La elecci¨®n popular de jueces en Bolivia se atasca en el Congreso

La convocatoria de elecciones judiciales en Bolivia ha quedado en ¡°punto muerto¡± este a?o por la falta de mayor¨ªa parlamentaria del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que introdujo esta innovaci¨®n en la Constituci¨®n boliviana de 2009 y la ejecut¨® contra viento y marea en dos ocasiones: en octubre de 2011 y en diciembre de 2017. Esta vez el problema es casi irresoluble. Ning¨²n partido cuenta con los dos tercios de la Asamblea Legislativa que se necesitan para aprobar la lista de candidatos o la ley de convocatoria ...

La convocatoria de elecciones judiciales en Bolivia ha quedado en ¡°punto muerto¡± este a?o por la falta de mayor¨ªa parlamentaria del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que introdujo esta innovaci¨®n en la Constituci¨®n boliviana de 2009 y la ejecut¨® contra viento y marea en dos ocasiones: en octubre de 2011 y en diciembre de 2017. Esta vez el problema es casi irresoluble. Ning¨²n partido cuenta con los dos tercios de la Asamblea Legislativa que se necesitan para aprobar la lista de candidatos o la ley de convocatoria al acto electoral. Los atajos que pens¨® el Gobierno de Luis Arce para eludir esta mayor¨ªa calificada fueron cerrados por el Tribunal Constitucional, que act¨²a de ¡°juez y parte¡± en este conflicto.

Bolivia no elige por voto a los jueces, sino a los 26 principales cargos judiciales, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad ind¨ªgena ¨Cal menos uno en cada instituci¨®n¨C. Deben ser seleccionados por dos tercios de los miembros del parlamento, instituci¨®n que tambi¨¦n tiene que emitir el reglamento de selecci¨®n y la convocatoria a las elecciones. En ambos puntos se produjo un impasse.

En las ¨²ltimas elecciones, el MAS logr¨® la mayor¨ªa absoluta y no los dos tercios del parlamento. Adem¨¢s, la divisi¨®n de este partido en un ala de simpatizantes de Evo Morales y otra de seguidores del presidente Luis Arce ha hecho casi imposible la ya complicada negociaci¨®n de acuerdos que permitan aprobar con dos tercios de votos la lista de candidatos. Sin embargo, para cumplir los plazos legales del proceso electoral, la Asamblea Legislativa aprob¨®, por resoluci¨®n de su directiva, la convocatoria y el reglamento de selecci¨®n de los postulantes, que va variando de elecci¨®n en elecci¨®n.

Su argumento fue que estos documentos no eran sustanciales, sino formales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional consider¨® despu¨¦s que tal presunci¨®n era inconstitucional y que la convocatoria y el reglamento aprobados no ten¨ªan validez ¡°porque el derecho a presentarse a las elecciones solo puede ser regulado por ley¡±, seg¨²n explica el jurista Farit Rojas. Es decir, debe aprobarse una ley de convocatoria y una ley de reglamento. Adem¨¢s, ¡°en la interpretaci¨®n del Tribunal Constitucional, estas leyes debe ser aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa, igual que lo se?alado por la Constituci¨®n para la lista de candidatos¡±, a?ade el especialista.

El grupo parlamentario de Evo Morales cree que estas estrictas exigencias del Tribunal Constitucional se deben, en el fondo, a los intereses de esta entidad, ya que, en ausencia de elecciones, las actuales autoridades judiciales podr¨ªan seguir en sus cargos hasta las elecciones generales de 2025. Seg¨²n los seguidores de Morales, esto tambi¨¦n le convendr¨ªa al Gobierno, que supuestamente est¨¢ c¨®modo con los actuales magistrados y por eso no busca una soluci¨®n al problema. Los incondicionales de Morales quieren iniciar un juicio de responsabilidades a los miembros del Tribunal Constitucional, pero, en las actuales condiciones pol¨ªticas, este deseo no tiene posibilidades de concretarse. Adem¨¢s, a¨²n si hubiera un reglamento y una convocatoria, la posibilidad de que los parlamentarios lograran la mayor¨ªa de dos tercios para la definici¨®n de candidatos es remota, porque los cuatro grupos que actualmente existen pretenden lograr ventajas partidarias en esta selecci¨®n.

En las dos elecciones previas, el MAS, que contaba con dos tercios de los votos, impuso a la mayor¨ªa de los candidatos. En 2017, intervinieron las facultades de Derecho y examinaron por escrito a los aspirantes. La innovaci¨®n sirvi¨® de poco, porque algunas universidades boicotearon la medida mientras que las que participaron eran tan numerosas que no lograron elaborar un cuestionario bien fundamentado. Adem¨¢s, los parlamentarios, que estaban encargados de entrevistar oralmente a los postulantes, inflaron las calificaciones de algunos en esta fase para compensar sus bajos resultados en el examen escrito.

Por otra parte, en las dos elecciones judiciales que ha habido hasta ahora, los votos nulos y blancos han sido m¨¢s numerosos que los efectivamente logrados por los candidatos. La primera vez ascendieron a casi el 60% y la segunda, al 66% de los votos emitidos. Esto ha impedido que se cumpliera una de las razones por la que el m¨¦todo electoral se adopt¨®, que era aumentar la legitimidad y, por tanto, la independencia de las autoridades judiciales. La elevada anulaci¨®n de votos se debi¨® a la desorientaci¨®n del electorado dentro de unas elecciones singulares y tambi¨¦n a los llamados de la oposici¨®n a boicotear los comicios y as¨ª bloquear lo que consideraban era una ¡°captura¡± pol¨ªtica de los tribunales. Un comunicado publicado en 2017 por la alianza de los principales partidos opositores rezaba: las elecciones son ¡°un camino con un resultado predeterminado, la instalaci¨®n de una mayor¨ªa de ciudadanos afines o militantes del MAS en la c¨²pula de nuestro sistema judicial¡±.

La recriminaci¨®n m¨¢s general contra el m¨¦todo electoral ha sido otra: no haber logrado un cambio en la administraci¨®n de la justicia, que sigue siendo cuestionada por organismos nacionales e internacionales especializados a causa de su politizaci¨®n y su alta corrupci¨®n.

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