Ecuador decide esta semana si Lasso se enfrenta a un juicio pol¨ªtico

Ecuador se encamina a un juicio pol¨ªtico contra su presidente, Guillermo Lasso. La Asamblea de Ecuador super¨® el primer filtro que supon¨ªa el Consejo de Administraci¨®n Legislativa (CAL) conformado por siete asamble¨ªstas, de mayor¨ªa de oposici¨®n, que aprob¨® el pedido de juicio pol¨ªtico por concusi¨®n y peculado contra Lasso y lo remiti¨® el documento a la Corte Constitucional, que tiene como m¨¢ximo hasta el jueves para dar una repuesta.

El organismo report¨® que recibi¨® el documento y, para cumplir con los plazos de la normativa, convoc¨® a una sesi¨®n extraordinaria que ser¨¢ p¨²blica este mismo d¨ªa para sortear manualmente la designaci¨®n de la jueza Teresa Nuques, quien conocer¨¢ la causa, lo analizar¨¢ y pasar¨¢ su informe al Pleno de la Corte. En ese momento se sabr¨¢ si Lasso se enfrenta a un impeachment.

En la Corte Constitucional est¨¢n puestas las esperanzas del Ejecutivo para que el proceso no contin¨²e y sea archivado. Pero el debate sobre su rol se presta a interpretaciones. Por un lado, se cree que la corte deber¨ªa limitarse a hacer una revisi¨®n formal donde solo se verifique si la petici¨®n cumple con los requisitos constitucionales, ¡°entre esos si el delito es el correcto y si se cumpli¨® con el n¨²mero de los asamble¨ªstas que firmaron la solicitud¡±, explica Pamela Aguirre, abogada constitucionalista.

Por el otro, se cree ¡°es que los jueces deban realizar un profundo an¨¢lisis; es decir, que estos hechos correspondan a las conductas penales que se est¨¢n imputando¡±, a?ade Aguirre. Y al no existir antecedentes sobre un juicio pol¨ªtico a un primer mandatario desde la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n de 2008, no hay sentencias con las que se pueda comparar la actuaci¨®n de los jueces. La ¨²nica vez que la Corte Constitucional tuvo entre sus manos un juicio pol¨ªtico fue en el 2017 contra el exvicepresidente Jorge Glas, que dio paso a que los legisladores contin¨²en con el tr¨¢mite, pero Glas ya hab¨ªa sido sentenciado y puesto en prisi¨®n por lo que no prosper¨® la censura pol¨ªtica.

Por eso la actuaci¨®n de la Corte en ese entonces tampoco es comparable con la situaci¨®n actual. ¡°En el caso de Jorge Glas hab¨ªa un proceso penal en marcha y los argumentos que se presentaron en la solicitud eran s¨®lidos porque ya exist¨ªa una sanci¨®n¡±, dice la experta. En este caso, el presidente Lasso no ha sido vinculado formalmente en un proceso de investigaci¨®n penal, abierto por la Fiscal¨ªa.

De pasar el filtro del alto tribunal, se deben conseguir los votos de 92 de los 137 diputados para destituir al presidente, y la realidad es que los opositores no est¨¢n lejos de conseguirlos, al menos si los mismos 104 legisladores que votaron para la aprobaci¨®n del informe vuelven a votar a favor. Mientras, a Lasso le queda una opci¨®n que le otorga la Constituci¨®n antes de ser sentenciado: pude disolver la asamblea decretando la llamada muerte cruzada.

La Constituci¨®n ecuatoriana le otorga esa posibilidad al presidente en cualquier momento dentro los tres primeros a?os de Gobierno, y puede hacerlo bajo tres causas. La primera es que la Asamblea se haya arrogado competencias que no le corresponden; la segunda es por grave crisis o conmoci¨®n interna; y la tercera es la obstrucci¨®n del plan de desarrollo propuesta por el presidente. Solo en la primera causa se necesita consultar a la Corte Constitucional, en las dem¨¢s ¡°el ¨²nico int¨¦rprete es el presidente de la Rep¨²blica, no requiere un verificador adicional¡±, aclara Aguirre.

Si el presidente invoca la muerte cruzada, no podr¨¢ terminar su periodo lectivo hasta 2025, El Consejo Electoral deber¨¢ llamar inmediatamente a elecciones y gobernar¨¢ con decretos ejecutivos por seis meses hasta designar nuevas autoridades. Ante la crisis pol¨ªtica en Ecuador, la OEA ha expresado la importancia del apego a la institucionalidad democr¨¢tica y ¡°del respeto a la estabilidad de los per¨ªodos democr¨¢ticos¡± y convoc¨® a los actores pol¨ªticos y sociales de Ecuador a enmarcar ¡°la resoluci¨®n de sus diferencias en el contexto constitucional¡±.

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