Colombia se enfrenta a la exhumaci¨®n de 200.000 cuerpos sin identificar
El Instituto de Medicina Legal asegura que las investigaciones de la justicia determinar¨¢n los casos de ejecuciones extrajudiciales
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La cotidianidad de Colombia camina en el filo de la confrontaci¨®n con su pasado reciente. Esos a?os, las heridas de m¨¢s de medio siglo de conflicto armado, reviven peri¨®dicamente como sucedi¨® el s¨¢bado al conocerse el hallazgo de una fosa com¨²n en el municipio de Dabeiba, entre Medell¨ªn y la costa Caribe. All¨ª la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC para investigar los cr¨ªmenes m¨¢s graves de la guerra, busca los cuerpos de al menos 50 personas v¨ªctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares entre 2005 y 2007. El Instituto de Medicina Legal recibi¨® de momento informaci¨®n sobre 17 casos. Pero la dimensi¨®n del drama de las desapariciones va m¨¢s all¨¢. El pa¨ªs enfrenta, seg¨²n c¨¢lculos de este organismo p¨²blico, la exhumaci¨®n de alrededor de 200.000 cuerpos sin identificar.
Estas son las cifras de v¨¦rtigo que resalt¨® este martes Claudia Garc¨ªa, directora del instituto forense. "Nosotros en los ¨²ltimos a?os hemos hecho una prospecci¨®n en todos los cementerios legales, dig¨¢moslo de alguna manera, y en las inhumaciones que no son legales en estas fosas clandestinas, y creemos que el reto al que nos estamos enfrentando es de m¨¢s o menos de 200.000 cuerpos, en donde tenemos que buscar los desaparecidos del pa¨ªs", se?al¨® en Caracol Radio. "El reto es muy grande y tendremos trabajo para muchos a?os desde el punto de vista cient¨ªfico", continu¨® Garc¨ªa, quien incidi¨® en la importancia de la implicaci¨®n del Gobierno para llevar a cabo esa tarea.
Las desapariciones sistem¨¢ticas encarnan a¨²n hoy la memoria m¨¢s viva del conflicto y afectan a miles de familias. Por eso el trabajo de instituciones como la jurisdicci¨®n de paz o la Unidad de B¨²squeda es clave para tratar de cerrar el duelo. Las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, solo representan un porcentaje de esos casos. Seg¨²n destac¨® la responsable de Medicina Legal, ser¨¢n las investigaciones de la justicia las que establezcan si fueron civiles asesinados por militares y despu¨¦s presentados como guerrilleros muertos en combate a cambio de premios y compensaciones. En medio de una amalgama de estimaciones sobre las miles de v¨ªctimas de ese procedimiento, los datos oficiales ofrecidos por la Fiscal¨ªa indican que entre 1998 y 2014 hubo m¨¢s de 2.200 ejecuciones de este tipo. La inmensa mayor¨ªa, durante los dos mandatos del expresidente ?lvaro Uribe.
De momento, el instituto forense se centra en la fosa hallada en el cementerio cat¨®lico Las Mercedes de Dabeiba, en el departamento de Antioquia. Primero, con las necropsias de los cuerpos exhumados. Y despu¨¦s comenzar¨¢ el cruce de los datos con la informaci¨®n de familiares de personas desaparecidas para confrontar los perfiles gen¨¦ticos. "Vamos a trabajar de manera ininterrumpida y vamos a tener los primeros avances, no terminar el trabajo porque es complejo, hacia la tercera semana de enero", afirm¨® Garc¨ªa. ?
El fantasma de los cr¨ªmenes cometidos en el pasado por las Fuerzas Armadas volvi¨® este a?o a conmocionar a Colombia y se convirti¨® de nuevo, por primera vez desde la firma de la paz y el comienzo de la desmovilizaci¨®n de las FARC, en una cuita central del debate pol¨ªtico. La sucesi¨®n de denuncias -desde una directiva, ya retirada, que abr¨ªa la puerta a un sistema de incentivos para mejorar las estad¨ªsticas en el Ej¨¦rcito, los se?alamientos al comandante de la fuerza terrestre hasta el ocultamiento la muerte de menores en un bombardeo contra disidentes de la antigua guerrilla- le cost¨® hace mes y medio el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Su sucesor, el excanciller Carlos Holmes Trujillo, pidi¨® garantizar la protecci¨®n de los exmilitares que colaboraron con la JEP y cuyo testimonio fue determinante para localizar esta fosa com¨²n. Y la vicepresidenta, Marta Luc¨ªa Ram¨ªrez, exigi¨® que el tribunal lleve la investigaci¨®n "hasta sus ¨²ltimas consecuencias".
La sala de esta jurisdicci¨®n especial que investiga el caso se?al¨® que "los indicios preliminares indicar¨ªan que se trata de hombres entre los 15 y los 56 a?os, con domicilio en Medell¨ªn y entre los que se encontrar¨ªan personas en condici¨®n de discapacidad".? Desde que se iniciaron las diligencias, el pasado mes de junio, el juez ha escuchado 160 versiones de uniformados que acudieron voluntariamente para ayudar a esclarecer lo sucedido. Gracias a sus relatos se han acreditado cerca de 400 v¨ªctimas de ejecuciones extrajudiciales.?
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