Cinco claves del plan nacional de seguridad de L¨®pez Obrador
El protagonismo del Ej¨¦rcito, medidas anticorrupci¨®n y la disposici¨®n a regular las drogas dominan la hoja de ruta del nuevo gobierno
M¨¦xico ya cuenta con una nueva hoja de ruta para las peliagudas tareas de seguridad p¨²blica. El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado este jueves por la plana mayor del Gobierno de L¨®pez Obrador a¨²n deber¨¢ ser refrendado en el parlamento -donde Morena tiene mayor¨ªa en ambas c¨¢maras- y coronado en una reforma constitucional, pero esboza las claves de b¨®veda de una estrategia que pretende encauzar la peor ola de violencia en el pa¨ªs desde que ese tiene registros: 80 homicidios al d¨ªa. El papel del ej¨¦rcito, anatema desde su salida de los cuarteles hace m¨¢s de una d¨¦cada, gana protagonismo; se despliega toda una bater¨ªa de medidas anticorrupci¨®n y se contin¨²a deslizando la posibilidad de abrir el mel¨®n regulatorio de las drogas como herramienta de la nueva pol¨ªtica de seguridad p¨²blica.
Guardia Nacional
Desde el 1 de diciembre, fecha de la toma de posesi¨®n del nuevo Gobierno, M¨¦xico contar¨¢ con un nuevo cuerpo militar que patrullar¨¢ las calles del pa¨ªs. ¡°Se tratar¨¢ de una fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes y que se integrar¨¢ en la secretar¨ªa de Defensa¡±, apunt¨® el reci¨¦n nombrado titular del ramo, Cresencio Sandoval. La creaci¨®n de este nuevo estamento ser¨¢ gradual durante los pr¨®ximos tres a?os. De manera inmediata, se incorporar¨¢n miembros de la polic¨ªa militar, naval y federal. El siguiente a?o, militares en activo. En 2021, se completar¨¢ con reclutas civiles hasta alcanzar un n¨²mero de 150.000 miembros.
Su implantaci¨®n tambi¨¦n ser¨¢ gradual en los 266 cuadrantes en los que ser¨¢ dividido el pa¨ªs seg¨²n dos criterios: tasa delictiva y densidad de poblaci¨®n. El nuevo cuerpo ser¨¢ instruido por militares, y seg¨²n el pr¨®ximo secretario de Seguridad P¨²blica, Alfonso Durazo, ¡°su mando general ser¨¢ una autoridad civil; y el mando operativo, el ejercito mexicano¡±. L¨®pez Obrador justific¨® la instauraci¨®n de una nueva autoridad militar para labores policiales, adelantada ya durante los ¨²ltimos meses, en que ¡°hay mucha descomposici¨®n en los cuerpos policiales¡±.
Medidas anticorrupci¨®n
El plan general incluye una bater¨ªa de medidas para combatir la corrupci¨®n dentro de la Administraci¨®n P¨²blica, con especial atenci¨®n a las instituciones de seguridad y justicia. ¡°Propondremos las reformas legales necesarias para tipificar la corrupci¨®n como delito grave y sin libertad bajo fianza¡±, anunci¨® Durazo sin dar m¨¢s detalles. Las cambios normativos incluir¨ªan una nueva Ley Federal de Combate de Conflictos de Inter¨¦s, prohibir las adjudicaciones directas, investigar y clausurar las empresas fantasma, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores p¨²blicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, monitorear en l¨ªnea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisici¨®n.
Para las tareas de supervisi¨®n y sanci¨®n, el plan prev¨¦ centralizar las instancias de contralor¨ªa, fortalecer mecanismos fiscalizadores como la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica y la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n y reformular la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar¨ªa de Hacienda y Cr¨¦dito P¨²blico. ¡°Se ha concentrado en detectar la evasi¨®n fiscal pero no ha dado un solo golpe capaz de debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado ni ha logrado reducir el lavado de dinero, cuyo monto anual se estima en 30.000 millones de d¨®lares¡±, subray¨® Durazo. No hubo menci¨®n, sin embargo, al sistema de elecci¨®n de las distintas cabezas de la fiscal¨ªa mexicana, una de las instituciones m¨¢s desgastadas y criticadas en M¨¦xico por su falta de independencia y cercan¨ªa al gobierno de turno.
Derechos humanos
La nueva legislaci¨®n aspira tambi¨¦n a tipificar como delitos los incumplimientos de recomendaciones de las comisiones nacionales y estatales de Derechos Humanos. Es decir, a convertir en vinculantes las conclusiones de estos ¨®rganos estatales aut¨®nomos, tantas veces ignorados o puenteados en M¨¦xico. ¡°Se erradicar¨¢ la represi¨®n y nadie ser¨¢ torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado¡±, defendi¨® Durazo. Otra de las medidas se concentra en profundizar y garantizar su independencia.
Regulaci¨®n de las drogas
En la l¨ªnea que han ido marcando las intervenciones de los titulares de Gobernaci¨®n y Seguridad durante los ¨²ltimos meses, el plan esbozado este mi¨¦rcoles contin¨²a deslizando la posibilidad de abrir el mel¨®n regulatorio de las drogas como herramienta de la nueva pol¨ªtica de seguridad p¨²blica: ¡°La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensi¨®n de combatir las adicciones mediante la persecuci¨®n de las sustancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento cl¨ªnico y el suministro de dosis con prescripci¨®n para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicaci¨®n personalizados.¡±
Consejo de Construcci¨®n para la paz
Pese a mantener al Ej¨¦rcito realizando labores policiales, el documento carga con dureza contra la estrategia militarizada iniciada por Gobierno de Felipe Calder¨®n. ¡°A la enorme mayor¨ªa de los muertos, los lesionados, los torturados, los ausentes y los desplazados no se les ha hecho justicia y los delitos correspondientes han quedado impunes. Las pol¨ªticas de violencia dejan, as¨ª, una enorme deuda social en materia de procuraci¨®n que debe ser saldada con mecanismos de justicia transicional y por medio de los cauces institucionales ya existentes¡±.
El nuevo paradigma incluir¨¢ una instancia consultiva, el Consejo para la Construcci¨®n de la Paz, formado por tres representantes p¨²blicos y tres de la sociedad civil, que contar¨¢ tambi¨¦n con un observador permanente designado por la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas. La relaci¨®n con los organismos internacionales se completa con una menci¨®n a que el gobierno reconocer¨¢ "expl¨ªcitamente la jurisdicci¨®n de la Corte Penal Internacional y se recurrir¨¢ a esa instancia para el esclarecimiento y el castigo si llegaran a tener lugar cr¨ªmenes que pudieran considerarse como de lesa humanidad¡±
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