Las v¨ªctimas de una masacre en Bolivia recibir¨¢n una compensaci¨®n econ¨®mica 20 a?os despu¨¦s

Justo 20 a?os despu¨¦s de la masacre de ¡°Octubre negro¡± de 2003, en la que murieron 58 manifestantes antigubernamentales en la ciudad boliviana de El Alto y sus alrededores, los dos principales acusados de los hechos, el expresidente Gonzalo S¨¢nchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos S¨¢nchez Berza¨ªn, pagar¨¢n compensaciones a las familias de ocho de las v¨ªctimas. Con ello, se cerrar¨¢ el proceso civil que estas familias impulsaban en Florida, Estados Unidos, desde hace 16 a?os. El acuerdo proh¨ªbe a las partes dar informaci¨®n sobre la cuant¨ªa de la compensaci¨®n y no implica que los demandados acepten ¡°responsabilidad sobre los eventos en cuesti¨®n¡±.

¡°Este es un d¨ªa hist¨®rico¡±, resumi¨® Thomas Becker, el l¨ªder de la acusaci¨®n legal que se plante¨® en el sistema judicial estadounidense en nombre las familias de ocho personas asesinadas en las protestas en contra de S¨¢nchez de Lozada en 2003. ¡°Hemos terminado en un acuerdo. No podemos hablar de los detalles, pero s¨ª de la declaraci¨®n que los dos lados hemos preparado, que dice que decidimos acabar el juicio¡±, se?al¨® Becker a la prensa boliviana. La demanda representada por este abogado cont¨® con el apoyo de la Cl¨ªnica Internacional de Derechos Humanos, perteneciente a la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, y del Centro para los Derechos Constitucionales, una instituci¨®n sin fines de lucro. ¡°Se cierra la puerta a las apelaciones. Ni ellos pueden apelar ni nosotros podemos. Con eso, lo que queda es el veredicto de 2018, que se?ala que S¨¢nchez de Lozada y S¨¢nchez Berza¨ªn son responsables de ejecuciones extrajudiciales. Por eso es una victoria para el pueblo boliviano¡±, interpret¨® Becker. Los abogados de S¨¢nchez de Lozada, de 93 a?os, se excusaron de dar a conocer su perspectiva cuando se la pidieron los medios estadounidenses, a causa de la confidencialidad del acuerdo.

En 2018, las familias de las v¨ªctimas lograron un fallo de culpabilidad en primera instancia, que obligaba a los acusados a pagarles 10 millones de d¨®lares. Esta decisi¨®n no se aplic¨® porque estos apelaron ante un juez que desestim¨® la victoria inicial de las v¨ªctimas, as¨ª que estas tuvieron que apelar por su propia cuenta. Estos recursos de ambas partes son los que ahora han quedado cancelados.

El proceso se realiz¨® bajo la ley estadounidense de Protecci¨®n a las V¨ªctimas de Tortura. En las audiencias de la primera etapa del juicio, un exsoldado que particip¨® en la masacre declar¨® que los militares hab¨ªan recibido ¨®rdenes de disparar contra ¡°todo lo que se moviera¡± para posibilitar que el 12 de octubre de 2003 un convoy de cisternas con gasolina atravesara el bloqueo de calles que realizaban los vecinos de El Alto. Esta protesta imped¨ªa que la colindante ciudad de La Paz, la capital administrativa del pa¨ªs, se aprovisionara de gasolina. Para poder llegar a La Paz, el llamado ¡°convoy de la muerte¡± tuvo que atravesar las calles bloqueadas de El Alto. Se calcula que 25 personas cayeron al paso de los carros de asalto militares que resguardaban la gasolina. Otros 33 bolivianos murieron antes y despu¨¦s de esa fecha por la represi¨®n de las Fuerzas Armadas dirigidas por S¨¢nchez Berza¨ªn.

El violento desbloqueo de El Alto se respald¨® con un decreto gubernamental que autorizaba a los militares a actuar y emplear armas de fuego en caso de necesidad. Lo firm¨® el Gabinete, pero no el vicepresidente de entonces, Carlos Mesa, quien consideraba un error no negociar con los manifestantes. Estos comenzaron exigiendo, por razones nacionalistas, la anulaci¨®n de un proyecto de de exportaci¨®n de gas boliviano a Estados Unidos a trav¨¦s de Chile y otras demandas, pero luego apuntaron a la renuncia de S¨¢nchez de Lozada, considerado el ¡°patriarca del neoliberalismo¡± boliviano. Este asegur¨® inicialmente que no renunciar¨ªa, pero solo resisti¨® hasta el 17 de octubre. Ese d¨ªa, acorralado por la protesta popular, que hab¨ªa paralizado parte del pa¨ªs, escap¨® a Estados Unidos. Lo acompa?¨® S¨¢nchez Berza¨ªn. Ambos se asilaron en este pa¨ªs y eso impidi¨® que fueran alcanzados por la justicia boliviana, que conden¨® a los excomandantes de las Fuerzas Armadas a penas de prisi¨®n de 15 a?os y m¨¢s y, a los exministros de S¨¢nchez de Lozada que se hab¨ªan quedado en el pa¨ªs, a sentencias de alrededor de tres a?os. El juicio en Estados Unidos fue el primero en que un exjefe de Estado refugiado en este pa¨ªs compareci¨® ante la justicia civil para responder por cr¨ªmenes tan graves. ¡°Incluso los campesinos pueden ganar contra los m¨¢s poderosos y nadie est¨¢ por encima de la ley¡±, se alegr¨® Becker.

S¨¢nchez de Lozada, un acaudalado minero, considerado uno de los hombres m¨¢s ricos de Bolivia, ocup¨® la presidencia dos veces. Las primera entre 1993 y 1997, cuando realiz¨® profundas reformas de corte neoliberal, privatizando el petr¨®leo y la energ¨ªa, las minas, los ferrocarriles y las telecomunicaciones estatales. Comenz¨® su segundo periodo en 2022, en medio de una crisis econ¨®mica y un fuerte malestar social contra los privilegios de que gozaban las empresas petroleras. En esa ¨¦poca, estas eran due?as del petr¨®leo y el gas que extra¨ªan. Tras su salida del pa¨ªs, fue sustituido por Mesa y comenz¨® un nuevo ciclo pol¨ªtico en el que la figura central ser¨ªa Evo Morales. El 1 de mayo de 2006, Bolivia nacionaliz¨® la industria petrolera.

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