Un funeral suspendido por 23 a?os

Un funeral digno que tuvo que esperar 23 a?os. El tiempo para una familia colombiana estaba suspendido desde el 14 de noviembre de 1997, cuando cincuenta paramilitares se llevaron y mataron a Alveiro ?suga Uribe y Eli¨¦cer de Jes¨²s Manco ?suga, de 22 y 14 a?os en la vereda Llanogrande, de Dabeiba. La espera se destrab¨® esta semana cuando la familia recibi¨® los restos de sus parientes, hallados e identificados por efecto del proceso de paz entre el Estado y las FARC. Los buscaban desde hace d¨¦cadas, como siguen haciendo con F¨¦lix Manco Durango y su hermano, Wilson Jairo, desaparecidos esa misma noche.

La b¨²squeda dio un giro en 2019 despu¨¦s de que un grupo de 16 militares de la Brigada 17 del Ej¨¦rcito, de los 1.944 que se han sometido a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP)- el tribunal de justicia transicional nacido con los acuerdos de paz-, cont¨® detalles de uno de los cap¨ªtulos m¨¢s escabrosos del conflicto colombiano: c¨®mo en muchas regiones de Colombia militares asesinaron a civiles y los disfrazaron de guerrilleros para demostrar que estaban ganando la guerra y recibir recompensas. En sus declaraciones, los miembros del Ej¨¦rcito le dieron a la JEP un lugar para buscar que hasta ese momento era insospechado: el cementerio de Las Mercedes de Dabeiba, un municipio a cuatro horas de Medell¨ªn en la ruta hacia la costa caribe.

En ese camposanto, convertido en una enorme fosa com¨²n, ya han rescatado al menos a 54 restos de posibles v¨ªctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado o falsos positivos y, en febrero pasado, se dio la primera identificaci¨®n plena de un desaparecido que fue entregado a su familia. A pesar de la pandemia las investigaciones continuaron y como explica el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, identificaron a Alveiro ?suga y a Eli¨¦cer Manco, cuyos restos ten¨ªan patrones que concuerdan con las v¨ªctimas de los llamados falsos positivos: disparos de gracia, uniformes camuflados sin tiros, reportes de polic¨ªa judicial donde se los presentaba como poseedores de armas y, sobre todo, denuncias insistentes de sus familias que hab¨ªan sido desaparecidos.

Su hallazgo revela la connivencia entre paramilitares y militares en esas ¨¦pocas cr¨ªticas del conflicto y, tambi¨¦n, los largos caminos de impunidad que han recorrido las v¨ªctimas. ¡°Cuando ocurri¨® el hecho (en 1997) fue trasladado a la Justicia Penal Militar, pero ah¨ª no pas¨® nada. Muchos a?os despu¨¦s, en 2008, la madre de uno de estos j¨®venes se arm¨® de valor y fue a la Fiscal¨ªa a denunciar la desaparici¨®n de su hijo, pero la investigaci¨®n fue archivada. Solo hasta que la JEP recibi¨® las versiones de los militares y contrast¨®, se pudo llegar a ubicar a estas personas¡±, explic¨® el magistrado Alejandro Ramelli a EL PA?S.

La historia de Dabeiba est¨¢ lejos de terminar: las exhumaciones siguen en el cementerio y otros lugares cercanos; mientras, la JEP y Medicina Legal toma muestras de ADN a cientos de familias del municipio, donde habr¨ªa m¨¢s de 600 personas desaparecidas en el conflicto armado. A una de esas jornadas para tomar el ADN acudieron en 2019 los parientes de Yulieth Andrea Tuberquia, de 14 a?os, y Nelson Antonio G¨®ez. Pasaron varios meses de cotejos y una pandemia en el medio, pero este mi¨¦rcoles por fin recibieron los cuerpos que buscaron durante a?os.

¡°Este es un avance significativo para esos familiares que al menos ya saben el paradero de los suyos. Tambi¨¦n para quienes desde los a?os noventa ped¨ªamos que se esclarecieran los hechos en Dabeiba¡±, dice Sergio Arboleda, de la ONG, Corporaci¨®n Jur¨ªdica Libertad, que ha acompa?ado a v¨ªctimas de cr¨ªmenes de Estado. Para este abogado, el caso del cementerio ha servido tambi¨¦n para conocer detalles de la connivencia entre paramilitares y soldados y para evidenciar el patr¨®n de la desaparici¨®n forzada asociada a las ejecuciones extrajudiciales. ¡°No a todas las personas las pod¨ªan mostrar como guerrilleros porque eran conocidas y queridas en sus pueblos, entonces las llevaban a otros municipios, les quitaban los documentos¡±, explica.

La desaparici¨®n forzada es una de las heridas m¨¢s profundas en Colombia y se calcula que puede haber 200.000 cad¨¢veres sin nombre en los cementerios y en las fosas clandestinas en todo el pa¨ªs, sin contar los que fueron lanzados a r¨ªos. A la JEP, que ha recibido ataques de opositores al proceso de paz y concretamente del partido de gobierno, Centro Democr¨¢tico, que pide reformarla o eliminarla, le critican que solo halle desaparecidos vinculados a cr¨ªmenes de la fuerza p¨²blica. Sin embargo, de acuerdo con Ramelli, tambi¨¦n est¨¢n haciendo b¨²squeda de v¨ªctimas de la guerrilla. En otros casos, como el de la presa de Hidroituango, tienen informaci¨®n de coordenadas de al menos cinco personas ejecutadas presuntamente por las FARC, lo mismo que en la Comuna 13 de Medell¨ªn, donde se atribuyen a diversos grupos armados.

Y aunque los cuatro cuerpos identificados en Dabeiba esta semana pueden parecer ¨ªnfimos frente al universo de la desaparici¨®n forzada en Colombia, su identificaci¨®n tiene un enorme significado para estas familias que esperaron d¨¦cadas para sepultarlas, como lo hicieron este mi¨¦rcoles en medio de un acto simb¨®lico en el parque principal del pueblo. En el cementerio, mientras tanto, la b¨²squeda de otros desaparecidos, contin¨²a.