La revoluci¨®n conservadora del Supremo de Estados Unidos est¨¢ lista para su segundo asalto

Una valla de dos metros y medio rodea el imponente edificio del Tribunal Supremo en Washington. Est¨¢ all¨ª desde mayo pasado, cuando se filtr¨® el borrador de la sentencia que hace dos semanas derog¨® el derecho federal al aborto, y es tentador contemplarla como el s¨ªmbolo del abismo que separa a sus nueve jueces de la sociedad cuyo destino tienen en sus manos: solo una cuarta parte de los estadounidenses conf¨ªa en ellos, un m¨ªnimo hist¨®rico, seg¨²n la encuestadora Gallup.

La instituci¨®n lleva cerrada al p¨²blico desde el inicio de la pandemia, dejaron sin previo aviso de leer el resumen de las sentencias y las opiniones minoritarias (que difunden en un ¨¢spero PDF), y no hay planes de que nada de todo eso vuelva. As¨ª, parapetados en su fortaleza, han tomado decisiones de duraderas consecuencias en asuntos como el aborto, la lucha contra el cambio clim¨¢tico, el acceso a las armas o la separaci¨®n Iglesia-Estado, que parecen atender al dise?o de la revoluci¨®n conservadora de la mayor¨ªa de seis jueces. Una mayor¨ªa que ya est¨¢ lista para su segundo asalto.

La lista de los casos que el Supremo estudiar¨¢ durante el pr¨®ximo curso, que se abre en octubre, incluye la revisi¨®n de una pol¨¦mica teor¨ªa legal que propugna dar m¨¢s poder a los 50 parlamentos estatales para decidir por su cuenta las reglas de las elecciones federales; el derecho de una mujer de Colorado a no dise?ar, amparada en la Primera Enmienda, una web para conmemorar el matrimonio de una pareja gay o la constitucionalidad de las normas de discriminaci¨®n positiva que privilegian a las minor¨ªas en los procesos de admisi¨®n a las universidades. En concreto, dos: una privada (Harvard) y otra p¨²blica (la de Carolina del Norte), acusadas de discriminar a los asi¨¢tico-estadounidenses con mejores notas para facilitar el acceso a otras minor¨ªas, como los negros o los latinos. Cuatro d¨¦cadas de precedentes avalan la llamada ¡°acci¨®n afirmativa¡±, que alienta a colegios y universidades a considerar la raza en sus programas de admisi¨®n para promover la diversidad en las aulas.

¡°La decisi¨®n de considerar estos casos tan importantes ya indica que la mayor¨ªa [de seis contra tres liberales, la m¨¢s amplia desde los a?os treinta] est¨¢ dispuesta a continuar convirtiendo su agenda conservadora en ley¡±, advierte el profesor de Derecho y Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad de Massachusetts Amherst Paul Collins, autor de varios libros sobre el Supremo. Para que un caso acabe ante los nueve magistrados basta con que cuatro de ellos est¨¦n de acuerdo en estudiarlo. ¡°El pr¨®ximo a?o por estas fechas [¨¦poca en la que termina el curso en el alto tribunal] es muy probable¡±, a?ade Collins, ¡°que estemos hablando de decisiones que pongan fin a la acci¨®n afirmativa, que destruyan la Ley de Derechos Electorales o que den un poder excesivo a las legislaturas estatales¡±. En su mayor¨ªa, esas instancias est¨¢n controladas por el Partido Republicano.

Una de ellas es la de Carolina del Norte, que est¨¢ en el centro del caso cuya aceptaci¨®n m¨¢s revuelo ha levantado, Moore contra Harper. Todo empez¨® con el dibujo de un mapa electoral por parte de una de esas mayor¨ªas republicanas, un dise?o que tumb¨® el Tribunal Supremo de su Estado por anticonstitucional y por excesivamente partidista (fue, seg¨²n el juez, un caso flagrante de lo que en la jerga pol¨ªtica local se conoce como gerrymandering, que implica retorcer la cartograf¨ªa para el aprovechamiento de uno de los dos bandos).

Los legisladores han recurrido esa decisi¨®n amparados en una lectura de la Constituci¨®n estadounidense conocida como ¡°doctrina de la legislatura independiente¡±. Surgida a principios de siglo, cuando el presidente del Supremo de entonces William Rehnquist la alumbr¨® en una opini¨®n concurrente de Bush contra Gore, sentencia que dio la raz¨®n y la presidencia a George Bush hijo tras un pol¨¦mico recuento electoral en Florida, defiende que solo los 50 parlamentos estatales y el Congreso en Washington tienen potestad para decidir las reglas de las elecciones federales (las presidenciales y de las que salen la composici¨®n del Senado y la C¨¢mara de Representantes). Y eso incluye, seg¨²n las organizaciones independientes dedicadas a vigilar la salud democr¨¢tica del pa¨ªs, una amplia autoridad para manipular los mapas electorales o para aprobar normas que cercenen los derechos de las minor¨ªas al decidir su papeleta (minor¨ªas que acostumbran a votar dem¨®crata).

El asunto est¨¢ en c¨®mo se interpretan dos palabras, ¡°legislaturas estatales¡±, incluidas en la llamada ¡°cl¨¢usula electoral¡± de la Constituci¨®n. Se ven¨ªan considerando sin¨®nimas del grupo de funcionarios que intervienen en el proceso legislativo: desde el gobernador hasta el secretario de Estado, los inspectores electorales o los tribunales. ¡°Si prospera la doctrina de la legislatura independiente, nada ni nadie m¨¢s que los legisladores tendr¨¢n voz en el dise?o de esos mapas. Es una teor¨ªa completamente infundada que amenazar¨ªa con empujar a las elecciones estadounidenses hacia el caos¡±, sentencia Ethan Herenstein, de la organizaci¨®n independiente Brennan Center for Justice. ¡°Es inconsistente con las propias opiniones del Supremo sobre el asunto desde hace 100 a?os y no tiene ning¨²n sentido. Por eso es crucial que no prospere¡±.

¡°Moore contra Harper tiene el potencial de socavar la democracia estadounidense¡±, abunda Collins. ¡°Llevada al extremo, podr¨ªa empujar a las legislaturas estatales a involucrarse en manipulaciones electorales rid¨ªculamente partidistas y a aprobar leyes que impidan el voto de ciertos grupos en un esfuerzo por mantener a los suyos en el poder¡±. El profesor de Derecho Constitucional de la NYU (Universidad de Nueva York) Richard H. Pildes considera, por su parte, que si el Supremo reconoce la doctrina, que descansaba hasta ahora en los m¨¢rgenes de la academia, los efectos ¡°se dejar¨¢n sentir definitivamente en las elecciones [presidenciales] de 2024¡å. ¡°Est¨¢ por ver tambi¨¦n si le dan un alcance m¨¢s amplio o m¨¢s estrecho¡±, a?ade. ¡°Pero no implicar¨¢, en ning¨²n caso, que puedan ignorarse los resultados del voto popular¡±.

La doctrina ha disfrutado de dos intentos de reanimaci¨®n anteriores a este. En 2015, se recurri¨® a ella para tratar de desmantelar la redistribuci¨®n de distritos en Arizona (y el Supremo la rechaz¨®). Poco despu¨¦s de las elecciones de 2020, el a¨²n presidente Donald Trump y sus aliados la volvieron a desempolvar como parte de su esfuerzo, basado en teor¨ªas falsas, para anular los resultados que le dieron como perdedor ante Joe Biden. El alto tribunal se neg¨® de nuevo a adoptar la teor¨ªa, pero tres de sus jueces, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, los tres a¨²n en activo, la respaldaron. La composici¨®n ha cambiado desde entonces con la entrada, en sustituci¨®n de la liberal Ruth Bader Ginsburg, de la conservadora Amy Coney Barrett, el tercer togado que logr¨® introducir (a la carrera) Trump en los cuatro a?os que estuvo en el poder, y de Ketanji Brown Jackson, que ocupa el sitio de Stephen Breyer, jubilado este a?o (ambos son liberales).

Herenstein advierte de que esas tres opiniones favorables a la pol¨¦mica doctrina se emitieron en un procedimiento de emergencia (se conoce como shadow dockets a las medidas que adopta el tribunal sin que haya una exposici¨®n oral de sus argumentos): ¡°Ser¨¢ mucho m¨¢s dif¨ªcil para cualquier juez que simpatice con esa teor¨ªa defenderla en una opini¨®n exhaustiva tras escuchar el caso y tras meses de escrutinio p¨²blico en la prensa y en las redes sociales¡±, aclara. ¡°Desde que los magistrados conservadores comenzaron a promocionarla hace un par de a?os, ha habido una avalancha de erudici¨®n acad¨¦mica que la desacredita¡±.

Aunque con este Supremo nunca se sabe. En otro de los casos pendientes, Merrill contra Milligan, en el que est¨¢ en juego la Ley del Derecho al Voto de 1965, ya dieron indicaciones en febrero de su simpat¨ªa hacia unos funcionarios estatales de Alabama acusados de diluir la representaci¨®n de la poblaci¨®n afroamericana al redibujar los distritos electorales (algo que en Estados Unidos se hace cada 10 a?os y que la pandemia oblig¨® a retrasar en 2020). En febrero pasado decidieron no tomar ninguna medida y aplazar la lectura del caso a oto?o, lo que implica que, en las elecciones legislativas del pr¨®ximo noviembre, Alabama votar¨¢ de acuerdo con esos mapas cuestionados.

De momento, los nueve jueces tomaron la semana pasada vacaciones (durante las que acostumbran a desaparecer del foco medi¨¢tico) con otro asunto pendiente: dar la bienvenida a Jackson. Seg¨²n la tradici¨®n del tribunal, corresponde al miembro m¨¢s joven, en este caso, Barrett, organizarle una fiesta a la reci¨¦n llegada. En el anecdotario del Supremo abundan las historias de camarader¨ªa entre magistrados de ideas irreconciliables, pero al t¨¦rmino del curso m¨¢s pol¨¦mico que se recuerda (y que ha incluido la filtraci¨®n del borrador de la sentencia del aborto, una quiebra en la confianza in¨¦dita en sus 232 a?os de historia) ni siquiera esa tregua para festejar la ¨²ltima incorporaci¨®n est¨¢ garantizada.

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