La impunidad cubre a los muertos y heridos de las protestas de 2019 en Ecuador

Patricia Mosquera no olvida la ansiedad que vivi¨® al llegar al hospital. Una llamada le hab¨ªa alertado que su hermano, ?dison, hab¨ªa ca¨ªdo herido en la jornada de protestas que vivi¨® Quito el 7 de octubre de 2019. ¡°Sab¨ªamos que ¨¦l estaba mal, pero no sab¨ªamos cu¨¢l era la magnitud¡±, recuerda. Los doctores entraban y sal¨ªan apresurados de la sala hospitalaria hasta que llamaron a Patricia para decirle que ?dison hab¨ªa recibido un impacto de proyectil en el lado izquierdo de la cabeza, en la parte baja del o¨ªdo. Cinco d¨ªas despu¨¦s ?dison muri¨®, a los 30 a?os de edad, cuando un tercer paro cerebral lo fulmin¨®. Hoy, Patricia sabe que la munici¨®n que caus¨® la muerte de su hermano fue un perdig¨®n de goma. ¡°?C¨®mo una bala de goma puede entrar da?ando tanto, aloj¨¢ndose de esta manera? ?Una bala de goma! ?Si es un arma no letal!¡±, cuestiona.

En esas manifestaciones hubo seis muertos, de acuerdo con el informe de la Comisi¨®n Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), que fue conformada por la Defensor¨ªa del Pueblo y que tom¨® como referencia una investigaci¨®n de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. Este equipo confirm¨® que cuatro de esas muertes habr¨ªan sido causadas por el impacto de municiones no letales. Tambi¨¦n verific¨® que 22 personas nombradas en el informe de la CEVJ sufrieron lesiones f¨ªsicas permanentes y de largo plazo provocadas por ese mismo tipo de municiones. La mayor¨ªa perdi¨® un ojo, qued¨® ciega o tuvo fracturas del cr¨¢neo que generaron alg¨²n tipo de discapacidad. La Polic¨ªa, por su parte, cont¨® 470 polic¨ªas agredidos y 208 uniformados secuestrados. Fueron las manifestaciones m¨¢s violentas de los ¨²ltimos 15 a?os.

Las estad¨ªsticas de la Fiscal¨ªa reflejan el nivel de impunidad detr¨¢s de la violencia de octubre de 2019. Esta instituci¨®n recibi¨® 743 denuncias relacionadas con esas protestas, la mayor parte por da?o de bienes, pero solo en 66 casos ha habido personas procesadas. Hasta el momento, 19 han recibido sentencia condenatoria. Documentos oficiales muestran que las agresiones contra los manifestantes se dieron en medio de un desabastecimiento de bombas lacrim¨®genas y balas de goma, lo que dio lugar a contratos p¨²blicos opacos que no constan en el portal de Compras P¨²blicas ni en las p¨¢ginas de transparencia de las instituciones gubernamentales. Adem¨¢s, la Polic¨ªa ecuatoriana cont¨® con la ayuda de sus pares de Colombia y Per¨² para abastecerse de municiones no letales, pr¨¦stamos que no hab¨ªan sido revelados antes.

Un mes despu¨¦s de la crisis, el Gobierno ecuatoriano prest¨® a Bolivia ese mismo tipo de material para contener las protestas desencadenadas por la salida del expresidente Evo Morales y la llegada de un gobierno de transici¨®n encabezado por la segunda vicepresidenta de la C¨¢mara de Senadores, Jeanine ??ez, municiones que no han sido devueltas. Por este pr¨¦stamo existe un proceso penal en Bolivia, mientras que en Ecuador hay una indagaci¨®n previa y un examen especial de la Contralor¨ªa General del Estado en marcha.

Estos son algunos de los hallazgos de la investigaci¨®n El negocio de la represi¨®n, en la que participaron El Universo de Ecuador, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, el Centro Latinoamericano de Investigaci¨®n Period¨ªstica (CLIP) y otros nueve medios de la regi¨®n.

Municiones para una semana

El entonces presidente de Ecuador, Len¨ªn Moreno, apareci¨® en cadena nacional la noche del 1 de octubre de 2019 para informar de la anulaci¨®n del subsidio a la gasolina extra y al di¨¦sel, los combustibles m¨¢s utilizados en el pa¨ªs. La pens¨® como una medida que le ahorrar¨ªa al fisco unos 1.400 millones de d¨®lares anuales. A la ma?ana siguiente, los transportistas anunciaron un paro nacional, mientras las organizaciones sociales se preparaban para las movilizaciones. La Confederaci¨®n de Nacionalidades Ind¨ªgenas del Ecuador, Conaie, comenz¨® ese mismo d¨ªa las protestas en las comunidades y advirti¨® que los manifestantes se trasladar¨ªan a Quito.

Los polic¨ªas tambi¨¦n se alistaban. La Direcci¨®n General de Log¨ªstica de la Polic¨ªa Nacional, al mando del general Fernando Correa Gordillo, inform¨® a la entonces ministra de Gobierno, Mar¨ªa Paula Romo, que hab¨ªa gases lacrim¨®genos para contener una semana de protestas, seg¨²n cont¨® ella a este diario. Un informe policial se?ala que antes de las protestas, la Polic¨ªa ten¨ªa 5.200 unidades de gases lacrim¨®genos, entre granadas de mano y cartuchos de largo y corto alcance. El documento hace referencia a una gran compra de ese material realizada en febrero de 2019. Sin embargo, no hay rastro de esa adquisici¨®n en el portal de Compras P¨²blicas, tampoco en las p¨¢ginas de transparencia del Ministerio de Gobierno y la Polic¨ªa. El Universo solicit¨® la informaci¨®n a esta cartera y al reci¨¦n creado Ministerio del Interior, pero no recibi¨® respuesta. La directora del Servicio Nacional de Contrataci¨®n P¨²blica (Sercop), Mar¨ªa Sara Jij¨®n, tampoco acept¨® una entrevista.

El caos inici¨® el 3 de octubre. En medio del paro nacional de transportistas, se reportaron intentos de saqueo a locales comerciales en Guayaquil. Frente a ello, el Gobierno anunci¨® un estado de excepci¨®n de 60 d¨ªas. Los transportistas alzaron el paro dos d¨ªas despu¨¦s. Los estudiantes, trabajadores, gremios sociales e ind¨ªgenas tomaron la posta. La Conaie asumi¨® el liderazgo de las protestas.

El 5 de octubre, el Gobierno instal¨® un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Comandancia General de la Polic¨ªa para administrar los recursos que servir¨ªan para contener la violencia. Los ind¨ªgenas llegaron a la capital el 7 de octubre en medio de desmanes. Un destacamento policial y una tanqueta del Ej¨¦rcito fueron incendiados. Los dirigentes de la Conaie responsabilizaron de esos hechos a supuestos infiltrados.

Ese d¨ªa, ?dison Mosquera protestaba en el sector de Cumand¨¢, en el Centro Hist¨®rico de Quito. Una c¨¢mara de seguridad grab¨® el momento en que los polic¨ªas avanzaron hacia los manifestantes y ¨¦l cay¨®. Patricia Mosquera vio esas im¨¢genes meses despu¨¦s. Vio que su hermano se levant¨® y recogi¨® algo del piso, vio que un polic¨ªa lo golpe¨® y que dos m¨¢s se unieron a la agresi¨®n, vio que su hermano cay¨® de nuevo y que uno de los polic¨ªas le dispar¨® directamente. Tras el ataque, fue llevado a un hospital.

Ese mismo d¨ªa, el presidente Moreno traslad¨® la sede del Gobierno a Guayaquil. Por la tarde se report¨® la primera muerte en las protestas. Era un joven que hab¨ªa ca¨ªdo de un puente en la capital durante una persecuci¨®n policial. El 8 de octubre, manifestantes ind¨ªgenas intentaron tomar las instalaciones del palacio de la Asamblea Nacional, que en esos d¨ªas se manten¨ªa en suspenso. Los militares los desalojaron en medio de los desmanes. Romo dir¨ªa semanas despu¨¦s que esa toma fue parte de un plan para derrocar al presidente Moreno e instalar una Asamblea Constituyente.

Colombia y Per¨² vinieron al auxilio

Tras una semana de caos, los recursos policiales empezaron a mermar. Colombia y Per¨² acudieron al auxilio del Gobierno ecuatoriano. Romo cont¨® que llam¨® por tel¨¦fono a sus pares de Colombia y Per¨² para solicitarles gases lacrim¨®genos en pr¨¦stamo. La exministra recuerda que convers¨® con Guillermo Botero Nieto, el entonces ministro de Defensa colombiano y hoy embajador de ese pa¨ªs en Chile. No conserva en su memoria con qu¨¦ autoridad peruana trat¨®.

La exministra sostiene que esos pr¨¦stamos se hicieron en virtud de acuerdos de cooperaci¨®n en el marco de Ameripol, un organismo que re¨²ne a 35 instituciones policiales de la regi¨®n, y que sus llamadas a los ministros fueron m¨¢s por un gesto diplom¨¢tico, para informarles que el comandante ecuatoriano se pondr¨ªa en contacto con sus pares de Colombia y Per¨² para gestionar los pr¨¦stamos. ¡°Es un tema de cooperaci¨®n entre polic¨ªas (...). No recuerdo que el presidente (Len¨ªn Moreno) haya hecho o haya tenido que hacer una llamada¡±, afirm¨® Romo.

Un informe del PMU instalado en la Comandancia policial ecuatoriana, que meses despu¨¦s llegar¨ªa a la Asamblea Nacional, detall¨® el material que la Polic¨ªa de Colombia entreg¨® el 9 y el 10 de octubre: 7.140 cartuchos calibre 37 mm, 2.000 calibre 40 mm, 8.000 granadas de mano trif¨¢sica, 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles lanzagases. El material era de fabricaci¨®n estadounidense, de las marcas Combined Systems y Safariland, seg¨²n corrobora otro documento del Ministerio de Gobierno al que tuvo acceso El Universo.

La Polic¨ªa Nacional colombiana confirm¨® a este equipo el pr¨¦stamo a su par en Ecuador, explicando que lo hizo en virtud de un memorando de entendimiento de cooperaci¨®n en seguridad que existe entre los dos pa¨ªses desde diciembre de 2018. En su respuesta, la Polic¨ªa colombiana explic¨® que las condiciones para el pr¨¦stamo inclu¨ªan que su par ecuatoriano pusiera en marcha ¡°medidas que permitan hacer trazabilidad a los elementos¡± y que, bajo ninguna circunstancia, podr¨ªa ¡°ceder ni transferir ni dar una destinaci¨®n diferente¡± a esos equipos.

Su cuadro del material prestado es casi id¨¦ntico al que registran los documentos ecuatorianos, salvo que los describe todos como de la marca estadounidense Combined Systems (a excepci¨®n de los diez fusiles lanzagases, cuyo fabricante Ecuador no identificaba y que en Colombia fueron descritos como hechos por la empresa brasile?a Condor). Y estableci¨® un plazo de devoluci¨®n m¨¢ximo del 31 de diciembre de 2020.

El Gobierno colombiano inform¨® que fue una ayuda ¨²nica. ¡°No ha habido ning¨²n otro pr¨¦stamo de armamento no letal, tampoco de elementos de consumo, a otros cuerpos policiales o militares de alg¨²n pa¨ªs de Am¨¦rica Latina en los a?os 2018 a 2022¡å, dijo en su respuesta el general Henry Sanabria Cely, director administrativo y financiero de la Polic¨ªa colombiana. En cambio, el informe del PMU en Ecuador no menciona nada sobre el material entregado por Per¨². Una fuente que trabaj¨® junto a la exministra Romo durante las protestas dijo a El Universo que ese material fue donado, no prestado. No recordaba si estaba a punto de caducar o ya estaba caducado.

Romo expres¨® desconocer el asunto. ¡°Estoy casi segura de que fue donaci¨®n. No s¨¦ si es que hubo una parte que era donaci¨®n y una parte que era pr¨¦stamo. Tendr¨ªa que verificar en los documentos (...) No conozco los detalles, peor a¨²n la motivaci¨®n para donar, pero si Per¨² ten¨ªa m¨¢s material o ya hab¨ªa contratado un recambio, tal vez para Per¨² era una opci¨®n donar¡±, asegur¨® Romo.

Tras la entrevista, la exministra entreg¨® un detalle del material que prest¨® Per¨²: 1.000 granadas lacrim¨®genas, 5.000 cartuchos lacrim¨®genos de calibre 37 mm y 6.000 cartuchos de perdigones de goma. El portal IDL-Reporteros, de Per¨², confirm¨® para esta investigaci¨®n la entrega de municiones no letales a Ecuador. El expresidente Mart¨ªn Vizcarra afirm¨® a ese medio que ¡°hubo un acuerdo directo entre las direcciones generales de la Polic¨ªa entre Per¨² y Ecuador. Este fue el ¨²nico pr¨¦stamo interinstitucional. La idea era que se devuelva inmediatamente apenas llegara el material que compr¨® ese pa¨ªs¡±. Esto coincide con el informe del PMU ecuatoriano, que indica que el 9 de octubre el Ministerio de Gobierno adquiri¨® municiones no letales de calibre 12 mm: 1.800 perdigones de goma, 375 saquetes (bean bag) y 375 municiones de gas lacrim¨®geno. Sin embargo, un contrato de esas caracter¨ªsticas tampoco aparece en el portal de Compras P¨²blicas ni en la p¨¢gina de ese Ministerio.

El informe del PMU est¨¢ firmado por el general Patricio Carrillo Rosero, actual ministro del Interior, que en ese entonces se desempe?aba como director general de Operaciones, y once oficiales m¨¢s. El Universo le solicit¨® una entrevista para este reportaje, pero no obtuvo respuesta.

La violencia escal¨®

Mientras la Polic¨ªa se reabastec¨ªa de material, la violencia escalaba en Quito. La noche del 9 de octubre muri¨® el l¨ªder ind¨ªgena de Cotopaxi Inocencio Tucumbi. Su hijo Gustavo, de 34 a?os, sostiene que hubo testigos de cuando los polic¨ªas acorralaron a Inocencio y a otros manifestantes y este recibi¨® un impacto de bomba lacrim¨®gena en la frente.

La versi¨®n oficial asegura, en cambio, que Inocencio cay¨® de un muro, algo que Romo sostiene hasta ahora. Uno de sus fundamentos es el resultado de autopsia que, seg¨²n ella, concluy¨® que el trauma craneoencef¨¢lico se debi¨® a una precipitaci¨®n. ¡°Mi padre no se cay¨®. La marca de la bomba en las fotos es clara en la frente, ese impacto no fue de una ca¨ªda¡±, reitera Gustavo. Sin embargo, las investigaciones judiciales no han dado la raz¨®n a ninguna de las dos partes, pues la causa de la muerte a¨²n es incierta.

El f¨¦retro fue velado al d¨ªa siguiente en el ?gora de la Casa de la Cultura, en el centro norte de Quito, donde se concentraban los manifestantes. En ese acto, cientos de ind¨ªgenas bajo el liderazgo de Jaime Vargas, presidente de la Conaie, retuvieron a diez polic¨ªas y a varios periodistas que realizaban sus coberturas.

Uno de estos, Freddy Paredes, de la cadena Teleamazonas, recibi¨® un piedrazo en la cabeza de un manifestante cuando caminaba por la calle, luego de haber logrado negociar su liberaci¨®n. El periodista cay¨® al piso inconsciente. Como producto de la agresi¨®n tuvo que ser operado de la clav¨ªcula. El agresor, Juan Manuel Guacho, que era empleado eventual del Consejo Nacional Electoral, fue condenado a cuatro meses y medio de prisi¨®n y a cancelar una reparaci¨®n de 2.000 d¨®lares, que nunca pag¨®, indic¨® Paredes.

La muerte de Inocencio Tucumbi no par¨® la violencia. El 11 de octubre, Francisco Tapia Vega (de 26 a?os) acudi¨® a las protestas para brindar comida a los manifestantes. Estaba a unas cinco cuadras del ?gora, en las calles Sodiro y Gran Colombia, cuando recibi¨® impactos de perdigones en la cara. Perdi¨® la vista del ojo derecho, pues a¨²n se aloja ah¨ª una de esas municiones y no cuenta con los recursos para costear la operaci¨®n.

Ninguna investigaci¨®n judicial se ha abierto por este caso, por lo que se desconoce de d¨®nde provinieron los perdigones. Francisco, sin embargo, dice tener la certeza de que fue la Polic¨ªa. Ni ¨¦l ni sus familiares pusieron la denuncia por desconocimiento. Dicen que cuando se enteraron de que deb¨ªan realizar ese tr¨¢mite, el plazo ya hab¨ªa pasado.

El 12 de octubre la violencia era incontenible. En medio de las manifestaciones, encapuchados incendiaron el edificio de la Contralor¨ªa General del Estado y las instalaciones del canal Teleamazonas. La tarde de ese d¨ªa, el presidente Moreno decret¨® el toque de queda y la militarizaci¨®n de Quito. Horas m¨¢s tarde, anunci¨® que revisar¨ªa el Decreto 833, que elimin¨® el subsidio de la gasolina extra y el di¨¦sel. Esto dio paso al di¨¢logo con la Conaie.

Luego de una tregua, el Gobierno y los l¨ªderes ind¨ªgenas se reunieron la noche del 13 de octubre, mediados por la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Acordaron crear una comisi¨®n que elaborar¨ªa un nuevo decreto en reemplazo del 833.

Control con bombas caducadas

Fueron 11 d¨ªas de caos. Semanas despu¨¦s, en una entrevista con el medio digital La Posta, la ministra de Gobierno, Mar¨ªa Paula Romo, contaba m¨¢s d¨ªas de crisis, 20 en total tomando en cuenta manifestaciones previas. En ese di¨¢logo, Romo reconoci¨® que la Polic¨ªa hab¨ªa usado gases lacrim¨®genos caducados para repeler las protestas, como ya se hab¨ªa denunciado en redes sociales. ¡°Usamos tambi¨¦n las bombas que estaban caducadas (...). Est¨¢bamos en medio de una emergencia y hab¨ªa que usar lo que ten¨ªamos a la mano. Por cierto, las bombas caducadas no son m¨¢s perjudiciales. Las bombas caducadas son menos efectivas¡­ Hacen llorar menos¡±, justific¨®.

Estas declaraciones le costar¨ªan la censura y la destituci¨®n un a?o despu¨¦s, como resultado de un juicio pol¨ªtico tramitado en la Asamblea Nacional. El uso de gas lacrim¨®geno caducado fue una de las tres causales para la resoluci¨®n. En el juicio pol¨ªtico no se pudo establecer la marca de las bombas caducadas ni su origen. No se sabe si vinieron de Colombia, de Per¨² o si fueron compradas directamente por el Gobierno ecuatoriano. Tampoco qued¨® claro si el uso de bombas vencidas puede provocar da?os a la salud.

Los asamble¨ªstas interpelantes presentaron un art¨ªculo publicado por la agencia de noticias cient¨ªficas de la Universidad Nacional de San Mart¨ªn, de Argentina, que asegura que el gas caducado se convierte en t¨®xico potencialmente mortal. En su descargo, Romo present¨® un informe de la fabricante ecuatoriana Santa B¨¢rbara, una empresa p¨²blica que sigue los lineamientos del Ministerio de Defensa, que afirma que ¡°el uso de bombas lacrim¨®genas caducadas no causa da?o a la salud¡±.

El mismo documento suger¨ªa que para verificar el uso seguro de las bombas caducadas era necesario realizar un an¨¢lisis qu¨ªmico, que no fue practicado. De acuerdo con Anna Feigenbaum, profesora de la Universidad de Bournemouth (de Reino Unido), quien ha investigado durante a?os sobre esta industria, el uso de bombas lacrim¨®genas luego de su fecha de vencimiento podr¨ªa poner en peligro a los propios polic¨ªas, ya que el mecanismo para activar el artefacto puede fallar provocando una explosi¨®n. (Enlace a la nota de Efecto Cocuyo).

Las bombas se fueron a Bolivia (mientras Colombia ped¨ªa las suyas)

En la misma entrevista en la que Romo reconoci¨® que se usaron bombas caducadas se refiri¨® a la crisis pol¨ªtica que atravesaba Bolivia, pues d¨ªas antes Evo Morales hab¨ªa renunciado al poder.

Cuatro d¨ªas despu¨¦s de esas declaraciones, el 16 de noviembre de 2019, Romo envi¨® un oficio al entonces ministro de Defensa boliviano, Luis Fernando L¨®pez Julio, indicando su aceptaci¨®n de prestarle material antidisturbios para repeler las protestas en su pa¨ªs. Romo cont¨® que recibi¨® la llamada del Gobierno boliviano y dispuso al comandante de la Polic¨ªa que procediera con el pr¨¦stamo del material.

Un informe de la Agregadur¨ªa de Defensa de Bolivia en Ecuador se?ala que un avi¨®n de la Fuerza A¨¦rea Boliviana aterriz¨® en Quito ese mismo 16 de noviembre para retirar granadas y proyectiles no letales. Quien entreg¨® el material, detalla el documento, fue el entonces director de Log¨ªstica de la Polic¨ªa ecuatoriana, el general Fernando Correa Gordillo. Documentos oficiales muestran que se embarcaron municiones fabricadas por la ecuatoriana Santa B¨¢rbara EP y la brasile?a Condor: 5.000 granadas de mano GL-302, 2.398 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. (Ver historia de Bolivia). Cinco d¨ªas despu¨¦s de que Ecuador envi¨® ese cargamento a Bolivia, en Colombia, pa¨ªs que hab¨ªa hecho un pr¨¦stamo de bombas a la Polic¨ªa ecuatoriana, se desat¨® una ola de protestas que dur¨® tres meses.

Solo en su primera jornada de confrontaciones con la fuerza p¨²blica, la del 21 de noviembre, caus¨® tres muertos y 120 heridos. Dos d¨ªas despu¨¦s, el 23 de noviembre, ocurrir¨ªa el evento que marc¨® el imaginario colectivo colombiano de esa protesta y su represi¨®n por parte de la Polic¨ªa. Dilan Cruz, un estudiante de 17 a?os, recibi¨® el impacto en la cabeza de una munici¨®n tipo bean bag, disparada por un agente del cuerpo antidisturbios de la Polic¨ªa colombiana, el Esmad. A partir de videos publicados en redes sociales, Cerosetenta reconstruy¨® el instante en que el polic¨ªa apunt¨® y dispar¨® directamente a Cruz, caus¨¢ndole la herida que ocasion¨® su muerte dos d¨ªas m¨¢s tarde.

Casi un a?o despu¨¦s, la Corte Suprema de Justicia colombiana orden¨® a la fuerza p¨²blica suspender el uso de escopetas de calibre 12 mm, el arma te¨®ricamente no letal con la que fue asesinado Cruz, para reprimir protestas civiles. Por estas manifestaciones, en diciembre de 2019, la Polic¨ªa colombiana estaba desesperada por recuperar los gases lacrim¨®genos prestados a Ecuador. Los oficiales ecuatorianos, al no contar con el material, presionaban a su vez a sus hom¨®logos de Bolivia. El 18 de ese mes, el agregado boliviano de Defensa en Ecuador envi¨® un informe a su ministro de Defensa, Luis Fernando L¨®pez, transmitiendo la preocupaci¨®n de la Polic¨ªa ecuatoriana por recuperar ese material.

En su comunicaci¨®n, escrita tres semanas despu¨¦s de que se iniciaran las protestas en Colombia, el coronel Jos¨¦ Luis Fr¨ªas Cordero pidi¨® al gobierno de transici¨®n de ??ez devolver el pr¨¦stamo a Ecuador, ya que ese pa¨ªs ¡°tambi¨¦n tiene una deuda de granadas con la Polic¨ªa Nacional de Colombia, que fueron prestadas durante los conflictos sociales del mes de octubre¡±, seg¨²n consta en el documento obtenido por El Deber. La insistencia de la Polic¨ªa ecuatoriana dur¨® varios meses. El 27 de mayo de 2020, Patricio Carrillo Rosero, que hab¨ªa ascendido a comandante general, envi¨® un oficio a la Embajada boliviana exigiendo la devoluci¨®n del pr¨¦stamo.

En junio de 2021, el asamble¨ªsta del corre¨ªsmo Fausto Jarr¨ªn Ter¨¢n (quien adem¨¢s ha sido abogado de los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, sentenciados por corrupci¨®n) denunci¨® por posible peculado a Len¨ªn Moreno y a Mar¨ªa Paula Romo, por la entrega de las bombas lacrim¨®genas a Bolivia. Seg¨²n ¨¦l, el perjuicio al Estado ecuatoriano alcanzar¨ªa los 300.000 d¨®lares.

La indagaci¨®n de este caso se mantiene bajo reserva en la Fiscal¨ªa. Para Romo, esa denuncia no tiene sustento. ¡°En otros periodos se han hecho pr¨¦stamos similares, es decir que no fue solamente a Bolivia, no fue solamente ese a?o. Lo que constituye una actividad habitual entre polic¨ªas. En este caso en particular se le est¨¢ tratando de dar un tinte pol¨ªtico¡±, argument¨®.

Ecuador devolvi¨® (y tambi¨¦n prest¨®) a Colombia

Cuando comandaba la Polic¨ªa, Patricio Carrillo present¨® a la ministra Romo en junio de 2020 un proyecto para adquirir equipamiento para la Polic¨ªa por 15,8 millones de d¨®lares. De estos, 2,4 millones de d¨®lares se usar¨ªan para comprar bombas lacrim¨®genas. El oficial apunt¨® que en las protestas de octubre se usaron unas 38.600 municiones de todo tipo y que en el rastrillo quedaban unas 62.500, de las cuales el 73 % estaba caducado. Es decir, solo hab¨ªa disponibles 16.740 unidades, ¡°insuficiente para el control de manifestaciones¡±, a?adi¨®. Carrillo dej¨® sentado su temor por una nueva ola de protestas debido a las medidas restrictivas que el Gobierno aplic¨® para mitigar la pandemia de la covid-19.

Para satisfacer la demanda de Carrillo, el Ministerio de Gobierno us¨® una plataforma digital que hasta ahora est¨¢ disponible en su sitio web, por fuera del portal de Compras P¨²blicas, que sirve para gestionar adquisiciones internacionales. Sin embargo, no se atendieron la mayor¨ªa de las necesidades de la Polic¨ªa.

Un informe del Ministerio de Finanzas muestra que se destinaron 14,2 millones de d¨®lares al proyecto de Carrillo, pero se devengaron apenas 2,5 millones. Se desconoce en qu¨¦ se utiliz¨® ese dinero. El Sercop no aclar¨® si conoce sobre el uso de esta plataforma. Romo indic¨® que durante su gesti¨®n se hicieron dos grandes contratos a trav¨¦s de esa plataforma digital, cuyo fin era adquirir los productos directamente a los fabricantes internacionales sin pasar por los intermediarios locales, para ahorrar dinero. Tambi¨¦n asegur¨® que estas compras fueron declaradas confidenciales por cuestiones de seguridad nacional.

Uno de estos contratos, puntualiz¨® Romo, se firm¨® con la brasile?a Condor para adquirir 103.360 municiones no letales, entre granadas lacrim¨®genas y aturdidoras, cartuchos lacrim¨®genos, cartuchos de perdigones de goma y cartuchos de energ¨ªa conducida. Un arsenal, casi el triple de lo que se us¨® para reprimir las protestas de octubre de 2019. El contrato tambi¨¦n incluy¨® la compra de 200 escopetas lanzagases y 500 pistolas de energ¨ªa conducida. Seg¨²n Romo, el costo total ascendi¨® a 2.787.680 de d¨®lares. Se desconoce la fecha del contrato. Romo a?adi¨® que Ecuador s¨ª devolvi¨® en abril de 2021 el material prestado por Colombia y que, adem¨¢s, le colabor¨® con bombas lacrim¨®genas d¨ªas despu¨¦s.

El 28 de abril de ese a?o se inici¨® en Colombia una nueva ronda de manifestaciones en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Iv¨¢n Duque. Fueron tres meses de paro nacional y de violentas confrontaciones entre polic¨ªas y manifestantes. Solo en la primera semana se reportaron 24 muertos, m¨¢s de 800 heridos y 89 personas desaparecidas.

Un caso especialmente emblem¨¢tico ocurri¨® el 5 de mayo, cuando el estudiante universitario Lucas Villa, que hab¨ªa estado activo en las marchas, fue asesinado en Pereira despu¨¦s de recibir varios impactos de arma de fuego. Una reconstrucci¨®n hecha por Cerosetenta, en alianza con Baud¨® y Forensic Architecture, demostr¨® que el crimen contra el estudiante fue premeditado, que los tiros que recibi¨®, de parte de dos civiles a bordo de una moto, fueron del estilo de una ejecuci¨®n y que sus agresores coordinaron el ataque con c¨®mplices en la escena. La investigaci¨®n adem¨¢s revel¨® que hab¨ªa agentes de polic¨ªa cercanos al lugar y que, sin embargo, atendieron el llamado de auxilio de otros manifestantes mucho despu¨¦s de lo sucedido.

En esos d¨ªas de disturbios, lleg¨® a Colombia material no letal desde Ecuador. La Polic¨ªa colombiana le confirm¨® al CLIP que Ecuador en efecto termin¨® de devolverle el material que le hab¨ªa prestado, pero solo hasta el primero de mayo de 2021 -es decir, tres d¨ªas despu¨¦s de iniciado el paro nacional en Colombia y cuatro meses despu¨¦s del plazo m¨¢ximo para la devoluci¨®n-.

Aquel d¨ªa lleg¨® a Bogot¨¢ todo el material prestado, salvo 10 fusiles lanzagranadas que hab¨ªan sido entregados con anterioridad, el 21 de noviembre de 2019, dentro del plazo acordado. Seg¨²n el general Sanabria Cely, Ecuador hizo la devoluci¨®n ¡°con las mismas especificaciones t¨¦cnicas y en las mismas cantidades a dicho pr¨¦stamo¡±. Es decir, 7.140 cartuchos calibre 37 mil¨ªmetros, 2.000 calibre 40 mil¨ªmetros, 8.000 granadas de mano trif¨¢sicas, 2.000 granadas multimpacto y los ya mencionados 10 fusiles lanzagases.

No obstante, seg¨²n la Polic¨ªa colombiana, Ecuador entreg¨® armas no letales de una marca distinta a la que recibi¨®: las municiones prestadas eran de fabricaci¨®n estadounidense, mientras que las devueltas fueron hechas por la empresa brasile?a Condor Tecnologias N?o-Letais, incluyendo municiones de los modelos GL203T, GL203L, GL202, GL302 y GM102. Al menos una de esas referencias resulta llamativa: la alianza period¨ªstica El negocio de la represi¨®n encontr¨® que varios lotes de granadas del modelo GL203L, de Condor, fueron desaprobadas en Brasil por la Polic¨ªa Militar de S?o Paulo en 2020.

En otro reportaje de esta serie, el medio brasile?o UOL estableci¨® que -tras realizar pruebas t¨¦cnicas en algunos lotes de esas municiones- los oficiales de S?o Paulo determinaron que estaban fuera de los est¨¢ndares considerados seguros y adecuados por esa instituci¨®n, por lo que rescindi¨® un contrato con la empresa proveedora.

Asimismo, ese fue -seg¨²n determin¨® el medio chileno Interferencia, otro socio del proyecto- el mismo modelo de munici¨®n que portaba el polic¨ªa acusado de herir de gravedad a la hoy senadora Fabiola Campillai durante las protestas de 2019 en Santiago de Chile. Campillai hoy es una v¨ªctima emblem¨¢tica del uso desproporcionado de la fuerza en la respuesta policial a las protestas. (La justicia a¨²n no ha fallado el caso y la defensa ha controvertido la marca de las municiones que us¨® el polic¨ªa acusado el d¨ªa de los hechos). Ambos episodios sucedieron entre seis meses y un a?o y medio antes de que Ecuador enviara material de ese mismo modelo a Colombia.

Seg¨²n indic¨® la exministra Mar¨ªa Paula Romo a El Universo, el 10 de mayo de 2021 -es decir, nueve d¨ªas despu¨¦s de la devoluci¨®n de las municiones- la Polic¨ªa ecuatoriana hizo un nuevo pr¨¦stamo a su par en Colombia de 35.000 municiones no letales, incluyendo 5.500 granadas de gas lacrim¨®geno, 9.500 proyectiles lacrim¨®genos de largo alcance, 12.500 proyectiles de corto alcance y 7.500 cartuchos de propulsi¨®n de cargas m¨²ltiples. La Polic¨ªa colombiana no respondi¨® sobre este segundo pr¨¦stamo.

Al cabo de casi tres a?os, la justicia en Ecuador no ha dado respuesta a las v¨ªctimas de ese octubre de 2019. La angustia que sienten los familiares de los muertos y la impotencia de quienes quedaron con discapacidades persisten. A ello se suma la opacidad sobre los negocios de las municiones no letales. No hay transparencia. No se sabe qu¨¦ saldos hay entre los pa¨ªses que se han prestado ese material para salir del apuro de sus crisis pol¨ªticas. No se sabe la totalidad de las compras que ha realizado la fuerza p¨²blica ecuatoriana en los ¨²ltimos a?os. No se sabe si tendr¨¢ material suficiente para controlar las manifestaciones anunciadas para las pr¨®ximas semanas o si tendr¨¢ que usar bombas caducadas, de nuevo.

Una investigaci¨®n colaborativa y transfronteriza del Centro Latinoamericano de Investigaci¨®n Period¨ªstica, El Clip en conjunto con Animal Pol¨ªtico de M¨¦xico, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, Efecto Cocuyo de Venezuela, El Pa¨ªs Am¨¦rica, El Universo de Ecuador, Interferencia de Chile, No Ficci¨®n de Guatemala, Revista Anfibia de Argentina, UOL de Brasil y Noticias Telemundo de Estados Unidos.

Proyecto gr¨¢fico F¨¢brica Mem¨¦tica de El Surti de Paraguay

Producci¨®n documental JUT Media - Revisi¨®n legal El Veinte

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