La ONU acusa al Gobierno de Maduro de cr¨ªmenes contra la humanidad

Un a?o despu¨¦s de haberse constituido, la Misi¨®n Internacional Independiente de determinaci¨®n de los hechos que orden¨® las Naciones Unidas para Venezuela present¨® este mi¨¦rcoles en Bruselas un demoledor informe que, por primera vez, establece responsabilidades individuales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno Venezuela. El reporte, de 443 p¨¢ginas, califica los delitos cometidos como de lesa humanidad y se?ala como responsables directos al presidente, Nicol¨¢s Maduro; a Diosdado Cabello, n¨²mero dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; a los ministros de Interior, N¨¦stor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino L¨®pez, y a los jefes de los servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del r¨¦gimen venezolano.

¡°La Misi¨®n encontr¨® motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales ¨Cincluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistem¨¢tico de la tortura¨C constituyen cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±, dijo Marta Vali?as, presidenta de la Misi¨®n. ¡°Lejos de ser actos aislados, estos cr¨ªmenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las pol¨ªticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno¡±, agreg¨®.

Los investigadores analizaron 223 casos ocurridos desde 2014 en adelante, de los cuales 48 se incluyen como casos de estudio exhaustivos. Examinaron adem¨¢s otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y cr¨ªmenes. El informe es un aporte de peso al extenso expediente que ha ido acumulando el gobierno de Maduro en la justicia internacional. Adem¨¢s, la misi¨®n independiente califica que el inventario de violaciones se?aladas entran en la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). La fiscal¨ªa de CPI inici¨® en febrero de 2018 el examen preliminar de una eventual demanda por cr¨ªmenes de lesa humanidad contra Venezuela que, de constituirse, ser¨ªa la primera contra un pa¨ªs de Am¨¦rica Latina.

¡°Este reporte se suma a lo que durante a?os organizaciones de la sociedad civil han denunciado y es fundamental para dar respuesta a las v¨ªctimas, porque las instituciones venezolanas no est¨¢n defendi¨¦ndolas, sino m¨¢s bien han obstaculizando la justicia¡±, se?ala Beatriz Borges, del Centro por la Justicia y la Paz, en Caracas. ¡°Este es el resultado del trabajo de las ONG y de los medios de comunicaci¨®n en presionar para obtener verdad, justicia, reparaci¨®n y garant¨ªas de no repetici¨®n¡±, agreg¨® Feliciano Reyna, otro defensor de derechos humanos.

Amnist¨ªa Internacional consider¨® un hito el respaldo de la ONU a miles de v¨ªctimas. ¡°Las autoridades bajo el mando de Nicol¨¢s Maduro siguen cometiendo cr¨ªmenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza¡±, dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Am¨¦ricas, quien exhort¨® a renovar el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. ¡°No hacerlo ser¨ªa darle la espalda a las v¨ªctimas, a la verdad y a la justicia¡±, dijo.

¡°Hoy quiero un muerto¡±

Las ejecuciones extrajudiciales a manos de la polic¨ªa se llevan el grueso del informe. Venezuela tiene una de las tasas m¨¢s altas de Am¨¦rica Latina de letalidad policial. El texto de la Misi¨®n recoge 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. Tambi¨¦n examin¨® 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes a manos de las fuerzas de seguridad.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberaci¨®n del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La ONU examin¨® 140 de estos operativos, en los resultaron muertas 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa. Uno de los casos investigados es una masacre ocurrida en 2016 en Barlovento, en el estado de Miranda (centro), en la que 12 hombres fueron llevados de sus casas por militares y semanas despu¨¦s aparecieron muertos en una fosa com¨²n.

El informe destaca que altos funcionarios del Gobierno han elogiado estas acciones, en las que cientos de oficiales armados entraban por asalto en comunidades, en algunos casos usando veh¨ªculos blindados y helic¨®pteros. Tambi¨¦n revela que funcionarios de la Fuerzas de Actuaci¨®n Especial (FAES, de la Polic¨ªa Nacional Bolivariana) dijeron a los miembros de la Misi¨®n que era una pr¨¢ctica acordada asesinar personas con antecedentes penales, plantar armas para simular ¡°enfrentamientos¡± y efectuar un disparo con la mano del muerto en previsi¨®n de un peritaje.

Una fuente con conocimiento interno confirm¨® que los superiores pod¨ªan dar a los oficiales ¡°luz verde para matar¡±. ¡°Los directores regionales de la FAES ped¨ªan estad¨ªsticas de muertos como procedimiento semanal o mensual. Los jefes de brigada eran responsables de recopilar estas estad¨ªsticas. Dec¨ªan 'hoy quiero un muerto, cada brigada tiene que tener un muerto¡±, se?ala el documento de la ONU.

¡°Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango ten¨ªan mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una pol¨ªtica de eliminaci¨®n de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen¡±, a?adi¨® Vali?as.

Tortura pol¨ªtica

El informe tambi¨¦n recoge como una pr¨¢ctica sistem¨¢tica la persecuci¨®n por filiaci¨®n pol¨ªtica, que llev¨® a detenciones arbitrarias, con desapariciones forzosas por per¨ªodos cortos de tiempo y actos de tortura que, seg¨²n las investigaciones de la ONU, ¡°se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o informaci¨®n, incluidas las contrase?as telef¨®nicas y de redes sociales, o para obligar a una persona a incriminarse a s¨ª misma o a otras personas, en particular a l¨ªderes de la oposici¨®n de alto perfil¡±.

Posiciones de estr¨¦s, asfixia, golpes, descargas el¨¦ctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicol¨®gica fueron parte de las estrategias usadas para el sometimiento de los detenidos. Un caso emblem¨¢tico fue el del ex capit¨¢n de la Marina Rafael Acosta Ar¨¦valo, muerto por torturas bajo la custodia de la Dgcim. Un reciente informe de Amnist¨ªa Internacional, que tuvo acceso al expediente, revel¨® que el detenido muri¨® en la sala del tribunal ante el juez y no en el hospital, como se?al¨® el Gobierno. El informe revela adem¨¢s el montaje de casos para incriminar a opositores. ¡°En varios casos, funcionarios del Sebin hicieron que personas detenidas grabaran un audio o un video de WhatsApp varias veces hasta que el agente qued¨® satisfecho con la declaraci¨®n¡±, se?ala el documento.

¡°Los organismos de inteligencia tambi¨¦n sometieron a la disidencia ¨Ctanto hombres como mujeres¨C a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violaci¨®n sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, as¨ª como palizas y descargas el¨¦ctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual tambi¨¦n constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante¡±, agreg¨® Francisco Cox, miembro de la misi¨®n de la ONU.

El documento emite 65 recomendaciones a Venezuela y a la comunidad internacional. Exhorta a los Estados a iniciar acciones legales contra los individuos se?alados en el informe y pide al Consejo de Derechos de la ONU continuar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en el pa¨ªs sudamericano. Las recomendaciones ser¨¢n discutidas el 23 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos.

La misi¨®n de la ONU no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondi¨® a las solicitudes de ingreso. Adem¨¢s, se enfrent¨® a las restricciones de viaje debido a la pandemia. El documento se basa entonces en 274 entrevistas a distancia con v¨ªctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, informes confidenciales y expedientes a los que tuvo acceso.