¡°Detr¨¢s de la violaci¨®n de derechos humanos en un pa¨ªs, siempre hay un plan de negocio¡±

La lucha contra la impunidad de los canallas ha ocupado buena parte de la vida de Jan-Michael Simon (Aachen, 56 a?os). Tras participar en las comisiones contra la corrupci¨®n y la impunidad en Honduras y Guatemala, este jurista e investigador s¨¦nior en el Instituto Max Planck, que habla un perfecto espa?ol, preside ahora el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (Ghren, por sus siglas en ingl¨¦s), cuyo mandato se ha renovado por dos a?os. Acaba de visitar Madrid, donde se ha reunido con miembros del Gobierno espa?ol, tras el demoledor informe que el Ghren public¨® en marzo en el que acusaba al presidente nicarag¨¹ense, Daniel Ortega, a su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a otros altos cargos del Estado de cr¨ªmenes de lesa humanidad - ejecuciones extrajudiciales, tortura, privaci¨®n de la nacionalidad- desde 2018. Simon no puede pronunciarse en virtud de su cargo ¨C ¡°somos independientes, ni siquiera somos funcionarios de la ONU¡±- sobre ciertos aspectos del caso ni sobre la regi¨®n, pero insiste en que hay v¨ªas para proceder contra un r¨¦gimen que utiliza t¨¢cticas como las que dieron lugar a los juicios de N¨²remberg.

Pregunta. ?Cu¨¢les son las principales recomendaciones del informe?

Respuesta. La primera es que se inicien acciones legales contra los presuntos responsables de los cr¨ªmenes. La segunda, que se ampl¨ªen las sanciones a estas personas y que sean individuales, no sectoriales. Y por ¨²ltimo, que en la cooperaci¨®n internacional al desarrollo y los proyectos de inversi¨®n (incluidos los pr¨¦stamos internacionales) se incluyan garant¨ªas de respeto a los derechos humanos. Esta ¨²ltima es la que m¨¢s ha llamado la atenci¨®n. En el caso del FMI, su Directorio Ejecutivo emiti¨® el 27 de enero una opini¨®n en la cual constat¨® que Managua hab¨ªa adoptado medidas para mejorar los marcos de gobernanza y anticorrupci¨®n y, en particular, acog¨ªa con satisfacci¨®n las mejoras en el control de lavado de activos y la transparencia fiscal. Nuestro informe dice que el marco legal del lavado de activos y la instrumentalizaci¨®n de la justicia han sido utilizados por el r¨¦gimen para la persecuci¨®n pol¨ªtica de organizaciones civiles e individuos, por lo que concluimos que han sido parte de un ataque generalizado y sistem¨¢tico contra la poblaci¨®n y computan como cr¨ªmenes de lesa humanidad de persecuci¨®n pol¨ªtica. Hay 50 pa¨ªses que han promovido la renovaci¨®n de nuestro mandato y que representan m¨¢s del 50% del poder de voto directo en el Directorio Ejecutivo del FMI. ?C¨®mo es posible que por un lado aprueben esa opini¨®n favorable y por otro un informe como el nuestro que defiende lo contrario? Es una contradicci¨®n clara, obvia.

P. Hay un doble rasero¡­

R. Alg¨²n diplom¨¢tico europeo importante me explic¨® que esa contradicci¨®n se traslada tambi¨¦n a las relaciones entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Finanzas porque, en su caso, habl¨® con Finanzas para que tuvieran en cuenta la situaci¨®n de los derechos humanos en Nicaragua y le contestaron que eso no les interesaba. Solo les interesaba el desempe?o macroecon¨®mico. Puedo decir que la mayor recaudaci¨®n neta sobre el PIB en Am¨¦rica central la tiene Nicaragua de lejos. Es un 27%, seg¨²n el informe de la OCDE de mayo. Sin embargo, todos los indicadores de derechos y desarrollo humano la sit¨²an en uno de los peores puestos de Am¨¦rica Latina, junto a El Salvador, Guatemala y Honduras. ?Ad¨®nde va el dinero? Y aqu¨ª llegamos a la corrupci¨®n. La corrupci¨®n tiene una dimensi¨®n en el campo de los derechos humanos que se manifiesta no solo en defender el status quo pol¨ªtico para poder robar m¨¢s. Si hay un pa¨ªs en el que es evidente el desajuste entre recaudaci¨®n y derechos humanos, es Nicaragua. Tenemos el mandato de ir a las ra¨ªces del conflicto y ¨¦stas no est¨¢n solo en el simple desmantelamiento del sistema de separaci¨®n de poderes, sino que hay un plan de negocios detr¨¢s. Detr¨¢s de una violaci¨®n de derechos humanos de tal magnitud, hay un business plan. Siempre.

P. Hay quienes se niegan a llamar dictadura al r¨¦gimen de Ortega¡­

R. Lo es.

P. ?Conf¨ªa en que la comunidad internacional haga algo?

R. Hay varias v¨ªas. Se olvida que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero s¨ª la Convenci¨®n de la ONU contra la Tortura y hemos detectado en nuestro informe torturas a varios niveles. Cualquier pa¨ªs firmante del tratado puede, seg¨²n el articulo 30, demandar por responsabilidad internacional a Nicaragua ante el Tribunal Internacional de Justicia y eso pol¨ªticamente tiene un mensaje important¨ªsimo. Hay precedentes. ?Qui¨¦n podr¨ªa tomar esa iniciativa? EE UU no porque introdujo una reserva a la jurisdicci¨®n del tribunal en materia de la Convenci¨®n contra la Tortura, pero Espa?a podr¨ªa, por ejemplo. El riesgo pol¨ªtico es que dar¨ªa un buen argumento a Ortega para presentarse como v¨ªctima de los pa¨ªses del Norte. Por eso ser¨ªa importante que fuese alg¨²n pa¨ªs latinoamericano. Lo mismo se aplica a iniciativas similares en el marco de la Convenci¨®n para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Otra posibilidad es la jurisdicci¨®n penal extraterritorial, no universal, porque hay v¨ªctimas que tienen doble nacionalidad y ese simple hecho dar¨ªa jurisdicci¨®n sobre el caso, por ejemplo a Espa?a, Francia, Brasil, EE UU o Alemania. Nuestro informe tiene un valor probatorio para cualquier pa¨ªs que abra una investigaci¨®n e incluso en algunos pa¨ªses el valor probatorio es suficiente para emitir una orden de captura. La otra v¨ªa es la jurisdicci¨®n universal, es decir, los pa¨ªses podr¨ªan, independientemente de la nacionalidad de la v¨ªctima, emprender acciones como en el caso de Espa?a y Alemania. Ortega no viaja, pero hay mandos intermedios que s¨ª lo hacen. Adem¨¢s, no hay que olvidar que muchos tienen bienes fuera del pa¨ªs y existe la posibilidad de actuar contra su patrimonio, lo que no debe confundirse con sanciones.

P. Nicol¨¢s Maduro est¨¢ siendo blanqueado por algunos pa¨ªses democr¨¢ticos. ?De verdad se va a hacer algo?

R. Espero que s¨ª, estamos intentando persuadir a los pa¨ªses. Les decimos que tienen que ser coherentes, que no pueden reunirse en la ONU a invocar el compromiso pol¨ªtico global de la responsabilidad de proteger para prevenir cr¨ªmenes de lesa humanidad y al mismo tiempo no actuar o peor a llegar a decisiones como en el FMI u otras instituciones financieras. Esta contradicci¨®n hace que conviertan su discurso en ret¨®rica. O peor, se podr¨ªa llegar a la conclusi¨®n de que Nicaragua es un pa¨ªs chiquito, no muy importante, mientras que en Ucrania s¨ª se hacen todos los esfuerzos. El peor mensaje para la justicia es siempre el mensaje de la desigualdad. La comunidad europea tendr¨¢ que ser coherente. Ha sancionado a Vlad¨ªmir Putin, pero no al se?or Ortega. ?Por qu¨¦ en el caso del presidente de Rusia s¨ª y en el de Nicaragua no?

P. La oferta del Gobierno espa?ol de acoger y ofrecer la nacionalidad a los expulsados nicarag¨¹enses, ?qu¨¦ le pareci¨®?

R. Eso s¨ª es un acto humanitario, al igual que Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y M¨¦xico. Me hubiera gustado que otros pa¨ªses europeos hubieran adoptado la misma decisi¨®n.

P. En cambio, la actitud diplom¨¢tica de Am¨¦rica Latina no parece ayudar mucho.

R. Hay una cierta complejidad por ciertas razones. Los Gobiernos de Gabriel Boric y de Gustavo Petro lo han condenado, pero hay mucho discurso y poca acci¨®n concreta. Brasilia se opuso a elevar el caso de Nicaragua a la agenda ITEM 4 del Consejo de Derechos Humanos con el argumento de que no habr¨ªa que cerrar la puerta a un di¨¢logo con Managua, aunque la verdad es que Nicaragua no ha querido dialogar con nadie ni cumplir con los m¨ªnimos requisitos de los tratados que firm¨® con Naciones Unidas. Todav¨ªa estamos esperando la iniciativa de di¨¢logo del Gobierno de Lula.

P. Si hubiera una gradaci¨®n de los delitos de Ortega, ?cu¨¢l ser¨ªa el peor?

R. En este tipo de cr¨ªmenes no existe tal gradaci¨®n. Lo que distingue a su r¨¦gimen de otras violaciones de derechos en la regi¨®n es que el Estado se ha convertido en una trampa para su propia poblaci¨®n.

P. ?Veremos alguna vez a Ortega ante un tribunal como el de N¨²remberg?

R. Lo dudo. Pero hay muchas v¨ªas para la justicia si se tienen voluntad y coherencia. Tenemos motivos razonables para concluir que el r¨¦gimen est¨¢ perpetrando cr¨ªmenes de lesa humanidad de persecuci¨®n pol¨ªtica, lo que es considerado en el derecho penal internacional el ¡°peque?o hermano¡± del genocidio. La gente siempre piensa en el Holocausto, los campos de la muerte de los jemeres rojos, Ruanda o las matanzas en los Balcanes, pero no necesitas matar millones para que la comunidad internacional act¨²e.

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