?Puede la despenalizaci¨®n del aborto salvar vidas en Latinoam¨¦rica?

La interrupci¨®n voluntaria del embarazo es hoy uno de los principales frentes pol¨ªticos en Latinoam¨¦rica. No es puramente abstracto: hay leyes, derechos y trayectorias vitales en juego. Desde la ¡®ola verde¡¯ argentina hasta la reciente reforma liberalizadora oaxaque?a, pasando por las mujeres que enfrentan penas de prisi¨®n en Centroam¨¦rica o la dif¨ªcil situaci¨®n a la que se vio sometida una colombiana cuando su expareja trat¨® de impedir su (legal) acceso a los servicios prestados por la entidad Profamilia. Es por ello que la cuesti¨®n suele enmarcarse en t¨¦rminos ¨¦ticos, algo no solo inevitable sino tambi¨¦n deseable: no se puede hacer pol¨ªtica sin tener en cuenta nuestros principios. Pero tampoco deber¨ªamos moldear nuestra moral, menos a¨²n las normas, ajena a los efectos que esta tenga sobre otras personas. Y uno de los efectos m¨¢s n¨ªtidos de la restricci¨®n del acceso al aborto est¨¢ en la vida, s¨ª: en la vida de las mujeres.

Los pa¨ªses latinoamericanos son bastante restrictivos en el grado de libertad que ofrecen a las mujeres respecto a sus embarazos. Solo uno, Uruguay, permite la interrupci¨®n libre en las primeras doce semanas. Oaxaca se sum¨® a esta lista a finales de 2019, mientras el resto de M¨¦xico presenta una cierta variaci¨®n que en ning¨²n otro caso implica acceso completo.

En los contextos m¨¢s extremos, la mujer solo puede abortar si se demuestra que su vida corre peligro. En algunos pa¨ªses, ni siquiera entonces. Algo que llama poderosamente la atenci¨®n dado el relativo consenso que suscita incluso esta barrera tan exigente entre la ciudadan¨ªa latinoamericana.

Una barrera que, por cierto, no es suficiente para evitar la enorme incidencia de los procedimientos menos seguros entre las mujeres del continente. En Latinoam¨¦rica y Caribe, menos de un cuarto de los abortos pueden considerarse garantizados para la salud de la mujer.

Es aqu¨ª donde se encuentra el nodo de la cuesti¨®n: en el mundo entero, seg¨²n los datos de la investigaci¨®n publicada en The Lancet, la proporci¨®n de procedimientos seguros desciende dram¨¢ticamente (de 87% a 25%) seg¨²n el grado de restricci¨®n de la legislaci¨®n vigente en cada pa¨ªs. Pero la incidencia de los mismos no var¨ªa tanto en funci¨®n de la regulaci¨®n. Es decir: restringir el aborto tiende a crear un mercado negro de intervenciones inseguras, convirtiendo la salud en un privilegio (como bien lo defin¨ªa este profundo reportaje en El Faro) al que no todas las mujeres pueden llegar. Desde este punto de vista, legislaciones abiertas ayudar¨ªan de hecho (y hay que decirlo as¨ª) a salvar vidas.

La oposici¨®n frontal o parcial al derecho a decidir no parece tener en cuenta estas vidas, o al menos no les atribuye en su personal balanza un peso lo suficientemente grande como para que se replanteen sus postulados. Esto es particularmente cierto entre las personas de mayor edad y con convicciones religiosas, como muestra el Bar¨®metro de las Am¨¦ricas.

Y eso que, de nuevo, estamos con la barrera m¨¢xima de acceso: el peligro para la vida de la mujer. Ni siquiera cuando la norma permite la interrupci¨®n bajo circunstancias tan extremas se garantiza el derecho de la salud a las mismas. El problema de plantear las leyes con base en supuestos concretos (definiendo las condiciones bajo las cuales una mujer puede o no puede abortar) queda gr¨¢ficamente representado en la primera tabla de este art¨ªculo: cada cuadro rojo, cada punto p¨²rpura, significa un obst¨¢culo m¨¢s en el camino (ya de por s¨ª tremendamente arduo) que la mujer tiene que transitar. En las normas de supuestos que comparte casi todo el continente la carga de la prueba recae sobre ella, poni¨¦ndola ante doctores, jueces, polic¨ªas, psic¨®logos o progenitores (y, en algunos casos, oblig¨¢ndola a un proceso de reflexi¨®n). Est¨¢, adem¨¢s, la terrible promesa de que si el destino final no es el deseado, pero igualmente ella decide interrumpir su embarazo, puede terminar en prisi¨®n: las penas para mujeres que abortan fuera de la ley est¨¢n contempladas en todos y cada uno de los pa¨ªses.

Todo ello parte, de nuevo, de una perspectiva que se considera a s¨ª misma como moral, pero que dif¨ªcilmente puede defender su ¨¦tica ante la falta de consideraci¨®n de la calidad de vida de la mujer. Vamos, por ejemplo, al resultado pretendidamente ideal de los anti-abortistas: el nacimiento, en el que desembocan m¨¢s de la mitad de los embarazos no deseados en Latinoam¨¦rica.

Un estudio reciente en Estados Unidos, publicado en el Journal of Pediatrics, mostr¨® c¨®mo a estos ni?os les iba comparativamente peor en la vida: la probabilidad de vivir bajo el umbral de pobreza aumentaba en dieciocho puntos porcentuales, y disminu¨ªa su capacidad para un desarrollo pleno.

Con estos datos en la mano cabe insistir en la cuesti¨®n: ?d¨®nde est¨¢n estas consideraciones en el c¨¢lculo pretendidamente moral que pretenden realizar los que se sit¨²an contra el acceso libre al aborto? ?Por qu¨¦, desde tal ¨®ptica, este no se considera un componente m¨¢s de la salud pre- y post-natal?

Porque si la falta del libre derecho a decidir tiene un efecto negativo sobre la salud de las mujeres (de hecho, sobre el bienestar de las familias), cuando ello se combina con defectos en otras dimensiones, el resultado es a¨²n peor. Para las madres, y para los ni?os. Por ejemplo, consideremos el acceso a anticonceptivos, pilar fundamental de la planificaci¨®n familiar. Latinoam¨¦rica ha avanzado en las ¨²ltimas d¨¦cadas, hasta alcanzar un punto.

Si unimos ambos accesos como parte de un conjunto de derecho a decidir y lo hilvanamos con la presencia sanitaria durante el momento del parto, contrastado a su vez con los indicadores b¨¢sicos de mortalidad maternal e infantil, resulta una diferencia aproximada por grupos m¨¢s o menos coherentes de los pa¨ªses de la regi¨®n seg¨²n su grado de cobertura de salud en el ¨¢mbito pre- y post-natal.

Hay quien puede preguntarse de qu¨¦ sirven los datos cuando hablamos de algo como la regulaci¨®n del aborto, que apela a cuestiones tan fundamentales como la ¨¦tica, la libertad y la vida. Cuestiones que la mayor¨ªa considera de principios. Pero de vez en cuando ser¨ªa conveniente que pusi¨¦semos a prueba nuestra moral, que la contrast¨¢semos con la realidad. Este es el ejercicio que propongo aqu¨ª: el de pensar en la interrupci¨®n voluntaria del embarazo como una cuesti¨®n de salud p¨²blica, el de contar con las mujeres y los hogares que conforman, sea por s¨ª mismas, solas (?acaso un hogar no puede ser unipersonal?) o con sus decisiones reproductivas. Si hablamos de derecho a la vida, ?tiene realmente sentido restar autonom¨ªa de decisi¨®n a quienes ya est¨¢n vivas?