Un mes despu¨¦s de las protestas en Per¨², no hay responsables por los muertos y heridos

La organizaci¨®n Human Rights Watch ha recomendado al Gobierno de Francisco Sagasti que enjuicie a los agentes responsables de la represi¨®n policial ¡ªque caus¨® dos muertos y cientos de heridos durante las protestas de noviembre en Lima¡ª, y reformar el sistema disciplinario de la Polic¨ªa Nacional ¡°para garantizar independencia y transparencia¡±.

En un informe difundido este jueves, el organismo internacional pide dar prioridad ¡°a las investigaciones sobre el rol que tuvieron las autoridades civiles y polic¨ªas en las violaciones de derechos humanos¡±, ocurridas durante el interinato de Manuel Merino, el congresista que asumi¨® como jefe del Ejecutivo durante seis d¨ªas del mes pasado. El lunes 14 se cumpli¨® un mes de las muertes por disparos de los j¨®venes Inti Sotelo y Bryan Pintado sin que haya imputados.

Merino fue la cabeza de varias bancadas parlamentarias, cuyos miembros son investigados por corrupci¨®n y lavado de activos, que promovieron la ¡®vacancia¡¯ por ¡°incapacidad moral permanente¡± del expresidente Mart¨ªn Vizcarra. La vacancia no equivale a un juicio pol¨ªtico: si el Parlamento consigue 87 votos o m¨¢s, puede echar al presidente. ¡°Vizcarra hab¨ªa impulsado varias iniciativas contra la corrupci¨®n que afectaban a esos legisladores¡±, anota el reporte de HRW.

Tras la votaci¨®n a favor de la ¡®vacancia¡¯, cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles en casi todas las regiones para protestar contra Merino. En la capital, las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por la polic¨ªa. Ante las muertes del s¨¢bado 14 de noviembre y la desproporcionada violencia de la fuerza p¨²blica, Merino perdi¨® apoyo pol¨ªtico y renunci¨®. Dos d¨ªas despu¨¦s, asumi¨® como nuevo presidente de transici¨®n Francisco Sagasti.

Actualmente hay tres investigaciones por los hechos de sangre de esa semana. Sin embargo, Jos¨¦ Miguel Vivanco, director ejecutivo para el continente americano de HRW, comenta que el sistema disciplinario en la Polic¨ªa Nacional de Per¨² ¡°carece de garant¨ªas b¨¢sicas de independencia y transparencia¡±.

El equipo de Human Rights Watch entrevist¨® a 76 personas para elaborar su reporte y revis¨® 200 v¨ªdeos y otros documentos. Vivanco se?ala que los investigadores civiles del ministerio del Interior ¡°no pueden visitar una instalaci¨®n policial y obtener una copia de registros de munici¨®n o cualquier otra documentaci¨®n en ese momento¡±. ¡°Tienen que hacer pedidos de informaci¨®n por escrito y esperar. Eso puede dar lugar a que polic¨ªas involucrados en irregularidades oculten informaci¨®n¡±, dice.

Si los investigadores civiles ¡°concluyeran que agentes violaron el c¨®digo disciplinario, su recomendaci¨®n de sanci¨®n no es vinculante. Al final, quien tomar¨¢ la decisi¨®n es el Inspector General de la polic¨ªa, que es un teniente general: y podr¨ªa determinar que no hubo violaci¨®n disciplinaria o reducir la gravedad de la sanci¨®n¡±, explica Vivanco.

La prensa nacional e internacional ha preguntado al Gobierno de Sagasti acerca de dichas investigaciones en el sector Interior, pero no ha recibido respuesta. HRW reporta adem¨¢s que solo uno de los jefes policiales que condujo los operaciones de represi¨®n en Lima fue transferido a otra dependencia, pero el comandante general de la Polic¨ªa, C¨¦sar Cervantes, no ha adoptado ¡°medidas contra otros agentes, ni siquiera contra aquellos que actuaron en ¨¢reas donde fueron heridos o murieron manifestantes¡±.

Human Rights Watch tambi¨¦n recomienda a la Polic¨ªa ¡°retirar de las calles¡± a los comandantes de unidades ¡°implicados de forma cre¨ªble en abusos¡±. La organizaci¨®n ha documentado que la polic¨ªa peruana en vez de disparar granadas de gas hacia arriba, verticalmente, lo hizo hacia el cuerpo de los manifestantes, contrariando sus propios manuales. Adem¨¢s, verific¨® que el 14 de noviembre, en un ¨¢rea de dos manzanas en el centro de Lima, la polic¨ªa caus¨® nueve heridos y la muerte de los dos j¨®venes por perdigones de plomo. ¡°Esto es un indicio importante de que el mismo contingente policial estar¨ªa implicado en todos los casos¡±, apunta el reporte.

La organizaci¨®n tambi¨¦n inform¨® que hubo por lo menos 57 detenciones arbitrarias o abusivas. Y alerta de que la potestad de la Polic¨ªa Nacional de ¡°intervenir¡± y poner en custodia a una persona con fines de verificar su identidad debe ser revisada, pues se usa arbitrariamente y da pie a malos tratos durante la detenci¨®n. Adem¨¢s, la polic¨ªa no tiene la obligaci¨®n de mostrar a la Fiscal¨ªa los nombres de las personas ¡°intervenidas¡±.

La instituci¨®n defensora de derechos humanos recomienda al Gobierno de Sagasti entregar reparaciones a los deudos de los j¨®venes fallecidos y a los heridos graves; este jueves, el Ministerio de Justicia public¨® una norma que crea una comisi¨®n interministerial para asumir responsabilidades estatales respecto de dichos ciudadanos.