El reclutamiento de menores en medio de la pandemia enciende las alarmas en Colombia

Fiestas clandestinas para reclutar ni?os, amenazas a las familias para ¡°entregar¡± a sus nietos o hijos a la guerra y uso de redes sociales para llamar a menores a unirse, las estrategias de la guerrilla del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los grupos narcotraficantes en Colombia para sumar ni?os a sus filas se han agudizado durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. El fen¨®meno es tan grave que la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n hizo una d...

Fiestas clandestinas para reclutar ni?os, amenazas a las familias para ¡°entregar¡± a sus nietos o hijos a la guerra y uso de redes sociales para llamar a menores a unirse, las estrategias de la guerrilla del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los grupos narcotraficantes en Colombia para sumar ni?os a sus filas se han agudizado durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. El fen¨®meno es tan grave que la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n hizo una denuncia formal ante la Fiscal¨ªa para que investigue estos cr¨ªmenes.

¡°Adem¨¢s de delitos que tienen que ver con el reclutamiento il¨ªcito de menores, la desaparici¨®n forzada, la utilizaci¨®n y el uso de menores en la comisi¨®n de delitos, hay actos de tortura y terrorismo contra estas poblaciones. Es una monstruosidad que requiere priorizar inmediatamente las investigaciones¡±, dijo el procurador general Fernando Carrillo. La denuncia se basa en informaci¨®n documentada por varias organizaciones, entre ellas la Coalici¨®n contra la vinculaci¨®n de ni?os, ni?as y j¨®venes al conflicto armado en Colombia (Coalico), la Oficina de la ONU para la Coordinaci¨®n de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA) y las actividades del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja, entre otras.

El reclutamiento ilegal ha sido un problema hist¨®rico en Colombia. Se estima que hay 6.798 ni?os, ni?as y adolescentes desvinculados de grupos armados entre 1999 y 2020. Tras el acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC ¡ªhoy desarmadas y convertidas en un partido pol¨ªtico con bancada en el Congreso¡ª, las cifras de menores reclutados descendieron, seg¨²n el documento que lleg¨® a la Fiscal¨ªa. Pero con la pandemia los grupos ilegales arreciaron su estrategia contra los menores y sus familias. Los nuevos grupos que se disputan las rutas del narcotr¨¢fico y la miner¨ªa ilegal, el ELN; las disidencias de las antiguas FARC; los Caparrapos; el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); los Rastrojos; los Urabe?os; las ?guilas Negras; Los Paisas; el grupo E-40 y otros armados que, en el argot del Gobierno colombiano se conocen como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), siembran el terror con estrategias dis¨ªmiles, pero en todos los casos violentas.

¡°Una de las estrategias documentadas es el uso de redes sociales para organizar fiestas de adolescentes donde son reclutados¡±, explica un experto que conoce los casos denunciados. As¨ª lo confirma el documento que deber¨¢ analizar la Fiscal¨ªa. En Tib¨², norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela, ¡°se habr¨ªan llevado a cabo fiestas y celebraciones convocadas por miembros de grupos armados por WhatsApp, con el prop¨®sito de enganchar a j¨®venes y adolescentes a esas estructuras¡±. Bajo esa misma l¨®gica de ¡°seducci¨®n¡±, les ofrecen dinero prestado a los adolescentes para vincularlos a sus filas.

En las zonas rurales con mayor conflicto en Colombia, los colegios funcionan muchas veces como escudo protector de los menores ante estos grupos, y los maestros, a pesar del riesgo, suelen desaconsejar y evitar casos de reclutamiento. Sin embargo, ante el cierre escolar por la cuarentena obligatoria, los armados optan por comunicarse con los menores a trav¨¦s de sus celulares. En otras regiones, como Nari?o, en el sur del pa¨ªs, la guerrilla del ELN obliga a los mayores de 14 a?os a hacer retenes que sirvan como cord¨®n sanitario contra la covid-19 y eviten el acceso de personas extra?as.

Algunos j¨®venes han podido escapar tras ser reclutados. El 18 de marzo pasado, el Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja y la Defensor¨ªa del Pueblo informaron de la liberaci¨®n de un menor de edad en Arauca, zona fronteriza con Venezuela. Estaba en manos del ELN. Mientras en Antioquia, Choc¨® y C¨®rdoba, nororiente del pa¨ªs, las fuerzas militares indicaron que solo en abril recuperaron 29 adolescentes que iban a ser reclutados. ¡°Seg¨²n los reportes de la misma Fuerza P¨²blica, uno de los grupos armados que m¨¢s recluta menores de edad [en esas zonas] es el Clan del Golfo, al que se le han arrebatado 21 menores; le siguen las disidencias de las antiguas FARC-EP, con cinco menores; el ELN, con dos, y Los Caparros, con un menor de edad¡±, dice la denuncia.

El asesinato de l¨ªderes sociales ¡ª49 entre enero y abril de 2020, seg¨²n la Fundaci¨®n Ideas para la Paz¡ª tambi¨¦n afecta a ni?os. ¡°Al menos en tres casos han sido asesinados los hijos de defensores de derechos humanos. Han llegado a matarlos a las casas, donde cumplen la cuarentena, y han asesinado tambi¨¦n a los menores de edad¡±, cuenta uno de los investigadores que recopil¨® los casos en todo el pa¨ªs, junto a organizaciones comunitarias que han denunciado la cr¨ªtica situaci¨®n en sus poblados.

A esto se suma el riesgo que tienen de morir en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas militares y alguno de estos grupos armados o entre las distintas organizaciones ilegales que buscan controlar el territorio, tal como ocurri¨® en el departamento del Cauca, donde muri¨® un adolescente de 14 a?os al recibir un disparo cuando estaba en el patio de su casa. Recibi¨® una bala de los combates entre el Ej¨¦rcito y la columna m¨®vil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC. ¡°El crimen organizado no se ha ido de cuarentena en los territorios de Colombia y est¨¢ atentando severamente contra las poblaciones m¨¢s vulnerables¡±, ha dicho el procurador Fernando Carrillo quien, en la denuncia, le pide a la Fiscal¨ªa que curse una investigaci¨®n que priorice la vida de los menores.