¡°Nosotros desaparecimos a tus hijos¡±

Tres a?os y dos meses m¨¢s tarde, las autoridades pidieron perd¨®n. En un acto austero celebrado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de Ciudad de M¨¦xico, el gobernador de Veracruz, Cuitl¨¢huac Garc¨ªa, se disculp¨® ante las familias de los cinco j¨®venes desaparecidos y asesinados en el estado en 2016; por la participaci¨®n de la polic¨ªa en lo ocurrido; por la criminalizaci¨®n de los j¨®venes a cargo del propio estado; por el abandono que sufrieron las familias, obligadas a acampar durante tres meses en la puerta de la fiscal¨ªa exigiendo una investigaci¨®n eficiente. El estado, ha dicho Garc¨ªa, desapareci¨® a sus hijos. Y pedimos perd¨®n.

Si el caso Ayotzinapa descubri¨® la cercan¨ªa de polic¨ªas y criminales, el caso Tierra Blanca constataba la podredumbre del sistema. Son dos casos que han enmarcado un Gobierno, el de Enrique Pe?a Nieto, incapaz de aliviar a las familias de los miles de desaparecidos que contaba el pa¨ªs; de actuar contundentemente contra el v¨ªnculo entre el crimen y el estado, tan evidente durante su mandato.

En un discurso de apenas 10 minutos, Cuitl¨¢huac Garc¨ªa, que asumi¨® la gubernatura en diciembre,? ha dicho: "El estado alent¨® la mentira en este caso. Reconocemos que el estado fall¨® a las familias. Todos deben saber que elementos de seguridad del estado detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a sus hijos, dej¨¢ndoles un inmenso dolor. Fallamos en la respuesta que les dimos. Una respuesta que les pudiera acercar a la justicia. Por eso, reconocemos p¨²blicamente la responsabilidad del estado y su gobierno".

Los j¨®venes se llamaban Jos¨¦ Benitez, Bernardo Ben¨ªtez, Susana Tapia, Jos¨¦ Alfredo Gonz¨¢lez y Mario Arturo Orozco. La m¨¢s joven, Susana, contaba 16 a?os. En un video proyectado durante el evento, la mam¨¢ de Susana dec¨ªa que la ni?a era un poco rebelde, normal a su edad. Otras mam¨¢s, otros pap¨¢s, recordaban a sus hijos: siempre me contaba lo que le pasaba, tra¨ªa a sus amigos a casa, le gustaba re¨ªr...

A estas alturas, con sus hijos muertos, parece que una disculpa sirve de poco. No los devuelve a la vida, ni siquiera acelera el proceso contra los culpables, pero dignifica. El padre de Bernardo dec¨ªa: "Todav¨ªa recuerdo aquellos d¨ªas que acampamos en la fiscal¨ªa en Tierra Blanca. Aun sin saber el destino de nuestro hijo, mi esposa Columba me dec¨ªa que prefer¨ªa que le hubieran dicho que Bernardo hab¨ªa tenido un accidente fatal y no que hab¨ªa sido secuestrado... A¨²n ten¨ªamos esperanzas entonces. Despu¨¦s de 87 d¨ªas acampados, cuando nos dieron el certificado de defunci¨®n de Bernardo, sentimos un enorme vac¨ªo, otro duelo. Una culpa inevitable al no haber protegido a nuestro hijo. Como si fuera nuestra responsabilidad".

Originarios de Playa Vicente, los cinco volv¨ªan a casa de pasar el fin de semana en el Puerto de Veracruz. Era el 11 de enero de 2016. A su paso por Tierra Blanca, polic¨ªas de Veracruz los interceptaron. Se los llevaron a plena luz del d¨ªa, los sacaron de la carretera y los metieron en un camino secundario. Luego los entregaron a un grupo de delincuentes del pueblo. Estos se los llevaron a un rancho cercano. All¨ª los mataron, quemaron y tiraron sus restos a un r¨ªo.

Parece que los confundieron. Esa es al menos la tesis de las autoridades. Los polic¨ªas pensaron que los j¨®venes ten¨ªan algo que ver con un grupo delictivo contrario al local. La evidente cercan¨ªa de agentes y criminales accion¨® la palanca. Actuando de vig¨ªas de los segundos, los polic¨ªas agarraron a los muchachos y se los llevaron. Sus familias nunca los volvieron a ver. Meses m¨¢s tarde, las autoridades hallaron en un rancho un trocito de hueso y una mancha de sangre. Fue todo lo que encontraron.

Ins¨®lita, la disculpa del Gobierno de Veracruz no solo refrenda la participaci¨®n policial, sino que limpia el nombre de los muchachos. Casi desde el principio, medios locales esparcieron rumores sobre la verdadera ocupaci¨®n de los j¨®venes: que si estaban con un grupo contrario, que qu¨¦ andaban haciendo all¨ª en Tierra Blanca, etc¨¦tera. Cuitl¨¢huac Garc¨ªa dec¨ªa: "Es una disculpa por las veces en que se intent¨® criminalizar a sus hijos. Que quede muy claro. Los cinco eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron".

Los pap¨¢s exig¨ªan este lunes que se castigue a los culpables. Hay 21 detenidos por el caso, ocho polic¨ªas y 13 civiles. El abogado de las familias, Celestino Espinoza, explicaba a EL PA?S que los 21 encaran dos procesos penales, uno por delincuencia organizada y otro por desaparici¨®n forzada. El primero, dependiente de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica, se tambalea en un juzgado federal. Espinoza dec¨ªa que los investigadores armaron su caso con las pruebas que aport¨® la fiscal¨ªa local en Veracruz, encargada de probar el delito de desaparici¨®n forzada. Eso, explica, es un problema, porque al juez federal no le resulta v¨¢lido. En el peor de los casos, los 21 podr¨ªan quedar absueltos del delito de delincuencia organizada, pendientes del otro proceso, trabado en la lenta justicia local.

Jos¨¦ Ben¨ªtez, padre de Jos¨¦, dec¨ªa: "Tengo 1158 d¨ªas del mismo pesar. Solo quiero sensibilizar a jueces, fiscales, autoridades, para que se llegue a la justicia, lo ¨²nico que pedimos. Exijo, m¨¢s que pido. Porque la palabra pedir... A veces parece que damos l¨¢stima. Exijo la finalizaci¨®n de nuestro caso. Lo merecemos. Cosas como la de hoy nos vuelve a abrir la herida, a veces se medio cierra y hoy la abrimos completita".

Otra de las reivindicaciones de las familias es que se investigue la responsabilidad de los mandos, tanto de la fiscal¨ªa como de la Polic¨ªa estatal. En enero de 2016, el gobernador de Veracruz era Javier Duarte, hoy en la c¨¢rcel acusado de robarse 400 millones de pesos, 20 millones de d¨®lares, de las arcas del estado. Su jefe de polic¨ªa, Arturo Berm¨²dez, tambi¨¦n estuvo preso por varios delitos, entre ellos desaparici¨®n forzada. Un juez le dej¨® libre en diciembre, aunque sus casos siguen en proceso. Los padres esperan que futuras investigaciones descubran vinculaciones m¨¢s profundas de los jefes del Gobierno del estado en el caso de sus hijos.