Maduro maniobra para evitar la apertura de una investigaci¨®n en la Corte Penal Internacional

El Gobierno de Nicol¨¢s Maduro hace maniobras para dilatar el proceso que se sigue contra el Estado venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI). Con reformas judiciales y un goteo de excarcelaciones, el chavismo intenta lavar la cara de un expediente que suma m¨¢s de 250 presos pol¨ªticos e incluye severos se?alamientos sobre violaciones sistem¨¢ticas de derechos humanos y cr¨ªmenes de lesa humanidad. Este martes ha ocurrido la muestra m¨¢s reciente. Dos de los tres activistas de Fundaredes detenidos en julio, Omar de Dios Garc¨ªa y Rafael Tarazona, fueron liberados. Su director Javier Tarazona, sin embargo, sigue detenido. Desde hace varios a?os, la ONG ha venido denunciado en¨¦rgicamente la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela en connivencia con el chavismo. Fueron acusados de ¡°terrorismo y traici¨®n a la patria¡±.

Estos movimientos ocurren en la v¨ªspera de la visita del fiscal de la CPI, Karin Khan, que en su gira por Latinoam¨¦rica pasar¨¢ por Venezuela a finales de esta semana. Es una visita que ha estado promoviendo el Gobierno con la intenci¨®n de dar se?ales de apertura y de cambios en el sistema de justicia, considerado un brazo represor del Gobierno en el ¨²ltimo informe de la Misi¨®n Independiente de las Naciones Unidas.

El proceso de Venezuela en La Haya lo iniciaron en 2018 los mandatarios de Argentina, Canad¨¢, Colombia, Chile, Paraguay y Per¨². En una solicitud sin precedentes en la corta vida del organismo, los pa¨ªses entonces integrados en el Grupo de Lima hicieron una solicitud formal de apertura de una investigaci¨®n, de la que luego Argentina se apart¨® con el regreso del kirchnerismo al poder. A este expediente se han sumado las denuncias de la ex fiscal general Luisa Ortega D¨ªaz, que ha pedido asilo pol¨ªtico en Espa?a, y de las organizaciones de derechos humanos y familiares de v¨ªctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.

La anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, consider¨® que hab¨ªa evidencias razonables para investigar cr¨ªmenes de lesa humanidad en Venezuela. El dictamen lo dio luego de una visita del fiscal venezolano Tarek William Saab en la que el chavismo intent¨® mostrar esfuerzos por mejorar el sistema de justicia en el pa¨ªs. La decisi¨®n de la apertura de la investigaci¨®n se espera desde julio, cuando asumi¨® el nuevo fiscal de la Corte, que ahora ha decidido hacer una visita al pa¨ªs para tomar la decisi¨®n no sin dar un ¨²ltimo voto de confianza. ¡°Estoy convencido de que el estrechamiento de las relaciones y la cooperaci¨®n con los Estados parte mejorar¨¢ el funcionamiento del r¨¦gimen del Estatuto de Roma en consonancia con el principio de complementariedad. La comunicaci¨®n es esencial para explicar el mandato de la Fiscal¨ªa y de la CPI y fomentar la confianza de las partes interesadas. Aguardo con inter¨¦s la oportunidad de escuchar y de aprender de este mi primer viaje a la regi¨®n como Fiscal de la CPI¡±, dijo Khan en un comunicado. El Gobierno de Maduro intentar¨¢ convencerlo de que no hay motivos para abrir una investigaci¨®n. Las ONG y v¨ªctimas abogar¨¢n porque se den pasos para sancionar al Ejecutivo.

A las puertas de unas elecciones locales, en la que despu¨¦s de siete a?os de abstenci¨®n participar¨¢n los partidos de la oposici¨®n, el chavismo, acorralado en su cerco diplom¨¢tico, ha tenido que ceder en varios aspectos. Se sent¨® en las negociaciones de M¨¦xico con la oposici¨®n, aunque las ha congelado tras la extradici¨®n a Estados Unidos de Alex Saab, el operador comercial del Gobierno para evadir las sanciones, tambi¨¦n se?alado como testaferro de Maduro. De hecho, las reformas en el sistema de justicia nacional formaban parte de la agenda en M¨¦xico. Ahora, el Gobierno se ha anticipado a hacerlas sin conciliar con la oposici¨®n para atenuar los se?alamientos de la CPI.

El Ejecutivo de Maduro se aferra a algunos hitos que atestiguan el viraje. En 2018, cuando el concejal opositor Fernando Alb¨¢n muri¨® al caer de un piso 10 de la sede del servicio de inteligencia, el fiscal Saab anticip¨® la tesis del suicidio. Hace cinco meses el funcionario se retract¨®, reconoci¨® que se hab¨ªa tratado de un asesinato y tres a?os despu¨¦s orden¨® la captura de los agentes que lo custodiaban. En esa misma declaraci¨®n, reconoci¨® como asesinatos los casos del capit¨¢n Rafael Acosta Ar¨¦valo, muerto producto de torturas, y de Juan Pablo Pernalete, impactado por el disparo de una lacrim¨®gena en las protestas de 2017.

Otro caso con el que el Gobierno intenta lavar su cara es el de David Vallenilla, otro joven muerto en las manifestaciones de hace cuatro a?os. A principios de octubre una jueza orden¨® la absoluci¨®n del sargento que le dispar¨®. La decisi¨®n fue apelada por la familia y el Ministerio P¨²blico y en tiempo r¨¦cord el militar fue condenado a 23 a?os de prisi¨®n.

En septiembre, con muy bajo perfil, tambi¨¦n comenzaron a producirse excarcelaciones de presos pol¨ªticos como el exdiputado Gilberto Sojo. Ese mismo mes, la Asamblea Nacional plegada al chavismo, dict¨® sin mayores consultas p¨²blicas un paquete de leyes que intentan cubrir los enormes baches que han dejado las violaciones de derechos humanos en el pa¨ªs. Algunos de los avances legislativos tienen que ver con la desmilitarizaci¨®n de la justicia o la posibilidad de que ONG de derechos humanos asuman la defensa de quienes denuncian haber sufrido alguna violaci¨®n de sus garant¨ªas fundamentales. Se incluye una reforma del C¨®digo Penal que recorta los lapsos judiciales para acelerar los procedimientos y pone un l¨ªmite de tres a?os al tiempo que una persona puede estar presa sin recibir condena.

¡°Si Venezuela fuese un pa¨ªs de leyes, estos cambios legislativos traer¨ªan alguna mejora al sistema de justicia. Estas modificaciones no apuntan al enorme paquidermo que no se atreven siquiera a mencionar: que en Venezuela no tenemos jueces ni imparciales ni independientes sino simples funcionarios que se limitan a cumplir ¨®rdenes¡±, se?ala un an¨¢lisis sobre las reformas de Acceso a la Justicia.

Se trata de un cambio radical en la postura del Gobierno de Maduro. La presi¨®n por los se?alamientos de la CPI parece ser su mayor encrucijada, un terreno en el que tiene poca capacidad de maniobra. M¨¢s all¨¢ de las consecuencias jur¨ªdicas de este proceso, que podr¨ªan tardar, el proceso en La Haya pone m¨¢s alto el cerco diplom¨¢tico que el Gobierno chavista intenta derribar principalmente con el levantamiento de sanciones, el restablecimiento de relaciones diplom¨¢ticas con la Uni¨®n Europea y el amago de la apertura comercial con Colombia.

Pese a esos esfuerzos, la reciente muerte del general Ra¨²l Isa¨ªas Baduel en prisi¨®n, sobre la que el fiscal Saab tambi¨¦n anticip¨® como causa de muerte el covid, una tesis que cuestiona su familia, ha agitado nuevamente la lucha de los presos pol¨ªticos. La d¨¦cima muerte de un preso pol¨ªtico custodiado por el Gobierno empa?a los movimientos con los que el chavismo busca levantar cabeza en los foros internacionales. Hace dos semanas, los familiares de presos pol¨ªticos protestaron para exigir que la CPI acelere su decisi¨®n sobre la apertura de una investigaci¨®n contra Maduro y otros altos cargos. La visita de Khan despierta expectativas.

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