Como cualquier campesino, Emil Rojas y su sobrino Jonathan comenzaron su jornada el 31 de enero apenas sali¨® el sol. Fueron a encender la bomba del potrero para que el ganado tomara agua, pisaron una mina y sus cuerpos volaron en mil pedazos. Son dos de las ocho muertes de civiles reportadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en los ¨²ltimos d¨ªas. Las primeras que se registran en mucho tiempo a causa de la explosi¨®n de minas antipersona en el Alto Apure, una poblaci¨®n al sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, escenario de una guerra entre distintos grupos irregulares y el Ej¨¦rcito venezolano.

En las comunidades de El Amparo, La Victoria, Ca?o La Colorada, Picas de Orichuna, asentadas en ese borde fluvial del Arauca, hay miedo. Nadie que viva en esos caser¨ªos, sometidos a las leyes de grupos al margen de la ley, quiere hablar. ¡°Hay mucho temor, los productores no quieren entrar a sus fincas, algunos han cruzado a Colombia para resguardarse¡±, dice Andr¨¦s Calder¨®n, presidente de la Asociaci¨®n de Ganaderos de Apure, basada en la capital de ese mismo Estado llanero, separada por m¨¢s de 400 kil¨®metros de la caliente frontera. La producci¨®n en el campo ha sufrido desde hace a?os la crisis econ¨®mica venezolana y el conflicto armado es un lastre m¨¢s para estos pueblos. ¡°De esa zona no est¨¢ saliendo nada de producci¨®n, ya nadie orde?a ni siembra¡±, agrega Calder¨®n.

Con el recrudecimiento de los enfrentamientos en la zona y el desplazamiento cada vez mayor de las guerrillas hacia el lado venezolano, las minas antipersona son una nueva preocupaci¨®n. En el corredor fronterizo del Arauca, la tensi¨®n entre el la guerrilla del ELN (Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional), la Segunda Marquetalia y el D¨¦cimo Frente de las disidencias de la antigua FARC -que no sumaron a los Acuerdos de Paz de Colombia en 2016- pas¨® de asesinatos selectivos a combates donde la poblaci¨®n civil es la m¨¢s afectada, advierte el Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes, una organizaci¨®n que ha documentado el conflicto y cuyo director, Javier Tarazona, permanece detenido por autoridades venezolanas desde el a?o pasado por denunciar la situaci¨®n. ¡°El fallecimiento de dos campesinos de La Victoria, miembros de una misma familia, como consecuencia de la explosi¨®n de minas antipersonales, ha causado consternaci¨®n y terror, pues ahora temen salir a sus predios a realizar las faenas de campo¡±, advirti¨® la organizaci¨®n esta semana.

El Gobierno ha informado de que hab¨ªan desactivado m¨¢s de 900 minas de fabricaci¨®n casera, llamadas ¡°quiebrapatas¡±. El a?o pasado informaron sobre otras 100 minas destruidas y pidieron colaboraci¨®n t¨¦cnica a Naciones Unidas para el desminado. Las im¨¢genes difundidas por las autoridades venezolanas muestran que los artefactos son fabricados con bombonas de gas, un bien escaso en el pa¨ªs donde la gente ha tenido que recurrir a le?a para cocinar por las fallas en las dotaciones del combustible.

¡°Los grupos armados al margen de la ley est¨¢n sembrando minas que son un medio terror¨ªfico muy barato. Pero llama la atenci¨®n que se est¨¦n usando bombonas o cilindros de gas, no solo por su costo sino por el volumen que ocupan¡±, se?ala Roc¨ªo San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, que hace seguimiento al sector militar.

Desde 1999 Venezuela forma parte de la Convenci¨®n de Otawa sobre la prohibici¨®n del empleo, almacenamiento, producci¨®n y transferencia de minas antipersona y su destrucci¨®n. Hace casi 20 a?os se report¨® un incidente con minas en el que un joven perdi¨® la pierna en Guafitas, en Apure. En 2013 el pa¨ªs fue certificado como un pa¨ªs libre de minas, tras haber retirado las 1.074 que el Estado venezolano reconoci¨® que hab¨ªa colocado en seis puestos navales fronterizos de Apure y Amazonas entre 1995 y 1997, como parte de su arsenal de defensa. San Miguel se?ala que hay dudas sobre si todas fueron retiradas, porque en las crecidas de los r¨ªos algunas fueron arrastradas y no han sido localizadas. En 2018 dos militares murieron por la explosi¨®n de una en la regi¨®n del Catatumbo, en la frontera occidental del Estado Zulia. Con los ¨²ltimos incidentes en la regi¨®n del Arauca, Venezuela ha dejado de estar libre de minas.

Entre marzo y abril del a?o pasado una escalada en el conflicto desplaz¨® a m¨¢s de 6.000 residentes hacia Colombia, huyendo de la violencia. El Gobierno venezolano activ¨® una operaci¨®n militar para la que moviliz¨® tropas, veh¨ªculos blindados y aviones con el objetivo de combatir a los grupos armados al margen de la ley. El balance no fue positivo. Adem¨¢s de los miles de desplazados, murieron 16 militares -dos de ellos por la explosi¨®n de una mina- y ocho fueron capturados como prisioneros de guerra por una de las disidencias de las FARC y liberados luego de negociaciones. Una tensa calma se mantuvo durante el resto a?o, pero apenas comenz¨® 2022 el Ej¨¦rcito venezolano volvi¨® a desplegarse para combatir. Del otro lado del Arauca, Colombia orden¨® militarizar la zona en respuesta al recrudecimiento de la guerra entre el ELN y las disidencias por el control del territorio y las rentas ilegales que han dejado decenas de asesinados en lo que va de a?o y provocado una crisis humanitaria en esa regi¨®n.

?Qui¨¦n es el enemigo?

El Gobierno venezolano ha evitado nombrar directamente a las guerrillas que han penetrado en el pa¨ªs. En la operaci¨®n militar de hace un a?o los llamaban Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas. La ¨²ltima denominaci¨®n la invent¨® el propio Maduro durante una alocuci¨®n televisiva en septiembre pasado. A todo al que combaten en el sur de Venezuela lo llaman Tancol, el acr¨®nimo de Terrorista Armado Narcotraficante Colombiano, con el que una y otra vez el mandatario reitera su tesis de que el Gobierno vecino es su principal enemigo.

Para San Miguel se trata de una denominaci¨®n inadecuada. ¡°No son grupos de narcotraficantes solamente, pues hay otros tipos de traficantes, no es solamente colombiano, porque hay evidencia de que tambi¨¦n est¨¢n conformados por venezolanos¡±, apunta. La especialista a?ade que parece ¡°recurrente la omisi¨®n de las autoridades venezolanas de actuar contra el ELN presente en la zona¡±, algo que han denunciado organizaciones como Insight Crime y el mismo presidente Iv¨¢n Duque. ¡°No hay solo dos contendores en este complejo conflicto. Si favoreces a uno, esto va a ser respondido con retaliaciones de los otros grupos contra los m¨¢s vulnerables, que son la poblaci¨®n civil¡±, se?ala.

Esta pugna m¨²ltiple es lo que ha incrementado la tensi¨®n en los ¨²ltimos meses, para la que no parece no haber una salida clara a mediano plazo, sobre todo porque no hay comunicaci¨®n entre los gobiernos de ambos pa¨ªses. ¡°Es un conflicto acotado en el espacio, pero con todas las caracter¨ªsticas de un conflicto armado¡±, advierte San Miguel. ¡°Este es un corredor fronterizo hist¨®rico usado por los grupos armados por 40 a?os que ya saben c¨®mo moverse de un lado y otro y tienen gran capacidad de aterrizar y cooptar pobladores. Sin cooperaci¨®n militar entre Venezuela y Colombia no se va a resolver el problema¡±.

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