La destrucci¨®n en escenas

Una estrategia milim¨¦tricamente calculada por parte de sectores pol¨ªticos y unos supuestos casos de corrupci¨®n tienen acorralada a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el modelo de justicia transicional que se cre¨® luego del proceso de paz entre el Estado colombiano y guerrilla de las FARC. El conflicto armado dej¨® una serie de ganadores, pero incre¨ªblemente no fueron ni los guerrilleros, ni los paramilitares, ni las Fuerzas Militares. Los ganadores fueron una serie de civiles, pol¨ªticos y empresarios, que en lo fundamental se quedaron con la mayor¨ªa de los seis millones de hect¨¢reas despojadas a campesinos y utilizaron los grupos armados ilegales como un mecanismo de competencia pol¨ªtica.

La creaci¨®n de la JEP buscaba traer verdad, reparaci¨®n, perd¨®n y garant¨ªas de no repetici¨®n. Obviamente, desde el principio tuvo una serie de enemigos poderosos. La mayor¨ªa de ellos se agruparon en el actual partido de Gobierno, el Centro Democr¨¢tico. Desde all¨ª, se plane¨® la estrategia para destruir el modelo de justicia transicional. El primer paso fue sacar a los ¡°terceros de buena fe¡±, es decir, los civiles que se beneficiaron de la guerra. Esta categor¨ªa, supuestamente, significa que los actos y bienes adquiridos en el marco del conflicto se hicieron sin conocer el contexto de la guerra, es decir, hab¨ªa una ignorancia o ausencia de informaci¨®n. En el Congreso de la Rep¨²blica se logr¨® excluir a los terceros.

El segundo acto de esta obra de destrucci¨®n era sacar a los militares de la JEP, es decir, que la justicia solo fuera para las FARC. Sin embargo, esto le fall¨® al partido de Gobierno, aunque han anunciado que presentar¨¢n una nueva propuesta de reforma constitucional. Incluso, decenas de militares piden a gritos que no los saquen de la JEP, pues saben que la Corte Penal Internacional est¨¢ observando detalladamente lo que pase en Colombia. Sin embargo, la clase pol¨ªtica quiere seguir adelante. La tercera parte de la estrategia se dio entre noviembre y diciembre del a?o 2018 con la ley de presupuesto nacional. All¨ª se intentaba desfinanciar la justicia transicional, lo cual se logr¨® parcialmente. Lo cuarto que se hizo fue nombrar un mao¨ªsta converso, ahora militante de la extrema derecha, en el Centro Nacional de Memoria Hist¨®rica; su primer acto, luego de su posesi¨®n, fue negar la existencia del conflicto armado.

El pen¨²ltimo hecho ocurri¨® hace apenas unos d¨ªas. La Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n dio a conocer un video en el momento en que se capturaba a un fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, quien habr¨ªa recibido una suma de dinero a cambio de influir en un proceso judicial que involucra al exjefe guerrillero Jes¨²s Santrich. Dicho hecho caus¨® un verdadero revuelo pol¨ªtico. Sin embargo, a medida que pasan los d¨ªas surgen m¨¢s dudas que certezas.

Por un lado, el se?or Bermeo pertenece a la Unidad de Investigaci¨®n y Acusaci¨®n, instancia de la JEP que es totalmente aut¨®noma de los magistrados. La JEP tiene algo as¨ª como tres pilares: la magistratura ¨Ctres salas y un tribunal con cuatro secciones-, la Secretaria Ejecutiva -instancia administrativa y operativa- y la Unidad de Investigaci¨®n y Acusaci¨®n, que es la fiscal¨ªa de la JEP. El fiscal general de la JEP es quien nombra a los dem¨¢s fiscales, no hay una interferencia por parte los magistrados. A su vez, los fiscales de la JEP no tienen ninguna injerencia en los casos que llevan los magistrados. Eso lo que significa es que el se?or Bermeo no tiene ninguna injerencia en el caso Santrich.

Por otro lado, luego de la captura de Bermeo, el fiscal general de la Naci¨®n, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, abierto contradictor de la JEP y quien se encuentra en medio del esc¨¢ndalo de Odebrecht, dio detalles del operativo. Seg¨²n Mart¨ªnez Neira, en el operativo particip¨® un agente infiltrado quien entreg¨® el dinero a Bermeo, es decir, hubo una conducci¨®n controlada del dinero. O, en otras palabras, un agente infiltrado habr¨ªa provocado o indujo a un se?or que no tiene nada que ver con el caso Santrich a cometer un delito. Eso se conoce como un infiltrado provocador.

As¨ª las cosas, deber¨¢ determinarse si efectivamente hab¨ªa agentes ilegales buscando favorecer al se?or Santrich, o si fue la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n la que, por medio de un infiltrado, provoc¨® un acto ilegal de un miembro de la JEP, con el objetivo de desprestigiar la justicia transicional.

El cierre de toda esta obra de teatro es la objeci¨®n que hizo el presidente a la ley Estatutaria de la JEP. Dicha ley fue declara exequible por la Corte Constitucional, fue aprobada y discutida ampliamente en el Congreso de la Rep¨²blica y a pesar de ello, el presidente se fue en contra del Estado de derecho y objet¨® una parte de la ley, dejando un vac¨ªo jur¨ªdico impresionante. Es tan absurda la objeci¨®n que prohibi¨® a la JEP la pr¨¢ctica de pruebas, algo que es inherente a la naturaleza de cualquier juez.