Francisco Cox: ¡°Hay una pol¨ªtica de Estado para silenciar y perseguir a opositores en Venezuela¡±

Es posible que el 26 de septiembre Nicol¨¢s Maduro se encuentre con Gustavo Petro en la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, lo que ser¨¢ un hito para zanjar a?os de hostilidades diplom¨¢ticas entre ambos pa¨ªses. Ese d¨ªa, sin embargo, el mandatario venezolano tambi¨¦n ser¨¢ el centro del debate en la presentaci¨®n del tercer informe de la Misi¨®n Independiente de Determinaci¨®n de los Hechos de las Naciones Unidas en el di¨¢logo interactivo entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos. All¨ª, por primera vez, se le se?alar¨¢ como responsable de las violaciones de derechos humanos que se han generado en el marco de ¡°una pol¨ªtica de Estado que ha usado m¨¦todos que constituyen cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±.

Esta semana, los miembros de la misi¨®n hicieron p¨²blicos sus hallazgos, entre los que se detallan nombres de torturadores, el uso de herramientas como ¡°la se?orita¡±, un dispositivo para deformar los cuerpos de detenidos y sumergirlos en tanques de agua y el establecimiento de un patr¨®n para seleccionar objetivos que ha sido incorporado a las pr¨¢cticas de los organismos de inteligencia en Venezuela. El abogado chileno Francisco Cox, integrante de la misi¨®n, quien antes investig¨® el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa por designaci¨®n de la Comisi¨®n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y litig¨® ante la Corte Penal Internacional (CPI), repasa en entrevista con EL PA?S el informe y advierte sobre las implicaciones que deber¨ªan tener sus revelaciones.

Pregunta: ?Qu¨¦ de todo lo revelado en los tres informes de la Misi¨®n le preocupa m¨¢s?

Respuesta: En el primer informe manifestamos que hab¨ªa cr¨ªmenes de lesa humanidad con pol¨ªticas como detenciones arbitrarias y torturas a personas de la oposici¨®n o percibidas como disidentes del Gobierno. En el segundo informe, hicimos un an¨¢lisis sobre el comportamiento del sistema de justicia y lo que concluimos es que a veces se contribu¨ªa a las detenciones arbitrarias, no se hac¨ªa un control efectivo sobre cuerpos de seguridad como Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y la Dgcim (Direcci¨®n General de Contrainteligencia Militar). Ahora damos cuenta de las personas y de la estructura y dejamos en evidencia que hay distintas contribuciones que permiten la materializaci¨®n de esta pol¨ªtica de Estado. Nuestra mayor preocupaci¨®n es que hay una implementaci¨®n de una pol¨ªtica de Estado para silenciar y perseguir a opositores o a quienes son percibidas como disidentes por parte del Gobierno de Venezuela y ah¨ª se incluye a personas como tuiteros, o el que manifiesta una cr¨ªtica al Gobierno. Tambi¨¦n se usa la detenci¨®n de familiares para que los objetivos terminen entreg¨¢ndose.

P. El fiscal general Tarek William Saab dijo hace unos d¨ªas que el sistema judicial venezolano no necesita justicia transicional que lo tutele.

R. Las primeras instituciones llamadas a hacerse cargo de estos informes, proporcionar acceso a la justicia a las v¨ªctimas y hacer investigaciones imparciales son las autoridades venezolanos. El sistema internacional de justicia y la Corte Penal Internacional son complementarias a las instituciones nacionales. Pero lo que lamentablemente confirmamos con nuestro segundo informe es la justicia venezolana no act¨²a con la debida imparcialidad exigida por los est¨¢ndares internacionales o por los propios de la Constituci¨®n de Venezuela. Entonces habr¨ªa que hacer reformas, pero no solo eso, porque en Am¨¦rica Latina hay una tendencia a creer que con dictar una ley se cambia la situaci¨®n. Tenemos decretos dictados por el propio presidente Nicol¨¢s Maduro que dicen que no se puede seguir usando la c¨¢rcel del Helicoide y sabemos que hay al menos 70 personas que contin¨²an detenidas ah¨ª. Creemos que hay reformas que se tienen que hacer y el hecho de que est¨¦ pendiente una decisi¨®n sobre el inicio de una investigaci¨®n en la CPI da cuenta de la necesidad de que la comunidad internacional siga pendiente de la situaci¨®n de Venezuela.

P. En el informe por primera vez se se?ala que Nicol¨¢s Maduro y otros altos cargos deben ser investigados penalmente. ?C¨®mo puede ocurrir eso?

R. Nuestro est¨¢ndar probatorio no es el de un tribunal. Decimos lo que decimos porque hay motivos razonables para investigar. No solo es la CPI la que puede hacerlo. Hay pa¨ªses con jurisdicci¨®n internacional que pueden iniciar sus investigaciones. Aqu¨ª hay una pol¨ªtica de Estado que se toma desde el c¨ªrculo del presidente, en la que tambi¨¦n hay personas como Diosdado Cabello, pero tambi¨¦n se?alamos a quienes desde el Dgcim y Sebin lo facilitan.

P. En el informe revelan la actuaci¨®n de agentes de inteligencia venezolanos en pa¨ªses como Colombia y Panam¨¢ para la detenci¨®n de opositores. ?Qu¨¦ implicaciones puede tener eso a nivel internacional, especialmente con Colombia en pleno reinicio de las relaciones diplom¨¢ticas?

R. Nosotros tenemos un mandato muy preciso y no podemos hablar del restablecimiento de las relaciones entre Estados. Pero lo que s¨ª podemos decir es que nuestros informes tienen que ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre las relaciones bilaterales o multilaterales, porque somos un ¨®rgano creado por Naciones Unidas y los pa¨ªses miembros deben tenerlos como referente sobre lo que pasa en Venezuela. Que se introduzcan elementos de inteligencia en otros pa¨ªses sin autorizaci¨®n deber¨ªa ser un llamado de atenci¨®n. Insistimos en que la comunidad internacional debe mantener la supervigilancia sobre la situaci¨®n en Venezuela, porque el principio de no injerencia tiene como l¨ªmite los derechos humanos. Se debe seguir fortaleciendo el mandato de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos en el terreno y renovar el mandato de la misi¨®n. Y obviamente est¨¢ la CPI, con su independencia, que debe seguir adelante con la investigaci¨®n que ahora est¨¢ suspendida por solicitud de Venezuela.

P. Los miembros de la misi¨®n no han podido visitar el pa¨ªs. ?Qu¨¦ limitaciones ha tenido esto para la investigaci¨®n?

R. No estamos autorizados por el Gobierno a ingresar al pa¨ªs. Lo que hace el equipo es conversar con personas que est¨¢n dentro de Venezuela con los protocolos necesarios para no exponerlos, tambi¨¦n acceder a documentos oficiales como los expedientes judiciales que nos han facilitado y hablar con quienes han salido de Venezuela. Tambi¨¦n se han visitado las zonas de la frontera para investigar espec¨ªficamente la situaci¨®n del Arco Minero.

P. ?Qu¨¦ impacto tiene para la regi¨®n lo que est¨¢ ocurriendo en el Arco Minero del Orinoco?

R. Es una regi¨®n muy dif¨ªcil de documentar porque Venezuela decidi¨® hacer de esta una zona estrat¨¦gica con una resoluci¨®n sin consulta previa, en una zona donde viven muchos pueblos originarios que no fueron consultados. Es muy dif¨ªcil tener cifras, pero estimaciones de distintas fuentes nos dicen que entre un 70 y 90% del oro que sale de esas zonas es ilegal, por las condiciones en las que se extrae, donde hay grupos armados y se cometen violaciones a los derechos humanos como la explotaci¨®n sexual o el castigo corporal frente a personas acusadas de robar. Es una situaci¨®n sumamente compleja de gran da?o ecol¨®gico, pero tambi¨¦n de graves violaciones de derechos humanos.

P. ?Con qu¨¦ se puede comparar en la regi¨®n la situaci¨®n de los derechos humanos en Venezuela?

R. No puedo comparar porque no tengo el nivel de documentaci¨®n de otras situaciones, pero se puede tomar como referente que el Consejo de Derechos Humanos cre¨® una misi¨®n similar a la nuestra en Nicaragua y ese es el ¨²nico otro pa¨ªs de la regi¨®n que tiene una Misi¨®n de Determinaci¨®n de los Hechos en Am¨¦rica Latina y el Caribe. Eso puede dar un cierto par¨¢metro de similitud de gravedad. Y, obviamente en el pasado, Colombia, que tuvo un examen preliminar de la CPI que se cerr¨® el a?o pasado.

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