El Constitucional de Guatemala deja sin efecto la exclusi¨®n de la candidatura progresista de Bernardo Ar¨¦valo de la segunda vuelta

El intento de excluir la candidatura encabezada por Bernardo Ar¨¦valo, del Movimiento Semilla, de la segunda vuelta electoral en Guatemala ha disparado todas las alarmas entre las fuerzas democr¨¢ticas del pa¨ªs centroamericano. Representantes de la oposici¨®n, juristas, organismos internacionales y la ...

El intento de excluir la candidatura encabezada por Bernardo Ar¨¦valo, del Movimiento Semilla, de la segunda vuelta electoral en Guatemala ha disparado todas las alarmas entre las fuerzas democr¨¢ticas del pa¨ªs centroamericano. Representantes de la oposici¨®n, juristas, organismos internacionales y la Administraci¨®n de Joe Biden rechazan la decisi¨®n de un juzgado que el mi¨¦rcoles inhabilit¨® a la formaci¨®n progresista, que obtuvo el 12% de los votos en los comicios del pasado 25 de junio. El partido present¨® un recurso constitucional para impugnar el fallo y la Corte de Constitucionalidad ha otorgado un amparo provisional al Movimiento Semilla que protege por el momento la participaci¨®n de Bernardo Ar¨¦valo en la segunda vuelta electoral. Al mismo tiempo, el Tribunal Electoral ha solicitado este jueves dejar sin efecto la orden del juez y as¨ª mantener la convocatoria de la segunda vuelta, fijada para el 20 de agosto. Hasta que el Constitucional no dicte sentencia, en cualquier caso, la amenaza sobre la cancelaci¨®n del partido persiste. El Movimiento Semilla, surgido al calor de las protestas de 2015 contra la deriva institucional del pa¨ªs, afronta una causa penal promovida por Rafael Curruchiche, un fiscal sancionado por Estados Unidos por corrupci¨®n.

Guatemala est¨¢ todav¨ªa a un paso de un golpe t¨¦cnico, en opini¨®n del excanciller Gabriel Orellana, hoy abogado. ¡°Burdo, pero al final golpe¡±, se?ala. A esa conclusi¨®n llega despu¨¦s de examinar la orden del juez que busca dinamitar la formaci¨®n de Ar¨¦valo, que interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar evitar que las autoridades electorales cumplan con una disposici¨®n ¡°ilegal e inconstitucional¡±. Acatar la orden de un juez que se entromete en las funciones del Tribunal Electoral plantea una ruptura de la ley fundamental, seg¨²n los juristas consultados, y adem¨¢s es ilegal, porque ning¨²n partido puede ser suspendido durante un proceso electoral. En este contexto, de acuerdo con el an¨¢lisis m¨¢s extendido, el intento de excluir a Ar¨¦valo de la contienda electoral persigue la imposici¨®n de una segunda vuelta entre la ex primera dama Sandra Torres (conservadora) y un candidato oficialista af¨ªn al actual presidente, Alejandro Giammattei.

Ante una poblaci¨®n expectante por la oficializaci¨®n de los resultados electorales de la primera vuelta, confirmados por una repetici¨®n del escrutinio, el ministerio p¨²blico difundi¨® el mi¨¦rcoles un video en el que el fiscal Curruchiche anuncia que un juzgado orden¨® la inhabilitaci¨®n del Movimiento Semilla con el argumento de la supuesta falsificaci¨®n de firmas de afiliados al partido.

El Tribunal Supremo Electoral ha presentado este jueves un recurso de amparo ante una sala de apelaciones para que se deje sin efecto la orden. ¡°El juez no debi¨® tan siquiera entrar a conocer la cancelaci¨®n de una organizaci¨®n pol¨ªtica¡±, ha se?alado en conferencia de prensa el registrador Ramiro Mu?oz, porque esa es una facultad que solo compete a la autoridad electoral. La cancelaci¨®n tampoco puede ocurrir con un proceso en marcha y cuando ya se emiti¨® el decreto que oficializa los resultados de los candidatos que van a segunda vuelta, detall¨®. La autoridad electoral tambi¨¦n presentar¨¢ una acci¨®n ante la Corte de Constitucionalidad, en defensa de la Carta Magna, como se har¨ªa con cualquier otro partido, para defender la supremac¨ªa de las decisiones que solo le competen al Registro de Ciudadanos, seg¨²n Mu?oz. El registrador luc¨ªa nervioso y cuando se le pregunt¨® si ten¨ªa miedo, dijo que no, y record¨® que su cargo goza de inmunidad ante una posible amenaza de persecuci¨®n penal por no atender la orden, valorada como ilegal por varios juristas y por el mismo tribunal.

La preocupaci¨®n por esta deriva lleg¨® hasta Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos no solo expres¨® su preocupaci¨®n por esta situaci¨®n, sino que manifest¨® que estas acciones ¡°ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca, que debe promoverse y defenderse de conformidad con la Constituci¨®n de Guatemala y la Carta Democr¨¢tica Interamericana¡±. ¡°La voluntad del pueblo guatemalteco, expresada a trav¨¦s de los resultados de las elecciones del 25 de junio, debe ser respetada¡±, advierte un comunicado.

¡°De ninguna manera vamos a acatar una decisi¨®n espuria e ilegal¡±, se?al¨®, por su parte, Bernardo Ar¨¦valo. El soci¨®logo, de 64 a?os, se postula como candidato a la presidencia por el partido que representa una propuesta progresista de cambio frente al sistema de corrupci¨®n y autoritarismo que se agrav¨® durante el Gobierno de Giammattei. M¨¢s de un centenar de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas est¨¢n en el exilio, mientras otros exfuncionarios anticorrupci¨®n han sido encarcelados, como la antigua fiscal Virginia Laparra, a quien Amnist¨ªa Internacional ha declarado ¡°presa de conciencia¡±.

Si sube, lo bajan

En ese contexto de deriva autoritaria, m¨¢s de 5,5 millones de guatemaltecos acudieron a las urnas el 25 de junio y decidieron que la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres (15% de los votos), y Ar¨¦valo (12%) se disputen la presidencia en segunda vuelta, fijada para el 20 de agosto. Durante la precampa?a, tres candidatos con posibilidades de llegar al balotaje fueron excluidos mediante decisiones judiciales ampliamente criticadas por arbitrarias y oportunistas. Este es el caso, por ejemplo, del ranchero Carlos Pineda: cuando lleg¨® a la cabeza de las encuestas, el exdiputado Manuel Baldiz¨®n, que cumpli¨® condena en Estados Unidos por lavado de dinero, present¨® una acci¨®n legal para sacarlo de la carrera.

Ar¨¦valo sorprendi¨® al captar el 12% de los votos, y se convirti¨® en el candidato que ni las encuestas ni los analistas lograron ver en segunda vuelta. Esa posici¨®n puso al Movimiento Semilla en la mira del llamado Pacto de Corruptos o la corporaci¨®n en el poder, a la que se atribuye una convergencia para conservar el control de las instituciones. Se trata de personas nombradas por el presidente Giammattei o por la alianza de diputados que tiene mayor¨ªa en el Congreso, que responde a los intereses del mandatario o del partido oficial. El Pacto de Corruptos ¡°es una alianza informal de pol¨ªticos, una ¨¦lite burocr¨¢tica y empresarios m¨¢s algunos representativos de redes criminales¡±, sostiene el excanciller y analista pol¨ªtico Edgar Guti¨¦rrez.

Uno de esos actores, seg¨²n Guti¨¦rrez, es el propio Baldiz¨®n. Adem¨¢s de su historia penal en Estados Unidos, este exdiputado tiene dos procesos abiertos en Guatemala, uno de ellos por la presunta recepci¨®n de sobornos en el caso Odebrecht. Baldiz¨®n tambi¨¦n dirigi¨® las acciones legales para que la Corte de Constitucionalidad suspendiera la oficializaci¨®n de los resultados electorales hasta que se repitieran los escrutinios en todo el pa¨ªs, lo que demor¨® todo el proceso al menos una semana.

As¨ª, sin un solo tanque de combate ni violencia, comenz¨® en Guatemala un golpe ¡°sofisticado¡± y ¡°burdo¡± al mismo tiempo, insiste en declaraciones a EL PA?S el excanciller Gabriel Orellana. Al igual que Orellana, decenas de juristas se volcaron a las redes sociales para exponer sus argumentos legales, que llegan a una conclusi¨®n un¨¢nime: la cancelaci¨®n de un partido con una segunda vuelta en marcha es ilegal, inconstitucional y pone a Guatemala frente a una especie de golpe de Estado t¨¦cnico.

La conversaci¨®n sali¨® del campo de los juristas conforme avanzaba la noche del mi¨¦rcoles. Las c¨¢maras empresariales, organizaciones sociales, observadores electorales nacionales y extranjeros, estudiantes y la ciudadan¨ªa en general se sirvieron de las redes sociales para denunciar lo que consideran un atropello que se gest¨® desde la Fiscal¨ªa y que encontr¨® en el juez Fredy Orellana el aval para poner en riesgo la fr¨¢gil democracia de Guatemala.

La imposici¨®n de candidatos

¡°El ministerio p¨²blico y particularmente la Fiscal¨ªa Especial contra la Impunidad son los encargados de llevar a cabo esta estrategia sucia, de querer minar el proceso electoral y traerse abajo a Semilla¡±, afirma el analista Renzo Rosal. Esa acci¨®n abre la posibilidad de cualquier escenario y ¡°anula las dudas sobre la actuaci¨®n deleznable del ministerio p¨²blico y especialmente del fiscal Curruchiche¡±, apunta Rosal. En su opini¨®n, se busca distorsionar los resultados de la primera vuelta y que, ¡°ante la desaparici¨®n de Semilla, se busque imponer en el balotaje a Manuel Conde¡±, el candidato del partido de Giammattei, que qued¨® en el tercer puesto, con un 7,83 % de los votos.

El escenario que dibuja el constituyente Aquiles Faillace va m¨¢s all¨¢ y pone como fecha cr¨ªtica el 14 de enero, cuando Giammattei tiene que pasar el testigo y dejar el poder. ¡°Aunque Bernardo Ar¨¦valo gane la elecci¨®n, no ser¨¢ presidente¡±, vaticina. Su hip¨®tesis es que la Fiscal¨ªa arme un caso espurio contra Ar¨¦valo, que el Congreso le despoje de inmunidad y nombre a otro presidente. El partido Vamos, de Giammattei, logr¨® la mayor¨ªa de diputados en el Parlamento y el segundo puesto le correspondi¨® al partido Unidad Nacional de la Esperanza, de Sandra Torres.

La propia Torres reaccion¨® a la decisi¨®n del juez con un comunicado del Comit¨¦ Ejecutivo Nacional que hace un llamamiento al Tribunal Electoral ¡°para que conduzca el proceso de elecciones atendiendo a lo que establece la Constituci¨®n y la Ley Electoral¡±.

Entre acusaciones de ilegalidad y de intento de golpe que supone la cancelaci¨®n de la propuesta pol¨ªtica antisistema, la ciudadan¨ªa trata de confiar en un tribunal cuya imagen se ha desgastado por la aplicaci¨®n de criterios desiguales y arbitrarios, seg¨²n se?alan los observadores locales, as¨ª como por acusaciones de corrupci¨®n. D¨ªas antes de las votaciones, The New York Times revel¨® que una magistrada electoral habr¨ªa acudido a la Embajada de Estados Unidos para denunciar la entrega de sobornos de parte del presidente Giammattei.

Con una dosis de desconfianza y otra de esperanza, la poblaci¨®n trata de encontrar en el Tribunal Supremo Electoral al aliado que defienda los votos que depositaron en las urnas. ¡°Las elecciones se ganan y se defienden en las urnas, esa es la democracia¡±, expuso la presidenta del tribunal, Irma Palencia, en una rueda de prensa en la que dej¨® ver su compromiso por garantizar el proceso y el respeto a la legalidad.

¡°Instamos al Tribunal Supremo Electoral a ejercer con firmeza su papel como m¨¢xima autoridad¡±, destac¨® la C¨¢mara de la Construcci¨®n en uno de los comunicados que circul¨® durante la noche del mi¨¦rcoles, y que como otros, recoge el sentir ciudadano. La atenci¨®n y las protestas se dirigen este jueves hacia el tribunal electoral, que debe dar una respuesta a una orden calificada por los expertos de claramente ilegal; al ministerio p¨²blico y a las cortes de justicia, los actores que definir¨¢n el quiebre constitucional o la ruptura del sistema electoral en un pa¨ªs que vive las horas m¨¢s bajas de su historia democr¨¢tica.

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