otras.

Adem¨¢s de una vieja rencilla entre un abogado y un congresista. La carpeta la titularon con el nombre de Barbas porque, seg¨²n el testigo, as¨ª es como conoc¨ªan al senador en cuesti¨®n, uno de los presuntos clientes de la oficina de interceptaciones, a quien se le acusa de chuzar al abogado de sus odios y quien siente por ¨¦l la misma repulsi¨®n.

Paralelamente aparece el nombre de Laud¨¦ Fern¨¢ndez y todo por otros dos corruptos: Luis Carlos G¨®mez y Roberto Montenegro, miembros del CTI, el primero jefe del segundo, fueron, seg¨²n las declaraciones de los testigos en el caso quienes sirvieron de enlace entre el contratista de Avianca, Laud¨¦ Jos¨¦ Fern¨¢ndez, y la red de interceptaciones ilegales con sede en Nari?o.

Las declaraciones de los coroneles en retiro del Ej¨¦rcito Jorge Humberto Salinas y Luis Mes¨ªas Quiroga, ubican principalmente a Montenegro en reiteradas comunicaciones para compartir informaci¨®n encargada, al parecer, por el contratista de Avianca, el se?or Laude.

Un mal que se repite

Ya en 2015 en otra columna en este mismo diario, hab¨ªa planteado que las denuncias de hoy son el reflejo de un mal que se repite y se reproduce sin consecuencias. Especialmente las de las llamadas chuzadas o interceptaciones ilegales realizadas desde el ya desaparecido Departamento de Seguridad (DAS), pasando por Andr¨®meda y el caso Hacker y llegando empresas privadas de exmilitares.

No es nuevo. Lleva dos d¨¦cadas. Uno de los casos imposible de olvidar es el del general Mauricio Santoyo, quien fue encontrado culpable de 1.449 interceptaciones ilegales en el 2000 contra defensores de derechos humanos y sin embargo, eso no fue impedimento para que poco tiempo despu¨¦s fuera nombrado como jefe de seguridad del presidente ?lvaro Uribe. Fue capturado y extraditado a Estados Unidos, tras confesar posteriormente sus relaciones con una temida oficina de sicarios al servicio del narcotr¨¢fico.

Y esta vez, algo a¨²n m¨¢s podrido se estar¨ªa descubriendo. ?Alguien paga por fabricar conversaciones incriminatorias? ?Qu¨¦ papel juegan los m¨¢s importantes hombres del Estado en las mismas? ?C¨®mo algo puede ser verdad y mentira al mismo tiempo dentro de un mismo expediente? O ?todo es la verdad de siempre y nuestras vidas y las de los otros seguir¨¢n siendo escuchadas y vigiladas para luego intimidarnos y, ah¨ª s¨ª, demandarnos por hacer lo que nos toca??