Asesinados 17 l¨ªderes sociales en Colombia en el ¨²ltimo mes

Amnist¨ªa Internacional present¨® este mi¨¦rcoles un informe en el que se?alaba a Colombia como el pa¨ªs m¨¢s letal para los defensores de derechos humanos, con 13 asesinatos. Apenas un d¨ªa despu¨¦s la cifra hab¨ªa aumentado a 17 los l¨ªderes sociales acribillados en lo que va de 2022. M¨¢s de uno cada dos d¨ªas.

Herm¨¢n Naranjo Quintero fue uno de los ¨²ltimos. El pa¨ªs se enter¨® de su secuestro y asesinato en tiempo real a trav¨¦s de redes sociales. Minutos despu¨¦s de ser sacado de su casa en Arauca por hombres armados, su esposa public¨® un video pidiendo que le respetaran la vida. La Comisi¨®n de Paz del Senado se desplaz¨® hasta la zona para pedir su liberaci¨®n, la Fiscal¨ªa hizo lo mismo, pero el martes fue hallado muerto. Era un l¨ªder social afiliado a la Junta de Acci¨®n Comunal de Corocito en Tame, donde la guerrilla del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC libran una guerra que ha generado desplazamientos y asesinatos. ¡°Pedimos por favor que le respeten la vida, nosotros no tenemos nada que ver con esta guerra, solamente somos trabajadores¡±, suplicaba su esposa minutos despu¨¦s del secuestro, junto a sus dos hijos y los animales de fondo.

Con unas horas de diferencia mataron a Julio C¨¦sar Bravo. Su imagen con el sombrero tradicional se ve en las redes sociales de Indepaz, la ONG que religiosamente cuenta d¨ªa a d¨ªa los asesinatos de estos defensores. Con un triste n¨²mero 15 aparece Bravo, que era el presidente del Concejo de C¨®rdoba, en el departamento de Nari?o, al sur del pa¨ªs, y l¨ªder del Resguardo Ind¨ªgena de Males. El concejal fue asesinado el 1 de febrero en la vereda Guitungal, de su pueblo, cuando un hombre le dispar¨® sin mediar palabra. En la zona, como en muchos rincones de Colombia, grupos de disidencias, bandas de narcotr¨¢fico y de la guerrilla del ELN se disputan los territorios y asesinan a estos l¨ªderes.

¡°Es muy dif¨ªcil saber con detalle lo que sucede, identificar los autores, las circunstancias en que se dan los asesinatos porque existe un patr¨®n de impunidad¡±, dice Rodrigo Sales, investigador para la situaci¨®n de personas defensoras en las Am¨¦ricas, de Amnist¨ªa Internacional.

Otro de los patrones que han identificado en el pa¨ªs, explica el investigador, es la desprotecci¨®n o, en muchos casos, las medidas inadecuadas para el tipo de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos. ¡°En el caso de Colombia y en pa¨ªses como M¨¦xico, Honduras o Guatemala los esquemas de protecci¨®n fueron dise?ados con la idea de otorgar medidas materiales, es decir chalecos, coches blindados. Esas medidas funcionar¨ªan en un contexto urbano, pero en uno campesino e ind¨ªgena no son adecuados¡±.

El caso de Luz Marina Arteaga, defensora de derechos humanos de comunidades campesinas del Meta, asesinada el 17 de enero despu¨¦s de cinco d¨ªas de estar desaparecida, es ejemplo de ese riesgo. La lideresa ten¨ªa medidas de protecci¨®n de la Unidad Nacional de Protecci¨®n desde abril de 2019. Sin embargo, ¡°las medidas otorgadas, mayormente de car¨¢cter material, no mitigaban el riesgo que enfrentaba¡± y en 2020 hab¨ªa comunicado a la Unidad Nacional de Protecci¨®n que ¡°una de las medidas no era culturalmente adecuada a la regi¨®n que ella viv¨ªa¡±.

Sales afirma que otro error de esas medidas es que tienen un enfoque individual y no colectivo. ¡°Colombia a¨²n no ha entendido o implementado medidas con esa dimensi¨®n colectiva, entonces lo que pasa es que asesinan un l¨ªder o una lideresa social y la comunidad escoge otro l¨ªder y vuelve a ocurrir. Eso implica que personas que no cuentan con protecci¨®n, porque en ese momento no tienen el liderazgo principal aunque s¨ª son defensores de derechos humanos, est¨¢n expuestos a morir¡±.

Los l¨ªderes asesinados en Colombia tienen una lucha en com¨²n: se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Los afrodescendientes, las mujeres y los ind¨ªgenas son los m¨¢s vulnerables. ¡°El Gobierno no ve en los l¨ªderes sociales una fortaleza para la paz, sino que los estigmatiza y eso hace que el liderazgo social sea visto con reserva, calificado como posible c¨®mplice¡±, explica Camilo Gonz¨¢lez Posso, presidente del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).

La escalada de violencia se concentra en las fronteras, tanto con Venezuela, como con Per¨² y Ecuador, pero tambi¨¦n afecta la regi¨®n del Cauca, en el suroriente del pa¨ªs. En esta ¨²ltima regi¨®n, el 24 de enero fue asesinado Albeiro Camayo G¨¹etio, l¨ªder de la guardia ind¨ªgena en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires. De acuerdo con la informaci¨®n del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (TDVD), Albeiro Camayo muri¨® cuando presuntos miembros de un grupo paramilitar dispararon en contra de la comunidad despu¨¦s de que la guardia ind¨ªgena les expulsara del territorio. Tambi¨¦n en esta zona fue asesinado Breiner David Cucu?ame, un ni?o ambientalista de 14 a?os, en un ataque a la guardia ind¨ªgena.

¡°Hay una exacerbaci¨®n de la violencia y varias din¨¢micas: por un lado, la disputas entre disidencias y grupos residuales en las zonas de frontera; en el caso de Arauca, el ELN ve disputado un territorio estrat¨¦gico tanto en Colombia como en Venezuela y reacciona con una campa?a de atentados. Esto sumado a que la Fuerza p¨²blica est¨¢ desplegando una fuerte iniciativa militar en los territorios de frontera¡±, explica Posso, para quien en el centro de la crisis humanitaria est¨¢ el incumplimiento del acuerdo de paz por parte del Gobierno de Iv¨¢n Duque. ¡°La de este Gobierno es una seguridad para la guerra¡±, agrega.

En medio de ese ambiente de intimidaci¨®n preocupa la escalada de violencia que pueda darse en la ¨¦poca electoral que se avecina en Colombia y que contin¨²e el asesinato de l¨ªderes sociales. Como el que acaba de ocurrir mientras escribimos este art¨ªculo. La nueva v¨ªctima es Juan Carlos Nieto Calvario, l¨ªder de Cabuyaro, en la regi¨®n del Meta. ¡°Con Juan Carlos ser¨ªan 17 los l¨ªderes y defensores de DDHH asesinados en 2022 y 1.303 desde la firma del acuerdo de paz¡±, informa Indepaz en su cuenta de Twitter, que se ha convertido en un contador de muertes incesantes en el pa¨ªs.

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