Los riesgos que asumen las mujeres para defender el medio ambiente y los derechos de los pueblos ind¨ªgenas

Margoth Escobar se encontraba en una fiesta de cumplea?os en la ciudad de Puyo (Amazonas ecuatoriano) el pasado septiembre cuando una vecina llam¨® para avisar de que su casa estaba en llamas.

El fuego destruy¨® la vivienda de Escobar y artesan¨ªas valoradas en m¨¢s de 50.000 d¨®lares estadounidenses que, junto con otras mujeres, la activista ten¨ªa previsto vender durante el periodo navide?o. El cuerpo de bomberos de la localidad afirm¨® que se trataba de un acto de incendio provocado contra Escobar, que es miembro de Mujeres Amaz¨®nicas, un colectivo de mujeres principalmente ind¨ªgenas que se han unido para defender su tierra y el medio ambiente de la extracci¨®n petrolera y minera.

Fue uno de los varios ataques alarmantes contra miembros de este colectivo que se cometieron el a?o pasado en Ecuador, siguiendo una tendencia m¨¢s amplia de amenazas, campa?as difamatorias y violencia f¨ªsica contra defensoras de los derechos humanos de toda Sudam¨¦rica.

Dejando a un lado su desconfianza en la polic¨ªa y el sistema de justicia de Ecuador, Escobar present¨® en octubre una denuncia penal ante la Procuradur¨ªa General del Estado. La defensora no ha recibido medidas de protecci¨®n, a pesar del riesgo que conlleva su activismo y el ataque que ya ha sufrido.

¡°El Gobierno de turno est¨¢ vestido de oveja pero es un lobo por dentro, porque las pol¨ªticas extractivistas avanzan sin piedad, sin compasi¨®n y, sobre todo, sin respeto a la autodeterminaci¨®n de los pueblos y nacionalidades ind¨ªgenas¡±, se?al¨® la activista de cabello gris con respecto al Gobierno ecuatoriano de Len¨ªn Moreno en una reciente entrevista con Amnist¨ªa Internacional.

En Bolivia, de manera similar, funcionarios de los niveles m¨¢s altos del gobierno han intentado destruir la reputaci¨®n de la defensora de los derechos humanos Amparo Carvajal, despu¨¦s de que esta denunciara a las fuerzas de seguridad estatales por llevar a cabo detenciones arbitrarias y hacer uso excesivo de la fuerza contra trabajadores agr¨ªcolas.

La situaci¨®n lleg¨® a su punto cr¨ªtico el pasado agosto cuando dos campesinos y un polic¨ªa murieron por disparos en una plantaci¨®n de coca en la comunidad andina rural La Asunta, una zona en la que los pueblos ind¨ªgenas llevan miles de a?os cultivando esta planta.

En una entrevista con un canal de noticias estatal, el ministro de Gobierno Carlos Romero culp¨® a Carvajal ¡ªque con 80 a?os es presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia¡ª de los homicidios, y la llam¨® ¡°persona irresponsable¡± y ¡°patrocinadora de organizaciones criminales¡±.

D¨ªas despu¨¦s, el presidente boliviano Evo Morales tuite¨® que la Asamblea Permanente era una organizaci¨®n de la ¡°derecha pro imperialista¡± responsable de una ¡°campa?a de mentiras y falsas denuncias¡± contra su gobierno.

Estas acusaciones sin fundamento representan un intento burdo y transparente de menoscabar el ampliamente respetado trabajo de Carvajal (P¨¢gina Siete, uno de los principales peri¨®dicos de Bolivia la nombr¨® personaje del a?o de 2018) y eludir el escrutinio de la responsabilidad estatal en las violaciones de derechos humanos.

¡°El Gobierno tiene que devolver a esta Madre Tierra sus derechos y a estos Pueblos Ind¨ªgenas el reconocimiento que merecen ¡ªmanifest¨® Carvajal a Amnist¨ªa Internacional en enero¡ª. La Naturaleza nos grita que este planeta debemos amarlo y cuidarlo y es necesario para todos nosotros.¡±

En otro caso habitual, unos hombres armados amenazaron el pasado agosto a Amada Mart¨ªnez, activista ind¨ªgena av¨¢ guaran¨ª de la comunidad Tekoha Sauce, en el sureste de Paraguay.

Mart¨ªnez sal¨ªa de la comunidad en taxi junto con su hijo de siete a?os, su hermana y dos j¨®venes sobrinos, cuando el veh¨ªculo en el que viajaban fue interceptado por una camioneta con el logo de la cercana planta hidroel¨¦ctrica Itaip¨² Binacional.

La activista cont¨® a Amnist¨ªa Internacional que tres hombres cubiertos con pasamonta?as y vestidos con uniformes de Itaip¨² Binacional salieron de la camioneta, armados con escopetas y un rev¨®lver. Uno de ellos le apunt¨® al rostro con una escopeta, mientras otro la amenazaba diciendo que era una ¡°mujer bocona¡± y que alg¨²n d¨ªa la encontrar¨ªan sola en el camino.

Mart¨ªnez cree que la amenazaron por su labor en defensa de los derechos de los pueblos ind¨ªgenas. Unos d¨ªas antes, la activista se hab¨ªa reunido con el relator especial de la ONU sobre la situaci¨®n de los defensores de los derechos humanos para denunciar las graves consecuencias del desplazamiento de la comunidad Tekoha Sauce a causa de la construcci¨®n de la planta hidroel¨¦ctrica.

Las mujeres ind¨ªgenas como Amada Mart¨ªnez y Margoth Escobar corren especial peligro cuando defienden el medio ambiente y los derechos humanos, pues sufren discriminaci¨®n adicional a causa de su g¨¦nero e identidad.

En lugar de permitir la violencia contra las defensoras de los derechos humanos, o incluso contribuir a ella, los gobernantes sudamericanos deben reconocer la importancia de su labor y tomar medidas inmediatas, efectivas, que tengan en cuenta el g¨¦nero y culturalmente adecuadas para protegerlas.

Porque estas valientes mujeres no se desalentar¨¢n, a pesar de los graves peligros que afrontan.

¡°Yo respondo a mi propia convicci¨®n. Pase lo que pase a mi persona o a mis cosas materiales. Eso es secundario ¡ªafirm¨® Escobar¡ª. No nos van a detener.¡±

Erika Guevara Rosas es directora para las Am¨¦ricas de Amnist¨ªa Internacional