La fiscal general de Per¨² denuncia al expresidente Merino por la muerte de dos manifestantes en noviembre

La segunda semana de noviembre de 2020, cientos de miles de peruanos se manifestaron en la mayor¨ªa de regiones y en medios sociales contra el Gobierno interino de Manuel Merino. El pol¨ªtico pas¨® de ser presidente de un Congreso desprestigiado a liderar el Ejecutivo, despu¨¦s de que el Parlamento depuso -bajo el argumento de ¡°incapacidad moral permanente¡±- al entonces jefe de Estado, Mart¨ªn Vizcarra. Las protestas, durante seis d¨ªas seguidos, rechazaban la salida de Vizcarra a trav¨¦s de un movimiento de la oposici¨®n para hacerse con el Ejecutivo. Las manifestaciones fueron pac¨ªficas, pero en Lima la polic¨ªa las reprimi¨® con brutalidad. Los agentes dispararon contra los manifestantes causando la muerte de dos j¨®venes. Ahora, la fiscal general ha presentado al Congreso una denuncia constitucional contra Merino y dos exministros, como presuntos autores de los homicidios del #14N y por lesiones graves y leves de otras 78 personas.

La denuncia de la magistrada Zoraida ?valos encuentra ¡°omisi¨®n impropia¡± en el exgobernante interino que estuvo seis d¨ªas en el cargo, as¨ª como en dos integrantes de su fugaz Gabinete: el primer ministro Antero Flores Araoz y el titular de Interior, Gast¨®n Rodr¨ªguez. La omisi¨®n o dolo eventual implica que, teniendo las atribuciones y el poder ¡°para evitar un desenlace fat¨ªdico como las muertes [de los j¨®venes Inti Sotelo y Bryan Pintado], no lo hicieron¡±, explic¨® el abogado Carlos Rivera en Ideele Radio este martes. Rivera, quien defiende a la familia Sotelo, precis¨® que de llegar a ser condenados, los tres ex altos funcionarios podr¨ªan recibir una sanci¨®n de seis a 20 a?os de prisi¨®n, es decir, similar a la que corresponder¨ªa a los polic¨ªas -autores materiales de los delitos-.

El destino de la denuncia constitucional que ha presentado ?valos ahora depende de las cuotas de poder pol¨ªtico en el nuevo Congreso instalado en julio. La actual presidenta del Parlamento, Mar¨ªa del Carmen Alva, pertenece al mismo movimiento que Merino en el fragmentado partido pol¨ªtico Acci¨®n Popular. Dicha formaci¨®n tiene la cuarta minor¨ªa de acuerdo al n¨²mero de esca?os. En una entrevista reciente, Alva consider¨® la gesti¨®n de Merino de aquellos d¨ªas en el Ejecutivo como ¡°constitucional y para nada¡± autoritario. Aunque el Gobierno interino de Merino fue calificado como ileg¨ªtimo por la mayor¨ªa de los abogados constitucionalistas y analistas pol¨ªticos durante la crisis de noviembre, tuvo el respaldo del partido fujimorista Fuerza Popular, y de la mayor¨ªa de pol¨ªticos de derechas y de Alianza para el Progreso, del excandidato presidencial C¨¦sar Acu?a.

La subcomisi¨®n de denuncias constitucionales del Congreso debe designar a un parlamentario que elabore un informe, a ra¨ªz del documento enviado por la fiscal general. Si dicho grupo de trabajo aprueba la denuncia como procedente, pasar¨¢ a la votaci¨®n del pleno. De obtener los votos suficientes a favor, entonces la fiscal de la Naci¨®n denunciar¨¢ a los altos funcionarios ante la Corte Suprema.

Pacha Sotelo, el hermano mayor de una de las v¨ªctimas, coment¨® este martes en una entrevista en la emisora Radioprogramas sobre los partidos que respaldaron la llamada vacancia presidencial en noviembre, motivo de las protestas que fueron respondidas con la violencia policial que caus¨® muertos y heridos: ¡°Algunos est¨¢n ante un momento de que, si sintieron que su decisi¨®n perjudic¨® a familias como la m¨ªa, la de Bryan (Pintado) y la de muchos compa?eros heridos, tienen la oportunidad de decir disculpas con su voto¡±.

Disparos con material policial

Las pruebas y testimonios recabados por la fiscal general sobre la responsabilidad de los tres denunciados son abundantes y han quedado consignados en 148 p¨¢ginas. Seg¨²n la denuncia, Sotelo muri¨® a causa de disparos de perdigones de plomo y por el n¨²mero de proyectiles y la zona a la que dirigieron los proyectiles -el torso- los agentes pudieron saber que iban a causarle la muerte, pero pese a ello lo hicieron. El abogado Rivera destac¨® que a la gran mayor¨ªa de los heridos les apuntaron al tercio superior del cuerpo.

La denuncia de la fiscal ?valos sostiene que de acuerdo a los informes m¨¦dico-legales acerca de los agraviados que participaron en las movilizaciones sociales del 12 y 14 de noviembre, las lesiones fueron producidas con el material del que se abasteci¨® la Polic¨ªa Nacional para el control de las protestas. ?valos a?ade sobre los tres ex altos funcionarios del Gobierno interino que ¡°por la informaci¨®n oficial que obtuvieron de que las movilizaciones sociales ten¨ªan la tendencia a intensificarse, era previsible y razonable de que (las fuerzas del orden) desplieguen acciones de manera desproporcional en la represi¨®n, a trav¨¦s del uso de armas, con perdigones, gases lacrim¨®genos y otros; no obstante, no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones, lo que conllev¨® como resultado, dos personas fallecidas y 78 ciudadanos, identificados hasta la fecha, con lesiones graves y leves¡±.

Tambi¨¦n este mi¨¦rcoles, el Ministerio P¨²blico report¨® que la fiscal¨ªa penal especializada en delitos de derechos humanos ha denunciado a 11 altos oficiales de la polic¨ªa por los mismos hechos. El cargo m¨¢s grave es contra el ex comandante general (encargado) Jorge Lam, por los delitos de ¡°asesinato con alevos¨ªa en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado; lesiones graves y leves contra manifestantes, y contra la administraci¨®n p¨²blica¡± por abuso de autoridad.

La fiscal se?ala que Pintado recibi¨® una descarga de diez perdigones de plomo en cuatro zonas de la parte superior del cuerpo, ¡°que acreditar¨ªan que fue asesinado de forma alevosa¡±. En el caso del estudiante Sotelo, muri¨® por una herida penetrante en el t¨®rax que caus¨® un proyectil que pudo ser disparado por una escopeta calibre 12.

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