La lucha judicial para combatir la corrupci¨®n se estanca en Ecuador

Los dos primeros a?os de Gobierno de Len¨ªn Moreno?en Ecuador han transcurrido con todos los focos sobre dos asuntos: la situaci¨®n econ¨®mica y la depuraci¨®n de funcionarios y ex altos cargos salpicados por sospechas de delito. Coincidiendo con la salida de Rafael Correa de la presidencia, el caso Odebrecht y otros indicios de irregularidades en el Estado pegaron un aceler¨®n hasta entonces in¨¦dito. Pero tras la efervescencia de 2017, el ritmo de avance de los procesos judiciales se fue ralentizando y ha derivado en un halo de cuestionamientos a la labor fiscal, en la que se han estancado decenas de informes de la Contralor¨ªa General?y denuncias de particulares?contra el Gobierno de Correa.

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En estos todav¨ªa primeros compases del a?o, sin embargo, el Ejecutivo de Moreno parece haber tomado algo de br¨ªo acelerar las investigaciones. La ¨²ltima decisi¨®n se anunci¨® el lunes por la noche: Ecuador convoc¨® a la comunidad internacional para conformar una Comisi¨®n Internacional contra la Corrupci¨®n con el objetivo de facilitar el intercambio de informaci¨®n y la recuperaci¨®n de bienes y activos malutilizados. Para ello, seg¨²n el mandatario latinoamericano, el canciller del pa¨ªs, Jos¨¦ Valencia, se reunir¨¢ este martes con la ONU, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina de Transparencia Internacional y el cuerpo diplom¨¢tico.

¡°Necesitamos apoyo en la prevenci¨®n, en las leyes, en el trabajo de jueces y fiscales, en los mecanismos para lograr que los corruptos sean sancionados y que el dinero robado sean devuelto a su verdadero due?o: al pueblo ecuatoriano¡±, detall¨® Moreno. La nueva comisi¨®n ¡°apoyar¨¢ a las instituciones del Estado ecuatoriano encargadas de la denuncia, de la detecci¨®n, de la investigaci¨®n y de la judicializaci¨®n de los casos".

No es la primera propuesta del Gobierno, que, seg¨²n las cifras difundidas el lunes, ha presentado m¨¢s de 500 denuncias de presuntos casos de corrupci¨®n. La impaciencia oficialista en la depuraci¨®n de responsabilidades tom¨® forma a inicios de a?o con otros dos movimientos que no fueron bien recibidos por la Fiscal¨ªa General. A mediados de enero, la Unidad de An¨¢lisis Financiero y Econ¨®mico (UAFE), que se dedica a buscar indicios de lavado de activos en empresas y personas naturales, anunci¨® que hab¨ªa llegado a un acuerdo con uno de los implicados en el caso Odebrecht para que devuelva 13,5 millones de d¨®lares, recibidos de origen il¨ªcito, como acto de buena fe y de colaboraci¨®n. El pacto se anunci¨® en una rueda de prensa con la directora de la UAFE, Diana Salazar, con el Secretario Particular de Presidencia, Juan Sebasti¨¢n Rold¨¢n y con el subsecretario de Acci¨®n Pol¨ªtica, Iv¨¢n Granda. No hab¨ªa nadie de Fiscal¨ªa.

El Ministerio P¨²blico sali¨® entonces a recordar que la competencia penal es exclusivamente suya y que ese tipo de acuerdos no pueden llevar aparejada una cooperaci¨®n o beneficios penales a no ser que se pacten con Fiscal¨ªa directamente. 15 d¨ªas despu¨¦s, el desplante entre Ejecutivo y la autoridad de control se repiti¨®.

De nuevo, el Gobierno anunci¨® a inicios de febrero que ten¨ªa un acuerdo con 17 testaferros que estaban dispuestos a colaborar con informaci¨®n que implicaba a altos funcionarios del Gobierno anterior. La fiscal general encargada, Ruth Palacios, ¡ªla quinta que pasa por el cargo desde que se cambi¨® de Gobierno y se inici¨® el proceso contra Odebrecht¡ª llam¨® entonces a declarar a Granda para que compartiera los datos de quienes hab¨ªan prestado su nombre para ocultar dinero il¨ªcito de funcionarios del corre¨ªsmo. Finalmente, el Ejecutivo de Moreno inform¨® de que creaba, mediante decreto ejecutivo, una nueva Secretar¨ªa Anticorrupci¨®n de la Presidencia, a cargo del mismo Granda, que se dedicar¨ªa a facilitar las denuncias de il¨ªcitos y la cooperaci¨®n entre instituciones en la purga de irregularidades.

La Fiscal¨ªa General ha tratado de repeler las cr¨ªticas sobre su lentitud recordando que faltan efectivos y recursos en la instituci¨®n, compartiendo el estado de los principales casos y anunciando un nuevo viaje a Brasil en busca de m¨¢s detalles en el caso Odebrecht. Con la delaci¨®n de un directivo de la constructora brasile?a, recibida en 2017, Ecuador sancion¨® al ex n¨²mero dos del Ejecutivo de Rafael Correa, Jorge Glas, con seis a?os de c¨¢rcel por asociaci¨®n il¨ªcita. De ese proceso, surgieron indicios para abrir una decena m¨¢s de investigaciones que no han pasado a¨²n de las fases judiciales iniciales. Seg¨²n el Ministerio Fiscal, solo hay seis fiscales en la unidad de indagaciones previas que tienen 100 expedientes a cargo cada uno.

Al viaje a Brasil acudir¨¢ el procurador general, ??igo Salvador, el mencionado Granda como nuevo secretario Anticorrupci¨®n y la fiscal general Palacios, en un gesto que sacude la fricci¨®n entre el Ejecutivo y las instituciones de control. Se aprovechar¨¢ la reuni¨®n con las autoridades judiciales brasile?as, seg¨²n Fiscal¨ªa, para comprobar si en la primera colaboraci¨®n se recibi¨® la informaci¨®n completa o si el anterior fiscal, Carlos Baca Mancheno, muy cercano al expresidente Correa y destituido por la Asamblea el a?o pasado, ocult¨® detalles de la cooperaci¨®n penal con Brasil.