Uruguay inicia un marat¨®n legislativo para achicar el Estado y endurecer el c¨®digo penal

El Gobierno uruguayo present¨® su principal proyecto, la Ley de Urgente Consideraci¨®n (LUC), compuesta de 502 art¨ªculos que implican una profunda reforma del pa¨ªs. Con un formato pol¨¦mico que se reserva para los temas de emergencia e incluye una aprobaci¨®n autom¨¢tica a los 90 d¨ªas, la LUC no est¨¢ relacionada con la epidemia de coronavirus y obliga a un marat¨®n de sesiones parlamentarias presenciales.

La coalici¨®n conservadora que preside Luis Lacalle Pou considera que la tramitaci¨®n no deb¨ªa demorarse a causa de la covid-19 por ser un compromiso electoral y por la urgente situaci¨®n que enfrenta el pa¨ªs en temas como la inseguridad p¨²blica o el equilibrio fiscal. As¨ª, varios cap¨ªtulos de la reforma incluyen el refuerzo de las potestades de las fuerzas del orden y endurecen el c¨®digo penal, especialmente para los menores de edad. En el plano econ¨®mico, la LUC establece una nueva regla para el gasto p¨²blico (o regla fiscal) m¨¢s estricta que la actual, disminuye el n¨²mero de funcionarios del Estado y cambia el funcionamiento de las empresas p¨²blicas que controlan sectores clave como la electricidad, el agua, los combustibles o las telecomunicaciones.

Seg¨²n la exposici¨®n de motivos del oficialismo, la LUC tiene, entre otros, ¡°por objeto principal establecer una serie de normas legales a los efectos de restablecer, en el menor plazo posible, las condiciones necesarias para asegurar la convivencia pac¨ªfica de las personas que habitan nuestro pa¨ªs¡±.

En cuanto a los cambios en materia econ¨®mica, se se?ala la necesidad de imponer ¡°un debido control del gasto p¨²blico, generando ahorros sobre la base de la disminuci¨®n del mismo¡±. ¡°No se sostiene m¨¢s la situaci¨®n imperante por la cual el ajuste es realizado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado¡±, se?ala el texto.

Pero la LUC es mucho m¨¢s amplia y supone la derogaci¨®n de m¨¢s de 60 leyes adoptadas durante los 15 a?os de gobierno del izquierdista del Frente Amplio. As¨ª, cambia normas que regulan el sistema de educaci¨®n p¨²blica, se abre un debate sobre las jubilaciones, se cambia la ley de inclusi¨®n financiera y se abarcan temas tan dispares como la creaci¨®n de un registro de violadores o la modificaci¨®n de la pol¨ªtica de ¨¢reas protegidas por razones medioambientales.

Mascarillas en el Congreso

Los primeros casos de coronavirus en Uruguay llegaron a mediados de marzo y desde el 13 de ese mes se declar¨® la emergencia y se dispuso una cuarentena voluntaria que ha paralizado la actividad casi por completo. El confinamiento temprano parece haber contenido el contagio de manera exitosa, hasta ahora se registran 12 muertes (al 24 de abril) y el sistema de salud no da se?ales de colapso. Pero la econom¨ªa s¨ª est¨¢ duramente afectada, con miles de personas desempleadas y pron¨®sticos sombr¨ªos para las empresas. Aunque los primeros datos de las exportaciones de materias primas son relativamente positivos, ya que Asia reanud¨® sus compras, la econom¨ªa uruguaya y su equilibrio fiscal se sustentan en el consumo interno, que est¨¢ desplomado y sin fecha de reactivaci¨®n.

En este contexto, el Congreso ha quedado sumergido en un marat¨®n legislativo que tuvo el pistoletazo de salida el pasado jueves 23 de abril y llevar¨¢ a sesiones de trabajo presenciales de 9.00 a 18.00 de lunes a jueves en ambas c¨¢maras (Diputados y Senadores, seg¨²n la fase de tramitaci¨®n) y decenas de comisiones que se desarrollar¨¢n en el Palacio Legislativo y sus dependencias. El parlamento uruguayo no puede tomar decisiones o realizar votaciones a distancia porque para ello tendr¨ªa que modificar su reglamento y tener tecnolog¨ªa adecuada, algo que podr¨ªa hacerse en el transcurso de la tramitaci¨®n de la LUC, seg¨²n avanzaron legisladores oficialistas, que presentaron una propuesta en este sentido esta misma semana.

Las fotos de los ¨²ltimos d¨ªas muestran a los diputados y senadores cubiertos con mascarillas o con protectores faciales, guardando una distancia de varios esca?os entre unos y otros. Con una media de edad de 60 a?os, el Senado tiene una importante poblaci¨®n de riesgo con casos de octogenarios. La situaci¨®n entre los diputados es algo mejor, con una media de edad de 50 a?os.

A pesar de que la coalici¨®n de derechas que gobierna el pa¨ªs tiene la mayor¨ªa, la LUC ha llegado al parlamento sin que se cerrara un acuerdo entre los propios partidos que la componen, as¨ª que se esperan negociaciones que podr¨ªan suponer cambios en entre 50 y 100 medidas.

Rechazo opositor

La oposici¨®n del izquierdista Frente Amplio (FA) rechaza la tramitaci¨®n de urgencia y en bloque de las reformas gubernamentales. Los legisladores van a plantear que la LUC es inconstitucional por su extensi¨®n y porque no se justifica el mecanismo de aprobaci¨®n t¨¢cita que requieren los momentos de emergencia.

La senadora del FA, Luc¨ªa Topolansky, se?al¨® que "no hay antecedentes de que hubiera una ley de urgente consideraci¨®n de tanta cantidad de art¨ªculos¡± en Uruguay, y considera que la LUC plantea ¡°un antecedente peligros¨ªsimo¡± ya que si ¡°transcurren los cinco a?os, un partido 'X' gana las pr¨®ximas elecciones, tiene sus mayor¨ªas y manda una ley de urgente consideraci¨®n de 3.000 art¨ªculos, se acab¨® el Parlamento¡±.

Pero en esta etapa, la oposici¨®n tiene pocas o nulas posibilidades de frenar la ley, ya que el oficialismo tiene mayor¨ªa en las dos c¨¢maras. Sectores del Frente Amplio plantean hacer una campa?a de recolecci¨®n de firmas para convocar un refer¨¦ndum revocatorio y anularla en bloque una vez sea aprobada.

Organizaciones de todo tipo han expresado sus cr¨ªticas hacia la LUC. Por ejemplo, Unicef considera que el proyecto de ley contradice los principios internacionales de protecci¨®n de los derechos humanos y de los ni?os, ya que aumenta las penas de prisi¨®n para los menores de 2 a 10 a?os y elimina el r¨¦gimen de semi libertad, entre otros. Seg¨²n un documento de Unicef enviado a los parlamentarios, el oficialismo no tiene en cuenta la clara disminuci¨®n de la participaci¨®n de los adolescentes en los delitos que se viene registrando en los ¨²ltimos a?os.

En otro ¨¢mbito totalmente distinto, juristas advierten contra los cambios de la actual Ley de Inclusi¨®n Financiera votada por el Frente Amplio para obligar a que los pagos de sueldos y otras transacciones se hagan por medios electr¨®nicos. La LUC deroga esas disposiciones y autoriza las compras de bienes en efectivo con transacciones de hasta 10.000 d¨®lares; Adem¨¢s, rebaja los mecanismos de control a los que estaban sometidos los actores de la cadena de pagos. En este contexto, Uruguay podr¨ªa volver a estar en la mira de organismos como la OCDE, que en el pasado situaron al pa¨ªs en su lista gris.

La situaci¨®n es tensa con la central ¨²nica de trabajadores, el PIT-CNT, ya que la LUC restringe ciertos cap¨ªtulos del derecho de protesta y al tramitarse en plena epidemia de la covid-19, los sindicatos tendr¨¢n poco margen para movilizarse.