El Supremo de EE UU rechaza una teor¨ªa trumpista que pon¨ªa en juego las reglas de la democracia

Un Tribunal Supremo dividido ha rechazado una teor¨ªa trumpista que pon¨ªa en juego el futuro de la democracia en Estados Unidos. Bajo el tecnicismo del caso Moore contra Harper estaba en juego conceder al poder legislativo de Carolina del Norte (y, por extensi¨®n, a los dem¨¢s parlamentos estatales) ...

Un Tribunal Supremo dividido ha rechazado una teor¨ªa trumpista que pon¨ªa en juego el futuro de la democracia en Estados Unidos. Bajo el tecnicismo del caso Moore contra Harper estaba en juego conceder al poder legislativo de Carolina del Norte (y, por extensi¨®n, a los dem¨¢s parlamentos estatales) la capacidad para regular a su antojo los comicios, con el riesgo de manipular la voluntad del electorado y, en ¨²ltimo extremo, alterar incluso las reglas por las que se nombran a los electores estatales para la designaci¨®n de presidente. Los jueces rechazan esa teor¨ªa, conocida como la ¡°legislatura estatal independiente¡±.

Ha sido decisiva la posici¨®n de tres jueces conservadores en este caso m¨¢s moderados, que se han alineado con los progresistas en una sentencia dictada por 6 votos a 3. La sentencia ha sido escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que ha argumentado que ¡°los tribunales estatales conservan la autoridad para aplicar las restricciones constitucionales estatales cuando las legislaturas act¨²an bajo el poder que les confiere la Cl¨¢usula Electoral. Pero los tribunales federales no deben abandonar su propio deber de ejercer la revisi¨®n judicial¡±.

Junto a Roberts han votado las tres juezas progresistas (Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown-Jackson) y los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. En cambio, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch han formulado votos particulares. En la vista oral ya mostraron su simpat¨ªa por dar m¨¢s poder a las legislaturas estatales, controladas en su mayor¨ªa por los republicanos.

El caso que se revisaba surge de que el Tribunal Supremo de Carolina del Norte decidi¨® anular los mapas electorales dibujados a su favor por los republicanos, que controlan el Congreso estatal, pues consideraba que era demasiado partidista y artificial, un caso extremo de gerrymandering (el dise?o de los distritos para beneficiar a un partido). El presidente de la C¨¢mara de Representantes de Carolina del Norte, Timothy Moore, recurri¨® alegando esa ¡°doctrina de la legislatura estatal independiente¡±, que defiende que solo los parlamentos estatales y el Congreso en Washington tienen potestad para decidir las reglas de las elecciones federales: las presidenciales y las legislativas.

El art¨ªculo 1 de la Constituci¨®n de Estados Unidos dice en la conocida como Cl¨¢usula Electoral: ¡°Los lugares, ¨¦pocas y modo de celebrar las elecciones para senadores y representantes se prescribir¨¢n en cada Estado por la legislatura respectiva, pero el Congreso podr¨¢ formular o alterar las reglas de referencia en cualquier tiempo por medio de una ley (...)¡±.

La cuesti¨®n era si cuando la Constituci¨®n habla de las ¡°legislaturas¡± estatales daba carta blanca al poder legislativo para saltarse incluso las constituciones estatales y el control de los tribunales. Si se romp¨ªa la tradici¨®n asentada durante toda la historia constitucional estadounidense y se consideraba as¨ª, las implicaciones podr¨ªan haber sido tremendas, porque abrir¨ªa paso a todo tipo de maniobras m¨¢s agresivas para favorecer al partido propio por parte de los parlamentos estatales.

El Supremo rechaza esa doctrina. La Constituci¨®n ¡°no exime a las legislaturas estatales de las restricciones ordinarias impuestas por la ley estatal¡±, dice la sentencia. ¡°Desde muy temprano en la historia de nuestra naci¨®n, los tribunales han reconocido su deber de evaluar la constitucionalidad de los actos legislativos¡±, apunta. ¡°Se nos pide que decidamos si la Cl¨¢usula Electoral establece una excepci¨®n a este principio b¨¢sico. Sostenemos que no. La Cl¨¢usula Electoral no a¨ªsla a las legislaturas estatales del ejercicio ordinario de la revisi¨®n judicial estatal¡±, concluye.

Seg¨²n el Supremo, los tribunales estatales conservan la autoridad para aplicar las restricciones constitucionales estatales cuando las legislaturas act¨²an en virtud del poder que les confiere la Cl¨¢usula Electoral.

El Supremo se?ala que los tribunales estatales no pueden revisar a su capricho los mapas electorales sino que su revisi¨®n debe atenerse a la ley y est¨¢ sujeta a la revisi¨®n de los tribunales federales. ¡°Al interpretar la ley estatal en este ¨¢mbito, los tribunales estatales no pueden sobrepasar los l¨ªmites de la revisi¨®n judicial ordinaria hasta el punto de inmiscuirse inconstitucionalmente en el papel espec¨ªficamente reservado a las legislaturas estatales¡±, dice. Ese aspecto es clave para haber logrado un punto de encuentro entre conservadores y progresistas.

En este caso se dirim¨ªa si el tribunal estatal ten¨ªa derecho o no a revisar el mapa electoral propuesto , pero no el fondo de la cuesti¨®n, si ese reparto de los distritos era demasiado partidista o no. ¡°Dado que no necesitamos decidir si eso ocurri¨® en el caso de hoy, se confirma la sentencia del Tribunal Supremo de Carolina del Norte¡±, dice la sentencia.

Lo curioso es que el caso carece de repercusiones pr¨¢cticas en Carolina del Norte, pues la composici¨®n de su Tribunal Supremo estatal ha cambiado desde que se anul¨® el mapa electoral y los nuevos jueces conservadores han revertido la decisi¨®n anterior de anular el mapa. Las elecciones legislativas de noviembre pasado se celebraron con un mapa electoral decidido por una comisi¨®n de expertos y dio como resultado que republicanos y dem¨®cratas lograsen siete representantes cada partido, en l¨ªnea con sus porcentajes de voto. Con el mapa anulado por partidista (y luego rehabilitado por el nuevo tribunal estatal), el resultado habr¨ªa sido de 10 esca?os para los republicanos y 4 para los dem¨®cratas.

Aunque en Carolina del Norte la sentencia no tenga ahora consecuencias pr¨¢cticas, sus implicaciones podr¨ªan haber sido enormes para todo el pa¨ªs en caso de haber aceptado la teor¨ªa de la legislatura estatal independiente.

El Gobierno de Biden, por un lado, y el Comit¨¦ Nacional Republicano, por otro, hab¨ªan participado en el caso con posiciones opuestas. Los republicanos consideran una exageraci¨®n decir que si el Supremo fallaba a su favor era ¡°el fin de la democracia¡±. Al final, han fallado en su contra.

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