Daniel Ortega amenaza con juzgar a los sacerdotes cr¨ªticos con su r¨¦gimen en Nicaragua

El presidente Daniel Ortega ha lanzado una cruzada personal contra la Iglesia de Nicaragua. La Asamblea Nacional, controlada por el mandatario, ha aprobado este mi¨¦rcoles un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes del pa¨ªs de participar en un intento de golpe de Estado y de expresarse con ¡°odio y sa?a¡± contra los simpatizantes del Gobierno. En el texto legislativo se recomienda juzgar a los religiosos que hayan apoyado las manifestaciones de 2018 ¡ªcuando hubo un estallido social que exig¨ªa el fin del mandato del exguerrillero sandinista¡ª, y confiscar los bienes de la Iglesia. ¡°Deber¨ªan ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras los religioso¡± para apoyar las protestas, se recomienda en el documento.

Ortega ha desatado una brutal cacer¨ªa contra las voces cr¨ªticas. Este jueves fue sentenciado por delitos relacionados con ¡°traici¨®n a la patria¡± el exdiplom¨¢tico y exsacerdote dicocesano Edgar Parrales, que en su juventud defendi¨® la Teolog¨ªa de la Liberaci¨®n y apoy¨® la revoluci¨®n sandinista. Una jueza de Managua lo declar¨® culpable el 27 de abril en un juicio considerado espurio por organizaciones de derechos humanos. En el juicio, a cargo de la jueza Nadia Tardencilla, el exembajador de Nicaragua ante la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) durante el Gobierno revolucionario de los ochenta afirm¨® ser inocente. ¡°Me avala una historia de vida y de compromiso en la defensa de Nicaragua¡±, afirm¨® Parrales, quien, a sus 79 an?os, es el preso pol¨ªtico de mayor edad.

La Iglesia de Nicaragua se ha mostrado unida frente al r¨¦gimen de Ortega, al que critica por violaciones a los derechos humanos. Durante las manifestaciones de 2018, los sacerdotes usaron los templos para proteger a los manifestantes frente a la brutal represi¨®n del r¨¦gimen, que dej¨® m¨¢s de 350 muertos, seg¨²n la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este pa¨ªs centroamericano, los p¨²lpitos se han convertido en una trinchera desde la que los sacerdotes denuncian los abusos de poder y en sus mensajes llaman a la poblaci¨®n a mantenerse firme frente a la opresi¨®n gubernamental.

En el informe aprobado el mi¨¦rcoles, los diputados se comprometen a revisar el C¨®digo Penal para incluir en las penas a los religiosos que consideran que participaron promoviendo las manifestaciones o que con sus sermones ¡°infunden odio¡± entre la poblaci¨®n. El documento se basa, seg¨²n los legisladores, en los testimonios de quienes consideran v¨ªctimas de aquellas protestas, principalmente simpatizantes del Gobierno. No incluye a los familiares de los asesinados por el r¨¦gimen, principalmente las madres que desde 2018 se han organizado para exigir justicia, dado que la mayor¨ªa de los muertos son j¨®venes estudiantes. ¡°Las v¨ªctimas pidieron que las penas sean m¨¢s severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista¡±, establece el informe. La Iglesia nicarag¨¹ense no se ha pronunciado sobre este documento.

Arremetida contra organizaciones civiles

En la misma sesi¨®n del mi¨¦rcoles, la Asamblea tambi¨¦n prohibi¨® 50 organizaciones de la sociedad civil, al considerar que no han rendido cuentas al Gobierno bajo los t¨¦rminos de una ley que las declara como ¡°agentes extranjeros¡±. Seg¨²n esa legislaci¨®n, todas las organizaciones que reciben fondos del exterior deben declarar c¨®mo estos son utilizados so pena de perder sus registros. Son organismos que ¡°no quieren rendir cuentas, no quieren decir de d¨®nde vienen sus fondos, de qu¨¦ pa¨ªses¡±, ha dicho el diputado Filiberto Rodr¨ªguez, quien presidente la llamada comisi¨®n de Defensa y Gobernaci¨®n del Parlamento.

Entre las organizaciones que han sido canceladas hay varias que trabajan por los derechos de las mujeres y la poblaci¨®n LGBTI, como el programa regional feminista La Corriente. Mar¨ªa Teresa Bland¨®n, directora de la organizaci¨®n, ha explicado a la revista Confidencial que el r¨¦gimen ¡°no tiene ning¨²n asidero leg¨ªtimo para intentar intervenir y controlar las din¨¢micas de las organizaciones de la sociedad civil¡± y ha afirmado que en Nicaragua se vive ¡°en un estado policial¡±. Con la decisi¨®n del mi¨¦rcoles, ya son 200 organizaciones ilegalizadas en Nicaragua, entre ellas media docena de universidades que fueron el basti¨®n de las protestas estudiantiles de 2018

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