La no tan nueva corrupci¨®n latinoamericana

La corrupci¨®n no es un fen¨®meno f¨¢cil de delimitar ni de medir. Es, por naturaleza, un hecho oculto. Pero tambi¨¦n ampliamente percibido por la sociedad. Al menos as¨ª lo afirman m¨¢s de la mitad de los latinoamericanos, que consideran que la mayor¨ªa o todos sus principales pol¨ªticos son corruptos. A nadie sorprender¨¢ que Venezuela encabece esta particular clasificaci¨®n extra¨ªda del informe anual de Transparencia Internacional, pero la pr¨¢ctica totalidad de los pa¨ªses analizados arrojan niveles alarmantes.

Sorprendentemente, son muchas menos las personas que declaran experiencias directas con la corrupci¨®n en una de sus maneras m¨¢s palpables: el porcentaje que afirma haber sido sometido a peticiones de soborno es sistem¨¢ticamente inferior. De hecho, en los ¨²ltimos dos a?os ha subido la percepci¨®n al tiempo que bajaba la experiencia de corrupci¨®n. ?Por qu¨¦ esta divergencia? Si el encuentro directo con la corrupci¨®n es menor hoy en casi toda la regi¨®n (con la importante salvedad de la polic¨ªa), ?qu¨¦ empuja la percepci¨®n empeorada? Una posibilidad es que la lenta e irregular, nunca definitiva y quiz¨¢s parcial, remisi¨®n de una forma de corrupci¨®n est¨¦ dejando espacio a otra.

Comencemos por las buenas noticias. Efectivamente, las experiencias de la ciudadan¨ªa han descendido desde 2017 en casi todos los pa¨ªses y en casi todas las ¨¢reas: sanidad, educaci¨®n, registro de c¨¦dulas... con la salvedad importante de la interacci¨®n con la polic¨ªa, que observa aumentos de sobornos en una mayor¨ªa de pa¨ªses. En tanto que primera l¨ªnea del monopolio de la violencia y de la ley de cualquier estado, la generalizaci¨®n de esta cifra es altamente preocupante. Como tambi¨¦n lo es el caso venezolano, el ¨²nico pa¨ªs en el que la exposici¨®n a soborno ha aumentado en todos los frentes. Pero, quitando estas excepciones, la impresi¨®n general es de mejora. Sin embargo, las percepciones de corrupci¨®n en casi todos los frentes del sector p¨²blico ¡ª desde las presidencias hasta la judicatura, desde la polic¨ªa hasta los congresistas¡ª ha picado al alza en una mayor¨ªa de pa¨ªses.

Este dato es particularmente sensible a la difusi¨®n p¨²blica (no necesariamente a la incidencia material) de un tipo particular de corrupci¨®n: aquel que se registra en las altas esferas. Odebrecht, Lava Jato, Ruta del Sol ¡ªen Colombia¡ª, la Casa Blanca ¡ªla del expresidente mexicano Enrique Pe?a Nieto, no la de Donald Trump¡ª son conceptos que han pasado a formar parte del vocabulario habitual del conjunto de la ciudadan¨ªa latinoamericana. Estos y otros se refieren a casos en los cuales una parte de la ¨¦lite pol¨ªtica y empresarial se ha enriquecido a costa de las arcas p¨²blicas.

Los historiadores de la regi¨®n nos dicen que nada de esto es nuevo, por supuesto. La capacidad de estas ¨¦lites de capturar y extraer recursos del Estado es casi un rasgo definitorio de la pol¨ªtica latinoamericana, hereditario tanto en el sentido figurado como en el literal. Lo que s¨ª ha cambiado en las ¨²ltimas d¨¦cadas es el grado de atenci¨®n y difusi¨®n hacia este tipo de situaciones, as¨ª como el uso pol¨ªtico y medi¨¢tico de las mismas.

As¨ª, por ejemplo, el aumento de experiencias de soborno apenas correlaciona con el consiguiente incremento pa¨ªs a pa¨ªs de la percepci¨®n de corrupci¨®n en las altas esferas. Ni siquiera entre los funcionarios rasos, como la polic¨ªa. Pero s¨ª lo hace, al menos hasta cierto punto, el mero tama?o de un caso tan paradigm¨¢tico como Odebrecht.

?Hay que leer, pues, este empeoramiento de los datos de percepci¨®n de corrupci¨®n como una buena noticia? No tan r¨¢pido: esto dependa exclusivamente de su resultado final. El problema de la corrupci¨®n generalizada (o percibida como tal) es que erosiona la confianza en el sistema: en la democracia y en sus instituciones. Ofrece as¨ª una ventana de oportunidad para discursos de corte nacional-populista, plataformas presentadas a s¨ª mismas como antiestablishment cuyo objetivo es la implantaci¨®n de un orden que se presenta a s¨ª mismo como virtuoso, pero que precisamente en su manique¨ªsmo alberga la sustituci¨®n de un r¨¦gimen elitista por otro: tal cosa sucedi¨® en Venezuela, estuvo cerca de pasar en la Colombia de ?lvaro Uribe, y un aroma de ese mismo riesgo que se olfatea en los discursos de Nayib Bukele, Jair Bolsonaro o Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, encaminados desde rutas ideol¨®gicas opuestas hacia un mismo punto de concentraci¨®n del poder estatal con la excusa de terminar con los malos. En estos casos, una preocupaci¨®n fundamentada de la ciudadan¨ªa por la corrupci¨®n puede terminar siendo la excusa para desmontar algunas de las instituciones que realmente pod¨ªan ejercer un control parejo sobre las ¨¦lites.

Sin embargo, resultar¨ªa c¨ªnico censurar la preocupaci¨®n por la corrupci¨®n (si est¨¢ basada en hechos reales) solo porque pueda darse esta posibilidad autoritaria. Ser¨ªa como admitir que m¨¢s vale malo y corrupto conocido que inc¨®gnita de cambio por conocer. Y la verdad es que los datos sugieren que, por ahora, la alternancia en el poder est¨¢ funcionando como freno a la percepci¨®n de corrupci¨®n: en los pa¨ªses que en los que se ha producido un relevo en el Ejecutivo o en el Legislativo, el incremento medio de dicha percepci¨®n entre 2017 y 2019 ha sido notablemente menor. El voto (y la dimisi¨®n en el caso de Per¨²) funciona.

Ahora, lo fundamental es que la ciudadan¨ªa se mantenga vigilante ante los nuevos llegados. Asumiendo que esa nueva visi¨®n sobre la alta corrupci¨®n es tanto un derecho como un deber. Porque el trabajo no termina en elegir a los buenos contra los malos, sino que apenas comienza ah¨ª: lo que queda despu¨¦s es la construcci¨®n de mecanismos permanentes de control ciudadano. A los que se someter¨¢n todos: los de antes, los de ahora y los que quedan por llegar. Porque la corrupci¨®n, en el largo plazo, rara vez es una cuesti¨®n de vicio o virtud, sino m¨¢s bien de qui¨¦n detenta el poder. Y de qui¨¦n dispone de las oportunidades para ser corrupto.