Declaraci¨®n completa de Juan Manuel Santos ante la Comisi¨®n de la Verdad

Se?ores Comisionados:

Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco que me hayan recibido. Saben el valor que le doy a su trabajo. La verdad, por dif¨ªcil que sea, es la base de la reconciliaci¨®n.

Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia como ministro de Defensa entre los a?os 2006 y 2009 en los temas que tocan los puntos de su mandato, sobre todo el primero.

1. ¡°Pr¨¢cticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un car¨¢cter masivo, que tuvieron lugar con ocasi¨®n del conflicto, as¨ª como la complejidad de los contextos y las din¨¢micas territoriales en las que estos sucedieron.¡±

y el ¨²ltimo:

2. ¡°Los procesos de transformaci¨®n positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto.¡±

Les quiero compartir mi verdad ¨Ccomo yo vi las cosas¨C sobre los problemas que enfrentamos y las medidas que tomamos en el Ministerio de Defensa en materia de derechos humanos en general, y en particular c¨®mo investigamos y detuvimos esa macabra modalidad conocida como falsos positivos, que tanto da?o les hicieron a miles de familias inocentes y a nuestras propias Fuerzas Armadas, para verg¨¹enza nacional.

Como han pasado casi quince a?os desde el inicio de esta historia, me tom¨¦ el trabajo de consultar a los principales protagonistas para refrescar la memoria, corroborar detalles y complementar el recuento. Pero esta, repito, es mi verdad.

Esta no es una historia f¨¢cil de entender, no solo porque es inconcebible que hombres de nuestro Ej¨¦rcito Nacional hayan cometido o tolerado estos hechos ¨Cyo mismo tard¨¦ un buen tiempo en aceptarlo¨C, sino porque se dieron en paralelo dos fen¨®menos absolutamente contradictorios: una notable mejor¨ªa general del comportamiento de nuestras tropas en el terreno, gracias en buena parte a su entrenamiento en derechos humanos, al que me referir¨¦ m¨¢s adelante; y una tendencia opuesta, asociada marcadamente a ciertas unidades y ciertas regiones, a cometer homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales.

*

Cuando llegu¨¦ al Ministerio de Defensa el 20 de julio del 2006, compart¨ªa con el presidente Uribe su objetivo de derrotar a las Farc. Donde ten¨ªamos una diferencia era en el c¨®mo. Si bien el documento de la Pol¨ªtica de Defensa y Seguridad Democr¨¢tica de 2003 dejaba una puerta abierta a la negociaci¨®n, Uribe en realidad pretend¨ªa acabar militarmente a las Farc, quer¨ªa una derrota total. Nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado; los guerrilleros para ¨¦l eran unos simples narcotraficantes y terroristas.

En mi caso, por toda la experiencia y la informaci¨®n acumulada, y tal vez por mi manera de ver las cosas, consideraba m¨¢s viable y conveniente, m¨¢s r¨¢pido y menos costoso, una derrota estrat¨¦gica ¨Cdebilitarlos psicol¨®gica y militarmente¨C y llevarlos a una mesa de negociaci¨®n. Pretender aniquilar a las Farc era un imposible categ¨®rico moral y militar. Recuerdo haber hablado sobre esto a?os atr¨¢s en muchas ocasiones con el expresidente L¨®pez Michelsen. ¡°Hay que derrotarlos para negociar¡±, dec¨ªa L¨®pez. Pero Uribe era el presidente y yo su subalterno.

Por otro lado, no reconocer el conflicto armado, en lo que Uribe era tan claro como obstinado, parad¨®jicamente dificultaba su estrategia pues este desconocimiento significaba, al menos en teor¨ªa, que no se pod¨ªan aplicar las leyes de la guerra (sobre los bombardeos, por ejemplo) que permite el Derecho Internacional Humanitario en caso de conflictos armados. Pero eso aparentemente no importaba. Los narcoterroristas son mejores enemigos ¨Csuenan m¨¢s peligrosos¨C que los guerrilleros.

El lenguaje y la caracterizaci¨®n ¨Co satanizaci¨®n¨C del enemigo siempre ha sido importante en las guerras. El doble mensaje creaba, sin embargo, cierta confusi¨®n en las Fuerzas Armadas porque aplicaban el DIH de acuerdo con su entrenamiento y a los manuales de derecho operacional, pero su comandante supremo, y jefe del Estado, no reconoc¨ªa la existencia de un conflicto armado en el pa¨ªs. Para m¨ª esa duda no exist¨ªa y as¨ª se lo reiteramos a las tropas: hay que aplicar el DIH y respetar los derechos humanos. Y punto.

La estrategia de Uribe no era incompatible, por lo menos en el corto plazo, con los objetivos de llevar a las Farc a reconocer que nunca se iban a tomar el poder por las armas, porque el balance de poder militar se hab¨ªa inclinado a favor del Estado, y persuadir a los m¨¢ximos cabecillas de que les conven¨ªa m¨¢s negociar que continuar la guerra, incluso desde el punto de vista personal. Estas eran dos condiciones que yo hab¨ªa identificado como necesarias para tener una negociaci¨®n exitosa. Para eso se requer¨ªa mantener la presi¨®n militar, por supuesto, y en eso todos est¨¢bamos de acuerdo.

Esa presi¨®n la mantuvimos a todo vapor. Sin embargo, para ser m¨¢s efectivos ten¨ªamos tambi¨¦n que actuar en otros dos frentes simult¨¢neamente: 1) mejorar sustancialmente la inteligencia y 2) fortalecer la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas ¨Csu activo m¨¢s importante¨C a trav¨¦s de una pol¨ªtica de derechos humanos ambiciosa, vinculante y eficaz. Sobre estos dos frentes me propuse trabajar con toda determinaci¨®n desde que asum¨ª el ministerio.

El pa¨ªs conoce lo que se hizo para mejorar la inteligencia y los resultados obtenidos casi que de inmediato. Comenzaron por primera vez a caer cabecilla tras cabecilla. Alias JJ en el Pac¨ªfico, el negro Acacio en los Llanos Orientales, Mart¨ªn Caballero en los Montes de Mar¨ªa, para solo mencionar algunos que cayeron en el 2007. En solo el mes de marzo del 2008, murieron tres miembros del secretariado, tres de siete: ni m¨¢s ni menos que el comandante Tirofijo, de muerte natural; Iv¨¢n R¨ªos, asesinado por su escolta para cobrar la recompensa, y Ra¨²l Reyes, que cay¨® en la operaci¨®n F¨¦nix, donde se obtuvo de sus computadores una informaci¨®n valios¨ªsima sobre todo el funcionamiento de las Farc.

Unos meses m¨¢s tarde se realiz¨® la famosa operaci¨®n Jaque, donde se rescataron en la mitad de la selva los quince secuestrados m¨¢s importantes para las Farc, entre ellos Ingrid Betancur y tres norteamericanos, sin derramar una sola gota de sangre. Para muchos analistas, este conjunto de golpes, sumados a los que se dieron al comienzo de mi gobierno, fue un punto de inflexi¨®n.

Derechos Humanos

Lo que el pa¨ªs conoce menos es el trabajo que al mismo tiempo se hizo para fortalecer el compromiso con los derechos humanos y la legitimidad de las Fuerzas Armadas, y por consiguiente su efectividad, a trav¨¦s de una ambiciosa y bien planeada pol¨ªtica de derechos humanos.

Nuestro objetivo era asegurar que el esfuerzo de seguridad ¨Cque finalmente ten¨ªa como prop¨®sito proteger los derechos de las personas, ante todo el derecho a la vida y la integridad personal¨C se hiciera con estricto apego a las normas y con el apoyo de la ciudadan¨ªa. La pol¨ªtica de derechos humanos ten¨ªa por eso una doble funci¨®n: cumplir con la ley y ganarnos el apoyo de la poblaci¨®n.

La pol¨ªtica comenzaba con el discurso, con el mensaje que le envi¨¢bamos directamente a nuestros hombres y mujeres. Por eso, el general Freddy Padilla de Le¨®n, como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, y yo, como ministro de Defensa, insistimos una y otra vez en que el centro de gravedad de nuestras fuerzas era su legitimidad.

As¨ª se lo dijo el general Padilla a sus hombres cuando asumi¨® el mando de las Fuerzas Militares el 16 de agosto de 2006:

Seremos, acaso, el primer ej¨¦rcito que en la historia gane una guerra con la preocupaci¨®n fundamental del respeto al Derecho Internacional Humanitario, que contemplamos desde la atalaya luminosa de nuestra constituci¨®n y nuestras leyes. No vamos a deshonrar nuestro combate con un acto salvaje, con una crueldad o una cobard¨ªa con el vencido. Los resultados nos legitiman ante el pueblo por el que luchamos, la Justicia nos justificar¨¢ ante el mundo y ante la posteridad. Ser¨¢ mil veces preferible un rev¨¦s moment¨¢neo que soportar para siempre una indignidad. Nunca se gan¨® una guerra perdiendo el respaldo popular.

A los cien d¨ªas de asumir el cargo (el 15 de noviembre de 2006) yo mismo les dije a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas que los derechos humanos estar¨ªan en el centro de nuestra acci¨®n, y anunci¨¦ unas primeras medidas:

El nuevo plan de guerra tiene un alcance m¨¢s amplio del puramente militar, pues har¨¢ ¨¦nfasis particular en la acci¨®n integral del Estado en las zonas a donde llegue la fuerza p¨²blica y en la protecci¨®n y respeto de los derechos humanos¡­ hemos dispuesto que 7 coroneles se desempe?en como inspectores delegados de las siete divisiones del Ej¨¦rcito, con la misi¨®n de examinar y evaluar permanentemente, in situ, la gesti¨®n de las unidades operativas y t¨¢cticas. Ellos no dependen del comandante de divisi¨®n sino del inspector general del Ej¨¦rcito, y asesorar¨¢n a los comandantes sobre aspectos administrativos, disciplinarios y de derechos humanos.

De ah¨ª en adelante insistimos una y otra vez en la conexi¨®n entre protecci¨®n de derechos, legitimidad y efectividad. Por ejemplo, el 23 de marzo de 2007 dije en la Escuela de Suboficiales:

Somos una fuerza p¨²blica leg¨ªtima porque respetamos los derechos humanos, porque aplicamos el Derecho Internacional Humanitario, porque nos ganamos con nuestras acciones y nuestra actitud el respeto, la solidaridad y la gratitud del pueblo colombiano. Solo con legitimidad moral y un obrar impecable podemos vencer a los violentos, a los terroristas y narcotraficantes que se burlan de los principios humanitarios y pisotean sin piedad los derechos m¨¢s b¨¢sicos de sus compatriotas.

?En eso nos diferenciamos! ?Ah¨ª radica la legitimidad de nuestra fuerza y de nuestras acciones! Ustedes, se?ores sargentos mayores, jefes t¨¦cnicos y t¨¦cnicos jefes de nuestras Fuerzas Militares, tienen que ser faros de legitimidad y ense?ar con su ejemplo y su palabra a las nuevas generaciones.

Ese mensaje de la legitimidad como centro de gravedad perme¨® la instituci¨®n y se convirti¨® en doctrina formal en directivas internas sobre legitimidad que el general Padilla de Le¨®n enviaba desde el Comando General de las Fuerzas Militares a todos sus comandantes, como en esta de enero de 2007:

El centro de gravedad estrat¨¦gico de las Fuerzas Militares de Colombia es la legitimidad. El centro de gravedad operacional y t¨¢ctico es la recuperaci¨®n del control territorial y la protecci¨®n de la poblaci¨®n y sus recursos.

El Ej¨¦rcito de Colombia, la Armada Nacional y la Fuerza A¨¦rea tienen su mayor fortaleza en la calidad moral de sus hombres y ¨¦sta se multiplica con el apoyo de un pueblo que cree en la legitimidad de sus acciones y en la confianza depositada en sus l¨ªderes.

Al mismo tiempo, debemos ejercer un eficiente poder disciplinario para sancionar a aquellos hombres que desconocen el cumplimiento de su tarea y asumen actuaciones y actitudes que no est¨¢n acordes con la doctrina impartida por las Fuerzas Militares.

O en esta directiva de marzo de 2008:

La legitimidad se construye con todas y cada una de las actuaciones del personal civil y militar, sea en el ¨¢mbito de la administraci¨®n de recursos asignados, o en desarrollo de operaciones militares, planeadas y ejecutadas de acuerdo con el ordenamiento jur¨ªdico imperante.

(...) Bien sabido es que la legitimidad implica la capacidad de ser obedecido sin necesidad de acudir a la utilizaci¨®n indiscriminada e irracional de la violencia. Por ende, la legitimidad representa la raz¨®n de ser de la autoridad que delega el Estado en sus Fuerzas Armadas¡­ Como lo he expresado en reiteradas oportunidades, la conveniencia del actuar ¨¦tico descansa en dos razones de orden pragm¨¢tico: de una parte, se preserva la legitimidad del Gobierno y de sus Fuerzas Armadas, en los ¨¢mbitos interno y externo de la naci¨®n; y, por otra, a largo plazo, se lograr¨¢ la paz al derrotar a los enemigos del orden constitucional.

A lo largo y ancho del pa¨ªs en cada divisi¨®n, en cada brigada, en cada batall¨®n, repet¨ª una y otra vez ese mismo mensaje: ¡°Hay que combatir con un fusil en la mano y la Constituci¨®n en la otra. Nunca podemos olvidar que el respeto por la ley y los derechos humanos es lo que nos diferencia y nos da superioridad moral sobre el enemigo al que tenemos que vencer y vamos a vencer¡±.

*

En paralelo con el discurso de legitimidad a nuestros hombres, trabajamos en acciones concretas hacia una nueva pol¨ªtica efectiva de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. El Ministerio de Defensa ya ven¨ªa desarrollando un trabajo en esa materia, y hab¨ªa contado con el apoyo del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja para intensificar la ense?anza del DIH. Sin duda, hab¨ªa avances: ya exist¨ªan pistas de entrenamiento, y el ministerio hab¨ªa producido documentos importantes (por ejemplo, sobre la responsabilidad del comandante). Pero hac¨ªa falta una pol¨ªtica integral, y mucho m¨¢s compromiso y liderazgo para colocar este tema en el centro de nuestras prioridades y para asegurar que se actuara en consecuencia.

Fue as¨ª como encargu¨¦ al viceministro Sergio Jaramillo para que liderara un equipo de expertos civiles, militares y polic¨ªas, para producir dicha pol¨ªtica de derechos humanos, que fuera en adelante el norte de las Fuerzas Armadas en este tema fundamental.

Una de nuestras primeras medidas fue elevar la oficina de derechos humanos, que hasta entonces hab¨ªa sido un ap¨¦ndice de la Direcci¨®n de Asuntos Internacionales, a nivel de direcci¨®n del ministerio, y de poner al frente al coronel Juan Carlos G¨®mez de la Fuerza ?rea, un oficial excepcional que ten¨ªa ya un recorrido importante como asesor jur¨ªdico y en derechos humanos de la Fuerza A¨¦rea y el ministerio. La tarea y el compromiso del coronel G¨®mez con los derechos humanos y el DIH fueron sobresalientes, y merecieron y merecen todo mi reconocimiento. Nuestro objetivo era no solo asegurar la conducci¨®n estrat¨¦gica de todo el aparato de protecci¨®n de los derechos humanos en la fuerza p¨²blica, sino enviar un mensaje institucional sobre la importancia que este tema ten¨ªa para el Ministerio de Defensa.

Luego nos dimos a la tarea de formular e implementar la Pol¨ªtica Integral de Derechos Humanos, tratando de articular todos los esfuerzos ¨Clos que ya estaban en marcha con los que a¨²n no¨C y de identificar los vac¨ªos y las debilidades del sistema. Tomamos la decisi¨®n estrat¨¦gica de trabajar de la mano con el Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja y con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, para hacer los correctivos necesarios y afinar el sistema. Esa decisi¨®n no gust¨® mucho porque a estos organismos se les miraba con prevenci¨®n y recelo. M¨¢s adelante me referir¨¦ a esta cooperaci¨®n, pero quiero insistir en que esta pol¨ªtica de ¡°puertas abiertas¡±, de trabajar con la comunidad internacional, de permitir que nos vigilaran y nos criticaran, fue definitiva para la construcci¨®n de la pol¨ªtica y para afrontar la crisis de las ejecuciones extrajudiciales.

Buscamos cooperaci¨®n adem¨¢s del Gobierno brit¨¢nico, que envi¨® una misi¨®n de su ej¨¦rcito para estudiar, entre otras cosas, c¨®mo el entrenamiento y los ciclos operacionales (el tiempo que los soldados permanec¨ªan sin descanso en operaciones, y el tiempo de recuperaci¨®n y reentrenamiento) podr¨ªa estar teniendo un impacto en materia de derechos humanos. A otros pa¨ªses tambi¨¦n les pedimos ayuda: Estados Unidos por supuesto, Espa?a y hasta Corea del Sur.

Con todos estos elementos, que alimentaron directamente la construcci¨®n del documento, lanzamos en enero de 2008 la Pol¨ªtica Integral de Derechos Humanos y DIH, que definimos como ¡°la hoja de ruta que enmarca el comportamiento de la fuerza p¨²blica en el desarrollo de las operaciones¡±. As¨ª de sencillo. Quer¨ªamos que fuera lo m¨¢s pr¨¢ctica y eficaz posible, y por eso en su presentaci¨®n dije:

Hay un proverbio chino que dice: ¡°oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo¡±. Ah¨ª est¨¢ el quid del asunto: hay que hacer para entender. Y ah¨ª naci¨® la idea de esta pol¨ªtica integral, en buscar la integraci¨®n plena de los derechos humanos y el DIH a la instrucci¨®n t¨¢ctica y a la l¨®gica operacional. Con m¨¢s raz¨®n cuando los derechos humanos y el DIH son la columna vertebral de nuestros esfuerzos, porque lo que estamos haciendo es precisamente eso: recuperando la vigencia de la ley en todo el territorio. Y el respeto por los derechos humanos y el DIH es nuestro seguro de que estamos operando dentro de la ley.

La pol¨ªtica ten¨ªa estos elementos, que resumo de manera sucinta, de acuerdo con cada componente:

1. Instrucci¨®n

1.1. Modelo ?nico Pedag¨®gico: En 2008 iniciamos el Modelo ?nico Pedag¨®gico, que distribuye en seis niveles la formaci¨®n curricular en DDHH y DIH, para todos los miembros de la fuerza p¨²blica, sin importar el rango.

1.2. Capacitaci¨®n coyuntural: Capacitaci¨®n extracurricular adicional a los cursos en DDHH y DIH. Entre 2006 y 2008 la capacitaci¨®n coyuntural se increment¨® en un 95%. El Ministerio de Defensa llev¨® a cabo 22 talleres especializados sobre Pol¨ªtica Integral de DDHH y Derecho Operacional en distintas unidades militares y policiales, haciendo ¨¦nfasis en la importancia de la regulaci¨®n del uso de la fuerza.

1.3. Pistas de derechos humanos: para integrar el conocimiento te¨®rico en DDHH y DIH con el entrenamiento pr¨¢ctico, se expandieron las pistas de DDHH a m¨¢s de 35 en los Centros de Instrucci¨®n.

1.4. Grupo de Entrenamiento por Escenarios Regionales: En 2008 se cre¨® el primer Grupo de Entrenamiento por Escenarios Regionales - GEPER, para establecer centros de instrucci¨®n que combinaran el entrenamiento pr¨¢ctico con distintos escenarios operacionales. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de que no era lo mismo desplegar la tropa en La Guajira que en el Cauca donde hab¨ªa problem¨¢ticas muy diferentes.

2. Disciplina

2.1. Oficina de Doctrina y Asesor¨ªa Jur¨ªdica (ODA): En febrero de 2008 se cre¨® esta oficina para brindar asesor¨ªa jur¨ªdica a todos los comandantes en el terreno y desarrollar un derecho operacional propio, que articulara las obligaciones en DDHH y DIH a las operaciones.

2.2. Manual de Derecho Operacional: El Ministerio de Defensa y el Comando General publicaron el primer Manual de Derecho Operacional, que por primera vez aplicaba de manera ordenada todas las normas nacionales e internacionales de DDHH y DIH al planeamiento, ejecuci¨®n y evaluaci¨®n de las operaciones.

2.3. Asesores jur¨ªdicos operacionales (AJO): Estos asesores son abogados militares que brindan asesor¨ªa jur¨ªdica para la planeaci¨®n, ejecuci¨®n y evaluaci¨®n de las operaciones. En 2008, ten¨ªamos ya 54 en las diferentes unidades.

2.4. Inspectores delegados: Desde el 2007, como ya se mencion¨®, se designaron 7 Inspectores delegados en cada una de las divisiones del Ej¨¦rcito para hacer seguimiento directo a las presuntas violaciones de DDHH e infracciones al DIH.

2.5. Reforma a la Justicia Penal Militar: En el 2007 designamos por primera vez a un civil en la Direcci¨®n Ejecutiva de la Justicia Penal Militar: a Luz Marina Gil, una mujer de mucha experiencia y conocimiento a la que tambi¨¦n quiero hacerle un reconocimiento porque le toc¨® muy duro. Luz Marina increment¨® el entrenamiento de los jueces en DDHH y DIH y expidi¨® directivas para que casos de violaciones pasaran a la justicia ordinaria. En la Revista de la Justicia Penal Militar No. 7 de enero-junio de 2007, escribimos: ¡°¡­se requiere que, en caso de dudas sobre la competencia de cualquier proceso, los jueces penales militares contribuyan a establecer con la mayor claridad si ¨¦ste corresponde a la justicia castrense o a la justicia ordinaria, en cuya situaci¨®n deber¨¢n prestar todo el apoyo necesario a las autoridades correspondientes¡±.

Luz Marina tambi¨¦n promovi¨® la creaci¨®n de unidades especiales de investigaci¨®n y la coordinaci¨®n con la Fiscal¨ªa y el Instituto de Medicina Legal para el impulso y agilizaci¨®n de conceptos y peritajes con el fin de avanzar en los procesos que depend¨ªan de estas pruebas. Este proceso encontr¨® mucha resistencia, y a¨²n m¨¢s la reforma del c¨®digo penal de la Justicia Penal Militar que trataba de aclarar que las violaciones a los DDHH no eran competencia de la jurisdicci¨®n, en cumplimiento de los lineamientos de la Corte Constitucional. A pesar de la oposici¨®n, yo le di mi absoluto respaldo. Todo esto le vali¨® a Luz Marina un merecido reconocimiento internacional.

3. Defensa

3.1. Defensa judicial y disciplinaria de los miembros de la fuerza p¨²blica: En 2008 se expidi¨® la Ley 1224 que fija un procedimiento para atender la defensa judicial y disciplinaria de los miembros de la fuerza p¨²blica por hechos no dolosos ni gravemente culposos relacionados con el servicio.

3.2. Nuevos convenios para garantizar el derecho de defensa de la fuerza p¨²blica: Hicimos un convenio con la C¨¢mara de Asuntos Legales de la ANDI (Asociaci¨®n Nacional de Industriales) para formular herramientas de transici¨®n que permitan garantizar el derecho de defensa de los miembros de la fuerza p¨²blica.

4. Atenci¨®n

4.1. Afrodescendientes: En 2007, el ministerio public¨® la Directiva 7 para fortalecer la pol¨ªtica de reconocimiento, prevenci¨®n y protecci¨®n de los derechos humanos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ya exist¨ªan directivas dirigidas a la protecci¨®n de los pueblos ind¨ªgenas que yo reforc¨¦ a ra¨ªz de una visita y conversaci¨®n con los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

5. Cooperaci¨®n

5.1. Cooperaci¨®n con la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n: Se fortaleci¨® la colaboraci¨®n con la Fiscal¨ªa sobre la base del convenio con el ministerio de 2006, donde se prev¨¦ el acompa?amiento de miembros del CTI.

5.2. Cooperaci¨®n con el CICR y Naciones Unidas: Se realizaron sendos talleres con el CICR de lecciones aprendidas y an¨¢lisis de casos actuales de presuntas violaciones a los DDHH o infracciones al DIH; y se estrech¨® la cooperaci¨®n con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con visitas a las unidades del Ej¨¦rcito para discutir casos, participar en comit¨¦s especiales del Ministerio, etc.

5.3. Cooperaci¨®n con la Embajada de Estados Unidos: En 2008, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional apoy¨® un programa de difusi¨®n de la Pol¨ªtica Integral de DDHH entre la sociedad civil.

Despu¨¦s de m¨¢s de un a?o de intenso trabajo, reflexi¨®n y debate, finalmente publicamos la Pol¨ªtica Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario el 22 de enero de 2008. Invitamos a la Oficina de la Alta Comisionada a que la comentara ante un p¨²blico que inclu¨ªa al cuerpo diplom¨¢tico y a las ONG. La ONU nos dijo que esto no ten¨ªa precedentes y la describi¨® como un ¡°hito en el continente¡±.

*

Todo este entrenamiento en derechos humanos y DIH dio resultados m¨¢s r¨¢pido de lo esperado, que para m¨ª eran evidentes. Nuestras fuerzas hab¨ªan asimilado el cambio de doctrina: ya no era el n¨²mero cad¨¢veres lo m¨¢s importante sino el n¨²mero de desmovilizados y capturados, en lo que yo tanto hab¨ªa insistido. Los partes de los oficiales ¨Cpor lo menos los que me daban a m¨ª en diferentes regiones¨C ya no comenzaban con el n¨²mero de bajas sino con el n¨²mero de desmovilizados. Y m¨¢s tarde inclusive me sorprendi¨® que muchos oficiales y suboficiales reportaban ¨Csacando pecho¨C el n¨²mero de guerrilleros heridos que hab¨ªan trasladado al hospital despu¨¦s de los combates. Respetar los derechos humanos implicaba respetar tambi¨¦n los de los adversarios.

Esta sensibilidad se notaba tambi¨¦n entre los oficiales superiores. En la planeaci¨®n de la operaci¨®n Jaque, para dar otro ejemplo concreto, fueron nuestros oficiales quienes propusieron no atacar a los guerrilleros que quedar¨ªan en los alrededores del helic¨®ptero cuando ¨¦ste despegara con los secuestrados. ¡°La operaci¨®n sin derramar una gota de sangre nos dar¨¢ m¨¢s legitimidad y ser¨¢ mucho m¨¢s desmoralizante para la guerrilla¡±, me aconsejaron. As¨ª se dispuso, y as¨ª fue.

Las se?ales que recib¨ªamos de los expertos que nos asesoraban eran alentadoras. Un coronel espa?ol nos dijo en un taller del CICR: ¡°Yo nunca he visto una fuerza a¨¦rea que aplique con tanto rigor el DIH como la Fuerza A¨¦rea Colombiana¡±. Cosas similares nos dijeron tambi¨¦n los oficiales brit¨¢nicos que trabajaron con el Ej¨¦rcito.

Sin embargo, la opini¨®n m¨¢s importante para nosotros era la opini¨®n de la poblaci¨®n en las zonas de conflicto. M¨¢s de una vez, en privado, humildes campesinos resaltaron los cambios notorios en el comportamiento del Ej¨¦rcito en medio de las operaciones. La misma prensa resaltaba los cambios positivos en la doctrina, como escribi¨® la revista Semana en noviembre de 2007 (¡°La Encrucijada Militar¡±):

Pero quiz¨¢s en el fondo de todo hay un asunto puramente estrat¨¦gico: la doctrina militar cambi¨®. Durante la Guerra Fr¨ªa se cre¨ªa que la poblaci¨®n era a la guerrilla como el agua era al pez. Y que lo que hab¨ªa que hacer era quitarle el agua al pez. Ese pensamiento hizo que todos los pa¨ªses donde hab¨ªa insurgencia se llenaran de escuadrones de la muerte. Colombia no fue la excepci¨®n. Posiblemente los militares s¨®lo segu¨ªan a pie juntillas lo que los manuales y los asesores de la ¨¦poca les dec¨ªan.

La nueva doctrina¡­ es que hay que combinar muy bien las campa?as militares con los aspectos econ¨®micos y pol¨ªticos, pues el objetivo, m¨¢s all¨¢ de derrotar al enemigo ¨Cque suelen ser el terrorismo y las mafias¨C, es asegurar la lealtad de los ciudadanos. Porque el punto de partida es que son guerras que se libran en pa¨ªses democr¨¢ticos, y no en Estados colapsados, como en el pasado. Y donde la principal arma es la comunicaci¨®n.

Este tipo de estrategia no requiere militares ¡®troperos¡¯ como los del pasado, que med¨ªan sus ¨¦xitos por las bajas que daban sus batallones, sino oficiales mucho m¨¢s pensantes, que comprendan la realidad social y pol¨ªtica en la que se mueven.

¡°La legitimidad es el centro de gravedad de la guerra. El pueblo quiere unas fuerzas militares victoriosas, pero transparentes. No queremos repetir la historia de naciones que al tiempo que obtuvieron la victoria, destruyeron sus ej¨¦rcitos¡±, dice Padilla de Le¨®n.

En medio de todos estos avances, comenzaba a llegar informaci¨®n que alertaba sobre la posible existencia paralela de un fen¨®meno impensable: los llamados ¡°falsos positivos¡±.

II

LOS FALSOS POSITIVOS

Volvamos atr¨¢s. Al poco tiempo de haber asumido el ministerio comenc¨¦ a escuchar historias sobre sobre posibles actuaciones irregulares que, cuando fueron evidenciadas, se empezaron a conocer con el nombre de ¡°falsos positivos¡±. Es importante primero aclarar de qu¨¦ estamos hablando. Como ustedes saben, los t¨¦rminos jur¨ªdicos son ¡°homicidio en persona protegida¡± en el marco del DIH, y ¡°ejecuciones extrajudiciales¡± en el marco de los derechos humanos. Tristemente, en Colombia en el contexto del conflicto se dieron de tiempo atr¨¢s homicidios de este tipo, como una forma de guerra sucia, si se quiere, por parte de algunos de nuestros hombres para salir del enemigo ¨Co de quien consideraban el enemigo¨C por fuera del marco de la ley.

Lo que no hab¨ªamos conocido era la a¨²n m¨¢s execrable pr¨¢ctica que termin¨® denomin¨¢ndose por la prensa como ¡°falsos positivos¡± y que consist¨ªa en presentar como resultados operacionales la muerte de civiles sin conexi¨®n alguna con el conflicto. Los falsos positivos son entonces una parte ¨Ca¨²n m¨¢s deplorable¨C de un fen¨®meno m¨¢s amplio y m¨¢s antiguo: las denominadas ejecuciones extrajudiciales.

Con el paso del tiempo y en un proceso gradual, esta pr¨¢ctica lleg¨® al extremo de terminar con la vida de personas venidas de fuera de las regiones donde se presentaban los resultados operacionales, para ser luego reportados como ¡°ca¨ªdos en combate¡±. Los asesinaban lejos de sus lugares de residencia para que nadie los reconociera y su muerte no despertara protestas entre la poblaci¨®n local. Luego eran enterrados como ¡°NN¡± en un cementerio local, mientras que se introduc¨ªa alguna referencia en un informe de inteligencia para justificar la muerte de un ¡°combatiente¡± y asegurar que se inhibiera la acci¨®n de investigaci¨®n penal. La presi¨®n por producir bajas y los premios por lograrlo fueron, sin duda, los principales incentivos para producir semejante degradaci¨®n del conflicto.

Esto lo vine a entender tiempo despu¨¦s. Confieso que en mis primeros meses en el ministerio o¨ª los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos, pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. No me cab¨ªa en la cabeza que algo as¨ª pudiera estar ocurriendo. Adem¨¢s, en mi paso por el periodismo hab¨ªa aprendido sobre la guerra jur¨ªdica y las diferentes formas de lucha ¨Cque eran una realidad¨C, y estos relatos, que por entonces no ven¨ªan acompa?ados de evidencia que los soportaran, parec¨ªan encajar muy bien en esa narrativa. Sobre todo, era consciente de que la verdad es siempre una gran v¨ªctima de la guerra.

Yo tambi¨¦n me arrop¨¦ con la bandera tricolor y en varias ocasiones sal¨ª a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial consideraban mal¨¦volas acusaciones. Al fin y al cabo, yo hab¨ªa pertenecido a las Fuerzas Militares y hab¨ªa conocido de primera mano la integridad y los valores con los que formaban a sus oficiales. Sent¨ªa por ellas ¨Cy sigo sintiendo¨C mucha admiraci¨®n y gratitud. Eso eran inventos y manipulaciones, pensaba para mis adentros.

Mi lamentable estado de negaci¨®n comenz¨® a ver la luz de la verdad por dos flancos. Por un lado, comenc¨¦ a darme cuenta de las consecuencias que estaba produciendo la presi¨®n que exist¨ªa sobre las fuerzas para producir bajas. En muchas de las visitas que hac¨ªamos con el presidente Uribe a las guarniciones sal¨ªa a relucir el n¨²mero de bajas ¨Ccasi siempre de primero¨C como uno de los indicadores m¨¢s importantes en los informes y partes que nos daban los comandantes de turno.

La verdad, eso en ese momento no me parec¨ªa tan descabellado: al fin y al cabo est¨¢bamos en una guerra. Hasta que me abri¨® los ojos ¨Cvaya paradoja¨C un gran general ya retirado, veterano de la guerra de Corea, que mi padre apreciaba y admiraba de veras, y yo tambi¨¦n: el general ?lvaro Valencia Tovar. Resulta que el general Valencia me fue a visitar para decirme que le parec¨ªa muy bien la importancia que le quer¨ªamos dar a los derechos humanos. ¡°No hay nada m¨¢s importante para un ej¨¦rcito que su legitimidad¡±, me repiti¨® varias veces. Y me dijo dos cosas que para m¨ª fueron muy, pero muy importantes.

La primera, que no considerara a las Farc como enemigos sino como adversarios porque los enemigos se eliminan, se destruyen, mientras que a los adversarios hay es que vencerlos, derrotarlos. Esa tesis la plante¨® luego en la presentaci¨®n de su libro Mis Adversarios Guerrilleros. Me dijo tambi¨¦n que la palabra enemigo ten¨ªa una connotaci¨®n de odio incompatible con el honor militar. Y agreg¨®, con su profundo car¨¢cter humanista: los guerrilleros son tambi¨¦n colombianos, seres humanos como usted y como yo; somos hijos de una misma naci¨®n y vamos a tener que convivir con ellos tarde o temprano pues este conflicto solo se acaba en una mesa de negociaci¨®n. Lo segundo que me dijo ¨Cmuy premonitorio¨C es que le preocupaba que se estuviera en cierta forma aplicando la doctrina Vietnam, la del conteo de cad¨¢veres, porque eso puede degradar el conflicto a niveles insospechados, como sucedi¨® en Vietnam.

El otro factor que me llev¨® a quitarme el velo para ver la realidad y a investigar, denunciar y actuar en este delicado asunto fue la informaci¨®n que comenc¨¦ a recibir de varias fuentes cre¨ªbles. A principios de 2007, funcionarios internacionales como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hern¨¢ndez, junto con Christian Salazar, quien luego asumi¨® como representante en propiedad de esa Oficina, y la representante del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja, B¨¢rbara Hintermann, comenzaron a contarme de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo con casos espec¨ªficos. Y tengo que darle todo el cr¨¦dito que se merece a mi viceministro Sergio Jaramillo, quien tambi¨¦n, despu¨¦s de obtener mucha informaci¨®n por su lado, comenz¨® a advertirme que esa macabra historia de los falsos positivos s¨ª pod¨ªa ser cierta, por lo menos en algunos casos. Sergio se apoy¨® en un gran equipo donde quiero destacar a tres funcionarias: M¨®nica Cifuentes, Elena Ambrosi y Juanita Goebertus. Muy diferente ¨Cpero comprensible, dada su cultura y formaci¨®n como hijo y yerno de militar¨C la actitud de mi otro viceministro, Juan Carlos Pinz¨®n, que jalonaba hacia el lado contrario, es decir, a mantener la negaci¨®n.

*

En 2007 comenzamos a actuar en forma contra los falsos positivos (usar¨¦ esa expresi¨®n con la aclaraci¨®n antes mencionada). M¨¢s de la mitad de las directivas ministeriales que produjimos ese a?o estaban dirigidas a atacar ese horripilante fen¨®meno. Cosa que pr¨¢cticamente no hab¨ªa ocurrido en el pasado, salvo en el caso del memorando de entendimiento que firm¨® el ministro Camilo Ospina con la Fiscal¨ªa en junio de 2006.

Pero no nos limitamos a expedir directivas. En enero de 2007, cuando tuvimos conocimiento de graves denuncias sobre la conducta de un oficial, el coronel Hern¨¢n Mej¨ªa, comandante del batall¨®n La Popa, con sede en Valledupar, lo relevamos de su cargo y dejamos las denuncias en manos de las autoridades competentes. En el comunicado p¨²blico del 26 de enero de 2007, que yo mismo le¨ª ante los periodistas en la base militar de Tolemaida, dejamos claro que eran absolutamente inaceptables muertes en combate por fuera del marco legal, y las fuera de combate, as¨ª como los v¨ªnculos con organizaciones al margen de la ley:

El Ministerio de Defensa reafirma su pol¨ªtica de cero tolerancia con las violaciones de los derechos humanos y con cualquier v¨ªnculo de miembros de la fuerza p¨²blica con organizaciones al margen de la ley.

Reiteramos que aquellas bajas que no sean el resultado de operaciones de la fuerza p¨²blica son absolutamente inaceptables: la pol¨ªtica del ministerio, de las Fuerzas Militares y de la Polic¨ªa es una pol¨ªtica de estricto apego a la ley y de consolidaci¨®n del control territorial.

El ministerio no permitir¨¢ que la posible conducta criminal de unos manche el nombre de los miles de hombres y mujeres de la fuerza p¨²blica que d¨ªa a d¨ªa ponen en juego su vida para garantizar la seguridad de todos los colombianos. La responsabilidad penal es de los individuos, no de las instituciones.

El ministerio actuar¨¢ en derecho, en este y en cualquier caso, para que quienes hayan cometido actos delictivos sean investigados por la justicia, con el respeto al debido proceso.

Era la primera vez que desde el ministerio se reconoc¨ªa p¨²blicamente el problema. Por primera vez, sal¨ªamos de la negaci¨®n. Y luego nos enteramos de que los paramilitares colaboraban con miembros de las Fuerzas Militares para producir estos ¡°falsos positivos¡±.

Las denuncias sobre irregularidades en algunas de las muertes presentadas como bajas en combate comenzaron a crecer. Ven¨ªan de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que tambi¨¦n variaba mucho. Con el viceministro Jaramillo y con Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, nos propusimos investigar a fondo qu¨¦ era lo que estaba sucediendo y cu¨¢l era su verdadera dimensi¨®n.

Lo primero que hicimos fue hablar con las organizaciones e instituciones que ten¨ªan alg¨²n conocimiento del problema. Con la Fiscal¨ªa y la Procuradur¨ªa, naturalmente. Pero especialmente, como ya mencion¨¦, con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja. La propia oficina de la Vicepresidencia que trataba de centralizar la informaci¨®n ten¨ªa datos parciales e informaci¨®n fragmentada. A estas entidades les dije que nuestros objetivos eran los mismos y que ten¨ªamos que trabajar en forma coordinada. Con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla ¨Cque fue determinante para esta pol¨ªtica¨C, lo mismo que con el director de la Polic¨ªa, general ?scar Naranjo, hicimos lo propio, y todos se comprometieron con esta tarea.

El CICR continu¨® proporcion¨¢ndonos ¨Ccomo es su sana costumbre, de manera confidencial¨C informes muy valiosos sobre homicidios en persona protegida. Y la Oficina de la Alta Comisionada reaccion¨® muy r¨¢pido ante nuestra solicitud, entreg¨¢ndonos dos informes de casos espec¨ªficos, con pelos y se?ales, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007.

Le ped¨ª al general Mario Montoya, comandante del Ej¨¦rcito, que respondiera a todos los casos. El 6 de junio dio respuesta a los 99 casos que hab¨ªa presentado la Oficina y la invit¨® a visitar las diferentes brigadas. La Oficina realiz¨® una serie de visitas en tres rondas para revisar casos, que vale la pena enumerar:

Primera ronda:

- 20 de junio de 2007, I Divisi¨®n en Santa Marta;

- 27 de junio de 2007, V Divisi¨®n en Bogot¨¢;

- 6 y 7 de julio de 2007, VII Divisi¨®n en Medell¨ªn;

- 12 de julio de 2007, VI Divisi¨®n en Florencia;

- 24 de julio de 2007, II Divisi¨®n en Bucaramanga;

- 2 de agosto de 2007, IV Divisi¨®n en Villavicencio;

- 14 de agosto de 2007, III Divisi¨®n en Cali.

Segunda ronda:

- 4 de diciembre de 2007, I Divisi¨®n;

- 6 de diciembre de 2007, VII Divisi¨®n;

- 7 de diciembre de 2007, III Divisi¨®n;

- 11 de diciembre de 2007, II Divisi¨®n;

- 14 de diciembre de 2007, IV Divisi¨®n;

- 18 de diciembre de 2007, VI Divisi¨®n;

Tercera ronda (en la que particip¨® el Programa Presidencial de Derechos Humanos):

- 11 de abril de 2008, II Divisi¨®n;

- 16 de abril de 2008, I Divisi¨®n;

- 21 de abril de 2008, III Divisi¨®n;

- 12 de junio de 2008, IV Divisi¨®n;

- 30 de julio de 2008, VI Divisi¨®n;

- 8 de agosto de 2008, V Divisi¨®n;

- 22 de agosto de 2008, VII Divisi¨®n.

Algo as¨ª nunca se hab¨ªa hecho.

M¨¢s de 100 casos fueron discutidos en estas rondas. Muchos oficiales entendieron que el problema era serio, y que la Oficina ten¨ªa buena informaci¨®n para respaldar los casos. No se trataba de una ¡°guerra jur¨ªdica¡±.

*

El mismo d¨ªa que lanzamos las visitas, el 6 de junio de 2007, exped¨ª la Directiva 10. El prop¨®sito de la directiva era hacer un diagn¨®stico de estos casos, apoyar las investigaciones judiciales para esclarecerlos y tomar medidas para su prevenci¨®n.

Con antelaci¨®n, el viceministro Jaramillo hab¨ªa citado el 23 de mayo de 2007 al director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y al director de Derechos Humanos del Ministerio para documentar los casos que se estaban denunciando, fortalecer la comunicaci¨®n interinstitucional para tomar medidas inmediatas ante cada nuevo caso, adoptar medidas de prevenci¨®n m¨¢s efectivas a trav¨¦s de una directiva ministerial y crear un mecanismo o comit¨¦ de seguimiento a denuncias. La directiva deb¨ªa concientizar a los comandantes de la necesidad de regular el uso de la fuerza ante la nueva estrategia de los grupos armados ilegales, insistir en la observancia del DIH, en especial los principios de distinci¨®n y proporcionalidad, e insistir en la responsabilidad de los comandantes y el control sobre la tropa.

La Directiva 10 cre¨® un Comit¨¦ Interinstitucional de Seguimiento, que se reuni¨® mensualmente para estudiar casos concretos. El comit¨¦ estaba integrado por el ministro de Defensa: el viceministro para Pol¨ªticas y Asuntos Internacionales; el comandante general de las Fuerzas Militares; los comandantes del Ej¨¦rcito y la Armada; el director general de la Polic¨ªa; los inspectores del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ej¨¦rcito, la Armada, la Fuerza A¨¦rea y la Polic¨ªa; la directora de la Justicia Penal Militar, y los coordinadores de derechos humanos del Ministerio de Defensa, del Comando General y de cada una de las Fuerzas Militares.

Adem¨¢s ¨Cy esto es muy importante¨C, eran invitados permanentes la Fiscal¨ªa, la Procuradur¨ªa, el director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la representante del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja y Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

Cit¨¢bamos a Bogot¨¢, sobre la base de las informaciones que nos proporcionaban el CICR y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, a los oficiales y suboficiales involucrados en los casos denunciados ¨Clos que ten¨ªan un respaldo cre¨ªble o al menos probable¨C a explicar en detalle lo que hab¨ªa ocurrido frente al comit¨¦.

La creaci¨®n del comit¨¦ fue un hito en la investigaci¨®n de las ejecuciones extrajudiciales. Nos permiti¨® comenzar a entender el fen¨®meno en toda su complejidad: al lado de casos claramente inexplicables que ameritaban una investigaci¨®n judicial en profundidad encontr¨¢bamos tambi¨¦n algunos hechos de la guerra que parec¨ªan l¨ªcitos y objeto de falsas denuncias. Recuerdo uno de la Brigada M¨®vil 5 en Arauca, donde lo que claramente hab¨ªa sido una emboscada leg¨ªtima fue denunciado como un falso positivo. Lo importante es que el comit¨¦, ante todo, envi¨® una se?al pol¨ªtica a las Fuerzas Militares sobre la importancia que el ministerio le otorgaba a este delicado asunto.

La Directiva 10 fue considerada por especialistas como el m¨¢s importante acto administrativo de reconocimiento de la vigencia del Derecho Internacional Humanitario en el ordenamiento interno dictado hasta ese momento por el Ministerio de Defensa Nacional. Se apoyaron las investigaciones judiciales y se moviliz¨® al sector Defensa ¨Ca todo nivel¨C para optimizar la integraci¨®n del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la doctrina operacional.

De especial importancia fue la insistencia en atacar estrictamente objetivos militares: objetivos que otorgaban una ventaja militar, de acuerdo a la necesidad militar.

*

Con todo, fue necesario reforzar esta directiva cinco meses m¨¢s tarde con la Directiva 19, que fue expedida el 2 de noviembre de 2007. La directiva contiene instrucciones puntuales no solo para el comandante general de las Fuerzas Militares, como es habitual, sino tambi¨¦n para los comandantes de las unidades militares y para la Direcci¨®n de la Justicia Penal Militar, con el fin de apoyar las investigaciones judiciales.

La directiva advirti¨® que el incumplimiento de las ¨®rdenes impartidas en las directivas 10 y 19 de 2007 constitu¨ªa falta disciplinaria grave, seg¨²n lo previsto en el R¨¦gimen Disciplinario de las Fuerzas Militares; reiter¨® y precis¨® que las Fuerzas Militares deb¨ªan cumplir su misi¨®n y orientar todas sus actuaciones bajo los principios de legalidad, distinci¨®n y proporcionalidad. En particular, la Directiva 19 insisti¨® en que es deber de los miembros de las Fuerzas Militares ¡°cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constituci¨®n, los tratados de Derecho Internacional Humanitario¡­ las leyes, los decretos¡­ los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias¡­ y las ¨®rdenes superiores emitidas por funcionario competente.¡±

A estas directivas les hicimos seguimiento en el Acuerdo de Comandantes, as¨ª como en las reuniones del Comit¨¦ Interinstitucional. M¨¢s tarde expedimos tambi¨¦n la Directiva Permanente No. 25 de 2008, ¡°Implementaci¨®n de un sistema de recepci¨®n de quejas por hechos que presuntamente involucren responsabilidad de miembros de la Fuerza P¨²blica¡±.

Todas estas directivas generaron sendos actos administrativos por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, con el prop¨®sito, entre otras cosas, de:

- Regular el uso leg¨ªtimo de la fuerza en la conducci¨®n y ejecuci¨®n de operaciones;

- Difundir y darle cumplimiento la Directiva 10 de 2007 y reiterar las normas que se deben observar en casos de privaci¨®n de la libertad y trato a los capturados;

- Emitir un plan de acci¨®n para implementar las recomendaciones del estudio sobre el sistema de ense?anza de derechos humanos y del Derecho Internacional del Conflicto Armado;

- Modificar la medici¨®n de los resultados operacionales, privilegiando las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y ¨¦stas a su vez sobre las muertes en combate;

- Reiterar las obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida;

- Promover un grupo de trabajo interinstitucional para centralizar el universo de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en infracciones al DIH;

- Fortalecer las pol¨ªticas del Comando General en materia de respeto, garant¨ªa y protecci¨®n de los derechos humanos y aplicaci¨®n del Derecho Internacional Humanitario en el marco de las operaciones militares a nivel t¨¢ctico, operacional y estrat¨¦gico.

*

En varias oportunidades, y lo reitero porque es muy importante, yo hab¨ªa se?alado que la nueva doctrina era privilegiar los desmovilizados, en segundo lugar quedaban las capturas, y en tercer lugar las bajas. Expliqu¨¦ que desde la perspectiva de la estrategia de la guerra esto tra¨ªa ventajas porque los muertos para el enemigo se convierten en v¨ªctimas, en h¨¦roes, y en cambio los desmovilizados lo desmoralizan, lo confunden, aparte de que nos pueden suministrar informaci¨®n valiosa. Adem¨¢s, desde un punto de vista de la ¨¦tica y la moral, son vidas humanas que se preservan. Esta orden qued¨® plasmada en la Directiva 300-28 de noviembre de 2007 del Comando General, que ordena:

- Privilegiar como medici¨®n de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y de ¨¦stas a su vez sobre las muertes en combate, y dar mayor valoraci¨®n a las muertes en combate cuando se trate de cabecillas.

- Modificar la medici¨®n de los resultados operacionales ante el cambio de estrategia de los grupos armados ilegales, en la medida en que ahora act¨²an de civil y en grupos peque?os.

Hicimos, adem¨¢s, una gran campa?a de publicidad estimulando la desmovilizaci¨®n de los guerrilleros, con muy buenos resultados.

El comandante general de las Fuerzas Militares visit¨® todas las divisiones del Ej¨¦rcito para hablar de derechos humanos con sus hombres y en particular de la Directiva 300-28. Los resultados del 2008 demuestran que la orden se cumpli¨®: mientras que se desmovilizaron 3.461 integrantes de grupos armados ilegales en 2008, se capturaron 2.485 y fueron abatidos en combate 1.184.

Tomamos toda una serie de medidas ¨Cadicionales a las descritas en la primera secci¨®n¨C dirigidas directamente a enfrentar el fen¨®meno de las ejecuciones extrajudiciales:

- Nuevos criterios para otorgar medallas, como la Directiva 142 de 2008: las desmovilizaciones y las capturas de integrantes de los grupos armados ilegales o delincuenciales se incorporaron como criterios fundamentales para el otorgamiento de la medalla al valor y de la medalla de orden p¨²blico.

- Capacitaci¨®n en procedimientos a seguir en casos de muertes en combate: el Comando del Ej¨¦rcito emiti¨® una serie de instrucciones sobre procedimientos frente a muertes en combate que fueron difundidas a todos los niveles en cada una de las unidades del Ej¨¦rcito Nacional.

- Seminarios sobre caracterizaci¨®n de hechos: seminarios dirigidos a los funcionarios de la Justicia Penal Militar y los operadores jur¨ªdicos disciplinarios sobre la caracterizaci¨®n de hechos violatorios de los DDHH.

- Curso de derecho operacional: Para agilizar el estudio de la competencia que asume la Fiscal¨ªa, se realiz¨® en 2007 un curso de derecho operacional dirigido a Fiscales.

- Pista pr¨¢ctica para primer respondiente: En el 2008, el Centro de Estudios Militares empez¨® a implementar las pistas de primer respondiente: campos de pr¨¢ctica operacional en los que, al tiempo que se entrena militarmente, se imparte capacitaci¨®n pr¨¢ctica a miembros de las Fuerzas Militares como autoridad primer respondiente con el fin de preservar la escena de los hechos luego de un combate.

- Remisi¨®n de casos a la justicia ordinaria: los funcionarios de la Justicia Penal Militar recibieron capacitaci¨®n especializada sobre caracterizaci¨®n de los hechos para asegurar que los casos de presuntas violaciones de derechos humanos se remitan a la justicia ordinaria a trav¨¦s de procedimientos claros y expeditos. Entre 2005 y 2008, se remitieron 304 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

No sobra mencionar que se revoc¨® la Disposici¨®n No. 29 de 2005 y se derog¨® el Decreto 1400 de 2006, que hab¨ªan sido interpretados como incentivos para producir bajas.

*

Todas estas medidas estaban comenzando a surtir efecto. Sin embargo, no era f¨¢cil para nosotros, como ya dije, saber con absoluta certeza qu¨¦ era lo que estaba pasando en el terreno.

Eso cambi¨® en una reuni¨®n que organizaron el viceministerio y las Naciones Unidas con un soldado que hab¨ªa sido v¨ªctima de un falso positivo: nada menos que el de su padre. El general Padilla y yo fuimos a entrevistarnos personalmente y de manera confidencial con el soldado en las oficinas de la ONU.

El 8 de julio de 2008 hab¨ªa muerto en circunstancias muy extra?as en una sencilla casa elevada, cerca de Yond¨®, en jurisdicci¨®n del batall¨®n Cimitarra, un hombre de edad llamado Aicardo Ortiz. La ONU hab¨ªa confirmado que se trataba de un falso positivo, porque a su oficina en Bogot¨¢ el hijo de la v¨ªctima fue a denunciar el hecho. Se trataba precisamente de este soldado, con el que nos entrevistamos, quien adem¨¢s hab¨ªa sido testigo directo de otros asesinatos cometidos por el batall¨®n ¡°Calib¨ªo¡±. A su padre de 67 a?os lo hab¨ªa matado el batall¨®n y lo hab¨ªa reportado como guerrillero muerto en combate.

Eso motiv¨® al soldado a describirnos no solo lo ocurrido con su padre, sino la manera de operar del batall¨®n Calib¨ªo. Por ejemplo, el uso del llamado ¡°kit de legalizaciones¡± para sembrar evidencia a las v¨ªctimas. El general Padilla, que hab¨ªa sido subcomandante la Brigada XIV y conoc¨ªa la regi¨®n, le hizo muchas preguntas, a las que el soldado respondi¨® con precisi¨®n. Por primera vez tuvimos frente a nuestros ojos con toda nitidez la realidad de los falsos positivos.

Luego de esta reuni¨®n orden¨¦ que vinieran inmediatamente a Bogot¨¢ los comandantes de la Brigada XIV y del Batall¨®n Calib¨ªo a dar explicaciones. Despu¨¦s de escucharlos, nos qued¨® claro que las explicaciones de los oficiales sobre la muerte de este se?or no eran cre¨ªbles.

Este caso fue dos meses m¨¢s tarde estudiado in situ por la Comisi¨®n Su¨¢rez, a la que me referir¨¦ m¨¢s adelante, y los comandantes de la regi¨®n fueron separados de las filas. Y todo se fue aclarando y agravando cuando un mes y medio m¨¢s tarde apareci¨® la noticia sobre los casos de Soacha. Ya ten¨ªamos suficientes elementos para saber que los falsos positivos eran un fen¨®meno real y no una invenci¨®n de las ONG enemigas del Ej¨¦rcito.

Soacha

El caso de Soacha nos acab¨® de poner los pelos de punta.

A mediados de septiembre de 2008 Carlos Franco, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, que formaba parte de la Comisi¨®n Nacional de B¨²squeda de Personas Desaparecidas, asisti¨® a una reuni¨®n de la comisi¨®n en la Defensor¨ªa del Pueblo, en la que el Instituto de Medicina Legal dijo que hab¨ªa encontrado muertas en Oca?a a unas personas que hab¨ªan sido denunciadas como desaparecidas en Soacha desde febrero.

Carlos llam¨® a la Fiscal¨ªa en Oca?a y pregunt¨® de qu¨¦ hab¨ªan muerto esas personas. Se pusieron a averiguar y al cabo de un par de horas le dijeron que todas aparec¨ªan muertas en combate con el Ej¨¦rcito. Luego llam¨® a Cimitarra y pas¨® lo mismo: aparec¨ªan como muertos en combate. Entonces compar¨® las fechas en que hab¨ªa sido denunciada la desaparici¨®n (esa informaci¨®n estaba en el sistema de cruce de informaci¨®n de la comisi¨®n) y se dio cuenta de que todos aparec¨ªan muertos uno o dos d¨ªas despu¨¦s de que se hab¨ªan dado por desaparecidos, pero en otro lugar.

En ese momento me llam¨® directamente por el conmutador de la Presidencia y me dijo: ¡°Imag¨ªnese, ministro, que tengo un tema muy grave. Nueve personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Oca?a y Cimitarra como ¡°NN¡±, ?muertas en combate!¡±. Se rebas¨® la copa, me dije a m¨ª mismo, y hay que coger el toro por los cachos haciendo esto p¨²blico. Se produjo un comunicado diciendo que tenemos una informaci¨®n muy preocupante de unos desaparecidos de Soacha que aparecieron como ¡°NN¡± ca¨ªdos en combate en Oca?a, reportados por el Ej¨¦rcito, y que estamos investigando. Mi experiencia de periodista me hab¨ªa ense?ado que si hac¨ªamos eso p¨²blico pod¨ªa surgir m¨¢s informaci¨®n que nos ayudara a resolver semejante situaci¨®n.

Desde hac¨ªa semanas los medios informaban sobre j¨®venes desaparecidos en Soacha y se especulaba sobre los posibles responsables. Fue con ese comunicado que el pa¨ªs supo por primera vez, de manera oficial, que las desapariciones estaban ligadas al Ej¨¦rcito Nacional. Se confirmaba entonces el que se convertir¨ªa en el caso emblem¨¢tico de los falsos positivos. Muchachos hab¨ªan sido reclutados en Soacha para un supuesto trabajo r¨¢pido y lucrativo, y luego transportados hasta Norte de Santander para ser ultimados y presentados como ¡°positivos¡± por el Ej¨¦rcito. As¨ª de macabro. Algo inconcebible y profundamente inhumano. Gracias a todo el trabajo que ya hab¨ªamos hecho, lo pudimos enfrentar con decisi¨®n. Recuerdo que Clara L¨®pez, entonces secretaria de Gobierno de Bogot¨¢, me llam¨® a ratificar que eso estaba sucediendo.

Produjimos con el general Freddy Padilla un comunicado solicitando a la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n que diera prioridad a la investigaci¨®n sobre la desaparici¨®n y muerte de estas personas. Lo mismo le orden¨¦ a la Inspecci¨®n del Ej¨¦rcito. Al mismo tiempo, ofrec¨ª toda la colaboraci¨®n del ministerio para que las investigaciones se produjeran con la m¨¢xima celeridad, esclareciendo el accionar de la fuerza p¨²blica.

Luego convoqu¨¦ una reuni¨®n en mi despacho, a la que asistieron el vicepresidente de la Rep¨²blica, los altos mandos de la fuerza p¨²blica, el fiscal general, el defensor del pueblo y el viceprocurador, entre otros altos funcionarios. Se establecieron canales expeditos de colaboraci¨®n con la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa, que se comprometi¨® a conformar un grupo especial de trabajo, coordinado por su Unidad de Derechos Humanos, para investigar los graves hechos.

Pero ante hechos de esa gravedad estas medidas eran insuficientes: ten¨ªamos que innovar y tomar nosotros mismos las riendas del problema. El viceministro Jaramillo y el general Padilla me propusieron que cre¨¢ramos una comisi¨®n de investigaci¨®n de car¨¢cter administrativo, encabezada por el mayor general Carlos Arturo Su¨¢rez, que estaba al mando de la Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas. La idea no era suplantar las investigaciones penales de la Fiscal¨ªa ¨Clo que por supuesto no nos correspond¨ªa¨C sino hacer una inspecci¨®n r¨¢pida y eficaz en terreno para establecer de primera mano todas las irregularidades. Con la informaci¨®n que ya ten¨ªamos sobre ejecuciones extrajudiciales y ¡°NN¡± era muy probable que ¨ªbamos a encontrar irregularidades en las ¨®rdenes de operaciones, o en los informes de inteligencia, o en el registro de las armas, etc., como en efecto ocurri¨®.

Inmediatamente di la orden de crear la comisi¨®n. Al equipo de oficiales que acompa?ar¨ªan al general Su¨¢rez a?adimos a dos civiles muy conocedores de este tema.

El 3 de octubre de 2008 creamos formalmente la comisi¨®n con la resoluci¨®n 4342. Los resultados de su gesti¨®n deb¨ªan presentarse dentro de los diez d¨ªas h¨¢biles siguientes a su constituci¨®n, consignados en un informe anal¨ªtico que contuviera como m¨ªnimo:

1. El an¨¢lisis de la inteligencia y del planeamiento, ejecuci¨®n y evaluaci¨®n de las operaciones y misiones militares sobre las que recaen las denuncias, incluyendo log¨ªstica y armamento;

2. El an¨¢lisis de los niveles y secuencias de la cadena de mando que intervino en las operaciones y misiones;

3. El an¨¢lisis de los controles disciplinarios (inspectores delegados, asesores jur¨ªdicos operacionales, responsabilidades primer respondiente, asesores jur¨ªdicos operacionales);

4. Las recomendaciones en materia de doctrina y t¨¢ctica operacional derivadas del an¨¢lisis;

*

La comisi¨®n inici¨® una serie de visitas a las unidades en terreno para investigar casos espec¨ªficos. Estos son algunos ejemplos:

I. El Caso de Aicardo Ortiz:

- La comisi¨®n se instal¨® el d¨ªa 6 de octubre de 2008 en Puerto Berr¨ªo, Antioquia, en las instalaciones de la Brigada XIV del Ej¨¦rcito Nacional, precisamente en el Batall¨®n Calib¨ªo y de inmediato comenz¨® su investigaci¨®n.

- Testigos se?alaron que entre las 5 y 6 de la ma?ana del 8 de julio de 2008, algunos soldados llamaron a la puerta de la casa del se?or Aicardo. ?ste abri¨® y luego cerr¨®, pero los soldados empujaron la puerta, entraron, le dispararon y luego arrastraron el cuerpo afuera de la casa y le pusieron una granada, un rev¨®lver y un radio de comunicaciones.

- Los testigos dijeron que conoc¨ªan al se?or Aicardo hac¨ªa m¨¢s de quince a?os como un trabajador que levantaba cercas y corrales, que deb¨ªa tener m¨¢s de 60 a?os de edad y que nunca lo vieron portando armas o radios de comunicaciones.

- Un grupo de vecinos de Puerto Matilde dijo que s¨®lo despu¨¦s de 24 horas las autoridades realizaron el levantamiento del cad¨¢ver. Indicaron que hablaron con el teniente al mando de la tropa cuando sucedieron los hechos y que ¨¦ste no pudo ofrecer una explicaci¨®n coherente de lo ocurrido.

- Habitantes de la zona dijeron que desde hac¨ªa mucho tiempo por esa regi¨®n no hab¨ªan visto guerrilleros, que los conoc¨ªan bien porque portaban brazaletes rojos. Declararon que tampoco ten¨ªan conocimiento de campos minados y que en el sitio en donde la informaci¨®n de inteligencia refiere que hab¨ªa un campo minado era la ruta que ellos usaban a diario para bajar le?a e inclusive transitaban por all¨ª con sus hijos menores.

- El Batall¨®n Calib¨ªo le dijo a la comisi¨®n que el d¨ªa 8 de julio de 2008 en desarrollo de una operaci¨®n t¨¢ctica sus tropas dieron muerte a Aicardo Antonio Ortiz, alias ¡°El Murci¨¦lago¡±, presunto miembro de la compa?¨ªa mixta REM (comisi¨®n alias ¡°Arelis¡±) de las Farc. Al disparar en contra de la tropa, ¨¦sta respondi¨®. Tambi¨¦n report¨® el material de guerra incautado.

- La comisi¨®n estableci¨® todas las incoherencias y contradicciones en esta versi¨®n. No se encontraron los registros de inteligencia t¨¦cnica y humana. Tampoco documentos del archivo de fuentes, hojas de vida de informantes o constancia alguna del origen de la supuesta informaci¨®n de inteligencia que respaldara la supuesta operaci¨®n contra un l¨ªder guerrillero.

II. El Batall¨®n Rafael Reyes y los j¨®venes de Soacha:

- En octubre de 2008 la comisi¨®n tambi¨¦n visit¨® al Batall¨®n de Infanter¨ªa No. 41, General Rafael Reyes, adscrito a la Quinta Brigada del Ej¨¦rcito. Se trataba de reconstruir la misi¨®n t¨¢ctica del 5 de marzo de 2008 en la que hab¨ªan muerto Eduardo Garz¨®n y Daniel Pesca, quienes hab¨ªan desaparecido en Soacha dos d¨ªas antes de ser asesinados, presuntamente en el marco de una operaci¨®n militar en el municipio de Cimitarra, Santander.

- La comisi¨®n encontr¨® que exist¨ªa un acta de pago de informaci¨®n a un supuesto informante por datos suministrados apenas dos d¨ªas antes. Se refer¨ªa a la ¡°posible ubicaci¨®n¡± de tres integrantes de bandas al servicio del narcotr¨¢fico. As¨ª de gaseosas eran las informaciones que sustentan casi todos los casos. La referencia a Bacrim tambi¨¦n es relevante, puesto que se ten¨ªa mucho menos conocimiento de sus integrantes y no exist¨ªa nada que se pareciera a un orden de batalla de las Farc.

- La comisi¨®n encontr¨® todo tipo de incoherencias y contradicciones tanto en la planeaci¨®n de la operaci¨®n como en su ejecuci¨®n, al punto que uno de los muertos todav¨ªa ten¨ªa ropas de civil debajo del camuflado que le hab¨ªan puesto.

III. La Brigada M¨®vil 15 y los j¨®venes de Soacha:

- La comisi¨®n visit¨® la Brigada M¨®vil 15 el 14 de octubre de 2008 en Oca?a, con el fin de verificar la situaci¨®n operacional alrededor de la muerte de Julio C¨¦sar Mesa y Jonathan Orlando Soto. Su muerte se dio en el marco de una misi¨®n t¨¢ctica el d¨ªa 27 de enero de 2008. Hab¨ªan desaparecido de Soacha dos d¨ªas antes y fueron presentados como bajas en combate en una zona rural de Oca?a.

La comisi¨®n tambi¨¦n revis¨®, entre otras:

- La misi¨®n t¨¢ctica que termin¨® en las muertes de Diego Alberto Tamayo, V¨ªctor Fernando G¨®mez y Andr¨¦s Palacios, igualmente desaparecidos en Soacha y presentados como bajas de un supuesto combate ocurrido el 24 de agosto de 2008, en la vereda Papamito de Oca?a;

- La misi¨®n t¨¢ctica que termin¨® en la muerte de Diego Armando Mar¨ªn, Daniel Alexander Mart¨ªnez y un ¡°NN¡± el 12 de febrero de 2008, en El Carmen, Norte de Santander. Los tres fueron presentados como dados de baja en combate en una maniobra de emboscada a trav¨¦s de un movimiento motorizado desde el municipio de Oca?a.

- La misi¨®n t¨¢ctica en la que murieron Fair Leonardo Porras (el 12 de enero de 2008) y Joaqu¨ªn Castro V¨¢squez y Elkin Gustavo Verano (el 15 de enero) y Juli¨¢n Oviedo (el 23 de febrero), desaparecidos del municipio de Soacha d¨ªas antes.

En todos los casos relacionados con los desaparecidos de Soacha, la comisi¨®n detect¨® graves vac¨ªos e irregularidades, como ya hab¨ªa sucedido en las otras unidades. La inteligencia consist¨ªa en informantes casuales que manejaba un suboficial y que no circulaba por las instancias formales. Tampoco se llevaba un registro de fuentes, ni era posible identificar la informaci¨®n por la que se pagaba o a qu¨¦ informante correspond¨ªa. Las mismas irregularidades se presentaban en las ¨®rdenes de operaciones, en la supervisi¨®n de los armerillos, etc., etc.

*

Cuando la comisi¨®n encabezada por el general Su¨¢rez concluy¨® sus visitas de campo, me present¨® un resumen del informe, tal y como se lo hab¨ªa exigido. Al terminar de escuchar el informe qued¨¦ estupefacto. Tal vez nunca hab¨ªa sentido con tanta fuerza una combinaci¨®n de ira e intenso dolor con tan profunda tristeza. Ya no pod¨ªamos seguir investigando. Era imperativo tomar decisiones. Decid¨ª que el presidente Uribe ten¨ªa que conocer esta informaci¨®n, no sin antes pensar en qu¨¦ medidas dr¨¢sticas pod¨ªamos tomar para frenar en seco esta macabra pr¨¢ctica. No pod¨ªamos acusar y destituir a los responsables por falsos positivos sin respetarles el debido proceso, pero s¨ª pod¨ªamos usar la facultad discrecional para sacar a todos los que de una forma u otra hab¨ªan contribuido o permitido estos escabrosos hechos.

Las pruebas de negligencia por parte de los comandantes de esas unidades ante la evidencia de procedimientos que romp¨ªan con la doctrina y la instrucci¨®n en todos los aspectos ¨Cen operaciones, en inteligencia, en log¨ªstica¨C era tan fuerte, y el c¨²mulo de resultados operacionales irregulares tan aterrador, que decidimos que hab¨ªa que separar a 20 oficiales y 7 suboficiales de las filas, incluyendo a tres generales y cuatro coroneles, por fallas ocurridas bajo su mando. (Trece oficiales m¨¢s salieron en noviembre y otros once en enero de 2009).

Esta decisi¨®n hab¨ªa que plante¨¢rsela al presidente pr¨¢cticamente como un hecho cumplido. Yo me acordaba de cuando en la Polic¨ªa, despu¨¦s de descubrir un esc¨¢ndalo de chuzadas ilegales a una periodista y al presidente de la Corte Constitucional, suger¨ª al general Naranjo como director por encima de 11 generales m¨¢s antiguos que acabaron saliendo de la instituci¨®n. El presidente no quer¨ªa, pero al final accedi¨® a la designaci¨®n del general Naranjo porque no se le dej¨® alternativa. Y creo que no nos equivocamos. En esta oportunidad hab¨ªa que hacer algo parecido.

Salimos para Presidencia con el general Padilla, el viceministro Jaramillo y la comisi¨®n. El general Su¨¢rez y su equipo le hicieron la presentaci¨®n al presidente Uribe en el sal¨®n Obreg¨®n. Fue un momento de gran tensi¨®n. Al final el viceministro y la comisi¨®n salieron y nos quedamos el presidente Uribe, el general Padilla y yo. Le dijimos lo que a nuestro juicio hab¨ªa que hacer. Accedi¨®.

El anuncio lo hizo el mismo presidente Uribe en una rueda de prensa en la ma?ana del d¨ªa siguiente, el 28 de octubre. El general Padilla ley¨® los nombres de los oficiales. Dejamos claro que al retirar a estos 20 oficiales y 7 suboficiales no les est¨¢bamos atribuyendo responsabilidad penal por las desapariciones y ejecuciones. Eso s¨®lo pod¨ªa determinarlo la justicia. Pero otra cosa es la responsabilidad del mando.

El ejercicio del mando es la esencia de la misi¨®n de un oficial. Eran tan protuberantes las irregularidades que encontramos en el terreno, y tan graves la fallas en el ejercicio del mando, que no pod¨ªamos dejar de tomar decisiones si quer¨ªamos preservar la integridad del Ej¨¦rcito Nacional.

Al comandante del Ej¨¦rcito no le qued¨® otra alternativa que renunciar.

La decisi¨®n retumb¨® por todas las unidades de las Fuerzas Militares. Las ejecuciones extrajudiciales, gracias a Dios, cayeron de manera dram¨¢tica, como lo consignaron las diferentes instancias de supervisi¨®n y control.

Cada vez que recuerdo todo esto se me revuelve el coraz¨®n. ?Hasta d¨®nde nos llev¨® esta maldita guerra! Tambi¨¦n soy padre de hijos m¨¢s o menos de la misma edad. Tal vez por eso no pude dejar de pensar en las familias de esos j¨®venes asesinados de manera tan infame. Todav¨ªa las llevo como una espina en mi coraz¨®n.

A nadie le cab¨ªa en la cabeza que algo as¨ª estuviera ocurriendo en nuestras filas, pero ocurri¨®. Tambi¨¦n pienso en el terrible da?o para el Ej¨¦rcito y en todos sus hombres y mujeres, la inmensa mayor¨ªa, que nada tuvieron que ver con esto, pero vieron su esfuerzo y su reputaci¨®n empa?adas por un sector no despreciable que hab¨ªa ca¨ªdo en estas conductas desquiciadas. Todo esto me estimul¨® a redoblar los esfuerzos para humanizar la guerra y, ojal¨¢, acabarla.

Quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento al mayor general Carlos Arturo Su¨¢rez, quien encabez¨® la comisi¨®n. El general Su¨¢rez no hizo m¨¢s que insistir con todo rigor y determinaci¨®n ¨Cno por casualidad en el Ej¨¦rcito lo llamaban ¡°la Machaca¡±¨C en la observancia de los valores militares en los que fue formado. Llam¨® las cosas por su nombre y defendi¨® su instituci¨®n. Tristemente, en a?os posteriores tuvo que cargar con el terrible peso de la estigmatizaci¨®n por parte de aquellos en sus propias filas que no pod¨ªan ¨Co no quer¨ªan¨C creer que todo esto fue verdad. Honor a un gran soldado.

Debo decir que el cap¨ªtulo de los falsos positivos es uno de los momentos m¨¢s dolorosos que he tenido en mi vida p¨²blica, y es una mancha indeleble en el honor de un Ej¨¦rcito que tiene sobrados motivos para vanagloriarse pero que tambi¨¦n debe tener la entereza para reconocer la verdad y pedir perd¨®n. Es una de las formas para resarcir el da?o.

*

Ante hechos de semejante gravedad no pod¨ªamos dejar de tomar nuevas medidas, adem¨¢s del retiro de los oficiales. Una de las primeras fue designar al general Su¨¢rez como nuevo inspector del Ej¨¦rcito. Y se orden¨® la salida de 10 miembros del Ej¨¦rcito m¨¢s, que est¨¢n dentro de los que ya mencion¨¦. Hab¨ªan pertenecido al batall¨®n de La Popa, donde se hab¨ªan presentado graves denuncias de falsos positivos.

En noviembre de 2008 anunciamos una serie de medidas, conocidas como ¡°las 15 medidas¡±, con dos prop¨®sitos: extraer las lecciones que nos dejaba la comisi¨®n del general Su¨¢rez para tomar los correctivos de forma inmediata, y acelerar y fortalecer la implementaci¨®n de las medidas anunciadas en la Pol¨ªtica Integral de Derechos Humanos y DIH.

En esencia, las 15 medidas pretend¨ªan:

i. Identificar fallas en los procedimientos de inteligencia, operaciones y log¨ªstica;

ii. Revisar la aplicaci¨®n de la doctrina de inteligencia;

iii. Revisar la instrucci¨®n en derechos humanos de conformidad con la Pol¨ªtica Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Modelo ?nico Pedag¨®gico (MUP);

iv. Establecer un sistema de evaluaci¨®n del aprendizaje en derechos humanos;

v. Organizar talleres en todas las Divisiones sobre la responsabilidad del comandante;

vi. Crear una Comisi¨®n de Inspecci¨®n Inmediata (CII) que se desplazara a lugares en donde se presentan quejas o denuncias sobre violaciones a los DDHH o al DIH;

vii. Realizar las coordinaciones necesarias para que los Inspectores Delegados dependan de la Inspecci¨®n General de las Fuerzas Militares y que atiendan de manera exclusiva temas de DDHH y DIH;

viii. Organizar una estructura jer¨¢rquica para el cuerpo de asesores jur¨ªdicos operacionales;

ix. Asegurar que los asesores jur¨ªdicos operacionales dependan de direcciones de asesor¨ªa jur¨ªdico-operacional en sus fuerzas;

x. El Comando General de las Fuerzas Militares debe determinar las organizaciones armadas ilegales que deben ser enfrentadas utilizando la fuerza letal como primera opci¨®n;

xi. Perfeccionar el sistema de evaluaci¨®n de las unidades militares para asegurar que sean evaluadas de acuerdo con los objetivos previstos para los tipos de operaciones seg¨²n el nivel de amenaza en el ¨¢rea;

xii. Poner en marcha un sistema diferenciado de aplicaci¨®n de Reglas de Encuentro (RDE);

xiii. Establecer una certificaci¨®n en derechos humanos para los oficiales que aspiren a cursos de ascenso para coronel o general;

xiv. Fortalecer el acompa?amiento judicial a las operaciones por parte de la Fiscal¨ªa General y el Cuerpo T¨¦cnico de Investigaci¨®n; y

xv. Establecer hasta el nivel t¨¢ctico un sistema de recepci¨®n de quejas en materia de DDHH y crear un sistema de rendici¨®n p¨²blica y peri¨®dica de cuentas.

Y, en consecuencia, se tomaron otra serie de medidas importantes:

- Se cre¨® la Escuela de Derechos Humanos de las Fuerzas Militares, que facilit¨® la integraci¨®n de los principios de los derechos humanos y del DIH en todas las actividades de las fuerzas.

- Se institucionaliz¨® la pol¨ªtica de revisi¨®n de las ¨®rdenes de operaciones, para asegurar que estuvieran debidamente enmarcadas en el DIH

- Se public¨® el Manual de Derecho Operacional, dirigido a todos los comandantes militares hasta el nivel de unidad t¨¢ctica (nivel de batall¨®n), a los asesores jur¨ªdicos operacionales y a los operadores jur¨ªdicos, que desarroll¨® los par¨¢metros para las operaciones en el marco del DIH y de los derechos humanos.

- Se expidieron las Directivas 17 y 32 de 2009, que constituyeron el producto de un trabajo de concertaci¨®n entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n, por medio de las cuales se impusieron las Reglas de Encuentro (RDE) para las Fuerzas Militares y se implement¨® el sistema para su aplicaci¨®n y entrenamiento.

- Se reforz¨® la regulaci¨®n de los gastos reservados y la vigilancia del control fiscal y de resultados en la ejecuci¨®n de dichos gastos por parte de la Contralor¨ªa General de la Rep¨²blica.

- Se expidi¨® la Directiva No. 040 del 10 de marzo de 2009 del Comando General de las Fuerzas Militares, que imparte instrucciones para la organizaci¨®n y funcionamiento de las Inspecciones Delegadas de la Inspecci¨®n General de las Fuerzas Militares con dedicaci¨®n exclusiva para los temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dependientes de la Inspecci¨®n General de las Fuerzas Militares.

- Se reglament¨® con la Directiva 208 de 2008 el funcionamiento de la Comisi¨®n de Inspecci¨®n Inmediata, la cual debe desplazarse, de forma inmediata a lugares en los cuales se presenten quejas o denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.

- Se estableci¨® una certificaci¨®n en derechos humanos para todos los oficiales que aspiren a participar en el curso de ascenso al grado de coronel o general, de acuerdo con un estudio minucioso de su hoja de vida.

A mi juicio, la lecci¨®n aprendida m¨¢s importante de este doloroso cap¨ªtulo es que ninguna guerra o contienda, por m¨¢s compleja o dif¨ªcil que resulte, justifica relajar los controles reglamentarios y legales y que, en cualquier doctrina militar, sin importar su car¨¢cter original o innovador, siempre debe preferirse la defensa de la vida al resultado operacional.

*

Todas estas medidas fueron efectivas. Eso es lo m¨¢s importante. El descenso de las ejecuciones extrajudiciales fue abrupto y permanente.

Fuente: Jurisdicci¨®n Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinaci¨®n de los Hechos y Conductas. Auto No. 033 de 2021 del 12 de febrero de 2021. Ilustraci¨®n elaborada con base en informaci¨®n contenida en SIJUF, SPOA, CNMH, CCEEUU.

Diferentes organizaciones y expertos internacionales reconocieron las medidas y los avances. El 29 de octubre de 2008, luego del anuncio de las primeras medidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emiti¨® el siguiente comunicado:

¡°La Oficina saluda las medidas anunciadas por el Gobierno de Colombia frente al problema de las ejecuciones extrajudiciales¡­ Concuerda con lo expresado por las m¨¢s altas autoridades en el sentido de que la promoci¨®n de la seguridad se debe adelantar, en todo momento, de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional relevantes y respetando plenamente los derechos humanos¡­ y reitera su recomendaci¨®n formulada en su informe anual de 2007 al Gobierno y a los comandantes de las Fuerzas Armadas de insistir en los esfuerzos para erradicar las ejecuciones extrajudiciales, adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer p¨²blicas situaciones en las que se hubiesen presentado hechos de tal naturaleza.

As¨ª mismo, reconoce la importancia de que estos hechos sean investigados por la justicia ordinaria y alienta al Fiscal General de la Naci¨®n a fortalecer la Unidad de Derechos Humanos para esclarecer, en el menor tiempo posible, todas las denuncias presentadas por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.¡±

Ocho meses m¨¢s tarde, en junio de 2009, Philip Alston, el relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, visit¨® Colombia. Alston reconoci¨® primero la mejor¨ªa del clima general de seguridad: ¡°La cantidad de homicidios ha disminuido mucho y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del pa¨ªs¡±. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, afirm¨® que su repartici¨®n geogr¨¢fica indicaba que las acciones hab¨ªan sido ¡°llevadas a cabo de una manera m¨¢s o menos sistem¨¢tica por una cantidad significativa de elementos dentro del Ej¨¦rcito¡±. Pero tambi¨¦n reconoci¨® que no se pod¨ªan calificar estos hechos como una pol¨ªtica del gobierno ¡°o que fueron dirigidos o llevados a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de Defensa¡±.

Sobre todo, Alston manifest¨® estar ¡°muy alentado con las medidas adoptadas¡± y aclar¨® que ¡°ser¨ªa un error menoscabar la categor¨ªa del Ej¨¦rcito colombiano, que es disciplinado y efectivo¡± y que ¡°va por el camino correcto¡±. Se?al¨® que ¡°ha habido una reducci¨®n significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados en los ¨²ltimos 6 a 9 meses¡± y resalt¨® los esfuerzos hechos desde el a?o 2007: ¡°El Gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios¡±. Seg¨²n el relator, ¡°estas medidas demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el Gobierno para hacer frente a los homicidios pasados y para prevenir que sucedan en el futuro¡±.

Seis meses m¨¢s tarde, la Oficina de la Alta Comisionada firm¨® un acuerdo con el ministerio para hacer un monitoreo formal a la implementaci¨®n de las 15 medidas. Era la primera vez que la Oficina firmaba un acuerdo de monitoreo de una pol¨ªtica p¨²blica, al menos en Colombia.

*

Con estos reconocimientos no pretendo minimizar ni mucho menos la gravedad de lo que pas¨® en Colombia entre 2002 y 2008, cuando miembros de nuestro Ej¨¦rcito violaron su juramento de proteger las vidas de los colombianos e hicieron todo lo contrario: se convirtieron en sus asesinos. Hoy son muchos oficiales, suboficiales y soldados los que est¨¢n respondiendo ante la justicia, y varios de ellos lo hacen ante la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz bajo el compromiso de aportar la verdad y toda la verdad de lo que sucedi¨®. Esa verdad es lo ¨²nico que puede resarcir, de alguna manera, este horror de la vida. Eso, y la fortaleza de los principios, de la doctrina y de la instrucci¨®n que impida que algo as¨ª nunca vuelva a suceder.

No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presi¨®n para producir bajas y todo lo que se teji¨® alrededor de lo que muchos han llamado ¡°la doctrina Vietnam¡±. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que ¨¦l mismo hab¨ªa estimulado. Nunca recib¨ª una contraorden, ni fui desautorizado.

Se?ores comisionados:

Lo anterior es un recuento de c¨®mo investigamos, denunciamos y acabamos con los falsos positivos durante mi ministerio.

Esta es mi verdad, como la recuerdo, y respaldada por todos los documentos correspondientes. Quise ce?irme a los hechos, a la evidencia, y ser lo m¨¢s objetivo posible.

Como en todo recuento hist¨®rico realizado por los protagonistas, seguramente tiene apreciaciones subjetivas. La historia nunca es objetiva. Esta comisi¨®n, cumpliendo con su misi¨®n, tendr¨¢ la oportunidad de contrastar mi verdad con otras verdades y decidir qu¨¦ queda ante el balc¨®n de la historia para que nunca m¨¢s se repitan estos hechos atroces. Tambi¨¦n podr¨¢ decidir qu¨¦ contribuye m¨¢s a sanar las heridas y a la reconciliaci¨®n, objetivo fundamental de la justicia transicional.

Por mi parte, tengo que decir que, a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo los falsos positivos. No era f¨¢cil, por todas las razones que he expuesto. Cambiar la cultura y el accionar de cualquier instituci¨®n toma tiempo, es dif¨ªcil, sobre todo cuando se trata de instituciones tan conservadoras como las Fuerzas Armadas. Creo, sin embargo y sinceramente, que el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logr¨®. Les agradezco a todos los que tanto contribuyeron a investigar, denunciar y acabar con semejante degradaci¨®n de la guerra con las Farc, una guerra que por fortuna termin¨®. Pero me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, much¨ªsimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta pr¨¢ctica tan despiadada, unos j¨®venes inocentes que hoy deber¨ªan estar vivos. Eso nunca ha debido pasar.

Lo reconozco y les pido perd¨®n a todas las madres y a todas sus familias, v¨ªctimas de este horror, desde lo m¨¢s profundo de mi alma.

Juan Manuel Santos.